Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para decidir acerca del incidente formado a raíz de la excusación del juez que previno -que fuera rechazada indirectamente por quien fuera designada en su reemplazo- la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, ante quien se radicará electrónicamente el expediente, a sus efectos (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 16 y sigs., ley 13.928; 11 y sigs. CPCC y 38, ley 5.827).
Hacer saber lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata y a los juzgados de paz letrados de Bolívar y de General Alvear, mediante oficio electrónico.
B.78.489 “PALOMINO MARIA EMILIA C/ MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR S/ AMPARO POR MORA -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. La señora María Emilia Palomino, por derecho propio, interpone acción de amparo contra la Municipalidad de Bolívar, a los fines de que se le ordene brindar información pública acerca de las operaciones comerciales realizadas por esta última con una serie de proveedores -los que enumera detalladamente-. Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar -que denomina “autosatisfactiva”- mediante la cual se conmine a la demandada a dar cumplimiento a lo solicitado de manera inmediata.
En lo concerniente a los hechos, relata que en su carácter de concejal municipal solicitó a través de una nota que se le informara acerca de los registros, órdenes y recibos de pago efectuados por la comuna en relación a los señores Ricardo Elías Montiel y Lucas Elías Montiel -identificados en la demanda como proveedores número 1.805 y 3.053, respectivamente-.
Señala que en el marco de dicha solicitud también pidió a las autoridades comunales que le facilitaran una copia del convenio celebrado con la firma del hotel San Carlos -referida como proveedor número 3.165-, relativo al alojamiento de personas aisladas por razones sanitarias durante la pandemia de Covid-19, junto con un listado en el que se diera cuenta de todos aquellos que hubieran sido alojadas en dicho establecimiento en el año 2021.
Indica que transcurrido un mes sin que obtuviera una respuesta, instó al municipio a que presentara los informes arriba detallados. No obstante ello, la demandada persistió en su conducta omisiva.
Sostiene, por último, que su reclamo se funda en los artículos 12 y 13 de la ordenanza 2.078/10 vigente en el ámbito local, mediante los cuales se garantiza el libre acceso a la información pública. En este orden de ideas, aduce que el silencio de la administración comunal configura una lesión a derechos y garantías fundamentales consagrados por la propia Constitución nacional, en sus artículos 14, 17, 18, 20 y 28.
II. La demanda se interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul, cuyo magistrado a cargo se declaró incompetente al considerar que, al tratarse de una pretensión canalizada a través de una acción de amparo, la causa debía ser sorteada de acuerdo a los criterios sentados en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 dictadas por esta Suprema Corte. En virtud de esto, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para su posterior sorteo (v. resol. de 30-VIII-2022).
Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Paz Letrado de Bolívar. Sin embargo, su titular se excusó de intervenir en el asunto aduciendo razones graves de decoro y delicadeza (art. 30, CPCC). En este orden de ideas, sostuvo que la asiduidad con que frecuentaba al Intendente Municipal de Bolívar podía poner en riesgo la plena vigencia del principio de imparcialidad, defensa en juicio y acceso a la jurisdicción de las partes involucradas. De este modo, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 5.827, envió los actuados al Juzgado de Paz Letrado de General Alvear para que prosiguiera con su tramitación (v. proveído de 2-IX-2022).
A su turno, la jueza a cargo de dicho órgano -sin pronunciarse respecto de las causales de excusación expuestas por la titular del remitente- rehusó la competencia que le fuera endilgada, arguyendo que en la adjudicación primigenia de la causa a la justicia de paz no se habían observado las reglas contempladas en los artículos 1 y 61 del Código Procesal Civil y Comercial y de la ley 5.827, respectivamente, ni tampoco lo normado en los artículos 2 de la Acordada 3.709/14 y 1 de la resolución 1.358/06, ambas dictadas por esta Suprema Corte. Atento a ello, ordenó la radicación de la causa en el Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, a los fines de que reconsidere su decisión y, eventualmente, la remita a la Receptoría General de Expedientes departamental para ser sorteada nuevamente (v. resol. 8-IX-2022).
De este modo, el expediente fue radicado nuevamente ante el órgano preactuante. No obstante ello, su titular, en la inteligencia de que la declinatoria del juez de paz de General Alvear implicaba -presumiblemente- un rechazo de la excusación por él antes formulada, decidió elevar los autos a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul a los fines de zanjar la cuestión suscitada entre los dos órganos (v. proveído de 9-IX-2022).
Arribadas entonces las actuaciones a la mencionada Cámara, sus integrantes se rehusaron a intervenir arguyendo que "... dado que la presente acción se dirige contra el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Bolívar, por incumplimiento de la ordenanza municipal 2.078/10, esta Alzada resulta incompetente para resolver la contienda negativa de competencia". Al así resolver, dispusieron radicar los actuados ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata (v. resol. de 13-IX-2022).
Por su parte, dicho tribunal colegiado rechazó la remisión de los obrados sosteniendo que, por un lado, si se aplicaran las normas previstas en la resolución 1.910/10 de esta Suprema Corte, correspondería que la cuestión fuese resuelta por la Alzada del fuero que fuese sorteado en primer lugar -en este caso, por ser juzgados de paz letrados, el civil y comercial-; por el otro, si se acudiera a las reglas generales contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial, la Cámara del fuero especializado en derecho público tampoco sería competente por no ostentar el carácter de "tribunal superior común" de los dos órganos jurisdiccionales entre los cuales se generara primigeniamente la contienda en cuestión.
En este orden de ideas, se resolvió la elevación de las actuaciones a este Tribunal para que ejerza la atribución que le confía el artículo 161 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. resol. de 1-XI-2022).
III. De lo expuesto surge claramente que en autos no se ha suscitado una cuestión de competencia en razón de la materia, sino que lo que debe resolverse es si la excusación formulada por el juez al que, de acuerdo a las reglas de asignación de las acciones de amparo, le tocó intervenir en este asunto, debe o no ser aceptada, ante el rechazo decidido por quien fuera designado en su reemplazo.
En tal sentido, cabe señalar que si bien es cierto, como señala la cámara marplatense, que se trata de una cuestión que no ha sido expresamente regulada en las resoluciones que disponen el sistema de asignación de las acciones de amparo (resols. N°1.358/06 y 1.794/06), también lo es que la resolución 1.901/10 no constituye una reglamentación de esta cuestión, sino la decisión adoptada en un caso determinado que guarda cierta analogía con el aquí suscitado, en el que la excusación de un juez de paz fue indirectamente rechazada por otro, situación que no está expresamente contemplada en el código de rito -que es aplicable al caso- y que puede presentarse en el ámbito de esta garantía, en la que cualquier juez es competente.
De acuerdo a lo resuelto en casos que llegaron a conocimiento del Tribunal con posterioridad al dictado de la citada resolución 1.901/10, la intervención que el artículo 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.142- le confiere a las cámaras del fuero contencioso administrativo se ciñe a la actividad recursiva allí regulada, mas no a incidentes como el tramitado en el sub examine , los que deben ser resueltos por la alzada correspondiente al fuero al que pertenece el magistrado cuya excusación debe ser resuelta (conf. arts. 16 y sigs., ley cit.; 11 y sigs., CPCC; 38, ley 5827; doctr. causas B. 73.404, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; B. 75.350, "D. V., L. D.", resol. de 1-VIII-2018; B. 75.607, "Blanco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.479, "D., B.", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Habida cuenta de ello, quien aquí debe resolver acerca de la excusación formulada por el juez de paz letrado de Bolívar es la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, por ser el tribunal superior del fuero al que pertenece el magistrado que se excusó.
Lo expuesto se aplica aun cuando uno de los órganos cuya actuación en definitiva habrá de revisarse pertenezca a un fuero diverso, pues no puede soslayarse que su intervención en autos fue producto de las singularidades del sistema de asignación de las acciones de amparo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para decidir acerca del incidente formado a raíz de la excusación del juez que previno -que fuera rechazada indirectamente por quien fuera designada en su reemplazo- la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, ante quien se radicará electrónicamente el expediente, a sus efectos (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 16 y sigs., ley 13.928; 11 y sigs. CPCC y 38, ley 5.827).
Hacer saber lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata y a los juzgados de paz letrados de Bolívar y de General Alvear, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:19 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:45 hs. bajo el número RR-723-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia