Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80637
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la demandada (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, comuníquese lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
B.80.637 "R., V. C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) S/ AMPARO (INFOREC 301) CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008 -TEXTO SEGÚN LEY 13.101-"
I. El señor G. R., abogado, por derecho propio y en su carácter de hijo del señor V. R., promovió acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), a fin de que se le ordenara autorizar y proveer en forma inmediata, integral y continua el tratamiento oncológico que le fuera prescripto a su progenitor.
Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a asegurar la inmediata y efectiva cobertura de dicha prestación (conf. séptimo documento acompañado al despacho electrónico de fecha 30-I-2026).
II. Tras de la concesión de la tutela cautelar por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, la demandada compareció a estar a derecho, opuso excepción de incompetencia e interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la medida cautelar decretada. Luego de tener por opuesta la referida excepción de previo y especial pronunciamiento, para ser tratada en forma oportuna; se rechazó el recurso de reposición incoado y se concedió, sin efecto suspensivo —atento a las circunstancias particulares del caso—, el recurso de apelación. Consecuentemente, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Esta última, sin embargo, declinó su competencia al considerar que el de autos no era uno de los supuestos alcanzados por la previsión del art. 17 bis de la Ley de Amparo, en tanto la acción no se dirigía contra alguna acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo. En virtud de ello, ordenó la remisión de los actuados a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes (v. resol. electrónica de fecha 5-II-2026, junto con su aclaratoria de fecha 10-II-2026).
Radicadas las actuaciones en la aludida Cámara, la Sala II, haciendo especial hincapié en el pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Arameda", también resolvió inhibirse para conocer en la controversia, afirmando —en sentido contrario al de su par remitente— que la presente subsumía en la mentada disposición del art. 17 bis de la Ley de Amparo (v. resolución interlocutoria de fecha 18-II-2026).
Devueltos los actuados al órgano colegiado especializado en derecho público, sus integrantes, insistiendo con su postura, plantearon la contienda negativa y la elevaron a este Tribunal para que la dirima (art. 7 inc. 1, CCA) —v. resolución electrónica de fecha 18-II-2026—.
III.1. La ley 13.928 —texto según ley 14.192— prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara de apelación en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el presente caso, la pretensión del reclamante se dirige a que el PAMI le provea la cobertura total del medicamento que necesita debido al cuadro clínico que la afecta. Al respecto, cabe señalar que dicha entidad se encuentra comprendida en las disposiciones de Ley Nacional 19.032 —modificada por la ley 25.615—, resultando, por tanto, ajena a los cuadros de la Administración Pública provincial.
Siendo así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, toda vez que en autos no se controvierte ningún acto u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 17 bis de la ley 13.928, ni se advierte que la cuestión se rija por normas de derecho público local (doctr. causa B. 79.956, "Bogado", resol. de 9-V-2025).
Ello —entre otras razones— distingue este supuesto del precedente invocado por el órgano colegiado en lo penal para declinar su intervención.
III.2. Dicho eso, cabe recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020; B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022; B. 79.446, "Morel", resol. de 2-VIII-2024 y B. 79.694, "Cintas", C. 138.119, resol. de 19-XII-2025).
IV. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes la que conozca en el recurso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la demandada (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, comuníquese lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2026 11:10:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 14:39:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2026 12:46:36 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2026 14:18:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2026 18:04:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/03/2026 18:14:14 hs. bajo el número RR-176-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia