Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74797
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.797 "Ledesma, Mónica Andrea c/Municip. de Azul y Dcción. Prov. Políticas Seg. Vial s/Amparo y Med. Cautelar".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -en lo que aquí interesa- rechazó los recursos de apelación deducidos a fs. 157/169 y 170/176, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado (v. fs. 128/142) que había hecho lugar a la acción de amparo promovida (v. fs. 191/212).
Contra dicho pronunciamiento Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 219/230), que fue concedido por la Cámara a fs. 231.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 236) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -en lo que aquí interesa- rechazó los recursos de apelación deducidos por las codemandadas, en consecuencia confirmó el pronunciamiento apelado que había hecho lugar a la acción de amparo promovida y declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II, título I del decreto 532/09, condenando a las accionadas a que inicien el trámite de otorgamiento de la licencia de conducir de la actora sin exigirle la cancelación y/o regularización de la deuda por infracciones de tránsito que registra la señora Ledesma.
Para así resolver, el Tribunal de Alzada desestimó el planteo recursivo vinculado a la falta de idoneidad del proceso de amparo promovido. Destacó que es carga procesal del actor precisar en su escrito postulatorio y luego probar, la inexistencia de otras vías judiciales para atender y remediar el derecho constitucional que se dice conculcado.
Sostuvo que en este caso el examen de admisibilidad de la pretensión demandaba una extrema prudencia y consideró la dificultad de hallar vías judiciales alternativas que, sin matices, desplazaran el amparo impetrado.
En virtud de ello descartó la posibilidad de recurrir a las pretensiones del art. 12 del Código Contencioso Administrativo, al no existir un acto contra el cual pueda plantearse una pretensión anulatoria -inc. 1-; tampoco un reconocimiento o restablecimiento de derechos o intereses tutelados, en tanto las demandadas sólo alegaron cuestiones formales para la expedición de la licencia de conducir, y no se cuestionó la idoneidad del actor para conducir vehículos; menos aún cabría una pretensión declarativa de certeza -inc. 4-, pues al accionante no le generaba incertidumbre la existencia de su derecho.
Expresó que no procedía una cesación de vía de hecho -inc. 5- dado que el amparista está en presencia de un no hacer de la administración, al no otorgarle turno para iniciar el trámite de emisión de la licencia y el amparo por mora sería de imposible andamiaje por cuanto ningún trámite ha podido iniciar el accionante.
Manifestó finalmente que es improcedente la acción originaria de inconstitucionalidad prevista en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, al no cuestionarse en forma directa y abstracta lo reglado en una norma, sino que el actor se encontraba ante la negativa de una de las codemandadas -Dirección de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Azul- que no dio curso a su petición. Agregó que la cuestión constitucional respecto del art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 se exteriorizaba a partir del momento en que se le cercena al accionante el inicio del procedimiento administrativo.
Confirmó la admisibilidad del amparo promovido en atención a la ausencia de idoneidad de las vías procesales ordinarias, a la entidad del menoscabo de los derechos alegados por el actor y al debate en torno a la constitucionalidad de las exigencias de cancelación de multas por infracciones de tránsito para dar trámite a la solicitud de emisión de la licencia de conducir.
Agregó que el tema litigioso tuvo adecuada oportunidad de discusión, las partes pudieron esgrimir sus argumentos y defensas y se han respetado los principios de bilateralidad y contradicción y el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, lo que importara el agotamiento de la materia debatida.
Concluyó en este aspecto que el reparo de los recurrentes se presentaba como una mera objeción formal.
Respecto a la cuestión de fondo debatida en la causa, sobre la materia relativa a la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, destacó lo resuelto por el Tribunal de Alzada en la causa "Del Campo", por no mediar divergencias entre los hechos del presente caso y los que fueron verificados en aquellos precedentes.
Expresó que el requisito de contenido patrimonial impuesto por la norma reglamentaria -cancelación de las multas por infracciones previo a la renovación de la licencia de conducir-, no guardaba adecuada relación con el valor seguridad vial que enarbola, en la medida que es evidente y desproporcionado entre el medio empleado -exigibilidad del pago- con relación al fin perseguido por el legislador -preservar la seguridad vial-, y que pasa por alto los mecanismos legales establecidos expresamente en la ley provincial 13.927 para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito mediante la promoción de las acciones judiciales enderezadas a tal finalidad que, respetando la garantía del debido proceso, le permiten en forma rápida y expedita procurar el cobro de tales acreencias por vía del proceso de apremio (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
Sostuvo que el precepto en cuestión persigue recaudar anticipadamente en sede administrativa las sumas fijadas en concepto de multas, por cuanto el infractor volverá a encontrarse habilitado plenamente para conducir oblando las penalidades impuestas, resultado que se obtiene por el camino más razonable, esto es renovar la licencia al conductor apto, aunque presente deudas por infracciones de tránsito y ejecutarlo por la vía del proceso de apremio.
Manifestó que está muy lejos de alcanzarse los estándares de seguridad vial que se alegan como perseguidos por la norma declarada irrazonable y no se logra advertir con claridad cómo las medidas adoptadas poseen aptitud para evitar accidentes de tránsito y/o mitigar los riesgos sobre la integridad de las personas.
Ponderó que con el recaudo previsto en el art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 podría llegar a exigirse la cancelación administrativa de multas prescriptas a tenor de lo dispuesto en los arts. 88 y 89 de la ley nacional 24.449 –texto ordenado, ley 26.363-, circunstancia que de manera difícil se presentaría en el ámbito del apremio, proceso en el cual el infractor podría alegar dicha excepción conforme el art. 6 inc. "d" del decreto ley 9.122/78.
Concluyó que a la luz del art. 28 de la Constitución nacional, los medios establecidos en el precepto impugnado no se adecuan a los fines perseguidos por el legislador, resultando manifiestamente irracional.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la apoderada de Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 y violación de los arts. 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional. También alega absurdo.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial.
Destaca que el a quo desconoce que el art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos (informativo, educativo, e.o.).
Alega que el precepto legal adoptó lo establecido en la citada normativa nacional, que recepta el Convenio federal sobre Acciones en materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias, que acuerdan jerarquía nacional a la expedición de las licencias de conducir. Señala que es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación.
Expresa que el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial y que la razón de ser del art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 es el cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional, que transformó la seguridad vial en una cuestión prioritaria de alcance para todo el país, por lo que no puede afirmarse que resulte irrazonable en los términos del art. 28 de la Constitución nacional.
Manifiesta que el art. 1 de la ley provincial 13.927 adhiere a la ley nacional 26.363 que a su vez recepta los contenidos de la ley 26.353 en cuanto a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el sistema implementado constituyen un mecanismo más desplegado por el Estado y el cual tiene un fin disuasivo.
Esboza que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada última ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos.
Destaca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que debe existir un caso concreto o causa. Aduce que el planteo de inconstitucionalidad confirmado por el Tribunal de Alzada no cumple con los extremos básicos para ser tenido por tal, limitándose a manifestar que la normativa traída a análisis viola el texto de la Constitución nacional, por cuanto prohibiría los derechos de transitar libremente y trabajar, analizando de manera sesgada los valores jurídicos protegidos por la legislación.
Asevera que en este caso no existe un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir al amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y leyes nacionales 26.353 y 24.449.
Considera que conforme a lo establecido en los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 43 de la Constitución nacional resultaba carga ineludible del amparista precisar y probar que los restantes carriles procesales no constituyen remedios idóneos y eficaces para la protección de los derechos invocados.
Afirma que, de la lectura del escrito de demanda, la pretensión de la actora consiste en la declaración de inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 y que no argumentó la necesidad de recurrir al amparo como la vía más idónea frente a la situación del actor.
Alega que la Cámara se contradijo con su propia postura expresada en diversas causas respecto a la improcedencia de la acción entablada y a la doctrina sentada por esta Corte en las causas B. 65.096, "Sagrario", sentencia de 23-II-2005 y B. 66.035, "Soria", sentencia de 19-VII-2006.
Sostiene que la sentencia impugnada desmerece la motivación del legislador para sustraer el conocimiento de la cuestión de su ámbito natural de debate, esto es la justicia contenciosa administrativa -arts. 166 de la Constitución provincial; 1, 2, 12 y concordantes del Código Contencioso Administrativo- que prevé una generosa gama de resortes procesales para enjuiciar el obrar administrativo, donde se imputa a las demandadas una actuación contraria a la ley 13.927, a fin de que se le reconozcan los derechos invocados.
Concluye que el a quo incurre en absurdo al efectuar un esfuerzo para demostrar la pertinencia del amparo como único instrumento eficaz que torne viable la pretensión entablada.
Finalmente, puntualiza que la Cámara omitió evaluar que el actor posee siete multas por exceso de velocidad, de las cuales una poseía sentencia condenatoria firme y desconoce el valor jurídico protegido que es la seguridad vial.
Entiende que las disposiciones impugnadas no violan ningún derecho resguardado por la Constitución nacional, sino que pretenden concientizar a los habitantes de la necesidad de conducir un vehículo de manera responsable y disuadir a los infractores en su actitud.
Destaca que imponer una sanción patrimonial -a contrario de lo sostenido por el Tribunal de Alzada- resulta ser una alternativa eficaz para tratar de modificar el actuar del infractor.
Por último, destaca que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce el art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 tampoco podría serlo pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer término, y en cuanto el agravio de la Fiscalía de Estado referido a la improcedencia de la vía del amparo, la recurrente alega que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal, que la cuestión planteada debió canalizarse bajo las pretensiones que prevé el Código Contencioso Administrativo -arts. 1, 2 y 12- y que el actor debió demostrar que el amparo era el proceso más idóneo.
Sin embargo, sus argumentos carecen de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación a la procedencia de la acción promovida.
En efecto, la sentencia recurrida descarta los cuestionamientos introducidos en la apelación -similares en lo sustancial a los vertidos en el remedio aquí examinado- a través de un análisis pormenorizado de la improcedencia de cada una de las alternativas contempladas en el Código Contencioso Administrativo -anulatoria, reconocimiento de derechos, declarativa de certeza, amparo por mora y cesación de vía de hecho administrativa- y de la acción originaria de inconstitucionalidad. Ante ello sostuvo la dificultad de transitar las citadas vías procesales ordinarias. En atención a los derechos en juego alegados por el actor -en este caso el derecho de trabajar y transitar- y al debate acerca de la constitucionalidad de la exigencia de cancelación de multas para dar trámite a la emisión de licencia de conducir, concluyó en la admisibilidad del amparo impetrado.
En adición, agregó que el tema litigioso tuvo adecuada oportunidad de discusión, que las partes pudieron esgrimir sus argumentos y defensas y que se han respetado los principios de bilateralidad y contradicción y el ejercicio del derecho de defensa en juicio, lo que importó el agotamiento de la cuestión debatida. Frente a ello consideró que el reparo del recurrente se presenta como una mera objeción formal.
Ninguna de estas estructuras argumentales ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Esta Corte ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (conf. causas Ac. 39.671, "Estevez", sent. de 7-VI-1988; Ac. 55.498, "De Cunto", sent. de 26-IX-1995; Ac. 73.602, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-XI-2000; A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; e.o.).
Así el recurrente sólo se limita a esbozar genéricamente que el accionante debió demostrar la idoneidad del amparo. A su vez alega que la Cámara sustrae el conocimiento de la cuestión de la justicia contenciosa administrativa.
Sin embargo, omite el impugnante indicar de qué manera se produjeron las transgresiones que predica, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado (conf. causas Ac. 83.252, "Aguirre", sent. de 3-XII-2003 y A. 70.596 "Gónzalez", sent. de 24-IX-2014).
Es requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido, recaudo que el recurrente no ha logrado satisfacer.
En cuanto a la mención de la doctrina legal de esta Suprema Corte que se alega conculcada, cabe señalar que resulta inapropiada la cita de aquella cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas Ac. 76.777, "Cooperativa Agrícola Ltda. La Victoria", sent. de 28-III-2001; Ac. 76.888, "Cabrejas de Aló", sent. de 19-II-2002; Ac. 84.617, "Carpignano", sent. de 5-V-2004; A. 68.808, "Maidana"; A. 68.817, "Bersani Ledesma", sents. de 20-VI-2007; e.o.).
En suma, el impugnante no desarrolla la correspondencia existente entre los antecedentes que invoca y el presente caso. Por el contrario, los fallos citados por él constituyen mayormente referencias de apoyo en punto a criterios generales de esta Corte sobre la materia debatida.
De modo tal que el planteo luce insuficiente, pues es evidente que el recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
III.2. Desde la perspectiva de la cuestión de fondo planteada, el detenido análisis del contenido de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello resulta en punto a dos cuestiones centrales que atañen a esa técnica, si se confrontan el recurso deducido con las normas que establecen los recaudos que éstos deben cumplir (art. 279 y concs., CPCC) en orden a una fundamentación precisa y clara de los agravios expuestos, como así también la de su posterior explicación.
La lectura del escrito de interposición del remedio extraordinario permite advertir, en este caso, que los argumentos que lo sustentan no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, en su segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello este Tribunal dijo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial- y la existencia de medios judiciales idóneos a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.
Por el contrario, el recurrente para justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión alude a que la ley nacional 26.353 -a la cual adhiere nuestra ley provincial 13.927- recepta el Convenio Federal sobre Acciones en materia de tránsito y seguridad vial, el cual transformó a esta última como una cuestión prioritaria de alcance nacional y que el sistema de cancelaci
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