Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27592 2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la acción de amparo interpuesta en atención a los fundamentos expuestos (artículos 1, 5, 121, 122, 123, y 43 C.N., artículos 11, 15, 20, 36, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 13.928 -mod. por Ley 14192-, y artículo 163 del C. P.C. C., leyes 6982 y 10592, y Res. 3287/16 del IOMA).-
2Imponer las costas a la actora (art. 19 ley 13.928).
3Regular los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada Dr. Oscar Aguirre en la suma de pesos once mil ochocientos veinte ($ 11.820,00) - Arts. 9, 15, 16, 49, 51, 54 y conc. Dec. Ley 8904/77-, cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias).
Expte. nº :27.592
Autos: "BARBATTO ISMAEL JUSTO C/ MINISTERIO DE SALUD - IOMA S/ AMPARO" Mercedes, de septiembre de 2017. ra
Estos autos caratulados "BARBATTO ISMAEL JUSTO C/ MINISTERIO DE SALUD - IOMA S/ AMPARO" que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar resolución definitiva y de los que,
I.- 1) Que a fs. 23/27 se presenta el Sr. Ismael Justo Barbatto, con el patrocinio letrado de la Dra. Dora Esther Barbatto, -en incompatibilidad art. 5 ley 5177- iniciando acción contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) de la Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de hacer cesar la negativa -cobertura total- respecto a la provisión de los audífonos requeridos por prescripción médica.
2. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento al planteo que efectúa.-
Refiere que I.O.M.A con manifiesta arbitrariedad, le ha configurado una lesión con el acto omisivo dispuesto por Orden de Provisión n° 118762.
Manifiesta que es jubilado, de 85 años de edad, y con una discapacidad permanente auditiva por hipoacusia bilateral severa neurosensorial, necesitando el uso de audífonos para un adecuado desempeño social.
Que el Dr. Horacio Rivera, en base a los estudios realizados por la Lic. María M Crespo Erramuspe, le indicó audífonos retroauriculares Unitron Quantum 2 10 BTE para ambos oídos.
Efectuados los trámites ante el IOMA, tomó conocimiento que por orden de provisión n° 118762 en expte. administrativo n° 10-532-0006353-17 -según refiere- no accedió a la cobertura total de los audífonos prescriptos, ordenando solamente la cobertura por la cantidad de $ 40.000,00, ello según Resolución n° 3287/16 art. 2°., tornándose a su parte imposible alcanzar la suma presupuestada para los mismos.
Refiere asi que su derecho a la salud -art. 14 bis C.N.- ha sido violado por la demandada. Asimismo el derecho que emana del art. 42 de la Carta Magna, y los arts. 11 y 36 incs. 5° y 8° de la Const. Provincial. Cita en sostén los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sostiene también que la ley 24.901 dispone que las obras sociales tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en esa ley que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
Finalmente solicita medida cautelar.
II. Por el Fisco de la Pcia. de Bs. As. se presenta el Dr. Jorge Aguirre, quien sostiene que el amparo deducido deviene improcedente en razón de faltarle los presupuestos básicos que habilitan dicha vía excepcionalísima, habida cuenta que no ha existido por parte del organismo demandado ningún hecho, acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario.
Manifiesta que la Obra Social como entidad (pública), presta servicios médicos asistenciales a un universo afiliatorio de lo más diverso- como consecuencia del marco jurídico que la regula (afiliados obligatorios, voluntarios y beneficiados con pensiones no contributivas- art. 3, 4, 5 y 6 ley Provincial 10.205 ); puede y debe (arg. Art. 7 inc. F, ley 6982, Principio de legalidad, art. 103 Decreto 7647/70), determinar en el marco de su competencia "qué" prestaciones, "cómo" les dará cobertura y "dónde" se llevarán a cabo.
Afirma que si el amparista considera que el monto autorizado es incorrecto por resultar inferior al valor presupuestado, podría haber optado por instar un trámite de reconsideración demostrando la carencia de medios económicos.
Acorde con lo expuesto precedentemente, sostiene que resulta evidente que en autos no existe arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta.
Posteriormente cita jurisprudencia del mas Alto Tribunal Provincial, en lo que se refiere a la procedencia de la acción.
1.) La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración
constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.
Las nuevas orientaciones constitucionales, sin quitarle a la acción de amparo su carácter excepcional, la regulan en sentido menos restrictivo, para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz; por encima de cualquier ritualismo (arts. 20-2, Constitución Provincial; y 43 Constitución Nacional).
2.) Resulta adecuado resaltar, mi postura coincidente con los lineamientos provenientes de aquella parte de la doctrina (Morello, Palacio, Rojas ..."Revista de derecho procesal- nº 5 Ed. Rubinzal-Culzoni) que se inclina por la habilitación de las vías del contradictorio, a partir de la previa igualdad de las partes frente a la ley, que hacer frente a la limitación por caso de las vías mas idóneas, ello sin desvirtuar el amparo.
Sin embargo, considero importante recrear las fuentes que dieron origen al amparo, para advertir que no se lo constituyó como proceso dirimente de los derechos en disputa sino, por el contrario, como un proceso protectorio, pues precisamente si algo debe aparecer con certeza y liquidez son los derechos que fueron vulnerados para brindarles la protección adecuada.
3.) En tal sentido, debo propiciar la solución al caso planteado, recordando que en el caso Siri, la Corte señaló entre otras cosas: que basta esta comprobación -la vulneración de los derechos o garantías- para que inmediatamente la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente.
Así, para la solución al caso , desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional , al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".(art. 43 C.N.)
Sin lugar a dudas, la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, contenga esa nota de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe aparecer o presentarse como algo patente, claro, notorio, manifiesto, ostensible ; es decir, visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994").
El acto lesivo, expresa Bidart Campos, "...debe mostrar fehacientemente en su
primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo" ("El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169).
4.) En el caso de marras, aún analizado bajo el prisma de una interpretación constitucional utilizada con generosidad, no puedo acceder a esta herramienta procesal, para otorgar la protección reclamada.
En su relato, la actora cita que el derecho a la salud reconocido constitucionalmente y los derechos inherentes a personas con discapacidad, han sido vulnerados arbitrariamente por la resolución del I.O.M.A..
Por una parte, mas allá de la cita dogmática a la violación de derechos de rango constitucional, no ha demostrado la imposibilidad de obtener su derecho por la vía administrativa, por caso, como refiere el representante fiscal a través de una reconsideración al Directorio, o por las vías mas idóneas judicialmente, ya que tampoco menciona cual es a su criterio la imposibilidad de su reparación por las vías ordinarias.
Sin embargo, soslayando lo que por sí sería un obstáculo a la procedencia del amparo, como argumento mas importante aún, es que tampoco advierto que se hayan plasmado claramente las notas de ilegalidad o arbitrariedad que requiere la norma constitucional para darle cabida a la presente acción.
Al respecto, también vale recordar que la Suprema Corte Nacional ha declarado, reiteradamente, que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba (CSJN, doctrina de Fallos: 319:2955 -con sus citas-; 321:1252 y 323:1825, entre otros).
En igual sentido nuestro máximo Tribunal Provincial tiene decidido que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada. En síntesis, la "arbitrariedad" e "ilegalidad" tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo
el vademécum que solucione todos los problemas... es una herramienta útil, pero no para cualquier situación. (SCBA, B. 58.002, sent. del 6-X-1998, Ac. 88.573, sent. del 2I-II-2005, Ac. 75.817, sent. del 11-IX-2002; B. 64.981, sent. del 23-II-2005).
5.) Es cierto, tal como pregona la actora, que diversas normas nacionales e internacionales consagran el derecho a la salud y a la protección de personas con discapacidad
Los tratados sobre derechos humanos, con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Const. Nac.) contienen cláusulas tendientes a garantizar a todas las personas el derecho a la vida y a la salud. Entre los cuales tenemos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los principios que emanan de estas normas internacionales han sido incorporados expresamente al derecho público provincial, a partir de la reforma de 1994, conforme lo prevé el artículo 11 de la Constitución local, y por ende, el derecho a la vida y a la salud constituye uno de los pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Y mas cierto aún es que la Constitución local impone a la Provincia el deber de garantizar a todos los habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos (art. 36 inc. 8). Como también coloca el derecho de la discapacidad, con un rango de protección integral del Estado (art. 36 inc. 5°).
Pero los derechos reconocidos por normas constitucionales no son absolutos, y dependen de las leyes que los reglamentan.
Y en tal sentido, me permito advertir, contrariamente a lo sostenido por la actora, que la ley 24.901 no resulta aplicable al caso, pues se trata de una norma extraña al derecho local. En este sentido, se destacó que tal sistema, para aplicarse en situaciones como la que se plantea en el sub lite, requiere la adhesión de las jurisdicciones locales (conf. art. 2 de la ley 24.901, como asimismo el art. 27 de la norma marco ley 22.431), determinación que la Provincia de Buenos Aires no ha adoptado (Asi también se ha expresado la SCBA en varios fallos, entre ellos la causa B. 67.212, "I.", res. de 11-VIII-2004; A. 69.412, sent. del 18-VIII-2010).
De tal forma que el tema debe desentrañarse dentro del marco legal que fijan
la ley 10.592 y la ley orgánica del instituto demandado.
