Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28864 2018
Expte. Nº 28864.-
Autos: MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ AMPARO.-
Mercedes, de Noviembre de 2018.-RA
Estos autos caratulados "MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ AMPARO", expediente Nº 28864, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 10/20. se presenta Antonio Fortunato Mancuso -abogado en causa propia- iniciando acción de amparo (Ley Nº 13.928) contra la Municipalidad de Luján, con el objeto de obtener la clausura y paralización del relleno que se lleva a cabo en la parcela 341d de la Circunscripción II del partido de Luján, que modifica cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua, por no contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable y válida.
Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
Refiere que la parcela es parte de un emprendimiento de parque industrial denominado "Parque Industrial y Tecnológico Julio Steverlinck", desarrollado por la empresa Fiduciaria Flandes Argentina S.A.
Sostiene que la parcela es lindera del Río Luján y gran parte de la misma pertenece al valle de inundación, y recurrentemente es cubierta por las aguas del Río Luján en los momentos de crecidas.
Manifiesta que se está llevando adelante la construcción de la obra sin que cuente la misma con una Declaración de Impacto Ambiental favorable (DIA en adelante).
Destaca que a raíz de la Resolución n° 562/17 del OPDS, la DIA debe dictarla la Municipalidad de Luján, ya que debe ser autorizada por el Municipio bajo el control del OPDS, dado que este último debe emitir un dictamen vinculante para el Municipio.
Pone de manifiesto que como contrapartida a la facultad de otorgar la DIA le cabe a la Municipalidad de Luján el ejercicio del poder de policía cuando una obra que se encuentra bajo su órbita, se comienza a realizar sin la correspondiente DIA, como ocurre en este caso.
Afirma que la obra es clandestina, y al no contar con una DIA favorable y válida debe ser clausurada.
Dice que la ley 11.723 en su Anexo II punto 2 establece un listado enunciativo de los proyectos sometidos al proceso de Evaluación Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal.
Menciona que el OPDS dictó en su momento la Res. n° 29/09 que obligaba a la obtención de una DIA antes del comienzo de la obra.
Refiere que recientemente el OPDS mediante la Res. 562/17, modificó la Res. 29/09 descentralizando funciones específicas de materia ambiental, delegando en cada municipio el proceso de evaluación ambiental para los siguientes proyectos :" .alteración de cotas de nivel en superficies asociadas a valles fluviales y cursos de agua .". Por lo que claramente la obra clandestina debió contar con la DIA.
Sostiene que no figura en el listado del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de los proyectos que le fueron presentados para el partido de Luján.
Cita los requisitos que a su modo de ver son necesarios para iniciar una acción de suspensión del proyecto, ante la falta de trámite preventivo ambiental, entre los que incluye la necesidad de obtención de la DIA, la inexistencia de la DIA o el falseamiento de datos en su implementación, y la ejecución de la actividad clandestina.
Refiere que se encuentra incumplida la normativa que emana de los arts. 10 de la ley 11.723, en cuanto a necesidad de obtener la DIA para aquellos proyectos consistentes en obras que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente.
Transcribe la Res. 29/09 del OPDS, y posteriormente la Res. n° 562/17, que coloca al proceso de evaluación ambiental en manos de la Autoridad Ambiental Municipal.
Posteriormente refiere que se vulnera el art. 23 de la ley 11.723 que dice ".si un proyecto comenzara a ejecutarse sin la DIA deberá ser suspendido por la autoridad ambiental.".
Finalmente cita jurisprudencia relacionada con la protección del ambiente, y en la cual se pondera la necesidad de obtener la DIA.
II. A fs. 44/48 se presenta la Dra. Florencia Sandra Larralde, contestando demanda por la Municipalidad de Luján.
Opone liminarmente una excepción de falta de legitimación pasiva, ya que refiere que según el art. 94 de la ley 12.257, las obras que realice un propietario para beneficio de su predio requiere autorización previa de la autoridad del agua y estarán a su exclusivo cargo.
Por otra parte afirma que no existen denuncias previas que indiquen que se estaría ejecutando una obra sin la debida autorización, por lo cual no corresponde dirigir la acción contra su mandante.
Sostiene que toda modificación u ampliación en el predio del Parque Industrial es facultad del OPDS, Autoridad del Agua y Dirección de saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia, pues las cotas del río son provinciales y no municipales.
Subsidiariamente, y luego de efectuar las negativas generales y particulares de los hechos relatados en la demanda, sostiene que la Comuna que representa recién toma conocimiento de la ejecución de la obra que estaría ejecutando la empresa Fiduciaria Flandes Argentina S.A. en el Parque Industrial de Jauregui, que se encuentra en funcionamiento y oportunamente habilitado.
Afirma que en cumplimiento con el art. 50 del Decreto Reglamentario n° 1741/96 de la ley 11.459 de Radicación Industrial -que requiere previo a modificaciones y/o ampliaciones el certificado de Aptitud Ambiental-, se procedió a solicitar informes a las áreas competentes de la Comuna, las cuales han manifestado que no consta expediente administrativo por el cual se haya pedido autorización para la ejecución de la obra que hoy se denuncia. También que se requirió a la empresa informe respecto a la obra que estaría ejecutando.
Refiere que por la ubicación del emplazamiento de la parcela, la obra debería contar con autorización de la Autoridad del Agua, pudiendo haber solicitado subsidiariamente permiso a la Municipalidad para que tomara conocimiento y comunicara a la Autoridad del Agua, conforme al art. 94 de la ley 12.257 -Código del Agua-.
Afirma también que conforme el art. 10 de la ley 11.459 ". los establecimientos industriales ya instalados que deseen realizar ampliaciones, modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o instalaciones deberán solicitar el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental en forma previa a la correspondiente habilitación industrial.".
III. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, se encuentra en estado de dictar sentencia; y
I. La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.
Las nuevas orientaciones constitucionales, sin quitarle a la acción de amparo su carácter excepcional, la regulan en sentido menos restrictivo, para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz; por encima de cualquier ritualismo (arts. 20-2, Constitución Provincial; y 43 Constitución Nacional).
Reitero, y reafirmo lo importante de recrear las fuentes que dieron origen al amparo, para advertir que no se lo constituyó como proceso dirimente de los derechos en disputa sino, por el contrario, como un proceso protectorio, pues precisamente si algo debe aparecer con certeza y liquidez son los derechos constitucionales que fueron vulnerados para brindarles la protección adecuada.
En tal contexto debo propiciar parte de la solución al caso planteado, recordando que en el caso Siri, la Corte señaló entre otras cosas: que basta esta comprobación - la vulneración de los derechos o garantías- para que inmediatamente la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente.
Así, desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional, al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión. que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".(art. 43 C.N.)
II. Ciertamente, y a la luz de los principios antes expuestos, no se advierte en el presente la existencia de los visus de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que conlleven a la vulneración del derecho constitucional que invoca la actora.
Precisamente pues no hay acto u omisión de la Municipalidad de Luján que pueda ser corregido por esta excepcional vía.
Nuestro máximo Tribunal Provincial tiene decidido que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada. En síntesis, la "arbitrariedad" e "ilegalidad" tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademécum que solucione todos los problemas... es una herramienta útil, pero no para cualquier situación. (SCBA, B. 58.002, sent. del 6-X-1998, Ac. 88.573, sent. del 2I-II-2005, Ac. 75.817, sent. del 11-IX-2002; B. 64.981, sent. del 23-II-2005).
El acto lesivo, expresa Bidart Campos, "...debe mostrar fehacientemente en su primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo" ("El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169).
III. En autos, se encuentra demandada la Municipalidad de Luján pues según la actora, se lleva a cabo una obra sin la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Se sostiene que no se ha publicado dentro de los proyectos de Evaluación de Impacto Ambiental en el organismo de contralor, no obstante como mas adelante expondré, se advierte una falta de conocimiento del Municipio de la construcción de la obra en cuestión.
Por ello, como supra adelantara, no advierto en este caso un acto administrativo o una omisión -en tal sentido-, de la Municiaplidad demandada que pueda contener visus de arbitrariedad o ilegalidad que permita la apertura de esta vía excepcional.
Solo con apreciar el objeto procesal, basta para cerrar toda discusión al respecto.
Es que en el presente amparo se solicita la clausura y paralización de una obra, sin que se haya probado que la Municipalidad hubiera tenido alguna actuación u omisión en relación a esa obra descripta.
Esa sería en su caso, la llave de apertura de este eventual caso.
Es que aquí no está en discusión si debía actuar la Municipalidad en función de lo que la actora llama violación de la normativa ambiental, conforme lo previsto en el art. 23 de la ley 11.723; sino que esta obra no tiene Declaración de Impacto Ambiental. Y es a partir de ahí que pide la clausura y paralización, no obstante como ya expuse, en tal circunstancia no es la demandada el posible sujeto pasivo.
Traigo a colación al presente caso, lo decidido tanto por el suscripto como por la Alzada en el expediente n° 28863 del mismo actor (CCASM, causa MER - 6735 - 2018), donde se denotan circunstancias de similares características al del presente. IV.- Ello es así ya que consta claramente a fs. 37 -Dirección de Obras-, a fs. 39/ 41 -Secretaría de Seguridad-, y a fs. 49 -informe del Director de Planeamiento de la Comuna-, la inexistencia de presentación de documentación relativa a la obra denunciada ante la Municipalidad de Luján.
Pero por otra parte, en el expediente administrativo n° 2436-946/2003 -cuya constancia obra a fs. 42/43 de estos autos- queda demostrado que el Director Provincial de Obra Hidráulica de la Pcia. de Bs. As., dispuso la aprobación de la documentación técnica presentada por Fiduciaria Flandes Argentina S.A. correspondiente al Proyecto de Saneamiento Hidráulico y Desagües Pluviales, ello por Disposición n° 254 del 23 de agosto de 2013.
En esa disposición surge claramente del artículo 3° que la ejecución de los trabajos deberán ser autorizados por la Autoridad del Agua. Dejando aclarado que luego de la aprobación, las inspecciones estarán a cargo de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas -art. 8° disposición citada-.
Consta asimismo Resolución n° 902 de fecha 19 de diciembre de 2014 del Directorio de la Autoridad del Agua, mediante la cual se otorga a la firma Fiduciaria Flandes Argentina S.A. el permiso para ejecutar obras de desagües pluviales (excavaciones, rellenos, conducciones y obras accesorias -fs.58/61-
A lo que debo sumar el oficio dirigido a estos autos, mediante el cual el Director Provincial de Hidráulica informa sobre la autenticidad de la Disposición 254/13, reafirmando que la Autoridad del Agua ha autorizado a la firma antes mencionada a ejecutar los trabajos -Res. 902/14- y que el expediente donde tramita la autorización se encuentra en el Departamento Proyectos de Terceros para realizar la inspección y control de las obras autorizadas -fs.63 de estos autos-.
Asi, de ninguna de las disposiciones o resoluciones descriptas se desprende la obligación de la intervención de la municipalidad demandada.
V. Tiene dicho la SCBA, que "En el derecho procesal se distingue la legitimatio ad processum que implica la aptitud genérica de ser parte o actuar en cualquier juicio, de la legitimación ad causam -o simplemente legitimación- que responde a un concepto más restringido en tanto se refiere a la aptitud de ser parte en un proceso concreto, o más precisamente, sería "aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el pleito y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".(SCBA, "Macias", B 66013 S 27/06/2012).
Entonces, yerra el actor en la proposición de esta acción, pues si la obra -en su caso- se está construyendo sin la DIA, no es la Municipalidad de Luján -en esta instancia de ejecución- el legitimado pasivo de la misma. Falta aquí por ello, la parte fundamental, que es el ejecutante de la obra, y que al decir de la ley -argumento de los arts. 12 ley 25.675, y art. 11 de la ley 11.723- es la persona física o jurídica, pública o privada, titular del proyecto.
Es que no puede este magistrado avanzar con una orden de clausura sobre una obra que este organismo no lleva a cabo, ni ha tenido sobre la misma otro tipo de intervención administrativa.
A mayor abundamiento, también me remito a lo que surge de los informes antes descriptos de las distintas áreas del Municipio, desde donde se informa que no obran antecedentes referidos a la obra ahora denunciada por el accionante. No habiéndose demostrado por parte del actor, que la Municipalidad tuviera un conocimiento previo al traslado de esta acción.
VI. Ciertamente la ley del ambiente prevee un control por el organismo ambiental pertinente, pero para activar el control de policía, se necesita contar con la información necesaria para actuar, de lo contrario queda solo en el plano conjetural.
Y aquí no puedo mas que reiterar que habiéndose tomado conocimiento de la obra en curso por la acción judicial, solo a partir de allí, podrá ponerse en funcionamiento la toma de intervención -en su caso- de la Comuna, conforme prevee el art. 23 de la ley 11.723.
Por ello no se advierte -con la prueba aportada-, que el actor haya activado los mecanismos administrativos necesarios para contar con una decisión del organismo demandado -sea cual fuere-, que le permita cuestionar ora su actividad ora su omisión en su caso, y de ahí verificar eventualmente la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad como requiere la norma constitucional.
Lo cierto es que desde ambos aspectos, le queda cerrada esta vía, al resultar ser la Municipalidad un organismo de contralor y no el ejecutante de la obra; y por otro lado, resultando el mismo tener las facultades para actuar por la ley ambiental, no se pusieron en funcionamiento los mecanismos administrativos que permitan considerar ilegal o arbitraria su actuación u omisión.
Y es ahí donde se materializan, a mi modo de ver -y siguiendo la doctrina de la Excama. Cámara del Fuero- las acciones necesarias para que, en caso de optar por un procedimiento administrativo cuya decisión u omisión produzcan daños o situación de peligro al ambiente -arts. 34 y 35 de la ley 11.723- habiliten, no ya la acción de amparo ambiental, sino aquellas previstas por el art. 12 de la ley 12.008.
Digo esto pues entiendo que, de haber una afectación constitucional grave y manifiesta, podría ser el amparo -como ya lo he merituado en otros casos- y no una acción contenciosa -soslayando así lo normado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723-, la vía adecuada.
VII. Tan es así que me permito traer a colación lo expuesto por la Alzada en el antecedente supra citado, y en el cual concluyó que ".En las condiciones descriptas corresponde destacar que las partes son contestes en reconocer: - que la obra denunciada por el actor . no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA); - que el . no tuvo intervención en la misma y que tomó conocimiento de la obra a través de la presente demanda judicial; - que el aquí actor no activó los mecanismos administrativos previstos en la ley n° 11.723.(CCASM, causa n° 6735, caratulada: "Mancuso Antonio Fortunato C/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable S/ Amparo", de este mismo Juzgado).
Al decidir la suerte adversa del recurso, la Cámara del Fuero expuso: ".Y es que en virtud de la normativa antes reseñada, no puedo más que coincidir con lo resuelto por el juez de grado en el sentido de que si bien la ley 11.723 prevé un control en cabeza del organismo ambiental, el ejercicio de dicho deber de policía se encuentra supeditado a la activación de los mecanismos administrativos previstos en la normativa (arts. 34 y 35 ley 11.723).Al respecto, corresponde destacar el criterio sostenido por la SCBA en oportunidad de resolver la competencia del fuero contencioso en una causa de contenido ambiental: ".Este Tribunal reiteradamente ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados [.] quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (causa B. 74.491 "Mancuso", res. del 7/12/2016; y doctr. causas B. 68.566 "González" del 3/5/2006; B. 71.068 "Ávila" del 3/11/2010; B. 71.816 "La Diana SA", del 21/12/2011; B. 71.884 "Savastejko" del 27/6/2012; B. 72.006 "Feito", del 6/11/2012 y B. 72.365 "Bastons" del 22/5/2013) -CCASM, causa 6735 citada-".
La Alzada concluye que debe interpretarse de manera armónica con lo que se desprende de los arts. 34 y 35 del mismo cuerpo legal, al decir: ".En otras palabras, el artículo en cuestión supedita la acción judicial a la falta de actuación de la autoridad ambiental, pero omite indicar cómo se configura dicha omisión en la actuación debida. Es en este punto que, estimo, corresponde integrar el presente
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