Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79181
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC y 19, ley 13.928).
A.79.181 "L. R. A. C/ MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/AMPARO. INCIDENTE DE APELACION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría de fundamentos concordantes, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y de ese modo revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la acción de amparo promovida por el señor R. A. L. contra la Provincia de Buenos Aires, -Ministerios de Desarrollo Social e Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos- y la Municipalidad de La Plata, por la que persigue que las demandadas arbitren medidas positivas para solucionar el problema habitacional que padece, el cual agrava su estado de salud, y así garantizar al presentante y a su hijo menor de edad los derechos sociales y económicos fundamentales que alega se encuentran vulnerados. Conviene agregar que asimismo, el actor persigue ser incluido en un régimen de subsidio mensual equivalente al monto del salario mínimo, vital y móvil que garantice la satisfacción de las necesidades de supervivencia del grupo familiar que integra.
I.2. Para así decidir, la Cámara interviniente anticipó que la cuestión traída merecía similar solución a la arribada en la causa análoga resuelta por ese órgano (CCALP n° 25.804, "G.", sent. de 13-IV-2021 -que fuera confirmada por esta Corte con fecha 24-XI-2021 en la causa A. 77.301), así como en otros precedentes de este Tribunal (causas A. 70.717, "P.", sent. de 14-VI-2010 y A. 70.138, "B.", sent. 13-VII-2013), con base en los principios constitucionales y protectorios de los derechos fundamentales de la persona humana, que dimanan de las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Señaló que la postulación inicial de la actora persigue la provisión de diversas prestaciones básicas que constituyen derechos inalienables de todo ser humano, relacionadas en lo sustancial con la necesidad de paliar el cuadro de indigencia en la que se encuentra el amparista, quien integra un grupo familiar compuesto por él -quien se encuentra en un estado de pobreza extrema sumado a un grave problema de salud a raíz del padecimiento de un ACV isquémico- y su hijo menor de edad, circunstancias que lo ubican en una situación de vulnerabilidad palmaria que no deja dudas respecto del severo riesgo en la vida que el desamparo lo coloca.
Recordó las directrices que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, que encarece su tutela elevando el "interés superior" al rango de principio; la ley nacional 22.431 y la ley provincial 10.592, que establecen los sistemas de protección integral de personas con discapacidad y de prestaciones básicas; la ley 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de estos sujetos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte en miras a lograr el pleno desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural e imponiendo directrices concretas para la formulación de políticas públicas en la materia, entre otras.
Agregó que en supuestos como el presente, la judicatura se encuentra compelida a formular un escrutinio de "legalidad encargo", procurando una visualización proactiva de los derechos en consonancia con lo dispuesto por el art. 75 inc. 23 de la Ley Suprema, cuando exige especial protección a las mujeres, menores y personas en situación de discapacidad.
Señaló que para ello, son abundantes las fuentes jurídicas del derecho a una vivienda adecuada en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos arraigadas en convenios, pactos internacionales y declaraciones con jerarquía constitucional suscriptos por nuestro país, debiendo considerarse a su vez el debido control del cumplimiento del principio de "no regresividad" por el que, a través de lo pautado en el párrafo 1° del art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los niveles de gobierno tienen la obligación fundamental de alcanzar, por lo menos, el estándar esencial mínimo de cada uno de los derechos enunciados en ese instrumento y de allí se deriva el compromiso consecuente del poder judicial en lo que atañe a cada caso concreto sometido a su jurisdicción.
Sentado ello, entendió que bajo la tutela del denominado "control de convencionalidad" debía analizarse la situación de desamparo que padecen el actor y su grupo familiar. Esto, a fin de dar solución a una situación en extremo delicada, en especial la del menor que lo integra, ante la ausencia de una respuesta oportuna.
Apuntó que, en tal contexto, asistía razón al recurrente al sostener que la magistrada de grado, al resolver, se había limitado a transcribir extractos de los informes circunstanciados de las demandadas, sin adentrarse a la prueba ofrecida por la actora exigiendo a una persona en situación de calle que posea documental en su poder, para luego, caer en un exceso ritual manifiesto, premiando así la conducta burocrática de los requeridos exigiendo un trámite administrativo previo que a todas luces resultaba dilatorio, puesto que las propias demandadas reconocían no poseer planes de vivienda ni programas de subsidios vigentes.
Advirtió configurada la violación del debido proceso invocada por el recurrente, cuando, por un lado, se declaró la admisibilidad de la acción de amparo impetrada y por el otro -una vez trabada la litis- se desestimó la acción so pretexto de la inexistencia de reclamo previo ante las autoridades demandadas por parte de la actora.
Observó que la acción se desestimó sin más trámite que la demanda y las respectivas contestaciones, obviándose las etapas procesales correspondientes, todo ello en franca violación del derecho de defensa del amparista, evitando con ello atender a una necesidad urgente y extrema perseguida, evidenciando de ese modo la real ausencia en la satisfacción de derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.
Agregó que, no habiendo transitado el proceso una etapa de prueba, donde incluso se hubiera podido invitar a las partes a arribar a una conciliación, tal omisión ameritaba el reproche judicial y permitía sostener que la decisión de grado revestía un error de juzgamiento, debiendo ser revocada.
Arribado a este punto, el Tribunal de Alzada recordó que los sistemas judiciales se ven requeridos a dar respuestas a diversas demandas de hondo contenido social, en procura de la realización efectiva del sentido de justicia distributiva, al tiempo que les compete la misión de examinar el ejercicio de las distintas funciones del Estado, y en tal caso ponderar si la omisión en la que hubieren incurrido los poderes públicos reluce con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ello sin incurrir en un menoscabo del principio de separación de poderes, ni una intromisión indebida en la Administración, en cuanto dicho control propugne la revisión de las obligaciones asumidas para la ejecución de su política pública derivadas de un mandato expreso y positivo del legislador.
Destacó la Cámara que en el particular, frente al severo compromiso en la salud que exhibe el paciente con discapacidad, las prestaciones en los términos requeridos procuran la máxima aspiración terapéutica posible para enfrentar su dolencia, lo que sumado a la situación de vulnerabilidad extrema que padecen el señor L. y su hijo menor de edad, encuentra respaldo en el régimen tuitivo instaurado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que en sus cláusulas prescriben que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y el derecho a una mejora continua de sus condiciones de vida.
Una vez más postuló la importancia que cobra la normativa constitucional-convencional universal y regional en materia de derechos humanos y la interpretación particular y general que sus órganos realizan a través de los distintos mecanismos de intervención, jerarquía fortalecida por la Corte Suprema a través de distintos precedentes, habiendo reafirmado "el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida" y destacado la "obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas".
Entendió que todo lo expuesto justificaba una decisión favorable a la pretensión, de conformidad con las constancias de la causa, atendiendo al estado de desigualdad en que se veía inmerso el afectado en relación con el resto de la sociedad, extremos que ameritaban un tratamiento singular frente a su vulnerabilidad.
Por ello, en el contexto de las circunstancias fáctico-probatorias, derechos y obligaciones jurídicas adoptadas y su valoración, privilegiando el resguardo y protección de los derechos comprometidos, decidió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la acción de amparo promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que en forma coordinada y solidaria, proveyeran una solución habitacional adecuada al actor y a su hijo, ordenándoles asimismo que incluyeran al amparista en un régimen de subsidio mensual que permitiera sostener los costos de una vivienda digna y satisfacer las necesidades de supervivencia de la familia, garantizando un monto equivalente al del salario mínimo, vital y móvil.
Revocó de ese modo el decisorio apelado y decidió en consecuencia (ver sent. de fecha 7-IX-2023).
II. Frente a ello, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, en primer término, se agravia de la admisión de la vía procesal utilizada sin encontrarse reunidos los requisitos para su procedencia.
Seguidamente, alega orfandad probatoria y una falta de congruencia al apuntar que la a quo ha fundado su resolución en meras manifestaciones, citando en su sentencia en numerosas ocasiones tratados y convenciones sobre los derechos del niño y de las discapacidades, cuando no se encuentra probado, siquiera, la existencia del menor, como así tampoco, la condición de discapacidad del actor al no haberse aportado un certificado que así lo acredite.
Por último, denuncia el alcance de la sentencia en tanto al condenarse de manera coordinada y solidaria tanto a la Municipalidad de La Plata, como a la Provincia de Buenos Aires, repercute negativamente y en mayor medida a su parte por sobre la otra codemandada, al contar ambas con disímiles presupuestos económicos. Agrega que entiende conculcado lo establecido por el art. 36 de la Constitución provincial (v. presentación electrónica de fecha 27-IX-2023).
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827).
III.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.370, "Marisa", resol. de 11-VII-2018, A. 77.112, "Ahumada", resol. de 15-X-2021; entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la comuna recurrente respecto a que el propio Tribunal de Alzada ha dictado fallos en sentido contrario a lo resuelto en la presente causa (sobre la imposibilidad de articular mediante la acción de amparo pretensiones semejantes, por lo que ella debió ser rechazada), no pasan de expresar criterios divergentes, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión aquí planteada del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
Es que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que, a juicio del recurrente, padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018; A. 74.837, "Betancur", resol. de 20-III-2019, entre otras).
III.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016), vicio -éste último- que no ha sido invocado ni acreditado debidamente.
Tiene dicho esta Corte que el mencionado agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 78.169, "Godoy", resol. de 2-III-2023, entre tantas).
III.3. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, como ocurre en el presente, no es previamente alegado ni demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC y 19, ley 13.928).
Regístrese y notifíquese de oficio por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:18 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/06/2024 13:42:05 hs. bajo el número RR-472-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia