Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80347
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Quilmes es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir al señor Rubén Gabriel Montans Ferreira, en su calidad de parte actora, un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
B.80.347 "MONTANS FERREIRA RUBÉN GABRIEL C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Rubén Gabriel Montans Ferreira, por su propio derecho, deduce acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley provincial de Tránsito N°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
Explica que, con el propósito de renovar su licencia de conducir, se apersonó el día 8 de septiembre del corriente a la dependencia municipal, donde se le informó que -en virtud de la preceptiva cuestionada- no podía continuar con el trámite sin pagar previamente las multas que figuraban a su nombre, sin que siquiera se le permitiera -según relata- presentar una nota de descargo, toda vez que el personal comunal insistía en que el pago era una condición indispensable para seguir con el trámite.
En este sentido, sostiene que la norma impugnada infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad por cuanto lesiona derechos de raigambre constitucional tales como el derecho al libre tránsito, al trabajo, a usar y disponer de la propiedad y a la igualdad (arts. 14, 16, 17 y 75 inc. 22, Const. nac.; 10, 11, 22 y 31, Const. prov., e.o.).
Concluye, en este marco, que la promoción de una vía como la presente es el único resorte con el que cuenta para hacer valer sus derechos constitucionales (v. escrito electrónico de fecha 16-IX-2025).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Quilmes.
Pese a esto, su titular se negó a entender en el pleito en la comprensión de que la cuestión planteada en autos era propia de la competencia originaria y exclusiva que a la Suprema Corte de Justicia le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Y, al así decidir, remitió el expediente a esta sede para la prosecución de su trámite (v. sent. interlocutoria de fecha 17-IX-2025).
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1º de la Constitución local, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.)
En la especie, por vía de una acción de amparo, el actor pretende en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09, por entender que esta norma afecta sus derechos fundamentales que enumera, garantizados en los textos constitucionales.
Siendo así, más allá del acotado desarrollo de las normas constitucionales invocadas por el reclamante como sustento de su pretensión, es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria encomendada a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018; B. 76.801, "Helacor SA", resol. de 23-XII-2020; B. 77.431, “Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul” y B. 77.461, “Municipalidad de Monte Hermoso”, ambas resols. de 11-XI-2021; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y. B. 79.698, "Knauerhase", resol. de 20-XI.2024, e.o.).
En esa tesitura cabe destacar, sin abrir juicio sobre el mérito de la cuestión y en respaldo de la solución propiciada, que esta Corte ha resuelto ejercer su competencia originaria en asuntos de similar configuración sobre el tema aquí controvertido (véase causa I. 79.875, "Abeti s/ Inconstitucionalidad art. 10 inc. 3 Anexo II del dec. 532/09").
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Quilmes es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir al señor Rubén Gabriel Montans Ferreira, en su calidad de parte actora, un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2025 09:18:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:17:02 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 13/10/2025 15:55:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:12:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 15:21:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/10/2025 15:24:12 hs. bajo el número RR-767-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia