Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80879
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no ha existido prevención en los términos del art. 3 in fine de la ley 13.928, siendo arreglada a derecho la adjudicación mediante sorteo efectuada al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de San Isidro. Por Secretaría, devuélvanse las actuaciones al citado órgano, a sus efectos (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Familia N°5 departamental.
B.80.879 "C. G. K. C/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. G. K. C., invocando el carácter de persona de apoyo designada del señor D. F. R., deduce acción de amparo contra la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), a fin de que se garantice a este último la efectiva continuidad de la prestación integral asistencial que venía recibiendo desde el año 2015 en el centro de día "Hogar Nuestro Umbral SRL", ubicado en la localidad de Temperley, donde realiza distintas actividades que, en atención al cuadro de salud que padece, resultan esenciales para su evolución psicofísica.
Frente a ello, requiere que se decrete una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal (v. escrito electrónico de fecha 16-IV-2026).
II. La causa, a pedido de la actora, se radicó directamente ante el Juzgado de Familia N°5 del Departamento Judicial de San Isidro, dada la estrecha relación que la presente guardaría con el proceso caratulado "R., F. D. s/ Determinación de la capacidad" (expdte. N°30.792/2007).
Pese a esto, la jueza subrogante del organismo rechazó la conexidad aludida por la reclamante, aduciendo que en autos "...no se verifica [...] identidad de objeto o pretensiones similares, sino que sólo se trata de causas con identidad de sujeto", habida cuenta -aclaró la magistrada- de que la acción deducida en la presente no versa sobre una cuestión de familia, al tratarse de una acción dirigida contra un tercero, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (v. resol. electrónica de fecha 16-IV-2026).
Consecuentemente, los obrados recayeron -sorteo mediante- en el Juzgado en lo Correccional N°3 departamental, cuya titular reputó que sí existía tal conexidad entre ambos procesos, en particular en cuanto a su objeto, pues -aun cuando la acción de amparo se dirige contra un tercero ajeno al proceso de determinación de la capacidad- la cobertura peticionada en el sub lite constituye un requisito indispensable para el efectivo cumplimiento del sistema de apoyos dispuesto en el juicio de capacidad.
No obstante ello, estimó que, de todos modos, aun de no ser atendible la conexidad, correspondía que interviniera en el pleito la justicia federal, toda vez que la OSECAC integra el sistema nacional de salud (conf. leyes 23.660 y 23.661).
De tal suerte y luego de expedirse -en sentido positivo- en torno a la tutela precautoria, la jueza en lo correccional pronunció su incompetencia, ordenando la remisión de los obrados al órgano preactuante a sus efectos (v. sent. interlocutoria de fecha 17-IV-2026).
Al recibirlos, este último mantuvo incólume su postura, planteando así un conflicto de competencia que giró erróneamente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín (v. despacho electrónico de fecha 20-IV-2026).
A su turno, una vez que compareciera la entidad demandada al proceso denunciando el cumplimiento de la medida cautelar y oponiendo excepción de incompetencia (v. escrito de fecha 22-IV-2026), la referida cámara elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia para que abordara la cuestión suscitada con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. providencia electrónica de fecha 28-IV-2026).
III. Este Tribunal ha resuelto que corresponde, en las acciones de amparo, apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1.358/06 y 1.794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducido con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.542, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014; B. 76.421, “Vignoles”, resol. de 20-V-2020; B. 78.456, "P.", resol. de 19-XII-2022 y B. 78.670, "Clínica Privada Psiquiátrica Luminar SH", resol. de 21-IV-2023).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando -verbigracia- varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B. 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
Por último, es dable recordar que para que la reunión de los procesos resulte procedente, la relación de conexidad que los una debe ser "actual" -es decir, los litigios deben encontrarse pendientes de resolución-, dado que el hecho de que uno de ellos estuviese terminado obstaría a ello (doctr. causas Ac. 62.588, "Ferreira", resol. de 2-IV-1996; B. 63.508, "Margaria", resol. de 23-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 75.844, "M.", resol. de 22-V-2019; B. 76.209, "M.", resol. de 13-XI-2019; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020 y B. 79.684, "Ferrari", resol. de 13-XI-2024).
IV. A la luz de las premisas reseñadas, se advierte que en la especie no se encuentran configurados los extremos que justifiquen la reunión de procesos pretendida -por una presunta prevención- en cabeza del Juzgado de Familia N°5 del Departamento Judicial de San Isidro.
Y es que, conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en la Mesa de Entradas Virtual (MEV), en los autos caratulados "R., F. D. s/ Determinación de la capacidad" (expdte. N°30.792/2007), la acción había sido iniciada por la tía del señor R. para que se determine su capacidad jurídica.
Por su parte, como se ha dicho, el presente amparo, promovido en esta oportunidad por su prima, se deduce con la finalidad de que la entidad prestacional le brinde a este último la cobertura integral de una prestación de salud, consistente en que se le siga garantizando su concurrencia al centro de día de la localidad de Temperley, donde reside desde el año 2015.
Siendo así, más allá de existir cierta homogeneidad fáctica y normativa entre los juicios aludidos por la actora y sobre los cuales se sustentó la decisión de la magistrada penal en su declinatoria de fecha 17-IV-2026, no median razones que justifiquen apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N°1.358/06 y 1.794/06 citadas.
Por lo demás, se observa que las pretensiones pueden ser decididas separadamente sin que exista un riesgo de incurrir en sentencias contradictorias. Ello se patentiza al ya contar el referido proceso de capacidad con sentencia definitiva de fecha 7-IV-2017, habiéndose dictado en fecha 27-X-2025 una nueva sentencia mediante la cual se mantuvo la restricción de capacidad allí dispuesta, aunque con modificación del sistema de apoyos oportunamente designado.
V. En razón de lo expuesto, corresponde devolver el expediente al Juzgado en lo Correccional Nº3 del Departamento Judicial de San Isidro para que continúe con la tramitación de este proceso, el cual, a su vez, deberá decidir lo que corresponda en torno al tratamiento de la excepción planteada por la demandada en fecha 22-IV-2026.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no ha existido prevención en los términos del art. 3 in fine de la ley 13.928, siendo arreglada a derecho la adjudicación mediante sorteo efectuada al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de San Isidro. Por Secretaría, devuélvanse las actuaciones al citado órgano, a sus efectos (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Familia N°5 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:37:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:59:29 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:16:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:19:16 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:47 hs. bajo el número RR-385-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia