Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76691
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 28 de julio de 2020 (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827) y radicar allí electrónicamente el expediente.
B.76.691 “S. S. M. Y OTRO/A C/ OSPE (OBRA SOCIAL DE PETROLEROS) Y OTRO/A S/ AMPARO (DIGITAL) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7, LEY 12.008”
I. La señora S. M. S. y el señor J. E. P. promueven acción de amparo contra la Obra Social de Petroleros (OSPE) y contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se le brinde cobertura integral de los tratamientos de fertilización in vitro (FIV-ICSI) y criopreservación de embriones y que, eventualmente, se proceda a la ovodonocación.
Asimismo, solicitan que se disponga una medida urgente o autosatisfactiva con el objeto de que se garantice de manera inmediata el acceso a la técnica de reproducción médicamente asistida, junto con los estudios previos que correspondan y la pertinente medicación. Ello, bajo el entendimiento de que "la pretensión de la actora se agota al igual que el caso de autos con su despacho favorable" (v. punto VI. del escrito inicial de fecha 22-VII-2020).
Al respecto, alegan que luego de haberse realizado la transferencia de embriones de óptima calidad en tres oportunidades y ante el resultado adverso de los procedimientos llevados a cabo, la obra social a la cual se encuentran afiliados se negó a brindar nuevamente el tratamiento requerido.
En este sentido, entienden que se encuentran vulnerados los derechos y garantías reconocidos en los arts. 33 de la Constitución nacional, 11.2, 17.2 y 29 inciso "b" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como así también lo contemplado en el art. 8 de la ley 26.862 y las disposiciones de la ley 24.240.
II. La causa, con arreglo al régimen vigente para su adjudicación, fue sorteada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°21 del Departamento Judicial de La Plata. En lo que aquí respecta, su titular rechazó la medida precautoria peticionada, por considerar que no se habían logrado acreditar los recaudos exigidos por la normativa aplicable para otorgar la tutela pretendida (v. resol. de 24-VII-2020).
Contra dicho pronunciamiento la letrada patrocinante de los accionantes, invocando la franquicia prevista en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2020) y, siendo el primero de ellos rechazado, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Sin embargo, los integrantes que conforman su Sala Primera se inhibieron de conocer en el asunto, al estimar que se hallaban reunidos los extremos justificantes del criterio de especialización material en la etapa recursiva previsto en el art. 17 bis de la ley 13.928 (v. resol. de 18-VIII-2020).
De este modo, los obrados fueron remitidos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, cuyos magistrados se rehusaron a intervenir en autos. Para así decidir, sostuvieron que la controversia no se origina por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas. A su vez, precisaron que la obra social demandada integra el sistema nacional regulado por la ley 23.660, por lo que su actividad desborda la estructura organizacional de la Administración Pública local. Finalmente, manifestaron que la mera mención efectuada por los actores del Ministerio de Salud, carece de entidad para modificar el criterio de atribución de competencia de alzada, de conformidad con lo dispuesto en la ley 13.928 (v. resol. de 8-IX-2020).
Devuelta la causa al juzgado de origen, éste concluyó que indudablemente se había configurado una contienda negativa de competencia y, en consecuencia, dispuso someter la cuestión ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 9-X-2020).
IV. Aún cuando en la especie la contienda no ha adquirido madurez, pues resta que la cámara de apelaciones del fuero civil y comercial tome conocimiento del asunto y se expida al respecto, razones de economía y celeridad procesal recomiendan un pronunciamiento definitivo sobre el órgano de segunda instancia que deberá resolver el recurso interpuesto por la parte actora con fecha 28 de julio de 2020 (cfr. causas B. 72.870, "Padrón", resol. de 4-XII-2013; B. 73.112, "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Bahía Vito SRL", resol. de 4-VI-2014; B. 73.096, "ONG para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 73.140, "Armán", resol. de 12-XI-2014; B. 74.116, "Arosteguy", resol. de 11-V-2016 y B. 75.378, "Bleser SRL", 21-XI-2018).
V. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el presente caso, la pretensión se dirige en primer término contra la Obra Social de Petroleros (OSPE), en su carácter de agente del seguro de salud, con el propósito de obtener la cobertura integral de la prestación de fertilización in vitro (FIV-ICSI) que estaría incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y les fuera denegada. Al respecto, cabe señalar que dicha entidad se encuentra comprendida en las disposiciones de la ley 23.660 y sometida al régimen establecido en la ley 23.661; motivo por el cual, resulta ajena a los cuadros de la Administración Pública provincial.
Siendo esto así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, en cuanto sostiene que la mera enunciación del Ministerio de Salud como parte demandada carece de virtualidad para comprometer la jurisdicción del fuero especializado. Ello, toda vez en autos no se controvierte ningún acto u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de alguno de los sujetos enumerados en el art. 166 in fine de la Constitución provincial y tampoco se advierte que la cuestión se rija por normas de derecho público local.
Ahora bien, sentado que el litigio escapa de los parámetros del art. 17 bis para justificar la competencia contencioso administrativa, el Tribunal ha resuelto con reiteración que en el ámbito del proceso constitucional de amparo -y por fuera de tales supuestos- para determinar el órgano que habrá de entender en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017 y B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020).
VI. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 28 de julio de 2020 (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827) y radicar allí electrónicamente el expediente.
Hágase saber de lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 10:55:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:49:28 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 16:33:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:49:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 13:38:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia