Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo resuelto al Juzgado de Garantías N°5 departamental, mediante oficio electrónico.
B.79.977 "AROSTEGUY EMILIANO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Soria y Kohan y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El abogado Emiliano Arosteguy promueve acción de amparo contra la empresa Coto Centro Integral de Comercialización SA (en adelante, Coto SA), la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad), a los fines de que se implementen medidas con miras a adecuar la avenida Jorge Newbery de Mar del Plata al aumento del flujo vehicular que ocasionaría la instalación de un hipermercado en su intersección con la calle 515 (v. escrito de demanda adjunto al trámite "oficio electrónico", de 29-XI-2024, en el antepenúltimo archivo PDF).
En lo que atañe a los hechos, el demandante se presenta en su carácter de titular dominial de un inmueble sito en el barrio privado Rumencó, donde reside junto con su familia. Dicho complejo inmobiliario se encuentra emplazado sobre la mencionada avenida, arteria de la cual el amparista es usuario habitual en tanto constituye una de las principales vías de acceso al casco urbano de la ciudad de Mar del Plata.
En primer lugar, se agravia de la legitimidad del acto administrativo por el cual la municipalidad autorizó la instalación de un hipermercado en el sitio antes señalado. Sostiene que, al obrar de tal modo, la comuna habría vulnerado su derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que, además, se vería comprometida la seguridad de los conductores que circulan por la zona, en virtud de la ausencia de adecuaciones frente al volumen de tránsito que actualmente la recorre y que se incrementará con la apertura del nuevo establecimiento comercial.
En lo relativo a su reclamo por la afectación del ambiente, puntualiza que la autorización efectuada en favor de Coto SA no tuvo como antecedente los estudios de impacto ambiental que exigen las leyes 25.675 y 11.723 en sus arts. 11 y 10, respectivamente, violentándose por consiguiente el bloque normativo que rige en la materia (incluyendo los arts. 41, Const. nac.; 20 y 28, Const. prov.).
Por otra parte, atribuye la responsabilidad por el estado actual de la citada avenida —que, destaca, se encuentra bajo jurisdicción provincial— a la omisión deliberada de las autoridades bonaerenses, quienes no habrían aprobado ninguno de los proyectos de ensanchamiento y ampliación elevados en forma conjunta por el municipio y la empresa demandada. Sostiene que, como consecuencia de ello, la seguridad vial de todos sus usuarios se encuentra gravemente afectada.
En relación con este último punto, afirma que la afluencia de vehículos en dicha arteria se ha incrementado "exponencialmente" en los últimos treinta años, sin que se haya efectuado obra alguna de adecuación. Añade que dicho aumento obedece directamente al crecimiento demográfico experimentado en la zona sur de la ciudad, donde se han multiplicado los emprendimientos inmobiliarios de carácter privado.
Asimismo, denuncia que la empresa demandada inició diversas obras —entre ellas, la construcción de colectoras— sin la debida autorización de la Dirección de Vialidad provincial. Añade que tal proceder, en ausencia de supervisión estatal, comporta un riesgo significativo para la seguridad vial, incluso respecto de los futuros clientes del establecimiento comercial.
Por último, el demandante sostiene que la problemática planteada debe encuadrarse en el marco de una relación de consumo, en tanto potencial cliente de Coto SA. En tal entendimiento, solicita la inmediata convocatoria a una audiencia entre las partes, con el objeto de consensuar un plan de acción conjunto. Requiere, además, que en caso de no arribarse a un acuerdo y una vez efectuado el reconocimiento judicial que dé fe de lo denunciado, se dicte una medida cautelar ordenando la suspensión temporal del funcionamiento del hipermercado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Sin embargo, con fecha 21-XI-2024, su titular rechazó in limine la acción de amparo impetrada, al considerar que no se encontraba debidamente justificada la falta de idoneidad de otros carriles procesales hábiles para canalizar una pretensión de naturaleza esencialmente anulatoria como la de autos (v. resol. adunada al trámite “oficio electrónico”, de 29-XI-2024, en el undécimo archivo PDF).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación que, una vez concedido, motivó la elevación de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata (v. escrito adjunto al trámite “oficio electrónico”, de 29-XI-2024, en el octavo archivo PDF).
A su turno, los integrantes de dicho tribunal hicieron lugar al recurso articulado, revocando así la sentencia de primera instancia y ordenando, en consecuencia, su remisión al órgano previniente, "para que, por intermedio de magistrado hábil desinsaculado de conformidad con lo dispuesto en la resolución SCBA 1.644/12 (modificada por su similar 861/23), continúe el trámite de las actuaciones..." (v. sent. interloc. de 30-XII-2024).
A raíz del sorteo practicado, ellas recayeron en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 departamental. No obstante, su titular se declaró incompetente, por entender que, dada la naturaleza ambiental del reclamo, correspondía la intervención de un juzgado en lo contencioso administrativo (v. resol. de 9-I-2025, en tercer archivo PDF adjunto al trámite “observación”, de 4-VIII-2025).
En consecuencia, la causa fue remitida al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial, cuyo magistrado también rechazó la competencia atribuida; ello, por considerar que el expediente no había sido asignado conforme a la modalidad de sorteo ordenada por la alzada en la sentencia interlocutoria antes citada.
En tal sentido, sostuvo que, al no haberse aplicado el mecanismo previsto en el art. 2 de la resolución 1.644/12 (referido al fuero penal), sino el dispuesto en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 (propio de la asignación de acciones de amparo), correspondía devolver el expediente a la receptoría departamental para un nuevo sorteo entre los juzgados de garantías, por haber intervenido primigeniamente un órgano de ese fuero (v. resol. de 5-II-2025, en segundo archivo PDF adjunto al trámite "observación", de 4-VIII-2025).
Elevadas nuevamente las actuaciones, la Cámara dispuso, mediante resolutorio del 13-II-2025, reenviar la causa al Juzgado de Garantías N°4 para que la adjudicara conforme lo ordenado en su sentencia interlocutoria del 30-XII-2024, esto es, según el art. 2 inc. “a” de la resolución SCBA 1.644/12.
Así fue como, a través de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, se dio intervención al Juzgado de Garantías N°5. Su titular, empero, se negó a asumir la competencia asignada, argumentando —al igual que uno de sus colegas predecesores— que, tratándose de un amparo ambiental, la causa debía tramitar ante el fuero contencioso administrativo, conforme la doctrina de este Máximo Tribunal (v. resol. electrónica de fecha 3-III-2025, en primer archivo PDF adjunto al trámite "observación", de 4-VIII-2025).
Ante este escenario, ordenó remitir nuevamente los autos a la receptoría departamental, la cual los adjudicó esta vez al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2. Con todo, el juez a cargo de dicho órgano rehusó asumir la competencia que se le endilgaba, alegando que la cuestión competencial había quedado precluida desde el momento en que el primer juez interviniente -el titular del Juzgado de Garantías N°4- omitiera pronunciarse al respecto.
Siguiendo esa línea de razonamiento, concluyó que el silencio de dicho magistrado, al rechazar in limine el amparo, implicaba la prórroga de la competencia, por lo cual el caso debía ser asignado a otro de los órganos pertenecientes al mismo fuero.
Así las cosas, y tras señalar que, al efectuarse el sorteo de asignación de la causa tampoco se había dado cumplimiento a lo previsto en el art. 6 de la resolución 1.644/12, dispuso la remisión del expediente a la alzada en lo contencioso administrativo (v. sent. interlocutoria de fecha 14-II-2025, adjunta en archivo PDF al trámite "observación", de fecha 4-VIII-2025).
Los integrantes de esta última, afirmando no revestir respecto de los órganos jurisdiccionales en conflicto el carácter de "tribunal superior común" para dirimir la cuestión suscitada en autos, elevaron las actuaciones con ese objeto a esta Suprema Corte de Justicia (art. 7 inc. 1, CCA) -v. resol. electrónica de fecha 8-IV-2025-
III. La naturaleza del reclamo, por el cual se ha promovido un amparo ambiental ante la puesta en marcha de la construcción de un hipermercado que estaría autorizado por la comuna, alegándose el incumplimiento de las previsiones legales que rigen la tutela ambiental según se desprende del relato efectuado (v. apdo. III, "Fundamentos", del escrito de demanda), determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero especializado.
En efecto, esta Corte ha destacado, con reiteración, la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De ahí que, en supuestos como el presente, no son aplicables las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 traídas a colación, resultando competente exclusivamente dicho fuero (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021 y B. 78.214, "Robustelli", resol. de 9-X-2023, e.o.).
IV. Por lo expresado, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en el asunto.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
Ello así, por cuanto -del modo en que ha quedado configurado- el conflicto suscitado guarda características semejantes a los planteos abordados en las causas B. 77.841, "Juara", B. 78.191 "Zadikian" (resols. de 10-II-2023) y B. 78.214, "Robustelli" (resol. de 9-X-2023), entre otras, en donde he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo, no obstante los particulares supuestos normados por los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que difieren de lo acontecido en la especie.
II. En virtud de lo expuesto, atento a las conclusiones y fundamentos desarrollados en los precedentes mencionados en el punto I de este voto, a los que cabe remitir en razón de la brevedad, corresponde que sea el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata el que continúe conociendo en el presente litigio.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo resuelto al Juzgado de Garantías N°5 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:19:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:02:56 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/11/2025 12:20:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:10:10 hs. bajo el número RR-860-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia