Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 30933 2018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, condenando al I.O.M.A. a que otorgue cobertura del 100% y a valor actualizado, respecto de los audífonos requeridos. Ello, con el alcance de lo dispuesto en el considerando sexto in fine (art. 43 y ccts. C.N., arts. 11, 15, 20, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 13.928 -mod. por Ley 14192-, y artículo 163 del C. P.C. C.; doctrina y leyes citadas).-
2En atención al modo en que se resuelve la cuestión y a las particularidades del presente caso, distribuir las costas en el orden causado (art. 19 ley 13.928) -conf. CCASM, causa 6617 supra citada-.
3Regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. Moira B. Dunleavy, teniendo en cuenta la labor jurídica realizada, y la posición económica y social de la parte actora, en la suma de 8 IUS - arts. 10, 15, 16, 49 (conf. Ley 15016), 51, 54 y conc. Ley 14.967; art. 20 bis ley 13.928-, cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias), y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y a los obligados a su pago con los recaudos del art.54 de la misma ley. …
Expte. Nº 30933.-
Autos: SISINNI NYVIA ARACELLI C/ I.O.M.A. S/ AMPARO.-
Mercedes, de Noviembre de 2018.-RA
Estos autos caratulados "SISINNI NYVIA ARACELLI C/ I.O.M.A. S/ AMPARO", expediente Nº 30933, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I.- 1) Que a fs. 6/27 se presenta Nyvia Aracelli Sisinni con el patrocinio letrado de la Dra. Moira B. Dunleavy, iniciando acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) de la Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de hacer cesar la negativa respecto al pago del 100 % respecto de la provisión de los audífonos requeridos por prescripción médica.
2. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento al planteo que efectúa.-
Refiere que desde el año 2017 es discapacitada por hipoacusia auditiva neurosensorial, y que se le diagnosticó la pérdida de la audición irreversible por lo cual se le prescribieron dos audífonos retroarticulares marca Widex DREAM 220 D2-FS, con un costo de $ 60.000 -ello en el año 2017-, y sobre los cuales la demandada solo le reconoce la suma de $ 40.000.
Iniciados los trámites ante el IOMA, en expte. administrativo n° 10-532-0006525-17 se accedió a la cobertura solicitada mediante la orden de provisión 121737 de fecha 16 de septiembre de 2017, autorizando los audífonos prescriptos, no obstante ordenando solamente la cobertura por la cantidad de $ 40.000,00 según Resolución n° 3287/16 art. 2°., tornándose a su parte imposible alcanzar la suma presupuestada para los mismos en razón de ser jubilada y pensionada.
Sostiene que presenta un recurso jerárquico de revisión n° 10-532-7035/17 por resultar la disposición contraria a la ley 24091 y al art. 3° de la ley 25.415, trámite que desde el día 17 de octubre de 2017 se encuentra paralizado en la oficina de Auditoría Medica.
Manifiesta que en fecha 12 de marzo de 2018 presentó un pronto despacho, guardando silencio el demandado hasta la presentación de la Litis.
Citando doctrina y jurisprudencia, refiere que la obra social debe cubrir el costo total de la compra de los audífonos a sus afiliados con discapacidad.
II. Por el Fisco de la Pcia. De Bs. As. se presenta el Dr. Jorge Aguirre, quien sostiene que el amparo deducido deviene improcedente en razón de faltarle los presupuestos básicos que habilitan dicha vía excepcionalísima, habida cuenta que no ha existido por parte del organismo demandado ningún hecho, acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario.
Sostiene que ello se corroborará con lo expuesto en el expediente administrativo Nº 5100-53656/2018, y Trámite Administrativo N° 10-532-0006525-17, del caso en cuestión.
Afirma que en los mismos se señala que frente a la ausencia de documentación médico legal que sustente la petición, más allá del certificado de discapacidad, debe analizarse qué tipo de audífono es el aplicable en el caso que nos ocupa.-
Manifiesta que ante ello resultará necesaria la evaluación, mediante listas de palabras fonéticamente balanceadas del Dr. Tato y Col a dos metros de distancia y sin lectura labial.-
Refiere que se debe determinar cuál es la discriminación sin audífonos, para luego comparar con distintos aparatos del mercado cual es el mejor resultado para lograr la compresión de la palabra.-
Dice que todos estos pasos no han sido cumplimentados y/o acreditados, por lo cual se desconoce la efectiva necesidad de requerimiento de aparatología.-
Acorde con lo expuesto precedentemente, sostiene que resulta evidente que en autos no existe arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta.
