Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39023 2020
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida, condenando a ARBA a que dentro del plazo de diez (10) días, culmine con los trámites de verificación oportunamente iniciados. Arribadas las actuaciones administrativas a esa instancia, deberán encontrar respuesta definitiva en el plazo de los 30 días siguientes (cfr.art.77 inc.g, Dec. Ley 7647/70); todo ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto 166/20 -y sus prorrogas- en la A.R.B.A.-
II. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437)
III. En orden a lo previsto por el Art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado de la parte actora, DR. LEONARDO MARTIN RISSOTTO, Tº L, Fº 171 CADLP, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº 39023.-
Autos:"PEREZ PAOLA CAROLINA C/ A.R.B.A. S/ AMPARO POR MORA".-
Mercedes, de Octubre de 2020.-FC
Estos autos caratulados "PEREZ PAOLA CAROLINA C/ A.R.B.A. S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39023, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 15/19 se presenta la Sra. Paola Carolina Pérez, con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo Martín Risotto, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra la Agencia de Recaudación Buenos Aires (en adelante, ARBA).-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto que el citado organismo, resuelva la solicitud administrativa de devolución de saldo a su favor en relación al impuesto a los ingresos brutos, correspondiente a los períodos fiscales anuales 2017 y 2018.
La actora refiere que ejerce una actividad destinada a la venta de indumentaria de diversas marcas y que se encuentra inscripta como responsable del impuesto a los ingresos brutos provinciales bajo N° 27-29898598-0.
Manifiesta que a raíz de la venta de dicha mercadería, sufre tres deducciones, a saber: 1) Al momento de realizar la compra de mercaderías, 2) Por las tarjetas de crédito que se utilizan en su local, y 3) Las retenciones bancarias por las acreditaciones de las operaciones realizadas por dichas tarjetas.-
Detalla que al finalizar el ejercicio fiscal y comercial anual, se generan saldos con créditos a su favor y debido a la triplicación de retención se ve obligada a tener que realizar presentaciones administrativas para obtener la devolución de lo retenido y cobrado en exceso. Apunta las prescripciones legales que le son obligatorias al Agente de Recaudación, el que debería -sostiene- actuar de oficio.
Arguye que la modalidad instaurada por A.R.B.A. conlleva a privarla de los importes que le resultan imprescindibles para continuar con el giro normal de la actividad.
Comenta que, no habiendo recibido de oficio la devolución del saldo a su favor correspondiente a los períodos a los que hiciera referencia, realizo formalmente el reclamo ante el Centro de Servicio Local Marcos Paz de A.R.B.A, generándose a partir de dicho reclamo el expediente N° 2360-0193121/19, con fecha 05/02/2019.-
Luego refiere que con fecha 05/11/2019 y ante la falta de respuesta a su petición, interpone pronto despacho,-
Asimismo comenta que no habiendo obtenido ninguna información, efectuó nuevamente un reclamo por el sistema web de ARBA (que adjunta al presente).-
Destaca que ARBA nunca le ha notificado la necesidad de sustanciación de medida alguna o de prórroga de plazo para realizar diligencias.
Finalmente dice que encontrándose holgadamente vencido el plazo legal y sin respuesta a su petición, promueve la presente demanda a los fines de que se ordene al ante que resuelva la peticion.-
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal, ofrece prueba documental -agregada a los presentes actuados- y peticiona.-
II. Con fecha 02/03/2020, se requiere a la autoridad administrativa accionada el informe sobre la causa de la demora -art. 76 inc. 2º C.P.C.A.-
III. Que con fecha 14/08/2020 se presenta el Dr. Oscar Jorge Aguirre, en su carácter de Letrado Relator de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As., acompañando informe producido por el organismo demandado, conforme le fuera requerido en el despacho inicial, y remite en archivo adjunto documentación emanada de A.R.B.A.-
IV. Con fecha 29/08/2020, ingresan los autos a despacho para resolver, y:
I. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -Art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante -Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como lo sostiene Hutchinson "...el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" -ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson-. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular -totalmente vedada en esta instancia- sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
II. Que en materia de derecho de repetición (art. 133 del CF to. res. ME. 39/11), el art. 135 del mismo código establece que: "...la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación de las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que considere oportuno disponer, deberá dictar resolución dentro de los ciento ochenta (180) días de la fecha de interposición de la demanda con todos los recaudos formales que se establecen en este Código. Si la parte interesada para la producción de la prueba a su cargo y fundada en la naturaleza de la misma hubiera solicitado un plazo de más de treinta (30) días, el término para dictar resolución se considerará prorrogado en lo que exediere dicho plazo. En los casos en que la prueba resulte necesariamente de verificaciones, pericias y/o constatación de los pagos cuando hayan sido efectuados por agentes de recaudación, o que el interesado se encontrare en condición de ofrecer prueba diferida, el plazo para dictar la resolución de la demanda de repetición se computará a partir de la fecha en que queden cumplidos todos los recaudos necesarios y efectuada la verificación, pericia y/o constatación de pagos. El cumplimiento de estas diligencias previas a la resolución en ningún caso podrá exceder de ciento ochenta (180) días... .-
En virtud de lo expuesto, corresponde examinar si desde el momento de inicio del trámite administrativo, los plazos con los que cuenta ARBA para resolver, se encuentran vencidos.
