Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29053 2018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la acción de amparo interpuesta conforme a los fundamentos expuestos ut supra (art. 14 ley 13.928, arts. 43 C.N, art. 15 y 20 inc. 2° CP, arts. 3, 6, 15 y ccts. ley 11.459, art. 18 y ccts. Dec. 1741/9610, ley 11.723).
2Costas a la actora (art. 19 ley 13.928).
3Regular los honorarios del Dr. Oscar Aguirre en la suma de diez (10) IUS, de conformidad a la tarea desarrollada y resultado del asunto conforme el art. 49 de la ley 14.967. A dicha cantidad deberá adicionarse el 10 % (arts. 15 inc. "d", 16, 24, 54 y ccts. Ley 14.967; art. 19 y ccts. Ley 13.928 ); y en su caso, según sea la situación de la profesional, el correspondiente al I.V.A.. No correspondiendo, la regulación de los honorarios del actor, que actúa como abogado en causa propia, conforme a la imposición de costas que precede.
Conforme lo dispuesto en el art.54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y a los obligados a su pago con los recaudos alli establecidos.
Expte. Nº 29053.-
Autos: MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (O.P.D.S.) S/ AMPARO.-
Mercedes, de Junio de 2018.-RA
Estos autos caratulados "MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (O.P.D.S.) S/ AMPARO", expediente Nº 29053, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 12/21 se presenta Antonio Fortunato Mancuso -abogado en causa propia- iniciando acción de amparo (Ley Nº 13.928) contra el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, con el objeto de obtener la clausura y paralización de la obra de generación de energía denominada "Central Termoeléctrica Lujan", sita en la intersección de las rutas provinciales N° 6 y N° 34, en el partido de Lujan, por estar la misma llevándose a cabo sin contar con una declaración de impacto ambiental favorable y valida emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.-
2. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
Originalmente menciona su legitimación activa en su calidad de habitante de la Provincia de Buenos Aires y en su residencia en la localidad de San Antonio de Areco, a tenor de lo previsto en los arts. 15 y 28 de la Const. Provincial; resultando afectado en sus derechos constitucionales, poniendo énfasis en la obligación del Estado Provincial en garantizar un ambiente sano, a participar en los procesos en los que se manejen recursos naturales y protección del ambiente en general.
Manifiesta que la obra comenzó a realizarse, no solo sin contar con una declaración de impacto ambiental favorable y valida, sino que ni siquiera figura en el listado que publica el OPDS de los proyectos que les fueron presentados y que se encuentran en evaluación, es decir que ni siquiera el proyecto le fue presentado al Organismo por excelencia de aplicación de la Ley 11.723 que regula la protección del ambiente en la Provincia de Buenos Aires.-
Indica que la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable y valida antes de comenzar la obra, es un requisito ambiental ineludible, lo que torna clandestina toda la obra que se esta llevando adelante, por lo que urge ordenar la paralización de la misma hasta tanto se cuente con la documentación que avale la misma.-
A modo de ejemplo acompaña copia del registro de obras en el partido de Salto, en el cual se encuentran dos casos, uno con Resolución y otro en evaluación. Refiriendo que para el partido de Luján ni siquiera se menciona la existencia de la presentación del proyecto.
Cita variada jurisprudencia entre la que se encuentra la doctrina legal que emana de la SCBA, respecto a la necesidad de contar con la DIA y con la participación ciudadana previa.-
3. A fs. 23/28, se presenta la Provincia de Buenos Aires (OPDS), a través del Dr. Oscar Aguirre, representante legal de la Fiscalía de Estado, y contesta la acción, solicitando se declare improcedente al amparo en razón de faltarle los presupuestos básicos que habilitan dicha vía excepcionalísima, ya que no ha existido por parte del organismo demandado ningún hecho, acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario.
En tal sentido dice que el actor pudo haber optado por la acción contenciosa, que junto con lo normado por el art. 22 del CCA, puede salvaguardar sus derechos, sin echar mano a una acción de excepción como lo es el amparo.
Asimismo, sostiene que según trascendidos periodísticos de diarios de la zona la obra relativa a la central termoeléctrica esta suspendida, razón por la cual la acción amparo deviene abstracta.-
Refiere que la demanda debe ser rechazada, ya que el actor no describe cuál es el daño grave e irreparable que le ocasiona la inexistencia de participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental sobre la Central Termoeléctrica de Lujan.-
Indica que el actor ha omitido la realización de trámite previo, y resalta que la Cámara Contenciosa Administrativa con asiento en la ciudad de San Martín, en consonancia con lo resuelto por la SCBA en causas B.68.566, B.71.884 y B.72.365, ha dispuesto que en casos como el de autos, es necesario por parte del particular, el cumplimiento de lo normado en los arts. 34 y 35 de la Ley 11.723.-
Y refiere que en el presente caso el actor no ha tenido intervención administrativa alguna, razón por lo cual el planteo efectuado resulta prematuro, debiendo rechazarse la acción con costas.-
Menciona que el actor realiza meras afirmaciones dogmáticas en relación al daño ambiental, pero no acompaña estudios ni informes técnicos que permitan ameritar o evaluar la gravedad del daño que las obras denunciadas ocasionan.
Pide eventualmente se exima de costas al OPDS, imponiéndose acorde lo previsto por el art. 19 de la ley 13.928.
I. Que liminarmente debo poner de resalto, respecto a una de las cuestiones debatidas en autos por así haberlo introducido el demandado, que como ya vengo sosteniendo en anteriores precedentes en los que intervienen las mismas partes, no encuentro acertado el planteo defensista referente a la improcedencia de la vía intentada en función de no haber seguido la actora el procedimiento que fijan los arts. 34 y 35 de la ley 11.723.
Al respecto ya he dejado sentada mi opinión en las causas n° 23.378, n° 24.876, 25.612 y mas recientemente en la causa n° 26.912, en lo referente al tipo de acción intentada independientemente de la solución del caso.
Que si bien la Alzada está adoptando un criterio distinto en este tema, si bien con matices diferenciales en cuanto a la conformación de la decisión, como en estos temas específicos aún no se ha expedido el Máximo Tribunal Provincial, he de mantener el criterio seguido en aquellos fallos citados, ya que la falta de utilización del reclamo administrativo previo que propone el demandado no resulta vadallar a esta vía intentada.
Es que no puedo dejar de sostener que el amparo nació como una creación pretoriana del Superior Tribunal Nacional, y que es receptado actualmente tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial como un remedio excepcional y de protección de derechos constitucionales vulnerados. Que tanto los textos constitucionales como la ley 13.928 no soslayan su aplicación en relación a temas ambientales, por lo cual y sin perjuicio de respetar el criterio de la Alzada, interpreto que la armonización que sostiene el Superior Tribunal, es respecto al tema de la competencia del Fuero especializado en estos asuntos, por lo cual he receptado en forma directa la asignación del caso; pero -al menos así no lo ha decidido expresamente la SCBA- entiendo que no limita la utilización del amparo respeto a aquellas decisiones u omisiones donde no ha existido una actuación previa del ciudadano en base a los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, pues ello sería menoscabar el derecho de defensa a quien no ha intervenido en el procedimiento administrativo (arts. 18 C.N., 15 Const. Prov.).
Por ello entiendo que pueden coexistir, y están disponibles para la elección del actor -sin perjuicio de su resultado en relación al caso en concreto-, la utilización del espectro previsto en el art. 12 de la ley 12.008 en base a la previa activación de los mecanismos de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, o del amparo cuando aquellos no fueron utilizados, pues solo basta recordar que para su procedencia el art. 20 inc. 2° de la Constitución Provincial y el art. 43 de la Carta Magna, requieren la nota de actualidad o inminencia para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz, por encima de cualquier ritualismo.
Ahora bien que en casos como el de marras, entiendo que -conforme se verá respecto a la solución del caso- la utilización de aquellos mecanismos administrativos previstos por la ley 11.723 cobrarían mayor trascendencia e importancia, al momento de evaluar el intento de la vía judicial.
II. La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.
Las nuevas orientaciones constitucionales, sin quitarle a la acción de amparo su carácter excepcional, la regulan en sentido menos restrictivo, para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz; por encima de cualquier ritualismo (arts. 20-2, Constitución Provincial; y 43 Constitución Nacional).
Reitero, y reafirmo lo importante de recrear las fuentes que dieron origen al amparo, para advertir que no se lo constituyó como proceso dirimente de los derechos en disputa sino, por el contrario, como un proceso protectorio, pues precisamente si algo debe aparecer con certeza y liquidez son los derechos que fueron vulnerados para brindarles la protección adecuada.
En tal contexto debo propiciar parte de la solución al caso planteado, recordando que en el caso Siri, la Corte señaló entre otras cosas: que basta esta comprobación - la vulneración de los derechos o garantías- para que inmediatamente la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente.
Así, desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional, al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".(art. 43 C.N.)
III. Ciertamente, y a la luz de los principios antes expuestos, no se advierte en el presente la existencia de los visus de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que conlleven a la vulneración del derecho constitucional que invoca la actora.
Precisamente pues el actor no describe claramente y con precisión cuál es el acto u omisión del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que pueda ser corregido por esta excepcional vía.
Nuestro máximo Tribunal Provincial tiene decidido que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada. En síntesis, la "arbitrariedad" e "ilegalidad" tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademécum que solucione todos los problemas... es una herramienta útil, pero no para cualquier situación. (SCBA, B. 58.002, sent. del 6-X-1998, Ac. 88.573, sent. del 2I-II-2005, Ac. 75.817, sent. del 11-IX-2002; B. 64.981, sent. del 23-II-2005).
El acto lesivo, expresa Bidart Campos, "...debe mostrar fehacientemente en su primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo" ("El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169).
IV. A fs. 18 del expediente administrativo n° 5100-45185/2017 reservado, que fuera acompañado oportunamente por la Fiscalía de Estado, el Departamento de Evaluación Ambiental del OPDS informa que la firma Araucaria Energy S.A. presentó un EIA en fecha 8/11/16, pero que el mismo no fue evaluado por no corresponder.
Menciona el informe que esa EIA se encuentra en reserva para solicitar su adecuación conforme al Decreto 1741/96, una vez que ingresen las actuaciones que se encuentran en la Municipalidad de Luján.
También asegura que la firma inició un expediente de categorización registrado bajo el n° 4069-402/17 en el marco de la ley 11.459 y su decreto reglamentario 1741/96.
Que ese EIA se encuentra en el expediente n° 2145-12963/16 conforme también luce en el oficio librado en dicho expediente reservado -fs. 21/vta- con firma del Director de Información Jurídica del OPDS.
Así, debo limitarme por razones de congruencia, tanto a la vía intentada como a la situación fáctica imperante.
En el presente caso, como ya adelantara, no advierto un acto administrativo del OPDS que pueda contener visus de arbitrariedad o ilegalidad que permita la apertura de esta vía excepcional.
Solo con apreciar el objeto procesal, basta para cerrar toda discusión al respecto.
Es que en el presente amparo se solicita la clausura y paralización de una obra, sin que el OPDS se haya apartado, por acción u omisión, del marco legal existente. Que conforme también antes adelantara, no ha sido precisado por el actor.
Es claro que recurriendo al Decreto Reglamentario 1741/96, en su artículo 18 se fija el punto de partida de una posible actuación del OPDS, ya que primeramente debe el establecimiento ser categorizado; y es a partir de esa categorización que según el art. 19 se pone la DIA en cabeza del Municipio o del OPDS.
Y esto se encuentra delineado a los fines de cumplimentar lo normado en el art. 3 de la ley 11.459. Que en consonancia con los arts. 6, 7 y 15 ponen un marco de actuación, que no se encuentra vulnerado con lo expuesto por el OPDS en el oficio de mención, o con la actitud asumida por el mismo frente a la presentación del EIA.
Todo ello sin contar que además -y aunque prematuro en función de lo expuesto por el OPDS- el EIA fue presentado por la empresa, lo que junto a la mención del inicio del expediente de categorización, demuestra una nula intención de obrar en la clandestinidad como expone el líbelo de initio.
Tampoco se advierte -con la prueba aportada- que el actor haya activado los mecanismos administrativos -ya sea en el expediente antes referenciado o en otra presentación en caso de desconocimiento por su parte de la presentación del EIA antes citado-, necesarios para contar con una decisión del organismo demandado -sea cual fuere-, que le permita cuestionar ora su actividad ora su omisión con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, en su caso.
Y es ahí donde se materializan, a mi modo de ver, las acciones necesarias para que, en caso de optar por un procedimiento administrativo cuya decisión u omisión produzcan daños o situación de peligro al ambiente -arts. 34 y 35 de la ley 11.723- habiliten, no ya la acción de amparo ambiental, sino aquellas previstas por el art. 12 de la ley 12.008.
Es por todo ello, que al no advertir actuación u omisión arbitraria o ilegal del OPDS corresponde el rechazo de la acción de amparo, lo que así decido.
V. Respecto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la actora en su condición de vencida (arg. art. 19 ley 13.928).
VI. Por ello, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 C.N., artículos 15, 20 inc. 2°, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 19 y ccts. de la Ley 13.928 ; y leyes nº 11.723, 11.459 y dec. regl. citadas,
1. Rechazar la acción de amparo interpuesta conforme a los fundamentos expuestos ut supra (art. 14 ley 13.928, arts. 43 C.N, art. 15 y 20 inc. 2° CP, arts. 3, 6, 15 y ccts. ley 11.459, art. 18 y ccts. Dec. 1741/9610, ley 11.723).
2. Costas a la actora (art. 19 ley 13.928).
3. Regular los honorarios del Dr. Oscar Aguirre en la suma de diez (10) IUS, de conformidad a la tarea desarrollada y resultado del asunto conforme el art. 49 de la ley 14.967. A dicha cantidad deberá adicionarse el 10 % (arts. 15 inc. "d", 16, 24, 54 y ccts. Ley 14.967; art. 19 y ccts. Ley 13.928 ); y en su caso, según sea la situación de la profesional, el correspondiente al I.V.A.. No correspondiendo, la regulación de los honorarios del actor, que actúa como abogado en causa propia, conforme a la imposición de costas que precede.
Conforme lo dispuesto en el art.54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y a los obligados a su pago con los recaudos alli establecidos.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Dr. Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ........./2018
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2018.-
Fin de la sentencia