Afirma que corresponderá el rechazo de la acción intentada, habida cuenta no reunirse los requisitos que establece el "art. 1° de la ley 7166" (textual), en lo que hace a la arbitrariedad y/o ilegitimidad manifiestas, toda vez que no existe un acto, hecho, omisión o decisión arbitrario o ilegítimo por parte de IOMA
Posteriormente cita jurisprudencia del mas alto Tribunal Provincial, en lo que se refiere a la procedencia de la acción. Y
1.) La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.
Las nuevas orientaciones constitucionales, sin quitarle a la acción de amparo su carácter excepcional, la regulan en sentido menos restrictivo, para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz; por encima de cualquier ritualismo (arts. 20-2, Constitución Provincial; y 43 Constitución Nacional).
2. Resulta adecuado resaltar, mi postura coincidente con los lineamientos provenientes de aquella parte de la doctrina (Morello, Palacio, Rojas ..."Revista de derecho procesal- nº 5 Ed. Rubinzal-Culzoni) que se inclina por la habilitación de las vías del contradictorio, a partir de la previa igualdad de las partes frente a la ley, que hacer frente a la limitación por caso de las vías mas idóneas, ello sin desvirtuar el amparo.
Sin embargo, considero importante recrear las fuentes que dieron origen al amparo, para advertir que no se lo constituyó como proceso dirimente de los derechos en disputa sino, por el contrario, como un proceso protectorio, pues precisamente si algo debe aparecer con certeza y liquidez son los derechos que fueron vulnerados para brindarles la protección adecuada.
3. En tal sentido, debo propiciar la solución al caso planteado, recordando que en el caso Siri, la Corte señaló entre otras cosas: que basta esta comprobación -la vulneración de los derechos o garantías- para que inmediatamente la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente.
Así, desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional, al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".(art. 43 C.N.)
Sin lugar a dudas, la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, contenga esa nota de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe aparecer o presentarse como algo patente, claro, notorio, manifiesto, ostensible ; es decir, visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994").
El acto lesivo, expresa Bidart Campos, "...debe mostrar fehacientemente en su primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo" ("El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169).
4. Frente a estos lineamientos que he seguido en anteriores precedentes, corresponde antes de continuar con la solución del caso, realizar unas breves consideraciones.
En primer lugar, que frente a la defensa de la Fiscalía de Estado, se debe advertir que el cuestionamiento que realiza respecto de la necesidad de utilización y la calidad de los audífonos para la actora, no es una cuestión que venga controvertida a la litis, ya que es la propia Obra Social la que con el dictamen de la Auditoría de fecha 01/08/17 justificó desde el punto de vista médico y fonoaudiológico la necesidad de utilización de los mismos, y los autorizó; para posteriormente otorgar IOMA la orden de provisión de los mismos (conf. fs. 29, 35/vta., y 38/vta. del expte. adm.53656/18).
Que lo que viene controvertido es el porcentaje de cobertura por parte del IOMA sobre los audífonos aprobados, en función de la aplicación por parte de ese organismo de la resolución n° 3287/16.
Que ante este mismo Juzgado, bajo el n° 27.592, tramitaron los autos "B.I.J. c/Minist. De Salud-IOMA s/Amparo", en los cuales se planteó un caso de similares características que el presente, donde la Alzada en fecha 28/12/2017 (CCASM, expte. n° Mer- 6.617), siguiendo doctrina del Superior Tribunal Nacional, fija un rumbo distinto al que oportunamente resolviera el suscripto, haciendo lugar a la cobertura de audífonos en un 100%. Fallo que, por cuestiones de economía procesal y seguridad jurídica he de seguir, dejando a salvo la opinión vertida en el precedente citado.
5. Sentado lo expuesto, debo señalar que la nota de arbitrariedad prevista para la acción intentada, y mas allá de la orfandad argumental y documental expuesta al intentar la acción, se encuentra -en el caso, y tal cual fuera ponderado por la Alzada en el precedente antes citado- en el derecho a la salud, reconocido en los arts. 42 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 12 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 inciso 3 y 36 inciso 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y en la protección integral de la persona discapacitada por parte del Estado (art. 36 inciso 5° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Ley Nº 10.592).
No obstante lo expuesto, existe una nota distintiva del presente caso con respecto al antecedente citado, ya que si bien la actora no aporta copia de la presentación, se informa -fs. 35 punto 1 in fine del expte. adm. 53653/18- la existencia de una reconsideración; ante este reconocimiento no resulta necesario entrar en consideraciones subyacentes en cuanto a la posible existencia de un trámite de excepción, ya que resulta por demás ilustrativo que la actora presentó -si bien a modo de reconsideración- una nota ante el IOMA, que bien podría haberse tratado en tal carácter.
Que esa nota resulta ser presentada luego de conocer la orden de provisión por la suma de $ 40.000 -trámite n° 10-532-7035/17 reconocido a fs. 35 punto 4 y fs. 38 punto 4 del expte. 53656/18-, que se encuentra conforme luce en la propia contestación del IOMA en la Subdirección de Compras y Suministros, sin decisión al respecto.
Subsidiariamente, y solo para el caso que no se tome en tal dimensión, dejo citada doctrina de la Alzada, ya que exigir un trámite administrativo de excepción en este estado del proceso configuraría un exceso de rigor formal incompatible con los derechos sustanciales que se pretenden resguardar (ver CCASM, causas Nº 1.667/09, caratulada "Levaggi, Daniel Fernando c/ I.O.M.A. s/ Amparo", sentencia del 26 de mayo de 2.009 y N° 4.743, caratulada "Guastavino Alpuin Lucy Beatriz c/ I.O.M.A. s/ amparo", sentencia del 27 de agosto de 2.015, entre otras).
Es por ello que el proceder del I.O.M.A. al no resolver el recurso de reconsideración -o en su caso, trámite de excepción- resultó arbitrario, dándose una de las notas distintivas de la procedencia de esta acción.
6. Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico aplicable en particular a los temas de salud, con aristas específicas signadas por las patologías y las necesidades propias de aquéllas, se coloca al juzgador en una situación que lo obliga a encontrar soluciones concretas para cada caso, en aras a proteger el derecho fundamental a la vida (CCASM, Expte. Nº 501/06, "Tardieu", sentencia del 18 de mayo de 2.006; Expte. Nº 633, "Estigarribia", del 27 de junio de 2.006 y Expte. Nº 938, "Giliberti", sentencia del 13 de abril de 2.007, entre muchas otras).
Es por lo expuesto que entiendo corresponde hacer lugar a la presente acción de amparo, condenando al I.O.M.A. a que otorgue cobertura del 100% del valor actualizado de los audífonos requeridos.
Ello, dejando a salvo el derecho de I.O.M.A. de repetir contra el amparista, si así correspondiere, las erogaciones en que haya incurrido por encima de las previsiones legales y reglamentarias (Leyes Nº 10.592 y 6.982, doctrina de C.S.J.N., "Lifschitz", Fallos 327:2413; "I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo", sent. del 30IX2008, y SCBA causas A 69.412, del 18/8/10).
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citadas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 121, 122, 123, y 43 C.N., artículos 15, 20, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 8 y concordantes de la Ley Nº 13.928, y art.163 del C. P .C. C.,
1. Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, condenando al I.O.M.A. a que otorgue cobertura del 100% y a valor actualizado, respecto de los audífonos requeridos. Ello, con el alcance de lo dispuesto en el considerando sexto in fine (art. 43 y ccts. C.N., arts. 11, 15, 20, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 13, 14 y concordantes de la Ley Nº 13.928 -mod. por Ley 14192-, y artículo 163 del C. P.C. C.; doctrina y leyes citadas).-
2. En atención al modo en que se resuelve la cuestión y a las particularidades del presente caso, distribuir las costas en el orden causado (art. 19 ley 13.928) -conf. CCASM, causa 6617 supra citada-.
3. Regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. Moira B. Dunleavy, teniendo en cuenta la labor jurídica realizada, y la posición económica y social de la parte actora, en la suma de 8 IUS - arts. 10, 15, 16, 49 (conf. Ley 15016), 51, 54 y conc. Ley 14.967; art. 20 bis ley 13.928-, cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias), y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y a los obligados a su pago con los recaudos del art.54 de la misma ley.
No correspondiendo, de conformidad con la distribución de costas, la regulación de honorarios del letrado apoderado de la parte demandada (conf. Art. 18 Dec.ley 7543/69).
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ........./2018.-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2018.-
Fin de la sentencia