Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80098
Lo que resolvió el tribunal
I. Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero local para conocer y decidir en el asunto.
II. No hallándose comprometida la competencia originaria de este Tribunal, por Secretaría se remitirá electrónicamente el expediente a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, para que esta proceda a su adjudicación mediante sorteo de acuerdo al mecanismo establecido en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 de esta Suprema Corte -cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09- (arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 1 y 3, ley 13.928).
B.80.098 "FERNÁNDEZ DANIEL EDUARDO C/ CAJA DE LA ABOGACÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Daniel Eduardo Fernández promueve acción de amparo contra la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 44 de la ley 6.716 y 11 del convenio de reciprocidad ratificado por la resolución 363/81 de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
En cuanto a los hechos, expone que en 2024 cumplió 65 años, edad suficiente para acceder al beneficio jubilatorio tras acreditar 35 años de servicios. Señala que, al reunir dichos requisitos, la Caja demandada le otorgó la jubilación solicitada, para lo cual había acreditado además años de aportes ante la ANSeS.
Sin embargo, enfatiza que, como condición para acceder al goce de los haberes, se le impuso la obligación de cancelar la totalidad de las matrículas profesionales en las que se encontrara inscripto, cualquiera fuera la jurisdicción del país.
Aduce que las normas impugnadas —en las que se sustenta dicha exigencia, a su criterio ilegítima— resultan inconstitucionales, por vulnerar los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inciso 22 de la Constitución nacional, así como los arts. 1, 11, 27, 31, 39 inciso 3, 57 y 103 inciso 13 de la Constitución provincial.
II. La causa se inició ante el Juzgado Federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. No obstante, su titular se declaró incompetente para entender en el asunto al considerar que, dada la naturaleza del sujeto demandado, el expediente debía tramitar ante la justicia provincial.
Para resolver en tal sentido, consideró que el reclamo del amparista se centraba principalmente en cuestionar el acto de la Caja demandada mediante el cual se le otorgó la jubilación. En lo que respecta a la intervención de la ANSeS, entendió que su actuación se había limitado a reconocer el 15,14% de los aportes efectuados, razón por la cual desestimó la pretensión esgrimida contra dicho organismo.
Asimismo, advirtió que el caso involucraba la interpretación de normas previsionales de índole local, cuya aplicación podría entrar en conflicto con derechos reconocidos tanto en la Constitución nacional como en la provincial. En consecuencia, adujo que se encontraba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Ante tal escenario, remitió los autos a este Máximo Tribunal local, quedando radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. resol. de 29-IV-2025, obrante en archivo PDF adunado al trámite “oficio recibido”, de 3-VI-2025).
III. Dada la forma en que ha quedado planteado el litigio, en el que la pretensión se dirige contra una acción u omisión en el ejercicio de funciones administrativas atribuida a la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires -el cual constituye un ente público no estatal bajo la órbita bonaerense-, corresponde primeramente aceptar la declinación de competencia efectuada por la Justicia en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados (arts. 121 y sigs., Const. nac.).
IV.1. Sentado esto, cabe abordar la cuestión de si la presente demanda habilita o no la competencia originaria de este Tribunal.
Al respecto, la mera lectura del escrito inicial evidencia que la acción impetrada no persigue exclusivamente la impugnación de la validez constitucional de una norma en abstracto. Por el contrario, la pretensión principal articulada por el abogado Fernández se dirige a dejar sin efecto un acto aplicativo de alcance individual dictado por la Caja demandada, mientras que el embate constitucional se formula únicamente con carácter coadyuvante —y no de modo autónomo—, con miras a demostrar la contrariedad con dicho orden.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el ámbito de conocimiento reservado a esta Corte por el art. 161 inc. 1 de la Carta provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto y que, como se ha visto, la acción promovida no tiene ese objeto exclusivo, cabe concluir que no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria que le confieren aquellas disposiciones (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023; e.o.).
IV.2. Establecido lo anterior, resta determinar qué fuero de la justicia local deberá conocer en la controversia bajo análisis.
En relación a este punto, ponderando el hecho de que del escrito de demanda resulta claro que la vía escogida por la demandante para canalizar su pretensión es la del amparo, resulta aplicable en el sub lite el sistema de asignación de causas diseñado mediante las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 de esta Suprema Corte -cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09-, el cual rige de manera concordante con las disposiciones previstas en los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la ley 13.928 (doctr. causas B. 75.914, "Dain East Clotha SRL", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.083, "Verbic", resol. de 25-IX-2019; B. 76.155, "Abregu" y B. 76.158, "Nosei", ambas resols. de 23-X-2019; B. 76.349, "García", resol. de 15-IV-2020; B. 76.663, "G. L., M. J." y B. 76.761, "Paulenas", ambas resols. de 23-II-2021; B. 77.100, "Arboit", resol. de 7-V-2021; B. 77.565, "A., M. M.", resol. de 20-XII-2021; B. 77.954, "Campos de Roca SA", resol. de 16-V-2022; B. 78.488, "Burgois", resol. de 19-XII-2022; B. 78.970, "Graffigna", resol. de 18-IX-2023; B. 79.077, "Castiñeiras", resol. de 13-XII-2023; B. 79.247, "Lemos", resol. de 19-IV-2024; B. 79.534, "Damo", resol. de 2-VIII-2024 y B. 79.820, "Baquer", resol. de 13-II-2025; e.o.).
V. Por consiguiente, y en atención al lugar donde fueron iniciadas, corresponder remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, a fin de que proceda a la designación del órgano jurisdiccional competente para intervenir en el presente proceso; ello, conforme a los términos señalados supra .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero local para conocer y decidir en el asunto.
II. No hallándose comprometida la competencia originaria de este Tribunal, por Secretaría se remitirá electrónicamente el expediente a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, para que esta proceda a su adjudicación mediante sorteo de acuerdo al mecanismo establecido en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 de esta Suprema Corte -cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09- (arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 1 y 3, ley 13.928).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/09/2025 14:59:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 09:51:57 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 15:59:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2025 15:36:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2025 16:13:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2025 16:27:51 hs. bajo el número RR-661-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia