Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39834
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, y ordenar al GRUPO LPF - MEDICINA INTEGRAL a que otorgue cobertura integral al tratamiento correspondiente al diagnóstico del Sr. Leonar Raúl Efemchuk, esto es, 39 aplicaciones de IMRT prostática, de conformidad con lo requerido por el profesional médico interviniente, lo que deberá cumplimentarse en forma inmediata y con carácter urgente, garantizando su asistencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa.
2Fijar como contracautela suficiente por parte de la actora, la caución juratoria que deberá prestar en forma escrita atento las restricciones en materia sanitaria imperantes (arts. 25 Ley 13.928 y modif., 199 y concts. CPCC).
Estos autos caratulados "EFEMCHUK, LEONARDO RAUL C/ GRUPO LPF MEDICINA INTEGRAL S/AMPARO", expediente Nº 39384, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que mediante presentación electrónica de fecha 04/12/2020 se presenta el Sr. Leonardo Raúl Efemchuk, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Linares, promoviendo acción de amparo contra GRUPO LPF - MEDICINA INTEGRAL, solicitando, a su turno, el dictado de una medida cautelar innovativa a fin de obtener la cobertura integral del tratamiento médico completo para la afección que padece.
Manifiesta haber sido diagnosticado con adenocarcinoma bien diferenciado de próstata, y solicitada que fuera a la demandada la cobertura para la realización del tratamiento correspondiente a tal diagnóstico, la misma habría sido denegada.
Acompaña a su escrito de demanda el carnet del que surgen sus datos afiliatorios a la empresa de medicina prepaga demandada, y una carta documento por la que habría intimado a GRUPO LPF - MEDICINA INTEGRAL la cobertura del tratamiento.
Asimismo acompaña diagnóstico de fecha 30/06/2020 de donde surge la afección denunciada, suscripto por profesional médico, estudios médicos realizados, y órdenes de tratamiento de radioterapia.
Aún cuando no surge de la documental aportada que la misma haya sido conformada por la entidad demandada, manifiesta la actora haber presentado oportunamente toda la documentación requerida por la prepaga demandada, sin perjuicio de lo cual no le ha sido otorgada, a la fecha, la cobertura al tratamiento médico correspondiente.
II. Se advierte que en el caso se encuentran en juego derechos subjetivos de raigambre constitucional y legal, como son el derecho a la protección de la vida y la salud (art. 75 inc. 22 CN, arts. 12 inc. 1, 15, 20 inc. 2 y art. 36 inc. 8 de la Constitución Provincial), lo que habilita a merituarse con mayor flexibilidad los requisitos exigidos por el art. 22 del CCA.
Con relación a la medida cautelar que se solicita, ha de estarse inicialmente al criterio rector en la materia, en cuanto se ha sostenido que la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. (C.S.N. Autos: Bulacio Malmierca, Juan Carlos y otros c/ Banco de la Nación Argentina. Tomo: 316 Folio: 1833 Magistrados: Boggiano, Barra, Cavagna Martínez, Belluscio, Nazareno, Moliné O'Connor. Disidencia: Abstención: Levene, Fayt, Petracchi. 24/08/1993 entre muchos otros).
Sin embargo, es del caso recordar que el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (LL 1996-C-434, C.S.N. Albornoz, Evaristo Ignacio c/ Nación Argentina. 01/01/84 T. 306, p. 2060; tambien Antonio González S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ inconstitucionalidad. Tomo: 316 Folio: 2855 Magistrados: Barra, Fayt, Belluscio, Petracchi, Nazareno, Moliné O'Connor. Disidencia: Abstención: Boggiano, Cavagna Martínez. 09/12/1993 en medio de una generalizada tendencia jurisprudencial).
En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables, a saber: a) la verosimilitud del derecho; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) que la medida requerida no afecte gravemente el interés público; d) contracautela suficiente (art.22 CPCA).
Debe tenerse presente que los requisitos de verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del "fumus" se puede atenuar (cfr. Logar Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag.1163).
III. En estos términos y a los fines de resolver la medida cautelar solicitada, debo señalar que el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos 302:1284; 310:112). También tiene dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316:479, votos concurrentes).
A partir de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Ley Suprema; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, XI. toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos económicos de la comunidad; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25.1, Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure ... la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. art. 12.1 Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y 12.2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:...d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad) la C.S.J.N. ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas (Fallos 321:1684 y causa A.186 XXXIV "Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de Salud y Acción Social- Estado Nacional- sobre Amparo Ley 16.986"; causa C. 823. XXXV "Recurso de Hecho -Campodónico de Beviacqua Ana Carina c/Ministerio de Salud y Acción Social- Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas").
Tal ha sido el criterio adoptado por el Máximo Tribunal provincial al reseñar "A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) se ha afirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- destacándose la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas" (causas B. 65.282 sent. 31-VIII-05, B. 65.893 sent. 17-X-07, entre otros).
Que a su vez la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza el acceso a la salud a todos sus habitantes, en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, brindando al derecho social de la discapacidad la protección integral del estado (art. 36 inciso 5º ).
IV. Dentro del limitado marco cognoscitivo que exige el despacho cautelar, puede apreciarse la concurrencia de las notas de apariencia de buen derecho que en la especie justifican su acogimiento. Ello, en el entendimiento que las medidas cautelares no exigen de los magistrados un examen de certeza, sino sólo de la verosimilitud del derecho pretendido, y que el juicio de verdad en esta materia se opondría a la finalidad misma del instituto, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro de cuyos márgenes agota su virtualidad (S.C.B.A. causas B-65.434, "Kaczurak", res. del18-III-2003 y B-66.832 "Staricoff", res. del 18/XI/2003; C.S.J.N., Fallos 306: 2060; 313:521; 316:2060; 318:2375; in re "Kastrup Phillips, Marta Nélida c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/Acción de Amparo", resolución del 11/XI/03).
Que encontrándose comprometidos los derechos esenciales a la salud y a la dignidad de la persona, el comportamiento de la demandada de no brindar cobertura a la prestación requerida en su totalidad y guardar silencio ante el reclamo del amparista, resulta incompatible con los principios expuestos ut supra y no puede redundar en un perjuicio directo al afectado.
Aún cuando no se han aportado elementos que permitan tener por acreditada indubitablemente la negativa de la prepaga demandada a brindar cobertura al tratamiento indicado, del examen de las constancias documentales allegadas, se desprenden elementos de convicción suficientes para tener por acreditada prima facie la afección que padece el accionante, el grado de gravedad de la misma, la relación existente entre las partes (medicina prepaga - afiliado) y la requisitoria efectuada, todo lo cual permite en su conjunto tener por acreditada la verosimilitud en el derecho.
Respecto al peligro en la demora, además de resultar implícito por la naturaleza del derecho comprometido, se configura de modo manifiesto toda vez que existe riesgo en la salud del afiliado, y el tiempo que insumiría el tránsito para resolver la cuestión debatida en autos, también es tiempo que puede transcurrir negativamente para el desarrollo de la enfermedad que padece.
En función de lo anterior es que se autoriza a concluir inequívocamente acerca de la existencia de un derecho verosímil como sustento de la pretensión cautelar. Que dicha situación indudablemente requiere de pronto remedio, o dicho en otros términos constitucionales, de una "acción positiva" que le asegure la vigencia del derecho a la salud, dentro de la garantía constitucional a una "tutela judicial continua y efectiva" (CCALP, causas Nº 598 "Botta, res del 11.05.05; Nº 285, Moreno res 16/09/04).
Todo ello, en el limitado marco cognoscitivo del proceso cautelar, sin que lo resuelto signifique un adelanto positivo de la petición de fondo.
Por lo precedentemente expuesto, previa caución juratoria que deberá prestar la accionante por escrito en atención a las restricciones en materia sanitaria vigentes, para responder por las costas y los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida cautelar, en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 199 del CPCC),
1. Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, y ordenar al GRUPO LPF - MEDICINA INTEGRAL a que otorgue cobertura integral al tratamiento correspondiente al diagnóstico del Sr. Leonar Raúl Efemchuk, esto es, 39 aplicaciones de IMRT prostática, de conformidad con lo requerido por el profesional médico interviniente, lo que deberá cumplimentarse en forma inmediata y con carácter urgente, garantizando su asistencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa. 2) Fijar como contracautela suficiente por parte de la actora, la caución juratoria que deberá prestar en forma escrita atento las restricciones en materia sanitaria imperantes (arts. 25 Ley 13.928 y modif., 199 y concts. CPCC).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula -por Secretaría- en el domicilio que se denuncia con carácter urgente y habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 del CPCC).
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia