Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80584
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar competente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para que entienda los recursos interpuestos por las codemandadas en fechas 1-XI-2024 y 4-XI-2024 contra la concesión de las medidas cautelares. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las presentes actuaciones ante el citado órgano de alzada, el cual, unas vez recibidas, deberá remitirlas a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, a fin de que, con carácter previo al tratamiento de los recursos interpuestos contra la concesión de las medidas cautelares, se resuelva el recurso interpuesto contra el rechazo de la recusación formulada respecto del magistrado interviniente (arts. 7 inc. 1; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- a contrario sensu y 38, ley 5.827).
II. Dejar sin efecto la acumulación dispuesta por el juez de grado en fecha 28-X-2024, manteniéndose la radicación de la causa conforme al sorteo realizado en autos, hasta tanto el tribunal penal del Departamento Judicial de Mercedes resuelva la recusación formulada contra dicho magistrado.
Comunicar lo que se decide en este resolutorio a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
B.80.584 "JACOB, JOELLE MARÍA FLORAY OTROS C/AGUAS BONAERENSES S.A. Y OTROS S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Joelle María Flora Jacob, María Isabel Falco, Susana Edilma Falco, Myriam Guadalupe Brunet -todos ellos en su carácter de vecinos de la localidad de French- y la Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad, deducen acción de amparo ambiental contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Municipio de 9 de Julio y la Provincia de Buenos Aires, con miras a garantizar que el suministro domiciliario del agua en dicha zona cumpla adecuadamente con los parámetros de potabilidad y calidad —niveles de arsénico— de acuerdo a los valores guía previstos en el Código Alimentario Argentino, así como la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para tal fin, en tanto la planta potabilizadora existente en la localidad se encontraría fuera de servicio. Asimismo, solicitan que se exhorte al municipio demandado a establecer una distancia de protección de 1.095 metros de distancia a partir del límite de la zona complementaria respecto a las aplicaciones terrestres de agroquímicos, y que la Provincia implemente un plan de vigilancia sanitaria que permita a los habitantes someterse voluntariamente a controles médicos a fin de evaluar su estado de salud y adoptar, en su caso, las medidas correspondientes.
Comentan que esta situación no resulta nueva para los habitantes del Partido de 9 de Julio, sino que la padecen desde hace años, por lo que varios de ellos se vieron obligados a promover una acción de amparo, la cual recayó en el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Mercedes. Allí, en el marco de los autos "Kersich, Juan Gabriel y Otros c/ Aguas Bonaerenses y Otros s/ Amparo" (AM 09-00-0005-15/00), los vecinos de dicha localidad obtuvieron una sentencia favorable, a partir de la cual se avanzó en la construcción de una planta potabilizadora en la ciudad cabecera del citado partido.
Según exponen, el fundamento de su presentación reside en que si bien su intervención en carácter de terceros en aquel proceso fue admitida por el magistrado penal y por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, e incluso confirmada por esta Suprema Corte, dicha decisión fue posteriormente dejada sin efecto por el máximo tribunal federal en fecha 2-XII-2014, que dispuso la exclusión de aquellos como terceros en el proceso, otorgó a la causa carácter colectivo, delimitó su alcance a la problemática del agua con arsénico en la localidad cabecera del Partido de 9 de Julio y asignó la representación del colectivo allí radicado.
Adicionalmente, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 7.219 sobre el uso de agroquímicos, en cuanto habilita la fumigación sin restricciones en relación con los pozos de perforación de agua, tanto de la empresa ABSA como de los particulares, estableciendo únicamente una distancia de resguardo de 200 metros respecto de los centros poblados.
Frente a este panorama, requieren cautelarmente: 1) la entrega de bidones por parte de ABSA para todos los habitantes de la localidad de French; 2) que dicha empresa informe a la población sobre los residuos de arsénico y agroquímicos; y 3) la restricción de las prácticas de fumigación a menos de 100 metros del límite externo de la zona complementaria de la localidad de French, de los demás pueblos y de la localidad cabecera del Partido 9 de Julio, así como de los pozos de bombeo de ABSA, las escuelas rurales y emprendimientos agroecológicos (v. octavo documento adunado al segundo oficio electrónico de fecha 28-XI-2024).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el mentado juzgado de garantías de aquella jurisdicción territorial (v. primer documento adjunto al décimo tercer oficio electrónico de fecha 16-XII-2024).
Ello así, aun cuando los actores habían solicitado la radicación directa ante dicho órgano en virtud de la conexidad alegada con el expediente "Kersich" (v. apdo. XII de la demanda).
Interesa señalar que, en fecha 28-X-2024, el titular de la dependencia tuvo por presentados a los reclamantes, por acreditada la conexidad por ellos alegada —disponiendo, en consecuencia, la acumulación de las presentes actuaciones a los autos "Kersich"—, ordenó correr traslado de la demanda e hizo lugar a las medidas cautelares (v. quinto documento adunado al oficio electrónico de fecha 12-XI-2024).
Agraviada por ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado se presentó al proceso en fecha 1-XI-2024 e interpuso un recurso de apelación contra las medidas cautelares concedidas, cuestionando —además del alcance que se les otorgara— que la decisión del magistrado de grado adolecía de diversos vicios, entre ellos el de incompetencia, toda vez que —según sostuvo— no se había realizado el sorteo con arreglo al régimen de acciones de amparo.
En ese sentido, afirmó que no correspondía la acumulación de las presentes actuaciones con la citada causa "Kersich", dado que se trata de supuestos distintos —en autos no solo se denunciaría la presencia de arsénico en el agua, sino también la fumigación y liberación de agroquímicos en el ambiente—, sumado a que dicho juicio cuenta con sentencia firme dictada por el máximo tribunal federal (v. sexto documento adunado al oficio electrónico de fecha 12-XI-2024 cit.).
Por su parte, en fecha 4-XI-2024, compareció al juicio la apoderada comunal y también articuló un recurso de apelación contra la concesión cautelar, sustancialmente por no encontrarse reunidos, según su criterio, los requisitos para su otorgamiento (conf. surge del oficio electrónico de fecha 12-XI-2024 cit.).
Más tarde, en fecha 6-XI-2024, la representante municipal, invocando las causales del art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, formuló recusación con expresión de causa contra el juez interviniente, por considerar que este había emitido opinión anticipada sobre el objeto del litigio y exteriorizado un criterio que comprometía su imparcialidad, particularmente al calificar reiteradamente, en su resolutorio de fecha 28-X-2024 a los productos fitosanitarios o agroquímicos involucrados como “agrotóxicos”, terminología que —a su entender— evidenciaba un prejuzgamiento respecto del fondo de la controversia (v. cuarto documento adunado al séptimo oficio electrónico de fecha 16-XII- 2024)
Cabe destacar que, en su providencia de fecha 5-XI-2024, el juez interviniente concedió los recursos articulados por la representante fiscal y la representante de la comunal, respectivamente.
Sin embargo, previo a remitir los actuados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, dicho magistrado decidió desestimar: 1) la excepción de incompetencia articulada por la representante estatal, puesto que -según manifestó- las actuaciones habían llegado a su conocimiento "a través de la aplicación del régimen de ingreso y asignación de acciones de amparo"; y 2) la recusación con causa formulada oportunamente por la apoderada municipal, por no configurarse causal legal que justificara su apartamiento de la causa, atento al carácter restrictivo con que corresponde valorar este tipo de planteos (v. séptimo y octavo documento adunado al oficio electrónico de fecha 12-XI-2024 cit.).
Frente a ello, ambas demandadas interpusieron nuevos recursos de apelación que, también concedidos por el juez actuante, recayeron finalmente en el mentado órgano de alzada de San Martín.
Luego de devolver las actuaciones al juez de grado a los efectos de que corriera traslado de los recursos a las demandadas, remitiera las actuaciones completas e informara sobre el estado procesal del citado expediente “Kersich” —en relación con el cual el magistrado penal indicó que no contaba con sentencia definitiva—, los integrantes de dicho tribunal se declararon incompetentes para conocer en el asunto, al reputar que el conocimiento de la causa correspondía a la cámara del fuero especializado con asiento en la ciudad de La Plata.
A ese respecto, ponderaron la intervención realizada con anterioridad por dicha alzada en la citada causa "Kersich" y la estrecha vinculación que guarda aquella con las presentes, ya que "...se trata de una localidad del mismo municipio de 9 de Julio con un similar objeto: contaminación del agua proveniente del mismo acuífero" (v. sent. interlocutoria de fecha 3-VII-2025).
Al resolver así, aunque manteniendo firmes las medidas cautelares ordenadas en virtud de los derechos en juego, le giraron el expediente al mencionado órgano de alzada de La Plata.
Pero los miembros de este último también se negaron a entender en el pleito, argumentando —en contraste con lo sostenido por sus pares previnientes de San Martín— que la acumulación dispuesta en primera instancia no implicaba el desplazamiento de la competencia en alzada ni generaba riesgo de decisiones contradictorias.
En este estado quedó planteada formalmente la contienda negativa, siendo remitida a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 2-XII-2025).
III. Cabe adelantar que la competencia para conocer y resolver los recursos interpuestos por las codemandadas en fechas 1-XI-2024 y 4-XI-2024 contra las medidas cautelares corresponde a la cámara del fuero especializado de San Martín.
IV. Este Tribunal ha tenido oportunidad de reparar en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, poniendo de relieve que para su viabilidad deben necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014; B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020; B. 77.478, "López", resol. de 26-XI-2021 y B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014; B. 77.478, cit. y B. 77.148, "Santi", resol. de 9-VI-2021, e.o.).
Así pues, a la luz de las premisas reseñadas, debe ponderarse que más allá de existir cierta homogeneidad o comunidad fáctica y normativa entre ambos juicios ( i.e ., derechos involucrados, personas demandadas), lo cierto es que se trata de dos acciones de amparo individualmente entabladas por actores diferentes y que cada una atiende a sus particulares circunstancias, tal como oportunamente lo dejó sentado el máximo tribunal federal en la aludida causa "Kersich", al tiempo de excluir a los aquí amparistas de su carácter de terceros en aquellas actuaciones.
En efecto, en la presente la problemática se circunscribe a la localidad de French, donde no solo se denuncia la presencia de arsénico en el agua, sino también la afectación ambiental derivada de la fumigación y liberación de agroquímicos en el entorno; en tanto que en aquel proceso la cuestión se limitó a la problemática del agua con arsénico y su aptitud para el consumo en la ciudad cabecera del Partido de 9 de Julio.
Siendo así, es dable afirmar que las acciones bajo estudio no justifican la actuación de la regla especial de competencia contemplada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, con la consecuente radicación de la presente a la cámara del fuero especializado de La Plata (arg. doctr. causa B. 78.600, "Lipovetzky", resol. de 30-V-2023).
V. Por tales motivos, no advirtiéndose riesgo de que se dicten sentencias contradictorias —aun cuando las actuaciones vinculadas a la causa "Kersich" no se encuentren concluidas (conf. oficio de fecha 1-VI-2026)—, corresponde que sea la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín el órgano que conozca y decida los recursos articulados por las codemandadas en fechas 1-XI-2024 y 4-XI-2024.
Lo anterior, sin perjuicio de que, una vez recibidas las actuaciones, dicha alzada las deba remitir a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, a fin de que, con carácter previo al tratamiento de los recursos interpuestos contra la concesión de las medidas cautelares, entienda en el recurso articulado contra el rechazo de la recusación respecto del magistrado penal, por ser su tribunal de alzada natural (arts. 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- a contrario sensu ; 38, ley 5.827 y resol. SCBA 1.901/10; doctr. causa B. 79.254-TER, "Cáceres", resol. 2-VIII-2024).
Asimismo, con relación a la acumulación dispuesta por el juez de grado en fecha 28-X-2024, corresponde —en atención al planteo de incompetencia formulado oportunamente por la apoderada comunal y de acuerdo a lo expuesto en el apartado IV— dejarla sin efecto, más allá de que, en vista del sorteo realizado en autos, la radicación de la causa ante dicho órgano resulta ajustada al régimen aplicable (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09). De modo que el magistrado penal seguirá entendiendo en el asunto hasta tanto su tribunal de alzada decida lo que corresponda en torno a la recusación formulada contra él.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar competente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín para que entienda los recursos interpuestos por las codemandadas en fechas 1-XI-2024 y 4-XI-2024 contra la concesión de las medidas cautelares. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las presentes actuaciones ante el citado órgano de alzada, el cual, unas vez recibidas, deberá remitirlas a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, a fin de que, con carácter previo al tratamiento de los recursos interpuestos contra la concesión de las medidas cautelares, se resuelva el recurso interpuesto contra el rechazo de la recusación formulada respecto del magistrado interviniente (arts. 7 inc. 1; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- a contrario sensu y 38, ley 5.827).
II. Dejar sin efecto la acumulación dispuesta por el juez de grado en fecha 28-X-2024, manteniéndose la radicación de la causa conforme al sorteo realizado en autos, hasta tanto el tribunal penal del Departamento Judicial de Mercedes resuelva la recusación formulada contra dicho magistrado.
Comunicar lo que se decide en este resolutorio a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2026 16:01:10 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:14:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:25 hs. bajo el número RR-594-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia