Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 26912 2018
Expte. Nº 26912.-
Autos: MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ SANEAMIENTO DE ARECO Y OTROS S/ AMPARO.-
Mercedes, de Junio de 2018.-RA
Estos autos caratulados "MANCUSO ANTONIO FORTUNATO C/ SANEAMIENTO DE ARECO Y OTROS S/ AMPARO", expediente Nº 26912, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 19/34 se presenta Antonio Fortunato Mancuso -abogado en causa propia- iniciando acción de amparo (Ley Nº 13.928) contra Saneamiento de Areco Sociedad Anónima Estatal con Participación Mayoritaria (Sanear SAPEM); contra la Municipalidad de San Antonio de Areco y contra Bor Com S.A., con el objeto de obtener la clausura y paralización de la obra denominada "Master Plan Sanitario Etapa I", por estar llevándose a cabo sin contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable y valida emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.
2. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
Originalmente menciona su legitimación activa en su calidad de habitante de la Provincia de Buenos Aires y en su residencia en la localidad de San Antonio de Areco, a tenor de lo previsto en los arts. 15 y 28 de la Const. Provincial; resultando afectado en sus derechos constitucionales, poniendo énfasis en la obligación del Estado Provincial en garantizar un ambiente sano, a participar en los procesos en los que se manejen recursos naturales y protección del ambiente en general.
Manifiesta que ha sido iniciada la obra denominada "Master Plan Sanitario Etapa I", que consiste en la ampliación de la red cloacal en la ciudad de San Antonio de Areco.
Refiere que dicha obra está siendo llevada materialmente adelante por la empresa Bor Com S.A., la que se encuentra al servicio de la empresa Saneamiento de Areco SAPEM, que es la prestataria del servicio de agua potable y desagües cloacales en la ciudad de San Antonio de Areco, empresa esta, que pertenece a su vez en su totalidad a la Municipalidad de San Antonio de Areco, municipio que firmó el contrato de obra con la empresa Bor Com S.A.-
Relata que las obras que se están llevando a cabo carecen de una declaración de impacto ambiental favorable emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), lo que torna clandestina la obra en cuestión.-
Resalta que del Anexo II Punto I, Incisos 2 y 7 de la ley 11.723 surge que se requiere una declaración de impacto ambiental previa al inicio de obras para la administración de aguas servidas urbanas y suburbanas y la conducción y tratamientos de aguas.-
Sostiene que se está incumpliendo con la ley 11.723 y cita los arts. 10 y 23 de dicha ley.-
Cita jurisprudencia entre la que se encuentra la doctrina legal que emana de la SCBA, respecto a la necesidad de contar con la DIA.
3. A fs. 64/75 se presenta a contestar demanda Ariel Roulet, vicepresidente de Saneamiento de Areco SAPEM, con el patrocinio letrado del Dr. Fernando José López.-
En primer lugar opone excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo. Al respecto refiere que Saneamiento de Areco SAPEM, comenzó a dar la prestación de los servicios sanitarios cloacales de agua potable a partir del día 3 de abril de 2017, y que a esa fecha la obra llevada adelante por la empresa Bor Com S.A. ya se encontraba operativa.-
Relata que la obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), fue licitada por la Municipalidad de San Antonio de Areco y adjudicada a la firma Bor Com S.A.
Y agrega, que sin perjuicio de lo expuesto, en el caso no resulta necesario la presentación del estudio de impacto ambiental, porque se trata de un trabajo de ampliación de redes cloacales, sin que medie modificación alguna en la forma de la administración y tratamientos de los efluentes.- Refiere que el amparista no ha realizado el reclamo previsto en el art. 34 de la ley 11.723. Requisito previo para poner en funcionamiento la instancia judicial conforme el art. 35 del mismo plexo normativo.
Sostiene que el actor no ha realizado ninguna presentación que pueda considerarse con propiedad para dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 11.723.-
Afirma que -según su postura- a pesar de no ser necesario en este tipo de obras de ampliación de redes su presentación ante las autoridades administrativas ambientales, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra denominada "Proyecto de colector cloacal y redes secundarias zona Quetgles en la ciudad de San Antonio de Areco".
Indica que en orden a la admisibilidad de la demanda de amparo, en el esquema de la presente ley, son tres las condiciones para que proceda el mismo: 1) Violación o amenaza, por acto u omisión de autoridad pública, en forma actual o inminente, de un derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional; 2) Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto lesivo; 3) Inexistencia de otro remedio legal o posibilidad de inferir un daño grave e irreparable si se desviara la reclamación a los procedimiento comunes, sean judiciales o administrativos.
A su vez, menciona que el artículo 2 de la Ley 13.928 dispone que: "... La acción de amparo no será admisible: 1. Cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable..."
Manifiesta que la acreditación de daño grave e irreparable es carga del amparista, situación que a prima facie habilitaría la instancia extraordinaria del amparo, extremo este, que no se ha acreditado en el caso en cuestión.-
En cuanto a la obra que resulta objeto de la presente, refiere que la misma fue financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y licitada y adjudicada por la Municipalidad de San Antonio de Areco.-
Indica que las autoridades y personal profesional afectado a la obra del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), manifestaron en reiteradas oportunidades que siendo una ampliación de red cloacal existente y por las características y particularidades de la obra, y atento que no produce ninguna modificación en la planta de tratamiento y administración de los efluentes colectados, NO resultaba necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Y agrega que de la misma manera se expresaron los profesionales del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), manifestando que no resultaba necesario el Estudio de Impacto Ambiental para este tipo de obras; y en su defecto, ellos resultaban incompetentes para tratar la cuestión, entendiendo competente a la Autoridad Municipal, en los términos del Anexo II, Pto. 2 de la Ley 11.723.-
Asimismo, expone que en las reuniones de trabajo mencionadas, las dependencias administrativas aludidas, idóneas por demás en el tema, explicaban la innecesaridad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que por definición, la ampliación de una red cloacal tiene como finalidad producir, y así lo hace, efectos positivos sobre el ambiente y mitigadores de contaminación ambiental.-
Por último, menciona que dentro de las facultades como concesionario de la prestación del servicio público de suministro de agua potable y desagües cloacales, solicitó la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, que acompaña. Realizando consideraciones acerca de los impactos positivos sobre el ambiente. Estudio que presentara en mesa de entradas del Municipio en fecha 30 de junio de 2017.
4. A fs. 82/88 se presenta a contestar demanda el Dr. Eduardo Jose Villar, apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco
Refiere que el amparista no ha realizado el reclamo previsto en el art. 34 de la ley 11.723. Requisito previo para poner en funcionamiento la instancia judicial conforme el art. 35 del mismo plexo normativo.
Sostiene que el actor no ha realizado ninguna presentación que pueda considerarse con propiedad para dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 11.723. Máxime cuando como en el caso, SANEAMIENTO DE ARECO S.A.P.E.M., a pesar de no resultar necesario en este tipo de obras de ampliación de redes su presentación ante las autoridades administrativas ambientales, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra de ampliación de redes cloacales denominado "PROYECTO DE COLECTOR CLOACAL Y REDES SECUNDARIAS ZONA QUETGLES EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO".-
Indica que en orden a la admisibilidad de la demanda de amparo, en el esquema de la presente ley, son tres las condiciones para que proceda el mismo: 1) Violación o amenaza, por acto u omisión de autoridad pública, en forma actual o inminente, de un derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional; 2) Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto lesivo; 3) Inexistencia de otro remedio legal o posibilidad de inferir un daño grave e irreparable si se desviara la reclamación a los procedimiento comunes, sean judiciales o administrativos.
A su vez, menciona que el artículo 2 de la Ley 13.928 dispone que: "... La acción de amparo no será admisible: 1. Cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable..."
Manifiesta que la acreditación de daño grave e irreparable es carga del amparista, situación que a prima facie habilitaría la instancia extraordinaria del amparo, extremo este, que no se ha acreditado en el caso en cuestión.-
Refiere que, hacer lugar a la acción de Amparo intentada por la
actora, implicaría ordinarizar una vía extraordinaria y de excepción, lo que resultaría contrario a la esencia y naturaleza del instituto de que se trata.
Indica también que, lo pretendido en esta instancia, por el accionante, excede del ámbito de conocimiento limitado que esta acción excepcional importa, y sin que se haya cumplido con la observancia de requisitos previos para lograr acceder al Poder Judicial como administrador de justicia.
