Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80781
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 departamental.
B.80.781 "MUÑIZ GONZALO, STURLA FEDERICO, FELGUERAS DAVID ALBERTO, GARCIA Y GIL DELGADO MIGUEL, TELLECHEA JUAN MANUEL, FERNANDEZ LLORENTE TOMÁS, MIRANDA MARTA SUSANA, MUISE SERGIO ROMAN, HERTELENDY HERNAN, SANCHEZ JORGE, LUCIFORA MARIA EUGENIA, BALCABAO MARIANA GABRIELA, BELVER MARIA JUANA, CATANZARO JUAN CARLOS Y OTS. C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Gonzalo Muñiz, Juan Carlos Catanzaro, Federico Sturla, David Alberto Felgueras, Miguel María García y Gil Delgado, Luis María Coviella, Juan Manuel Tellechea, Tomás Fernández Llorente, Marta Susana Miranda, María Juana Belver, Sergio Román Muise, Hernán Hertelendy, Ignacio Espinal, Jorge Sánchez, María Eugenia Lucifora, Sebastián Monpelat, Matías Julián Riveros, Verónica Beatriz Sánchez, Andrés María Llorente, Juan José Trama y Mariana Balcabao deducen acción de amparo contra la Municipalidad de General Alvarado, a fin de que se les brinde, en su condición de vecinos de esa localidad, información relativa a la recaudación de la tasa destinada a caminos rurales y al destino dado a tales recursos.
Manifiestan que el fundamento de su presentación en esta instancia reside en la falta de respuesta de la demandada al requerimiento de información formulado, omisión que —arguyen— contraría normas de orden constitucional (arts. 14 y 75 inc. 22 de la Const. nac.; 14 y 28 de la Const. prov., e.o.) —v. escrito electrónico de fecha 25-III-2026—.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigentes para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Sin embargo, el titular del organismo se excusó de entender en el asunto tras estimar que, en vista de la materia sobre la que versaba la controversia planteada y poniendo de relieve el pronunciamiento de esta Corte recaído en la causa "Lowy", las actuaciones debían ser del conocimiento de la justicia contencioso administrativa (v. resol. electrónico de fecha 27-III-2026).
Habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, su magistrado rechazó la competencia que se le estaba endilgando, sosteniendo que no existían razones para apartarse del régimen de sorteo vigente para este tipo de proceso.
En tal sentido, afirmó que la presente acción, destinada a obtener acceso a información pública relativa a una cuestión tributaria, no podía equipararse al precedente invocado por su par previniente para sustentar su decisorio, referido al acceso a información pública de carácter ambiental.
Así, en el esquema que quedó configurado, planteó la contienda negativa de competencia, elevándola a este Tribunal para que la dirima con arreglo al art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101— (v. sent. interlocutoria de fecha 8—IV—2026).
III. Sin perjuicio de la regla de adjudicación por ante cualquier juez plasmada en las resoluciones de esta Suprema Corte n° 1358/06 y 1794/06 —ratificadas por resolución 957/09— para los juicios de amparo, hemos sostenido que resulta competente el fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en dichas acciones cuando encuadran en los términos del art. 8 de la ley 12.475, en las cuales se persigue la obtención de información pública en poder de las autoridades locales, sin que quepa en tales supuestos observar el referido régimen de asignación de expedientes (conf. arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA; v. nuestro voto en causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21—XII—2022; B. 77.433, “Lowy”, resol. de 10—II—2023; B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13—IV—2023; B. 78.744, "Frade", resol. de 31—X—2023; B. 79.229, "Alonso Kanki", resol. de 29—V—2024; B. 79.682, "Ávila", resol. de 20—XI—2024 y B. 80.351, "García Christensen", resol. de 22—V—2026, e.o.).
IV. Por consiguiente, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la solución propuesta por mis colegas.
Al votar en las causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21—XII—2022 y B. 77.433, "Lowy", resol. de 10—II—2023, en las cuales también se abordaron acciones de amparo orientadas a obtener acceso a información pública, me aparté del criterio que aquí reiteran el doctor Soria y la doctora Kogan, conforme al cual procesos de esa naturaleza deben tramitar ante la justicia de primera instancia en lo contencioso administrativo.
Es cierto que, en aquellas oportunidades, la información reclamada se vinculaba con cuestiones ambientales, circunstancia que otorgaba particular relieve a la posición allí asumida, habida cuenta de la transversalidad propia de esa materia. Sin embargo, más allá de dicha especificidad, mantengo que no corresponde excepcionar en supuestos como el presente las reglas generales de competencia previstas para la acción de amparo.
En efecto, no advierto en los arts. 8 de la ley 12.475 ni 4 de la ley 14.214 fundamento normativo suficiente para desplazar el régimen general que, en la Provincia, rige la promoción de la acción expedita de amparo ante cualquier juez con competencia territorial (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928; y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09). La competencia amplia así establecida solo puede ceder frente a una previsión expresa, clara e inequívoca que así lo disponga, extremo que no se verifica en la especie.
Viene al caso recordar que el art. 8 de la ley 12.475 se limita a establecer que, contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos administrativos —o en caso de silencio de la autoridad una vez vencido el plazo legalmente previsto—, podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data, según corresponda. La norma, sin embargo, no contiene disposición alguna que atribuya la competencia para conocer en la acción de amparo al fuero contencioso administrativo.
Tampoco cabe extraer esa consecuencia del art. 4 de la ley 14.214, desde que dicho precepto refiere específicamente a las acciones de habeas data vinculadas con archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires, mas no a procesos de amparo promovidos para obtener acceso a la información pública. Por lo tanto, no es posible derivar de tales disposiciones una regla de especialización material que excluya la intervención de "cualquier juez", prevista con alcance general para este tipo de procesos.
En este contexto, la sola circunstancia de que la pretensión se dirija contra un municipio y tenga por objeto una omisión producida en ejercicio de función administrativa no basta, por sí misma, para desplazar la regla constitucional y legal que disciplina la competencia en materia de amparo. Ello es así porque el diseño local de esta garantía ha privilegiado, en resguardo de la tutela judicial efectiva, la amplitud del acceso a la jurisdicción por sobre criterios de especialización material en la instancia originaria.
Ya he tenido oportunidad de expresar una comprensión semejante en las causas B. 77.841, "Juara"; B. 78.191, "Zadikian" (resols. de 10—II—2023); B. 78.108, "Etulain" (resol. de 13—IV—2023); B. 79.229, "Alonso Kanki" (resol. de 29—V—2024) y B. 80.351, "García Christensen" (resol. de 22—V—2026), entre otras, en las que sostuve que cuando se entabla una acción expedita de amparo, aun frente a actuaciones u omisiones estatales, no corresponde reconocer sin más prevalencia al fuero contencioso administrativo si no existe disposición específica que así lo establezca.
Desde esta perspectiva, y sin desconocer que en ciertos supuestos puede resultar técnicamente deseable la intervención de magistrados especializados en derecho público, lo cierto es que en el sub examine no media previsión normativa que permita apartarse, por vía interpretativa, de la regla general de adjudicación prevista para el amparo. Admitir lo contrario importaría introducir una excepción no contemplada expresamente por el ordenamiento y restringir, sin base legal suficiente, el alcance de una garantía constitucional.
II. Por los fundamentos expuestos, que juzgo suficientes para decidir, corresponde declarar la competencia para intervenir en autos del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Kohan dijo:
I. Comparto la solución que propone el señor Juez doctor Torres, atento a los fundamentos que seguidamente habré de exponer.
II.1. En el ejercicio de la magistratura como Juez del Tribunal en lo Criminal N°5 del Departamento Judicial de San Isidro, tuve oportunidad de señalar aspectos relativos a la problemática de asignación de competencia en materia de acciones de amparo.
En tal ocasión señalé, que en el sistema local la especialización en razón de la materia ha sido valorada como una garantía del debido proceso y del principio del juez natural.
Si bien el art. 20 de la Constitución provincial consagra que la acción de amparo puede ser interpuesta "ante cualquier juez", ello debía interpretarse en armonía con el art. 166 inc. 5 de la misma Constitución, que asigna competencia específica a los jueces de lo contencioso administrativo para conocer en las causas en que se impugnen actos u omisiones del Estado dictados en ejercicio de funciones administrativas.
Esta coexistencia normativa habilitaba una interpretación según la cual los conflictos de naturaleza contencioso—administrativa quedaban excluidos del régimen general del amparo, al prevalecer el criterio de especialidad establecido por el citado art. 166 ap. 5to.
En consecuencia, pudo válidamente sostenerse que en tales supuestos debía intervenir un juez del fuero contencioso administrativo como expresión del principio del juez natural en materia de derecho público.
Así, los conflictos que involucraran al hacer estatal en el ejercicio de funciones administrativas debían ser comprendidos —en términos generales— como materia propia del fuero contencioso—administrativo, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 12.008.
No obstante, ese lineamiento fue modificado parcialmente por esta Suprema Corte a través de la Acordada 1.358/06, la Acordada 4.017, y la Resolución 957/09, donde interpretando el mandato del art. 20 de la Constitución provincial se estableció que toda acción de amparo puede ser promovida "ante cualquier juez", sin requerirse que pertenezca a un fuero específico.
El legislador provincial resolvió esta aparente disparidad interpretativa mediante la sanción de la ley 13.928 y en su art. 4, establece expresamente que el amparo podrá ser promovido ante cualquier juez con jurisdicción en el departamento judicial correspondiente, sin hacer distinción en razón de la materia ni exigir especialidad.
II.2. Por tanto, si bien el marco del proceso constitucional de amparo está instrumentado por las aludidas resoluciones de este Tribunal que prescinden de una concreta especialización ratione materiae y, en su lugar, consagran una amplia regla de competencia, de forma tal que "cualquier juez" de primera instancia puede válidamente resolver en esta clase de controversias, no es menos cierto que el criterio de especialización perdura en el contenido del art. 17 bis del citado cuerpo legal, dado que cuando el proceso es dirigido contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas —regidas por el derecho administrativo—, debe ser dilucidado en alzada ante la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
III. He de allí que, si bien desde una perspectiva técnica y funcional sería deseable que los amparos contra el Estado tramiten ante jueces con formación en derecho público, la normativa procesal local prioriza la amplitud del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, por sobre los criterios tradicionales de distribución del trabajo jurisdiccional. Como señala Marcelo A. Riquert en su análisis "Cuando cualquier juez no es cualquier juez" (Revista Jurídica "El Derecho", 2009) esta extensión de competencia no debe convertirse en una vía para que el actor elija estratégicamente al magistrado que le resulte más favorable, ya que ello podría desvirtuar la garantía del juez natural y afectar la previsibilidad del sistema judicial.
IV.1. Ahora bien, esta tensión se manifiesta claramente en las acciones de amparo que involucran el derecho de acceso a la información pública, reguladas por la ley 12.475.
En efecto, ello se evidencia en autos B.79.682 "Ávila" resol. del 20-XI-2024, donde el Tribunal sostuvo que cuando se discute el derecho de acceso a la información pública en poder de una autoridad local, no puede desvincularse del control de legalidad propio del derecho administrativo, por lo que la acción debe tramitar ante el fuero contencioso administrativo. El voto mayoritario interpretó que el acceso a la información, aun cuando se ejerza por vía de amparo, involucra una relación jurídico—pública que exige la intervención del juez especializado, tanto para proteger tal derecho fundamental como para preservar la coherencia del sistema de control judicial de la administración.
IV.2. Del otro lado, se destaca que la ley 12.475 no contiene ninguna disposición específica que asigne la competencia al mentado fuero, ni alude a una jurisdicción especializada.
La ausencia de previsión específica sobre la competencia material, hace —en principio— operativa la regla general aplicable a este tipo de pretensiones, es decir, la posibilidad de que intervenga cualquier juez del territorio, incluyendo los jueces de familia, civiles o laborales, etc., según el sorteo.
Recientemente participé del criterio de dicho desplazamiento en autos B. 79.977 "Arosteguy" y B. 79.816 "Ciccarelli", obedeciendo a la necesidad de armonizar la normativa en tratamiento con las directivas de la ley 11.723. Sin embargo, en autos no encuentro viable —por la naturaleza de su objeto— la asimilación a los contenidos de la ley 14.214.
IV.3. En conclusión, si bien desde una perspectiva de técnica procesal y calidad institucional resulta deseable la intervención del fuero contencioso administrativo en los amparos por información pública, ante la ausencia de previsión expresa o la necesidad inmediata de modular tal preceptiva con el resto del ordenamiento jurídico, deben prevalecer las reglas generales de adjudicación, es decir, su tramitación ante "cualquier juez", conforme lo establecido por las Acordadas de esta Suprema Corte de Justicia y la ley 13.928.
V. Por ello, corresponde declarar la competencia para intervenir en autos del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. Adherimos a la propuesta decisoria del voto del señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, como lo hiciéramos oportunamente en la causa B. 79.682, "Ávila", resol. de 20—XI—2024 y, más recientemente, en la causa B. 80.351, "García Christensen", resol. de 22—V—2026.
Tal como ha sostenido esta Corte en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3—XI—2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20—IX—2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18—III—2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21—XII—2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29—XII—2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26—X—2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6—VI—2018; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2—IX—2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23—II—2021 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15—X—2021; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
II. Siguiendo esta línea de ideas, de la lectura del escrito postulatorio es dable advertir que los actores, en su carácter de vecinos de la localidad de General Alvarado, solicitan que se ordene al ejecutivo comunal brindar acceso a la información pública vinculada a la recaudación de la tasa destinada a caminos rurales y al destino dado a los fondos obtenidos por tal concepto.
Inicialmente, la voluntad de los demandantes y los hechos narrados en su presentación involucran los contenidos de la ley 12.475, la que a su vez preceptúa que contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el art. 7, podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data, según corresponda.
En la especie, la naturaleza del reclamo incoado determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
III. Es importante destacar que si bien este Tribunal ha afirmado que el sistema para asignar casos en el proceso constitucional de amparo —regido por las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06, ratificadas por la resolución 957/09— no requiere una especialización en razón de la materia y establece una amplia regla de competencia, también ha resaltado la necesidad de armonizar las acciones de amparo relacionadas con distintos regímenes legales ( v.gr. , arts. 34 y 35 de la ley 11.723).
IV. En este caso, el factor de atribución del órgano jurisdiccional que debiera entender en autos es la eventual negativa de brindar a los amparistas la información —de contenido público— que reclamaran en los términos de la ley 12.475.
Ante ello, la presunción establecida por el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101—, permite concluir que se trata de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Constitución de la Provincia y 1 inc. 1, ley 12.008 —texto según 13-101—).
V. En la presentación inicial se argumenta que el municipio demandado habría incumplido obligaciones que tiene atribuidas en materia de a acceso a la información pública (ley 12.475), motivo por el cual, en tanto esta tiene su origen en el ejercicio de la función administrativa por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, corresponde declarar que la cuestión resulta propia de la competencia de los órganos del fuero en lo contencioso administrativo.
De allí que, en casos como el presente, no corresponde efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones reseñadas.
VI. Siendo así, por las razones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Así lo votamos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2026 11:00:50 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2026 13:52:59 - TORRES Ser
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