Asi, el I.O.M.A. tiene previsto, como obligación expresa a su cargo, realizar en la Provincia de Buenos Aires "todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes" (conf. art. 1º, ley 6982), siendo administrado por un Directorio (art. 2°). Directorio que tiene entre sus obligaciones convenir las prestaciones asistenciales y sus aranceles (art. 7 inc. "f"); establecer los montos, proporción y demás modalidades para cada una de las prestaciones que se atiendan (art. 7 inc. "g"); y acordar o denegar, en este último caso, por resolución fundada los beneficios establecidos por esta ley (art. 7 inc. "j"), entre otras.
Por su parte el artículo 22 in fine de la ley 6982 establece que el Instituto Médico Asistencial otorgará a los afiliados cualquier otra prestación que resuelva el Directorio.
6.) En el marco de tales pautas legales, el ente asistencial dictó la Resolución n° 3287/16 que reconoce un aumento de valores para la prestación de audífono retroauricular, la cobertura del 100 % para los menores de 18 años, y una cobertura fija para los afiliados mayores de 18 años de edad. Y aprueba el anexo I comprensivo de un listado de elementos y valores, cuya copia se encuentra glosada a fs. 33 del expte. administrativo n° 39990/2017.
En base a esta Resolución es que se resuelve el pedido del actor -realizado bajo n° de trámite 10-532-6353/17-, mediante la orden de provisión obrante a fs. 9 del expte. administrativo antes citado (cuya copia obra a fs. 5 de estos autos).
Es por ello que en principio, el reconocimiento de la suma fija por cada uno de los audífonos requeridos ($ 20.000,00 cada uno) conforme el anexo I de la Res. 3287/16, no luce irrazonable y menos ilegal a la luz del ordenamiento legal que sustenta tal reglamentación. Mas bien, luce perfectamente ajustado a lo que le indicaba la normativa en vigencia, por lo cual tampoco aparece arbitrario.
Por otra parte, y a la luz del encuadre jurídico que pretende darle la actora, es decir bajo el prisma de los derechos de los afiliados con discapacidad, tengo que analizar que la ley 10.592 estatuyó en la Provincia un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 1, ley cit.) -el resaltado es propio-.
Y ese precisamente debe ser el punto de inflexión para un adecuado análisis de la cuestión en crisis. Ya que si bien se reconoce el derecho a la protección integral, la nota distintiva en la especie esta dada por la demostración de que en este caso en particular era merecedor de la cobertura del 100 %, y no de la suma que fijó el organismo en base al valor nomenclado.
Vease que precisamente la norma aplicable distingue respeto a la cobertura de las prestaciones: el 100 % para los menores de 18 años, y un monto fijo para los mayores de esa edad. Por lo cual para ser merecedor de la cobertura integral, debió demostrar la particularidad del caso -sea cual fuere- como nota distintiva para ser merecedor del porcentual que persigue.
Y en este tema nada ha probado el actor. Ni en el expediente administrativo que tengo a la vista, ni en estas actuaciones, en las cuales siquiera adjuntó recibo de haberes, ni aportó ninguna pauta que me permita sopesar esa alegada "imposibilidad de alcanzar la suma presupuestada" que emana del último párrafo del parágrafo IV de su líbelo de initio.
Tampoco encuentro un embate a la razonabilidad de la norma aplicable en la decisión del organismo para otorgarle esa cobertura.
Todo ello me permite concluir ponderando que del examen de las normas locales aplicables al caso y los argumentos expuestos por el actor, no se advierte la configuración de un comportamiento ilegal, irrazonable o arbitrario, que conculque derechos o garantías constitucionales y que ponga en cabeza de la demandada la obligación de brindar una cobertura integral del 100% de la prestación. Por lo que la acción no puede prosperar. Lo que así decido.
7.) Que habiéndose resuelto la cuestión en cuanto al fondo, deviene abstracto el tratamiento de la cautelar peticionada. (Conc., doctr. causas I. 1279, "García y Cía S.A.", sent. 28-XI-1989; I. 1437, "Ramón Rosa y Cía.", res. 13-II-1990; I. 1369, "Fernández", sent. 13-XI-1990).
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 121, 122, 123, y 43 C.N., artículos 15, 20, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 8 y concordantes de la Ley Nº 13.928, y art.163 del C. P .C. C.,
1. Rechazar la acción de amparo interpuesta en atención a los fundamentos expuestos (artículos 1, 5, 121, 122, 123, y 43 C.N., artículos 11, 15, 20, 36, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 13.928 -mod. por Ley 14192-, y artículo 163 del C. P.C. C., leyes 6982 y 10592, y Res. 3287/16 del IOMA).-
2. Imponer las costas a la actora (art. 19 ley 13.928).
3. Regular los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada Dr. Oscar Aguirre en la suma de pesos once mil ochocientos veinte ($ 11.820,00) - Arts. 9, 15, 16, 49, 51, 54 y conc. Dec. Ley 8904/77-, cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias).
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº ........../2017.
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2017.
Fin de la sentencia