Y concluye diciendo que, no solo se encuentran ausentes los requisitos de admisibilidad necesarios, sino que además, se está frente a uno de los supuestos de inadmisibilidad previstos por el art. 2 de la Ley 11.723.-
En cuanto a la obra que resulta objeto de la presente, refiere que la misma fue financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y licitada y adjudicada por la Municipalidad de San Antonio de Areco.-
Indica que las autoridades y personal profesional afectado a la obra del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), manifestaron en reiteradas oportunidades que siendo una ampliación de red cloacal existente y por las características y particularidades de la obra, y atento que no produce ninguna modificación en la planta de tratamiento y administración de los efluentes colectados, NO resultaba necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Y agrega que de la misma manera se expresaron los profesionales del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), manifestando que no resultaba necesario el Estudio de Impacto Ambiental para este tipo de obras; y en su defecto, ellos resultaban incompetentes para tratar la cuestión, entendiendo competente a la Autoridad Municipal, en los términos del Anexo II, Pto. II de la Ley 11.723.-
Asimismo, expone que en las reuniones de trabajo mencionadas, las dependencias administrativas aludidas, idóneas por demás en el tema, explicaban la innecesaridad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que por definición, la ampliación de una red cloacal tiene como finalidad producir, y así lo hace, efectos positivos sobre el ambiente y mitigadores de contaminación ambiental.-
Finalmente expone que dentro de las facultades como concesionario de la prestación del servicio público de suministro de agua potable y desagües cloacales, Saneamiento de Areco S.A.P.E.M. a través de su operador técnico ha presentado en fecha 30/06/2017 un Estudio de Impacto Ambiental, suscripto por el Ingeniero Civil y Laboral especialista en Gestión Ambiental Fernando C. Carbone.
Reafirma la innecesariedad -según su postura- de contar con una DIA, y refiere que en fecha 03/07/2017 se ha expedido la Coordinación de Medio Ambiente de la Municipalidad en los términos del Anexo II Punto II de la ley 11.723, de manera favorable al EIA presentado.
5. Como medida para mejor proveer se requirió a la Municipalidad de San Antonio de Areco y a Saneamiento de Areco -SAPEM-, informes sobre el estado de las obras objeto de la presente litis.
I. Que respecto a una de las cuestiones debatidas en autos, por así haberlo introducido los co-demandados, es lo referente a la improcedencia de la vía intentada en función de no haber seguido la actora el procedimiento que fijan los arts. 34 y 35 de la ley 11.723.
Al respecto ya he dejado sentada mi opinión en otros precedentes de este Juzgado -causas n° 23.378, n° 24.876 y 25.612 entre otras- en lo referente al tipo de acción intentada independientemente de la solución del caso.
Que si bien la Alzada está adoptando un criterio distinto en este tema, si bien con matices diferenciales en cuanto a la conformación de la decisión, como en los dos primeros precedentes citados aún no se ha expedido el Máximo Tribunal Provincial, he de mantener el criterio seguido en aquellos fallos citados para rechazar el planteo respecto a la falta de utilización del reclamo administrativo previo que proponen los co-demandados como vadallar a esta vía intentada.
Es que no puedo dejar de sostener que el amparo nació como una creación pretoriana del Superior Tribunal Nacional, y que es receptado actualmente tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial como un remedio excepcional y de protección de derechos constitucionales vulnerados. Que tanto los textos constitucionales como la ley 13.928 no soslayan su aplicación en relación a temas ambientales, por lo cual y sin perjuicio de respetar el criterio de la Alzada, interpreto que la "armonización" que sostiene el Superior Tribunal, es respecto al tema de la competencia del Fuero especializado en estos asuntos, por lo cual he receptado en forma directa la asignación del caso; pero -al menos así no lo ha decidido expresamente la SCBA- entiendo que no limita la utilización del amparo respeto a aquellas decisiones u omisiones donde no ha existido una actuación previa del ciudadano en base a los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, pues ello sería menoscabar el derecho de defensa a quien no ha intervenido en el procedimiento administrativo (arts. 18 C.N., 15 Const. Prov.).
Por ello entiendo que pueden coexistir, y están disponibles para la elección del actor -sin perjuicio de su resultado en relación al caso en concreto-, la utilización del espectro previsto en el art. 12 de la ley 12.008 en base a la previa activación de los mecanismos de los arts. 34 y 35 de la ley 13.723, o del amparo cuando aquellos no fueron utilizados, pues solo basta recordar que para su procedencia el art. 20 inc. 2° de la Constitución Provincial y el art. 43 de la Carta Magna, requieren la nota de actualidad o inminencia para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz, por encima de cualquier ritualismo.
II. Entrando a analizar la acción de amparo intentada, advierto que "ab initio" existe una omisión tanto de la Municipalidad de San Antonio de Areco como de Saneamiento de Areco SAPEM -sin perjuicio de la circunstancia temporal en que entra en escena esta última- en tanto se comenzó y continuó la obra de ampliación de la red cloacal en la ciudad de San Antonio de Areco sin haberse presentado una Evaluación de Impacto Ambiental conforme lo determina la Resolución n° 538/99 de la S.P.A. (hoy O.P.D.S.).
En la resolución mencionada que resulta ser de aplicación para los municipios, están perfectamente delimitadas 2 etapas: la de prefactibilidad ambiental del proyecto -de donde surge o no la necesidad de pasar a la segunda-; y la de factibilidad ambiental del proyecto -que termina con la negación o la DIA-.
Ahora bien, y posteriormente al inicio de la obra, en Sanear se recibe -en fecha 27 de abril de 2017 conforme surge del cargo en su frente- un Estudio Final de Impacto Ambiental elaborado por el Ingeniero Civil y Laboral Fernando Carbone, que se acompañara en el responde y se encuentra dentro de la documental reservada en Secretaría.
Este EIA es presentado en el Municipio con fecha 30 de junio de 2017, en el expediente administrativo n° 1603/2016, conforme consta en la fotocopia de la carátula que obra a fs. 63 bis de estos autos, documental adjuntada por la co-demandada Saneamiento de Areco S.A.P.E.M.
Por su parte el Municipio al contestar demanda, agrega entre la documental, una copia fiel de la nota de la Coordinación de Medio Ambiente - fs. 81-, en la cual tiene presente y como suficiente el EIA presentado. Nota que -sin entrar a valorar su solvencia- es presentada por el Municipio como una DIA.
Debo aclarar, ya que surge tanto del informe mencionado como de las contestaciones de demanda, que no consideran necesario la presentación de EIA para obras de ampliación, obviamente ello sin sustento legal ni fáctico, pues la ley 11.723 precisamente -junto a la Resolución n° 538/99 de la SPA- lo que privilegia es la necesidad de evaluar si las obras deben cumplir con el EIA, y consecuentemente con la DIA. Y desde el punto de vista práctico, lo destrona tanto la efectiva realización del EIA que se acompañara en estos autos, como las propias conclusiones que contiene, y que surgen de lo expuesto en su foja n° 4 por parte del Ingeniero Carbone.
En tal extremo advierto que si bien las obras conforme lo toma el Municipio, no entraron técnicamente en el supuesto del Anexo II Punto I, Incisos 2 y 7 de la ley 11.723 como propone la actora -que tienen como autoridad ambiental al OPDS, como lo hacen para el supuesto de la planta de tratamiento de efluentes conforme fs. 116/117-. Al permitir su incorporación al expediente 1603/2016 y recibir el informe de la Coordinación de Medio Ambiente, claramente el Municipio lo coloca como -sin que la ley haga distingo alguno si se trata de obras nuevas o de ampliación- integrante del Anexo II Punto II, que se refiere a proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de EIA. que no se encuentran enumeradas expresamente en el punto I, y que tienen según la autoridad ambiental Municipal, susceptibilidad para producir alguna alteración al ambiente .
III. Como expone el mismo profesional que realiza el EIA, precisamente con la Evaluación o el Estudio lo que se quiere determinar es si existen o existirán consecuencias con impactos negativos -especialmente- al ambiente; por ello resulta tan importante que el actor en su reclamo identifíque -mas allá del plano formal- y trate de probar los daños que la obra cause al ambiente -y por los cuales se vean afectados sus derechos constitucionales conforme lo preveen los arts. 43 de la C.N. y 20 de la C.Prov.-, como que sea la autoridad de aplicación -en este caso Municipal- quien precautoriamente identifique los mismos como parte de su responsabilidad ambiental.
He de recordar que del caso "Rodoni" surge claramente que la SCBA ponderó en el análisis del caso la situación fáctica. Refiere el Superior Tribunal que a tenor del art. 10 de la ley 11.723, no toda obra o actividad ha de estar precedida de la mentada declaración. Colocando la obligatoriedad de expedición de la DIA únicamente cuando los efectos nocivos derivados de la obra superen el umbral previsto en el art. 10 de la ley 11.723. Lo que remite a la previa indagación fáctica acerca de las potenciales consecuencias de la obra o actividad (SCBA, A 68965 S 03/03/2010 "Rodoni").
Ahora bien, analizando el sustento de la acción, la presentación -aunque tardía- del EIA, impide a esa altura merituar si existía arbitrariedad o ilegalidad en la conducta u omisión de los demandados como mecanismo di
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.