Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 81115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro para conocer y decidir en los recursos de apelación deducidos en las presentes actuaciones (arts. 7 inc. 1, CCA; 16, 17 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827).
Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo aquí decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín.
B.81.115 "ANITORI NATALIA LORENA Y OTRO/A C/ CIPPITELLI ALEJANDRA Y OTROS S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Natalia Lorena Anitori y Claudio Ariel A., en representación de su hijo menor de edad, O.A.A., promueven acción de amparo contra el Colegio Antonio Berni (Fabulinus Berni SRL) y sus propietarias, con el objeto de que se declare la nulidad de la decisión de expulsión adoptada respecto de su hijo y se ordene su inmediata reincorporación al establecimiento educativo.
Relatan que O.A.A. cursa el último año del nivel secundario en el establecimiento demandado y que, tras un episodio ocurrido en abril de 2026 vinculado a la aparición de una inscripción en las instalaciones del colegio —asociada por la institución a un fenómeno viral replicado en distintos establecimientos educativos—, las autoridades dispusieron su suspensión y posterior expulsión. Sostienen que la medida fue adoptada sin haberse acreditado adecuadamente la participación del menor en los hechos investigados, sin garantizar una instancia efectiva de descargo y en contradicción con las previsiones del Acuerdo Institucional de Convivencia, afectando su derecho a la educación y comprometiendo la finalización de sus estudios secundarios.
Peticionan que como medida cautelar innovativa se ordene la suspensión de la medida expulsiva, la reincorporación de O.A.A. como alumno regular, el acceso pleno a clases, plataformas, evaluaciones, proyectos, actos institucionales, prácticas y toda instancia necesaria para acreditar el ciclo lectivo en curso y egresar, así como la implementación de medidas de resguardo y abordaje del ciberbullying.
II. Por sorteo, la causa fue asignada al Tribunal del Trabajo N°6 del Departamento Judicial de San Isidro.
Rechazada la medida cautelar (v. resol. de 15-V-2026), las partes interesadas dedujeron recursos de apelación (v. presentaciones electrónicas de 18-V-2026), lo cual motivó la elevación de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro.
Radicada la causa en la Alzada, la Sala III del aludido tribunal se declaró incompetente para intervenir, al considerar que la presente subsumía en la disposición del art. 17 bis de la ley 13.928. En tal sentido, entendió que la controversia excedía una mera relación contractual entre particulares y se encontraba vinculada con aspectos propios del derecho a la educación y del sistema educativo provincial, materia regida por normas de derecho público y sujeta a regulación y supervisión estatal. Sobre esa base, dispuso la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín (v. resol. de 1-VI-2026).
Recibidas las actuaciones, la mentada Cámara rechazó la competencia atribuida, por entender que la acción se dirigía contra una institución educativa privada y no versaba sobre el ejercicio de funciones administrativas en los términos del art. 17 bis de la ley 13.928. En consecuencia, dispuso la devolución de la causa al tribunal remitente e indicó que, de persistir la discrepancia, se elevara el expediente a esta Suprema Corte para la resolución de la cuestión planteada (v. resol. de 4-VI-2026)
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, manteniendo incólume la postura asumida en su pronunciamiento de fecha 1-VI-2026, tuvo por configurado un conflicto negativo de competencia respecto de la determinación del órgano de alzada llamado a intervenir en la presente acción de amparo y ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia para que dirima la contienda (v. resol. de 9-VI-2026).
III.1. La ley 13.928 —texto según ley 14.192— prevé en su art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el presente caso, la pretensión se dirige a cuestionar la decisión de expulsión adoptada por una institución educativa de gestión privada respecto de un alumno que cursa sus estudios en dicho establecimiento, cuya nulidad se procura, así como su inmediata reincorporación al colegio demandado.
Siendo ello así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, toda vez que en autos no se controvierte una acción u omisión dictada en ejercicio de funciones administrativas por alguno de los sujetos contemplados en el art. 17 bis de la ley 13.928, ni se advierte comprendida en esta litis una cuestión relativa al ejercicio de funciones administrativas estatales (cfr. doctr. causas B. 72.093, "Cám. Ap. Civ. y Com. Dolores", resol. de 14-XI-2012; B. 79.316, "N.,M.B", resol. de 2-VIII-2024), sin que resulte suficiente para desplazar tal conclusión la circunstancia de que la institución demandada integre el sistema educativo provincial y desarrolle una actividad sujeta a regulación y supervisión por parte de las autoridades educativas competentes.
III.2. Sentado ello, es menester recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resols. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B. 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020 y B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022, e.o.).
Asimismo, esta Suprema Corte ha resuelto con reiteración que en los casos en que en los procesos de amparo resultara sorteado un tribunal de trabajo, las impugnaciones de las resoluciones dictadas deben ser canalizadas por la vía ordinaria idónea para luego ser zanjadas por la cámara de su jurisdicción, siendo aplicable el régimen de apelaciones que emana del juego armónico de los arts. 1, 3, 5, 16 y 17 de la ley 13.928 (doctr. causas L. 116.674, "Milanese", resol. de 3-V-2012; L. 125.693, "Melo", resol. de 16-VI-2020; L. 126.081, "Nicodemo", resol. de 21-IX-2020, e.o.).
Por lo tanto, corresponde que conozca en autos la cámara del fuero civil y comercial, dada su competencia genérica y residual (doctr. causa B. 79.159, "Brunno", resol. de 19-IV-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro para conocer y decidir en los recursos de apelación deducidos en las presentes actuaciones (arts. 7 inc. 1, CCA; 16, 17 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827).
Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo aquí decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2026 12:11:36 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:18 hs. bajo el número RR-652-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia