Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 81163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRemitir electrónicamente las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados civiles y comerciales de aquel departamento judicial (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo que se resuelve al Tribunal de Trabajo N°2 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Morón.
B.81.163 "PRIVITERA SALVADOR JOSE ANTONIO C/ VITAS S.A. S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Salvador José Antonio Privitera promueve lo que denomina una "demanda sumarísima de consumo" contra la firma VITAS SA, con miras a que se haga efectivo el pronunciamiento del Juzgado de Faltas N°1 del Municipio de Morón, mediante el cual se le ordenó a la aquí demandada el arbitrio de medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de medicina prepaga en favor del actor, así como el cese de los aumentos aplicados y el reajuste de las cuotas correspondientes, se le impuso una multa de $2.336.263,34 y se la condenó a resarcir al actor con idéntica suma en concepto de daño directo, todo ello por haber infringido los arts. 4, 8 bis y 40 bis de la ley nacional 24.240, 73 bis de la ley provincial 13.133 y 42 de la Constitución nacional.
Refiere el actor que, encontrándose firme dicho pronunciamiento e intimado su cumplimiento mediante carta documento, la demandada rechazó el reclamo, motivo por el cual promueve la presente acción a fin de obtener, además del cumplimiento del acto administrativo, la reliquidación de las cuotas desde diciembre de 2023, el reintegro de las sumas percibidas en exceso y el resarcimiento de los daños derivados de dicha conducta, con más costas (v. escrito de demanda de 8-V-2026 y documental adjunta).
Peticiona el dictado de una medida cautelar tendiente a que, durante la sustanciación del proceso, se ordene a la demandada facturar el plan de medicina prepaga conforme las pautas establecidas en la referida resolución administrativa y abstenerse de aplicar los aumentos allí cuestionados, generar deuda por diferencias derivadas de la facturación impugnada o suspender, limitar, restringir o alterar la cobertura médica del actor.
II. Pese a la denominación dada por el actor a su pretensión, la presente fue ingresada como una acción de amparo —sin que, como se verá, reúna los caracteres propios de esa vía excepcional— y, de conformidad con el régimen de sorteos vigente para esa clase de procesos (art. 20.2, Const. prov.; resoluciones de esta Suprema Corte 1.358/06 y 1.794/06), resultó adjudicada al Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Morón. Sin embargo, sus integrantes se declararon incompetentes para intervenir al considerar que la petición encuadraba en el art. 70 de la ley provincial 13.133, por lo que dispusieron la remisión de las actuaciones al fuero en lo contencioso administrativo (v. resol. de 11-V-2026).
Recibida la causa ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, el magistrado a cargo rechazó la declinatoria de competencia efectuada en su favor por entender que la presente constituye, en esencia, una acción de amparo y que, en consecuencia, corresponde su conocimiento a "cualquier juez". Asimismo, añadió que la materia debatida es sustancialmente de derecho privado, circunstancia que determina su exclusión del fuero contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101—. En virtud de ello, ordenó la devolución de la causa al tribunal de origen (v. resol. de 27-V-2026).
Recibidas nuevamente las actuaciones ante el mencionado órgano colegiado, este tuvo por configurada la contienda negativa de competencia y dispuso la elevación de la causa a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (v. resol. de 11-VI-2026).
III. Tal como ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020 y B. 79.013, "Armstrong", resol. de 14-II-2024, e.o.; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Desde esa perspectiva, cabe señalar que la circunstancia de que las actuaciones hubieran sido inicialmente adjudicadas a un Tribunal de Trabajo en virtud del régimen de sorteos aplicable a las acciones de amparo no resulta, por sí sola, determinante para establecer la competencia, la que debe definirse con arreglo a la naturaleza de la pretensión deducida. Ello es así, máxime, porque la acción entablada no reviste, en rigor, el carácter de un amparo, desde que no se invoca un acto u omisión de autoridad pública o de particulares que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace de modo actual o inminente derechos o garantías reconocidos por la Constitución nacional, la Constitución provincial o las leyes (arts. 20, Const. prov.; 1, ley 13.928), sino pretensiones de naturaleza patrimonial que, según ha quedado reseñado en el punto I, cuentan con cauces procesales propios ajenos a la vía excepcional del amparo. No siendo, entonces, una acción de amparo, no correspondía sujetar su adjudicación al régimen de sorteo indistinto entre todos los fueros del departamento judicial que establecen las resoluciones de esta Suprema Corte 1.358/06 y 1.794/06 —dictadas en función de la regla del art. 20.2, segundo párrafo de la Constitución provincial, según la cual el amparo procede ante cualquier juez, sin exigir con ello una especialización material determinada—, por lo que la radicación de la causa ante el Tribunal de Trabajo N°2 careció de sustento desde su origen.
Por otra parte, sin perjuicio de que, como se dijo, la acción no reviste el carácter de un amparo, le asiste razón al magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón en cuanto sostuvo que la competencia no corresponde al fuero especializado por tratarse de una controversia regida por el derecho privado (art. 4 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—), toda vez que, conforme surge de las constancias de autos, la presente acción es promovida por un particular con el objeto de que la empresa VITAS SA cumpla íntegramente con la resolución del Juzgado de Faltas N°1 del Municipio de Morón. A ello se adicionan las restantes pretensiones patrimoniales vinculadas con la relación de consumo que une a las partes.
Ante este escenario, en el que se advierte que el pleito suscitado involucra —principalmente— a dos sujetos privados vinculados por una relación de consumo —por un lado, el señor Privitera, en su carácter de usuario; por el otro, la empresa prestadora del servicio de medicina prepaga—, más allá de la intervención del órgano administrativo que dictó el pronunciamiento cuyo cumplimiento aquí se persigue, cabe afirmar que la controversia resulta ajena a los supuestos enunciados por la cláusula que diagrama la competencia del fuero contencioso administrativo (conf. arts. 166, último párr., Const. prov.; 1, 2 y 4 inc. 1 CCA).
IV. Descartados así los fueros laboral y contencioso administrativo, y encontrándose la controversia regida por el derecho privado en los términos ya expuestos, corresponde estar a la regla que consagra el art. 30, primer párrafo, de la ley 13.133 —texto según ley 14.514—, que atribuye a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o a los Juzgados de Paz Letrados la competencia para resolver las controversias derivadas de las relaciones de consumo, reservando la del fuero contencioso administrativo, en su segundo párrafo, exclusivamente para las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo.
Dentro de esa alternativa legal, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, y no a los Juzgados de Paz Letrados, entender en la presente causa, toda vez que estos últimos poseen, dentro del marco de la organización de la justicia de paz, una competencia restringida (conf. art. 61, párr. I, ley 5.827; v. arg. causa C. 125.249, "Escuela Modelo Bella Vista S.R.L. c/ Quiroga, Liliana del Valle s/ cobro ejecutivo", resol. de 30-XI-2021 y sus citas), que no resulta apta para el conocimiento de un proceso como el presente, en el que se pretende obtener el cumplimiento de una resolución administrativa dictada en el marco de una relación de consumo y se acumulan pretensiones vinculadas al reajuste de cuotas, reintegro de sumas percibidas en exceso y resarcimiento de daños y perjuicios.
Dicha conclusión resulta, además, conteste con la doctrina de esta Corte según la cual, en conflictos de competencia suscitados en casos regidos por las normas que garantizan y regulan los derechos de usuarios y consumidores, resulta competente el fuero civil y comercial, en tanto se trate de supuestos regidos por el derecho privado, más allá de las personas involucradas en la contienda (doctr. causas B. 69.961, "Apuzzo", resol. de 18-II-2009; B. 70.052, "Marrone", resol. de 6-V-2009; B. 70.959, "Paccor", resol. de 9-VI-2010; B. 71.621, "Semzar Emergencias Médicas S.R.L.", resol. de 19-X-2011; B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; B. 73.522, "Moreno", resol. de 15-IV-2015; B. 75.144, "González", resol. de 4-IV-2018 y B. 78.102, "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores", resol. de 30-VI-2022, e.o.).
En tales condiciones, no existiendo una atribución legal específica que justifique la intervención del fuero especializado y no correspondiendo mantener la primigenia radicación de la causa ante el Tribunal de Trabajo —cuyo conocimiento obedeció exclusivamente al régimen de sorteos aplicable a las acciones de amparo—, cabe atribuir el conocimiento de la presente a la justicia civil y comercial, atento lo dispuesto por el art. 30, primer párrafo, de la ley 13.133 —texto según ley 14.514— (cfr. causas B. 80.337, "Rodríguez Matías" y B. 80.660, "Santana", resols. de 6-IV-2026; y causa B. 80.263, "Camusoni", resol. de 29-V-2026 y sus citas).
V. Por todo lo expuesto, corresponde que los actuados sean girados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su sorteo entre los juzgados del fuero civil y comercial departamentales.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Remitir electrónicamente las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados civiles y comerciales de aquel departamento judicial (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo que se resuelve al Tribunal de Trabajo N°2 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Morón.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2026 20:28:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2026 10:39:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/09/2026 15:58:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2026 11:00:54 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2026 10:14:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/09/2026 10:15:11 hs. bajo el número RR-809-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia