Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 46872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos expuestos.
2Imponer las costas de la incidencia a la actora vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).-
Estos autos caratulados "COBO IVÁN Y OTROS C/ EXCOR SRL S/ AMPARO", expediente Nº 44872 que tramitan por ante este Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, a mi cargo, que se encuentra en estado de dictar resolución con respecto a la cautelar peticionada, y de los que,
I. Que en fecha 14/04/2024 se presentan ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de este Departamento Judicial, los Sres/as. Iván Cobo, Fabiana Alejandra Palacios, Cristian Javier Roa y Karina Ramirez, todos por derecho propio y en carácter de vecinos de San Antonio de Areco, con el patrocinio letrado de la Dra. María de los Milagros Aguero, a promover acción de amparo ambiental contra EXCOR S.R.L., la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Antonio de Areco.
Manifiestan que son residentes y vecinos del barrio Los Horneros, donde sus viviendas se encuentran próximas y en algunos casos linderas al establecimiento EXCOR, refiriendo que se han visto afectados en forma directa ante el obrar de la empresa que no se ajusta al cumplimiento de la normativa ambiental y pone en riesgo su salud.
Dicen que perciben y han denunciado ante las autoridades correspondientes fuertes olores a plástico quemado, picazón en las mucosas nasales, problemas para respirar, además de ruidos molestos constantemente, alegando que no se encuentra habilitada para la realización de actividades industriales y que agotaron las instancias de diálogo. Que tampoco existió respuesta alguna de las autoridades, respecto a los riesgos de contaminación e inundaciones, toda vez que el predio se encuentra ubicado en una zona inundable.
Advierten los accionantes, que según la habilitación expedida por la autoridad municipal la empresa EXCOR se dedica a la fabricación de tejidos, planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas. Sin embargo, los vecinos discrepan con dicha enunciación, refiriendo que existe una diferenciación central en lo que respecta a la actividad que "desarrollaría" según la habilitación EXCOR S.R.L y la que efectivamente realiza, que es -según enuncian- fabricación de fibras manufacturadas.
En razón de los constantes ruidos, polución del aire, agua y recursos naturales, exponen que la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Provincia de Buenos Aires, omitieron realizar las debidas acciones de resguardo que le corresponden en el ejercicio del poder de policía en materia ambiental.
En este sentido, relatan que el Municipio de San Antonio de Areco y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, se encontraban debidamente alertados por los vecinos sobre estas irregularidades y los problemas que trajo aparejado el funcionamiento de EXCOR S.R.L. y que no instaron ningún tipo de medidas para preservar el ambiente y la salud de los vecinos, configurándose un daño ambiental. Que el decreto municipal Nº 0808 del 14 de junio de 2023, es el que dispuso la habilitación del comercio dedicado a fabricación de tejidos (telas) y venta de bolsas y bolsones. Que en el texto del mismo decreto se ha dispuesto que: ".hasta tanto finalice el trámite de la Licencia de Emisiones Gaseosas (LEGA) y realice la Prefactibilidad del Recurso Hídrico Subterráneo ante la Autoridad del Agua (ADA) corresponde otorgar una habilitación precaria.". Refieren que dentro de las consideraciones que justifican el decreto aludido se ha sostenido: ".que la actividad comercial a desarrollarse se encuentra dentro de un marco de condiciones que no afecta la seguridad pública.", pero que dicha afirmación no tiene sustento ante la carencia de un estudio de emisiones gaseosas y de la realización del estudio hídrico.
Manifiestan los demandantes que resulta difícil concebir la habilitación precaria de un establecimiento con la potencialidad de contaminación como la que se da en autos, y que debería imponerse un seguimiento exhaustivo de las actividades que se realizan, extremo que no ha ocurrido. Que no se convocó a los vecinos, infringiendo la obligatoriedad de Participación Ciudadana que establece la legislación vigente, ni consultas o audiencias públicas, lo que expone una violación de las normativas ambientales y de la obligación legal de incluir la participación ciudadana en el proceso de autorización de la empresa, como tampoco se atendió a los cuestionamientos que han realizado los vecinos ante la contaminación atmosférica por derretimiento de plásticos, uso de solventes, extracción de agua, etc.
Alegan que no han podido tener acceso a la información y tampoco han obtenido debida respuesta a los reclamos realizados, o el contenido de dichas respuestas resultó incompleto o incluso, no habrían obtenido contestación alguna.
Finalmente peticionan como medida cautelar la suspensión de las actividades de la empresa generadoras de contaminación, a fin de evitar un perjuicio mayor en la salud y el ambiente de los vecinos, hasta que esté debidamente garantizado que sus actividades no seguirán causando un menoscabo al ambiente por medio de Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a la real actividad que ejerce la empresa y a los derechos de los vecinos, tales como el acceso a la información pública ambiental y a la participación ciudadana.|
Posteriormente, se ocupa de los requisitos de procedencia de la medida cautelar peticionada.
Al efecto, en relación a la verosimilitud del derecho, alude que surge inequívocamente de la descripción de los derechos conculcados por la normativa impugnada. La arbitrariedad de las medidas adoptadas es clara y manifiesta, desvirtuando cualquier principio de legalidad que pudiera contener.
En relación al peligro en la demora, refiere que los perjuicios ocasionados se convertirían en definitivos e irreparables, la duración del proceso llevarían ilusorios los derechos reclamados y que el daño sería irreparable, de mantenerse esta situación, tanto para los actuales vecinos como para los que en el futuro lo sean, máxime teniendo en consideración el extenso plazo de vigencia de la concesión. Es por ello que, solicitan la suspensión de las actividades hasta tanto se prevean condiciones que controlen y protejan sus derechos.
Seguidamente, arguye que la medida cautelar solicitada, no implica ninguna afectación del interés público, no afecta la prestación de ningún servicio público ni la acción estatal de interés público. En consecuencia, no existe interés público mayor en este caso que la protección de los derechos que por la presente se pretenden proteger.
Por último, ofrece como contracautela caución juratoria y en consecuencia, solicita se haga lugar a la medida interpuesta con expresas imposición de costas.-
II. En fecha 17/04/2024 el Tribunal en lo Criminal Nº1 de este Departamento, declina la competencia a favor del suscripto por las razones que allí explica, a las que me remito en mérito a la brevedad.
III. Allegada que fuera la causa a este Juzgado en fecha 03/05/2024 se ordena el traslado a los demandados de la demanda incoada y de la medida cautelar peticionada, contestando en primer lugar -con fecha 17/05/2024- la Municipalidad de San Antonio de Areco, por medio del letrado apoderado el Dr. Laureano Nestor Damian Sastre, quien expone que la acción de amparo es inadmisible, en los términos de la Ley 13928, artículo 2.
Continua expresando que en el caso de autos, se está solicitando una medida cautelar sin haber agotado las vías administrativas y que el camino correcto no es la vía de amparo, sino una pretensión administrativa de restablecimiento o reconocimiento de derechos o interés tutelado regulado en el art. 12 de la ley 12008. Es decir, no es procedente una acción de amparo cuando hay un remedio ordinario.
IV. Llegado el turno de la Fiscalia de Estado en fecha 20/05/2024, contesta demanda su representada la Dra. Cecilia Berlanda y en fecha 21/05/2024, contesta el informe sobre la cautelar solicitada por los actores, remitiéndose a la documental que acompaña en archivo adjunto en fecha 20/05/2024.
Plantea al respecto que no se encuentra reunido el requisito de verosimilitud del derecho necesario para la procedencia de la acción, pues no se verifica actuación u omisión lesiva alguna por parte de la Provincia respecto de los presupuestos mínimos de protección ambiental y los derechos constitucionales invocados por la parte actora en su demanda.
Por ello, solicita el rechazo de la medida cautelar peticionada.
V. Finalmente, en fecha 19/06/2024, se presentan los Dres. Manuel Caracoche y Facundo Falabella como letrados apoderados de la empresa demandada a contestar demanda y respecto de la medida cautelar peticionada por la parte actora. Manifiestan que no se encuentran abastecidos los requisitos para la concesión de la medida solicitada.
Afirman que EXCOR no genera ningún tipo de contaminación en la zona aledaña ni genera otro tipo de daño cierto, actual o inminente a los vecinos y que la parte actora no ha acompañado ningún medio probatorio que pretenda acreditar sus dichos en cuanto a la existencia de la hipotética contaminación o daño al medio ambiente.
En ese orden de ideas, exponen que la admisión de la medida cautelar solicitada produciría el cese de una actividad laboral, es por ello que requiere de una acreditación rigurosa de la verosimilitud del derecho invocado y dicha circunstancia no se da en absoluto.
Es por ello que solicitan su rechazo.
VI. Que con fecha 02/07/2024, se pasaron los autos a despacho para resolver la cautelar oportunamente peticionada, y
PRIMERO: El régimen cautelar regulado en el C. P. C. A. dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares (Arts. 22º y 25º C. P. C. A.).
En este marco conceptual es que deben merituarse los requisitos exigidos por el Código Contencioso Administrativo en su art. 22: a) la "apariencia de buen derecho"; b) el peligro en la demora, y c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público. A los que se agregan, en materia de medidas cautelares positivas, "la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar tanto a la demanda como a los terceros y al interes público"(Art. 22º inciso inciso 3º C.P.C.A.).
En sentido coincidente, se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa N° 2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. Del 15-02-05, entre otras).
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
SEGUNDO: Cautelarmente los actores requieren "...suspendan las actividades de la empresa generadoras de contaminación a fin de no generar un perjuicio mayor en la salud y el ambiente de los vecinos. Se requiere así la suspensión precautoria de la explotación de EXCOR S.R.L. hasta que esté debidamente garantizado que sus actividades no seguirán causando un menoscabo al ambiente por medio de Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a la real actividad que ejerce la empresa y a los derechos de los vecinos tales como el acceso a la información pública ambiental y a la participación ciudadana...".
Y abordado el examen de la petición cautelar -bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
TERCERO: En efecto, con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por los actores, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alegan adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.
En esa dirección y con las constancias arrimadas a la causa, cabe señalar que conforme surge del acta de inspección acompañada en archivo adjunto por la Físcalia de Estado en fecha 20/05/2024, realizada en el lugar de la empresa por los Agentes de Fiscalización, los Controladores Ambientales: Wilson Ajaya, Lautaro Zapettini y Julio Centurelli, que "Verificándose que se encuentran desarrollando actividades productivas de acuerdo a su rubro las cuales constan de la fabricación de bolsones de rafia de polipropileno tipo big bag [...] acreditaron certificado de Aptitud Ambiental N° 006 expedido por el municipio local en fecha 10/03/2023 [...] no se generan emisiones gaseosas a la atmósfera y no observándose conductos de salidas de gases al exterior. Durante la recorrida por planta y las adyacencias de la misma no se perciben olores ni humos provenientes de la actividad. Cabe señalar que la empresa se encuentra construyendo un muro perimetral el cual tendrá, según manifiestan, unos 2,6 mts de altura, con el fin de evitar la posible propagación de ruidos, observándose que en los alrededores lindantes a la empresa se encuentran emplazadas viviendas residenciales.".
En ese camino, se resalta que dicha acta de inspección fue realizada en fecha 16 de marzo de 2023, a instancias de que uno de los aquí actores -Ivan Cobo- denunciara idéntica situación de hecho a la que pone bajo conocimiento en estas instancias judiciales.
Como se puede apreciar, en aquel momento la autoridad provincial no pudo dar cuenta -al menos en esa oportunidad- de los inconvenientes que denunciaba el aquí accionante, a partir de lo que se desprende de lo consignado en la referida acta.
Por lo cual, pondero a su vez al solo efecto de esta cautelar, que precisamente los extremos fácticos nocivos que ahora se denuncian, no difieren -en lo sustancial- de aquellos denunciados hace mas de un año a tras en sede administrativa.
Es que mediante la documental allegada -valorada en esta instancia inicial del proceso- da cuenta de que el ejercicio del poder de policía reclamado en la demanda inicial, en principio, se viene cumpliendo. Pues, las constancias documentales de autos revelan -en principio- un control activo de las autoridades involucradas y no se registra incumplimiento alguno que permita la suspensión del funcionamiento de la empresa, lo que llevaría al cese de la actividad laboral.
De allí, que no se alcanza vislumbrar -en el actual estadio procesal de la causa- una omisión en la materia, de grado tal, que abastezca el recaudo de verosimilitud en el derecho.
CUARTO: Por lo demás, tampoco se encuentra acreditada, al menos en esta instancia del proceso, que la actividad desarrollada en el predio en cuestión, se encuentre reñida con las normas municipales que reglamentan la habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales (art. 27 inc. 1 "LOM").
En definitiva, el examen de la situación de hecho y de derecho propuesto por el aquí actor, requiere de mayor debate y prueba, para determinar la existencia del requerido "fumus bonis iuris" invocado, el cual para este acto procesal, resulta insuficiente.
QUINTO: Adentrándome al análisis de los requisitos que el juzgador debe merituar para la viabilidad de la cautelar peticionada no encuentro que el accionante haya arrimado elementos probatorios y argumentativos para tener por configuradas la verosimilitud del derecho como tampoco el peligro en la demora, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02-05); y en consecuencia, no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
POR ELLO, en merito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.723; arts. 22, 23 y concordantes de la ley 12.008 y modificatorias;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en atención a los fundamentos expuestos.
2. Imponer las costas de la incidencia a la actora vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).-
NOTIFÍQUESE . REGÍSTRESE.-
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Fin de la sentencia