Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80824
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la causa remitida por el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 apdo. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Tres de Febrero deberá abstenerse de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Héctor José Pardo (DNI 10.107.531), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, líbrese oficio por Secretaría.
B.80.824 "PARDO HECTOR JOSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Héctor José Pardo, por su propio derecho, deduce acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito N°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
Explica que, con el propósito de renovar su licencia de conducir, se apersonó el día 6 de marzo del corriente a la respectiva dependencia de la Municipalidad de Tres de Febrero, donde se le informó que en virtud de la preceptiva cuestionada no podía continuar con el trámite sin pagar previamente las multas que figuraban a su nombre. Precisamente, comenta que ese episodio lo llevó a efectuar un reclamo ante dicha comuna, aunque sin obtener la respuesta esperada.
En este sentido, sostiene que la norma impugnada infringe el principio de razonabilidad por cuanto lesiona derechos de raigambre constitucional tales como el derecho al libre tránsito, al trabajo, a usar y disponer de la propiedad, a la igualdad, así como también la propia presunción de inocencia.
Entiende, en este marco, que la promoción de una vía como la presente es el único resorte con el que cuenta para hacer valer sus derechos constitucionales, en particular su derecho al trabajo, ya que la falta de renovación de su licencia de conducir le impediría desempeñarse como chofer en una remisería de un familiar, circunstancia que -alega- reviste especial importancia dada su actual situación de desempleo.
Es por todo ello que requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene tanto al Fisco provincial como al municipio de Tres de Febrero continuar con el trámite de renovación iniciado, sin que se le exija el requisito cuestionado (v. escrito electrónico de fecha 16-III-2026).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Plata, el cual rehusó conocer en el asunto por razones de competencia territorial, señalando que el domicilio del amparista se encontraba en la localidad de Tres de Febrero.
Concluyó entonces que la controversia debía ventilarse en el Departamento Judicial de San Martín, disponiendo la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes de ese departamento judicial, a los efectos de que, por tratarse de una acción de amparo, se efectúe el correspondiente sorteo entre los organismos de dicha jurisdicción (v. resol. electrónica de fecha 18-III-2026).
Sin embargo, atento a la presentación efectuada por el reclamante con motivo de la declaración de incompetencia -oportunidad en la que el actor solicitó la transformación de la demanda (v. escrito de 18-III-2026)-, el órgano colegiado decidió -a través de su presidente- dejar sin efecto dicha remisión y dispuso, en su lugar, el envío de las actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia, tras estimar que podía verse comprometida su competencia originaria, en virtud de lo previsto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Así fue que las actuaciones quedaron radicadas en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. providencia electrónica de fecha 30-III-2026).
III. Más allá de la calificación de amparo atribuida a la acción promovida, la lectura del escrito inicial y la posterior presentación de fecha 18-III-2026 dan cuenta, efectivamente, de un cuestionamiento autónomo y abstracto del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09, por reputar el actor que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar los derechos fundamentales que enumera, garantizados en los textos constitucionales.
En relación con este último aspecto, cabe señalar que el reclamante invoca, en sustento de su pretensión, los derechos al libre tránsito y al trabajo, así como el principio de razonabilidad, además de la igualdad y la libertad en términos generales. Si bien ancla tales garantías en normas de la Constitución nacional, se trata de derechos reconocidos de manera coincidente en el texto de la Constitución local.
En consecuencia, corresponde declarar que la causa remitida por el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte, radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y ordenar su recaratulación (art. 161 inc. 1, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019; B. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025).
IV. Así las cosas, corresponde abocarse al tratamiento de la medida cautelar requerida en la demanda.
Respecto al alcance de la tutela, ante la alegada necesidad de trabajar, la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito y con el fin de renovar su licencia de conducir, solicita que como medida cautelar se ordene tanto al Fisco provincial como a la Municipalidad de Tres de Febrero que continúe con el trámite administrativo de renovación de aquella sin requerir la previa obtención de un "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
IV.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023 e I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio de la etapa cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021 e I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022, e.o.).
IV.2. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos de cautelares como el que aquí llega al Acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024; I. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; I. 80.311, "Herrera", resol. de 12-II-2026 e I. 80.640, "Frías", resol. de 6-IV-2026).
Por consiguiente, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
IV.3. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas- la violación del principio de razonabilidad y sus derechos a transitar libremente y a trabajar. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Ello así, en tanto el demandante, a lo largo del escrito de inicio, pone de manifiesto la necesidad de que la norma cuestionada no se convierta en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia, pues tal situación acarrearía consecuencias negativas en el ejercicio efectivo de sus derechos en el desenvolvimiento de su vida cotidiana. Así, remarca que la imposibilidad de conducir por falta de aquella conculcaría su derecho al trabajo, al impedirle acceder al puesto de chofer ofrecido en la empresa de transporte de pasajeros de un familiar, hecho que resultaría especialmente gravoso dada su actual situación de desempleo.
Parece, entonces, que el recaudo establecido en el art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta, en el caso, la esfera subjetiva del peticionario de manera singular al impedir el goce de los derechos constitucionales que sustentan su reclamo.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis , ley 13.927 -texto según 14.393-).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
IV.4. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha sostenido que, al evaluar este requisito general de toda medida cautelar, resulta necesario ponderar tanto el gravamen que podría derivarse de la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuera declarada ilegítima -en el caso, inconstitucional- como, correlativamente, aquel que se seguiría de la paralización temporal de sus efectos en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023 e I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023, e.o.).
A los fines del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
V. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la causa remitida por el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 apdo. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Tres de Febrero deberá abstenerse de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Héctor José Pardo (DNI 10.107.531), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó, en el escrito inicial, la correspondiente caución juratoria por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (art. 199, CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, líbrese oficio por Secretaría.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:24 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:37:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:13 hs. bajo el número RR-325-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia