Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 81076
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 apdo. "b", CPCC).
III. Conferirle al señor Javier Hernán Corina, en su calidad de parte actora, un plazo de diez (10) para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
IV. Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Mar Chiquita se abstenga de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, continúe con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Javier Hernán Corina (DNI 26.049.903), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199 …
B.81.076 "CORINA JAVIER HERNAN C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Javier Hernán Corina promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Mar Chiquita, a fin de que se declare la invalidez del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito N°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
Al respecto, sostiene que la norma cuestionada infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad por cuanto lesiona derechos de raigambre constitucional tales como el derecho al libre tránsito, al trabajo y a usar y disponer de la propiedad.
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, el actor requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a la Municipalidad de Mar Chiquita a continuar con el trámite administrativo de renovación de su licencia de conducir sin requerirle la previa obtención de un “libre deuda” y/o pago de multas por infracciones de tránsito (v. escrito electrónico de fecha 8-VI-2026).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Pese a esto, su titular se negó a entender en el pleito en la comprensión de que la cuestión planteada en autos era propia de la competencia originaria y exclusiva que a la Suprema Corte de Justicia le confieren los arts. 166 inc. 1, Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Y, al así decidir, remitió el expediente a esta sede para la prosecución de su trámite (v. sent. interlocutoria de 9-VI-2026).
III. Más allá de la calificación de amparo atribuida a la acción promovida, la lectura del escrito inicial da cuenta, efectivamente, de un cuestionamiento autónomo y abstracto del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 -aun cuando la pretensión ha sido dirigida únicamente contra la comuna de Mar Chiquita-, por reputar el actor que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar los derecho fundamentales que enumera, garantizados en los textos constitucionales.
En relación con este último aspecto, cabe señalar que el reclamante invoca, en sustento de su pretensión, los derechos al libre tránsito y al trabajo, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y si bien ancla tales garantías en normas de la Constitución nacional -aunque con un desarrollo acotado-, se trata de derechos reconocidos de manera coincidente en el texto de la Constitución local.
En consecuencia, corresponde declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte, radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y ordenar su recaratulación (art. 161 inc. 1, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025).
Atento a ello, confiérase a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
IV. Sentado lo anterior, corresponde abocarse al tratamiento de la medida cautelar requerida en la demanda.
Respecto al alcance de la tutela, ante la alegada necesidad de trabajar, la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito y con el fin de renovar su licencia de conducir, solicita que como medida cautelar se ordene a la Municipalidad de Mar Chiquita que continúe con el trámite administrativo de renovación de aquella sin requerir la previa obtención de un "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
IV.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023 e I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio de la etapa cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021 e I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022, e.o.).
IV.2. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos de cautelares como el que aquí llega al Acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024; I. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; I. 80.311, "Herrera", resol. de 12-II-2026; I. 80.640, "Frías", resol. de 6-IV-2026 e I. 80.824, "Pardo", resol. de 14-V-2026).
Por consiguiente, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
IV.3. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas, aunque, como se dijo, de modo acotado por el reclamante- la violación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como sus derechos a transitar libremente y a trabajar. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Ello así, en tanto el demandante, en su escrito de inicio, pone de manifiesto la necesidad de que la norma cuestionada no se convierta en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia, pues tal situación acarrearía consecuencias negativas en el ejercicio efectivo de sus derechos en el desenvolvimiento de su vida cotidiana.
Parece, entonces, que el recaudo establecido en el art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta, en el caso, la esfera subjetiva del peticionario de manera singular al impedir el goce de los derechos constitucionales que sustentan su reclamo.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis , ley 13.927 -texto según 14.393-).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
IV.4. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha sostenido que, al evaluar este requisito general de toda medida cautelar, resulta necesario ponderar tanto el gravamen que podría derivarse de la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuera declarada ilegítima -en el caso, inconstitucional- como, correlativamente, aquel que se seguiría de la paralización temporal de sus efectos en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023 e I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023, e.o.).
A los fines del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
V. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 apdo. "b", CPCC).
III. Conferirle al señor Javier Hernán Corina, en su calidad de parte actora, un plazo de diez (10) para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
IV. Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Mar Chiquita se abstenga de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, continúe con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Javier Hernán Corina (DNI 26.049.903), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrese por Secretaría oficio a la Municipalidad de Mar Chiquita.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:54 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:17 hs. bajo el número RR-651-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia