Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 35775
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Municipalidad de General Las Heras, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva sobre la petición del interesado.-
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. JUAN CLAUDIO SCREPANTE, tomo I, folio 87, Matrícula del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Estos autos caratulados "CARBAJAL ANA MARIA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº35775, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que;
I. Que a fs.14/20 se presenta la Sra. Ana Maria Carbajal con el patrocinio letrado del Dr. Juan Claudio Screpante, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art.76 del Código Contencioso Administrativo contra la Municipalidad de General Las Heras, solicitando se de respuesta al pedido de restitución del inmueble.-
Manifiesta que en noviembre de 2016; al concurrir al inmueble de su propiedad, lo encuentra cercado y con un cartel que lo identifica como SPAR -Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural-. Dice que concurre al Municipio y le comunican que habían realizado un convenio, que data de 2013 con dicho Organismo Provincial, para construir allí una Planta potabilizadora de agua y que desde el día 18 de septiembre del 2013, la Empresa de Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, tiene la posesión del lugar, de manera exclusiva y excluyente.-
Refiere que con fecha 30 de noviembre de 2016, presento notas al Intendente Municipal y al Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Las Heras, explicando lo sucedido y solicitando que se le de atención al caso, para poder llegar a una factible solución -ver fs.4/5.-
Manifiesta que la administración guardo silencio, y que en marzo de 2017 le comunicaron que el Honorable Concejo Deliberante de General Las Heras iba a tratar la nota; en ese contexto solicita autorización para presenciar la sesión del Honorable Cuerpo -fs.7-, no obteniendo respuesta.-
En atención a ello y luego de esperar un plazo prudencial, el día 15 de mayo de 2017, remitió una nueva nota al Departamento Ejecutivo -fs.6-, de la cual tampoco tuvo respuesta alguna.-
Continúa diciendo que recibe comunicación del Municipio y le informan que la única partida afectada era el lote de la esquina y que las demás se habían dejado a libre disponibilidad. Por ello, remite carta documento N°843310103 -fs.8/9-; rectificando las parcela -parcela 18,lote 24- . Pero a pesar de ello, no obtuvo respuesta.
Con fecha 3 de enero de 2018, remite nueva carta documento NºCD876601775, intimando al demandado para que aclare la situación, desocupando, comprando o alquilando la parcela, en el plazo de 72 horas hábiles bajo apercibimiento de accionar judicialmente. Alega que también a este pedido, la administración guarda silencio.
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal, ofrece prueba y peticiona.-
II. Con fecha 05/08/2019 se requiere a la autoridad administrativa accionada el informe sobre la causa de la demora -art. 76 inc. 2º C.P.C.A.-
III. Que con fecha 02/10/2019 se presenta la Dra. Carolina Natalia Arricau, apoderada de la Municipalidad, contestando el informe requerido en la providencia inicial. En esa tarea, solicita el rechazo de la demanda por no existir mora y manifiesta que se encuentra en posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida del lote de terreno con nomenclatura catastral: Circunscripción III Sección P Manzana 60 parcela 18, lote que la actora ha intentado -y pretende erróneamente- se le restituya mediante las presentaciones de las notas.
Refiere que en dicho lote, el Municipio ha gestionado desde hace mucho tiempo (año 2009), ante el Servicio Provincial de Agua y Saneamiento Rural (SPAR) una importante obra que ha permitido abastecer de agua potable a la localidad de Villars, instalándose allí el Tanque de agua de la ciudad y las oficinas de atención, inauguradas en el año 2013. Hecho de público conocimiento que no ha despertado queja alguna, por el cual el Municipio ha hecho uso del terreno y se encuentra en posesión del mismo desde mucho tiempo antes.-
IV. Con fecha 21/10/2019, se agrega en archivo PDF la cédula librada en autos, diligenciada en fecha 25/09/2019.-
V. Atento lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., en fecha 24/10/2019 pasan los autos a despacho para dictar sentencia.-
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
2. En este encuadre jurídico y doctrinario de la cuestión, y en atención a la contestación acompañada por la demandada, es que no cabe otra posibilidad que la de admitir la pretensión inicial, atento que en sede administrativa, no se ha respondido formalmente el pedido de la aquí actora. Para asi concluir, recuerdo liminarmente lo afirmado por Botassi al decir que "....el concepto de acto administrativo se vincula con la función administrativa en general al configurar una manera de expresión de la voluntad del Estado..."(Carlos A. Botassi, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Cap. XIV, pag.369). Agregando a ello que "...La preparación de la voluntad de la Administración a efectos de dictar un acto administrativo no se realiza de cualquier manera sino en base a un procedimiento previo legalmente impuesto en el cual se contempla la forma de peticionar del particular (LPABA arts.29 y sigts.), la manera de acreditar los hechos (arts.54 y 55), el asesoramiento y control previo (art.57) y la forma concreta que deberá adoptar la decisión en función del órgano que la emita (arts.106 y 107). En rigor, el procedimiento previo se vincula tanto con el mecanismo de elaboración del acto (voluntad) como con la manera de exteriorizarse (forma)..." (Carlos A. Botassi, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Cap. XIV, pag.388).-
Y en efecto, del propio responde de la comuna, surge inequivocamente que hasta el momento, la actora no ha obtenido una decisión por parte de la comuna respecto a su reclamo.
Al responder al informe oportunamente requerido, la apoderada municipal da cuenta que el municipio ha hecho uso del terreno y que se encuentra en posesión del mismo desde mucho tiempo. Y puntualiza que "las notas presentadas por la actora, han sido contestadas de manera verbal por distintos funcionarios de gobierno", manifiestando asimismo que "Si bien dichas explicaciones no han sido plasmadas en el marco de un expediente administrativo, ni emitidas formalmente mediante resoluciones o actos administrativos propiamente dichos ... las respuestas existieron y fueron dadas a la interesada, de manera verbal" (el subrayado no original).-
Aclara finalmente que "quien reclama no es el titular de dominio; y si bien se le puede reconocer un interés legítimo en su pedido, el mismo no es suficiente para determinar fehacientemente y diligentemente el dictado de un acto administrativo como el que pretende la actora" .-
Es claro entonces, que no se ha emitido acto administrativo alguno por parte de la autoridad publica con competencia para ello (Arts.1, 107 y cctes. D.Ley 6760/58; Arts.3, 100, 103, 106 y cctes. Ord. Gral.267/80). Como enseña Agustín "La voluntad administrativa, en tanto no se transmite al mundo externo en forma apta para el conocimiento por los interesados, no existe en estricto sentido juridico; dicho de otra manera, la voluntad no se ha manifestado aún, aunque puede existir en ciernes o en preparación ... Puesto que la forma tiene por objeto constatar o manifestar al mundo la existencia de la voluntad estatal, su total ausencia va tambien acompañada de la total ausencia de la voluntad, porque su existencia no ha sido documentada y por lo tanto se tiene por no producida" (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pag.X-42, ap. 12).-
Por lo demas, la excusa de que la actora nunca ha acreditado ni sus dichos, ni su derecho, ni su legitimación activa con la documentación respaldatoria pertinente, no soslaya la obligación de formalizar la respuesta conforme lo exige de la norma administrativa vigente (arts.34, 40,48, 52, 57 y 103 de la Ord. General 267/80), pues no se trata aquí de conocer respecto al fondo del asunto sujeto a decisión de la administración comunal, sino antes bien, la razón que le asiste a la peticionante a que aquella se expida en forma expresa, en el sentido que sea.
En esa dirección recuerda Agustín que "...El administrado puede tener un derecho subjetivo o un interes legitimo respecto a lo que peticiona a la administración, pero tiene un derecho subjetivo a que ésta dictamine, informe, resuelva cuestiones de mero trámite o resuelva el fondo del asunto en los plazos fijados por la ley. Ello forma parte del derecho constitucional de peticionar autoridades..."(Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 4 Procedimiento administrativo, pag. XIII-15).-
En definitiva, huérfana se exhiben las actuaciones de constancia documental alguna que abastezca, en grado minino, los derechos precedentemente indicados.-
3. En su consecuencia, y no verificándose respuesta formal de la autoridad competente, al planteo efectuado por la aquí amparista, la pretensión ha de tener acogida favorable, y ponderando en la especie, el derrotero procedimental administrativo necesario para que se resuelva el planteo interpuesto por la actora, lo que estimo, no ha de insumir un plazo mayor a treinta (30) días hábiles administrativos (cfr. art. 77 inc. "g" Ord. Gral. 267/80).-
4. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida. POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc. 6, 51 y 76 C.P.C.A.;163 C.P.C.C., arts. 48, 50, 54, 71, 77 y cctes Ord. Gral. 267/80 y doctrina citada;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Municipalidad de General Las Heras, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva sobre la petición del interesado.-
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. JUAN CLAUDIO SCREPANTE, tomo I, folio 87, Matrícula del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago con la transcripción del art. 54 de la Ley 14967.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE -por Secretaría- por cédula.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2019-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2019.-
Fin de la sentencia