Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 42960
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in límine la acción de amparo interpuesta en atención a los fundamentos expuestos (artículos 41 y 43 C.N., artículos 15, 20, 28, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 2, 8 y concordantes de la Ley Nº 13.928, y artículo 163 del CPCC).
II. Costas a la vencida (art. 68 CPCC).
III. Regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. María Alejandra Barbeito, inscripta al T° XI F° 261 CADJM teniendo en cuenta la labor jurídica realizada y de conformidad con los arts. 10, 51, 54 y conc. de la ley Nº 14.967 y art. 20 bis de la Ley Nº 13.928, en la suma de 10 IUS, cantidad a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias), y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a los obligados a su pago con los recaudos allí establecidos.
A tal fin, se transcribe el art. 54 de la ley 14967.-
ARTICULO 54 Ley 14.967: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. …
Estos autos caratulados: "Cabrera Luis y Otros C/ Municipalidad De Moreno S/ Amparo ", expediente Nº 42960 , en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y que,
I. Que en fecha 31/08/2022 se interpone una acción de amparo ambiental en términos de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional (Conf. refiere a Art. 30 de la Ley 25.675) y los principios ambientales, con el objeto de la detención del proceso de daño ambiental que viene sufriendo el Barrio Lomas Verde II, La Reja, Moreno, Pcia de Buenos Aires, contra la municipalidad de Morenos y los estados provincial y nacional.
Denuncian al respecto que están "ante una situación de ilegalidad y anomia estatal manifiesta en todos los aspectos que aborda la demanda de amparo"(sic). Solicitan el cese inmediato de ese proceso dañoso, y requieren que se ordene de modo urgente la suspensión del proyecto de la Planta de Tratamiento de Residuos que se quiere construir en calle Don Bosco y Atahualpa, La Reja, Moreno. Circuncripcion: II, Seccion: B. Chacra 1. Fraccion: 1, Superficie: 9.436,92 M.-
Denuncian poseer "información científica disponible en la que se focaliza inicialmente el reclamo y que se adjunta en el documental-" (textual), que centran en la 1) Contaminación del aire, 2) Contaminación del agua, 3) Degradación de los suelos, y 4) Alteración de los ecosistemas.
Afirman a existencia de responsabilidad por omisión de la Provincia de Buenos Aires, al no haber promulgado una Ley de Tratamiento de Residuos en los Municipios.
Manifiestan que en razón "de la violación palmaria de los derechos a un ambiente sano, y dado el deber de cuidar el medio ambiente , con especial consideración por las Generaciones Futuras, se solicita se disponga respecto de las demandadas: a). Implementar un plan de gestión ambiental e integral del tratamiento de Residuos del Municipio en predios alejados de núcleos habitacionales.- b). Para cumplir con ese plan de Gestión se solicita que, previa audiencia pública, se la exhorte a una gran concertación con participación ciudadana para abordar en adelante de modo integral y participativo todas las problematicas ambientales; Y por último, se le ordene al Estado Nacional la fijación de límites en la implementación de Centros de Acopio y Tratamiento de Residuos en zonas habilitadas.
Continúan su acción, solicitando medidas pre-cautelares que detallan, y que refieren son necesarias para ilustrar al Tribunal la absoluta anomia estatal respecto al cuidado y conservación del Barrio Lomas Verde II, que genera la situación para el dictado de las cautelares.
I. La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.
Así, para la solución al caso, desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional, al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley..." (art. 43 C.N.)
Sin lugar a dudas, la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, contenga esa nota de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe aparecer o presentarse como algo patente, claro, notorio, manifiesto, ostensible; es decir, visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994").
Que en cuanto al carácter excepcional del remedio jurisdiccional intentado, el Máximo Tribunal provincial ha sostenido reiteradamente que "...la admisibilidad del carril del amparo se halla condicionada a la existencia de un acto, hecho u omisión, que en forma actual e inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de derechos o garantías constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" (art. 43 de la Const. Nac.; 20 inc. 2º de la Const. de la Prov.; 1º, ley 7166; doctr. causas B. 59.168, "Riusech", sent. del 16 II 1999; B. 58.002, "Rodríguez", sent. del 6 X 1998; B. 59.728, "Maida", sent. del 3 V 2000; B. 62.257, "Herrera", sent. del 3 X 2001; B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 4 IX 2002 y B. 64.200, "Chacur", sent. del 27 XI 2002, entre otros).
Por su parte, ha remarcado: "...la ilegalidad del acto lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto. No basta, por consiguiente, que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional. Se requiere, además, que el acto carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal; o dicho en otros términos, que haya surgido al margen del debido proceso formal, que constituye el fundamento de validez de toda norma jurídica" (doctrina causa B. 58.002, "Rodríguez", sent. del 6 X 1998, citada en el Ac. 63.788, 21-V-2.003).
Agregó: "...un acto o conducta serán ilegales cuando manifiestamente no concuerden con la regla jurídica que prescribe lo debido, es decir, si el contenido de un precepto inferior no se conforma con las prescripciones de un precepto que le es superior, ya se trate de una ley, de un decreto o de un reglamento ilegal o de un acto administrativo contrario a una ley, reglamento o decreto", "Por tanto, la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal; mientras que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos"; "La arbitrariedad e ilegalidad tienen que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademecum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación"; "Sobre la base de la evidencia o notoriedad que tiene que revestir el acto lesivo, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el andarivel de marras es inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o discutibles" (C.S.J.N., "Fallos", 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622; 311:208, entre otros)" (Ac. 63.788, 21-V-2003).
II. En parte por lo expuesto y lo que infra expondré, y en función de lo normado en el art. 8º de la Ley 13.928, advierto que la cuestión traída a examen no puede pasar el examen de admisibilidad.
Es que la propia ley 13.928 fija el marco de procedencia en relación a lo normado en el art. 20 Const. Provincial -y 43 de la Const. Nacional-, es decir que se fija ab-initio la necesaria existencia de acto u omisión arbitrario o ilegal manifiesto que dé sustento a éste tipo de proceso.
En tal contexto debo propiciar parte de la solución al caso planteado, ya que desde esa construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional al respecto, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional, al poner el marco de actuación centrado en "... todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley..." (art. 43 C.N.) -el resaltado es propio-.
Todo lo expuesto no queda desplazado por la índole de la materia específica que nos ocupa, ya que su caracterización como amparo ambiental, no le otorga herramientas distintas que se enmarquen por fuera de los aspectos procesales fijados por la ley 13.928; aunque es cierto que cuenta con matices propios de una disciplina caracterizada como un derecho nuevo, dinámico, cambiante, que requiere cada vez mas expertos en especialidades no jurídicas.
Recordemos al respecto, que la asignación de competencia a los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo en cuestiones ambientales, tiene sustento en la interpretación de lo expuesto por el Superior Tribunal Provincial al tratar los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (SCBA, causa "Mancuso", B 74491, de este mismo Juzgado).
Allí el Superior Tribunal Provincial expuso: "Este Tribunal ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados ...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada..." (El resaltado es propio).
La Excma. Cámara de Apelaciones de San Martín, al respecto, dijo que "... siguiendo la doctrina de nuestro más alto Tribunal Provincial emanada de la causa SCBA B-74491, caratulada "Mancuso, Antonio Fortunato c/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible s/ amparo - Conflicto de Competencia art. 7º inc. 1º Ley Nº 12.008, sentencia del 9 de diciembre de 2.016, encuentro que la presente causa no puede continuar bajo la tipología de la acción de amparo en los términos de la ley 13.928, sino que corresponde adecuarla al trámite previsto por el art. 37 de la Ley N° 11.723 -proceso sumarísimo..." (CCASM, "Fernandez Urricelqui", Mer-7171/2018, del 30/10/2018, entre otras).-
A lo que adelanto, ya sea bajo la tipología de amparo o la de un juicio sumarísimo, no encuentro violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo -conforme expresara Bidart Campos, en "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169- que conlleven a la vulneración de los principios constitucionales que invoca.
Tan es así, que ni siquiera vislumbro la existencia de un caso judicial. Veamos.
III. El art. 41 de la Constitución Nacional dispone que "Todos los habitantes gozan del derecho a una ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley"
El art. 28 de la Constitución Provincial gira en el mismo sentido, y coloca a la Provincia en cabeza del dominio eminente sobre el ambiente, debiendo el mismo asegurar una gestión ambientalmente adecuada. Obliga a la misma a promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo.
La ley 11.723, que conforme el artículo 28° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, pone en su art. 34 el vadallar necesario a los efectos de activar -mediante un procedimiento administrativo adverso o directamente ante la acción judicial, por caso, del amparo- la puesta en marcha del mecanismo jurisdiccional en su defensa.
Mas que clara es la norma citada al requerir que ..." a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial...".
Es decir, que para que se active la jurisdicción, se necesita la presencia de un daño o una situación de peligro al ambiente que sea real o potencialmente posible, pero no meramente imaginable.
La propia Ley General del Ambiente Nro. 25.675, fija como principio de política ambiental (art. 4°) el Principio precautorio: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente" (El resaltado me pertenece).
Siguiendo con la normativa de esta ley de presupuestos mínimos, se requiere : Articulo 11: "Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución".
Y en su Articulo 12: " Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados".
Es claro advertir que conforme surge de la documental agregada por la propia actora, que no solo está previsto la realización de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, sino que así se lo hacen saber.
Es cierto también que en materia ambiental los principios de prevención y de precaución adquieren una enorme importancia -superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos- en virtud que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible. Pero como ya apunté, en el caso siquiera estamos en condiciones de evaluar el comienzo de la obra, de modo que resulta imposible determinar una posible degradación para la calidad de vida de las personas. Todo queda en un plano meramente conjetural, impropio de de una instancia judicial.
Por ello, y aún siendo mas amplios conceptualmente en casos en que pueda verse comprometido el ambiente y/o los recursos naturales, atento a la complejidad que estos temas pueden conllevar, se necesita un disparador lógico de la instancia judicial, que nunca puede ser inmiscuirse en cuestiones de la gestión normal de los entes estatales.
Y es ahí donde puede vislumbrarse que apunta la acción, ya que sin acreditar el comienzo de obras que puedan generar un peligro al ambiente -y menos un daño al mismo-, intentan en cierta forma - lo que se desprende de las pre-cautelares peticionadas- de tener participación en la gestión de gobierno o políticas públicas de los organismos demandados.
Dicen agregar pruebas técnicas que apontocan su petición, mas nada de ello se advierte de la documental que acompañan con la demanda.
Contrariamente a ello, a través de la contestación dada en el expediente administrativo -n° 4078-224142-S-2021-, firmada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como del informe del Secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional, que adjuntan, fácil es de advertir que se han tomado desde los distintos organismos Nacionales y/o Provinciales y Municipales las precauciones necesarias para que el desarrollo del proyecto cuente con el respaldo de protección inherente a las cuestiones urbanísticas y ambientales.
A esa falta de acreditación del daño o de una situación de peligro potencial, debo sumar que la propia documental que agregan, juega en forma negativa a su planeo de violación de los derechos a un ambiente sano, y menos a uno de los requisitos indispensables para la procedencia de la acción, pues se denota previsibilidad en el accionar estatal, y no acciones u omisiones arbitrarias o ilegales manifiestas por parte del mismo.
IV. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997, en igual sentido SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007".
En definitiva, solo puedo concluir que las deficiencias apuntadas en relación a la demostración de la existencia de un daño, o de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el actuar de los organismos estatales demandados, y el déficit probatorio imputable al actor, son los factores que de por sí solos sellan la suerte adversa de la pretensión articulada.
V. No existiendo razones que permitan al suscripto apartarse del principio fijado por el art. 19 de la ley 13.928, corresponde imponer las costas del proceso al actor vencido (art. 68 CPCC).
Por ello,
I. Rechazar in límine la acción de amparo interpuesta en atención a los fundamentos expuestos (artículos 41 y 43 C.N., artículos 15, 20, 28, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 1, 2, 8 y concordantes de la Ley Nº 13.928, y artículo 163 del CPCC).
II. Costas a la vencida (art. 68 CPCC).
III. Regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. María Alejandra Barbeito, inscripta al T° XI F° 261 CADJM teniendo en cuenta la labor jurídica realizada y de conformidad con los arts. 10, 51, 54 y conc. de la ley Nº 14.967 y art. 20 bis de la Ley Nº 13.928, en la suma de 10 IUS, cantidad a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias), y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a los obligados a su pago con los recaudos allí establecidos.
A tal fin, se transcribe el art. 54 de la ley 14967.-
ARTICULO 54 Ley 14.967: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REGÍSTRESE.
Fin de la sentencia