III. Visto el informe efectuado por la demandada, cabe concluir que la presentación de la actora ante A.R.B.A -que tiene como fecha de inicio de demanda de repetición, el día 05 de febrero de 2019- no ha recibido respuesta alguna en el curso del trámite, verificándose de este modo, que el plazo de 180 días previsto para las diligencias previas a la resolución de la demanda de repetición, se encuentra vencido.-
Asimismo y a mayor abundamiento, no se desprende del informe allegado en fecha 14/08/2020 una justificación de la demora verificada, como tampoco una prórroga en el plazo para la producción de la prueba, que conduzca a una extensión del término fijado para la conclusión del trámite, motivada en la realización de verificaciones, pericias y/o constatación de pagos, previstos en los procedimientos de repetición (Conf. Art. 135 párrafo segundo, Código Fiscal).
En la especie, afirma la accionada que la contribuyente, inicio su reclamo sin cumplir con los recaudos que exige la legislación fiscal. Sin embargo, ningún detalle brinda respecto de cuales serían, en forma clara y precisa, los extremos formales incumplidos, mucho menos, que tal requerimiento haya sido notificado a la interesada.
Con previa cita del art. 141 del Código citado (t.o 2011) dice la autoridad accionada, que a la fecha de su informe (agosto de 2020: v. presentación electrónica de fecha 14/08/2020) las actuaciones se encuentran en el Departamento de Análisis y Selección de Casos, ello se debe -sostiene- a que el procedimiento de repetición de impuestos implica la realización de una serie de trámites -anteriormente expuestos-, que conllevan un análisis pormenorizado acerca de la procedencia de la vía intentada por el contribuyente y una minuciosa verificación de la situación fiscal del mismo, a los efectos de preservar acabadamente las arcas fiscales. Sin embargo, tal paso procedimental ha ocurrido recién en fecha 19/02/20 sin que en el interín, desde su inicio, se registre avance alguno.
Por lo demás, la administración no explica cuales son las minuciosas operaciones de verificación que demanda el caso bajo análisis, como tampoco ha acreditado que las verificaciones que menciona en etapa de realización, sean aquellas que justifican una prórroga del plazo ordinario (180 días) para la resolución de las actuaciones.
Finamente, la Autoridad Tributaria accionada alega que, atento la presente situación de emergencia sanitaria que el país y, particularmente la Provincia de Buenos Aires atraviesa, se ven restringidas sus prestaciones de servicios y el normal desenvolvimiento de sus tareas inherentes, pero tales afirmaciones, no alcanzan para justificar el exceso incurrido en el trámite, toda vez que, el plazo de ley, se encontraba agotado mucho antes de declararse la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, correspondientes a la aplicación del Código Fiscal -Ley N° 10.397 t.o 2011 y modificatorias- (cfme. dec. 132/20, dec, 166/20).
IV. Ahora bien, cabe reconocer que el estado de cosas precedentemente relevado, no puede conducir soslayar la situación de emergencia sanitaria que afecta a la Provincia -Covid-19- que, además de resultar de público y notorio, ha tenido consecuencias procedimentales en orden a que, en el marco de aquella emergencia, se ha decretado la suspensión de los plazos en el ámbito de la autoridad administrativa tributaria accionada.-
En efecto, se encuentra vigente al momento del dictado de la presente, lo previsto en el Decreto 166/2020 que, consecuentemente establece "...la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, correspondientes a la aplicación del Código Fiscal -Ley N° 10.397 Texto Ordenado 2011 y modificatorias- y la Ley N° 10.707, sus modificatorias y complementarias, sin perjuicio de la validez de aquellos que, por su naturaleza, resulten impostergables a los fines de las tareas de recaudación" (Art. 1° decreto citado) medida que, "... se encontrará vigente durante la suspensión establecida en el artículo 3 del Decreto N° 132/2020 y sus eventuales prórrogas" (Art. 2° decreto 166/2020).-
De allí que la condena a la que habrá de arribarse no ha de desconocer estas circunstancias normativas.
V. Sentado lo expuesto, la pretensión amparista ha de tener acogida favorable y ponderando en la especie, el derrotero procedimental administrativo necesario para culminar el trámite de verificación, que estimo atento la naturaleza de la petición y el tiempo ya transcurrido, no ha de insumir un plazo mayor a diez (10) días. Arribadas las actuaciones administrativas a esta instancia, las actuaciones deberán encontrar respuesta definitiva en el plazo de los 30 días siguientes (cfr. art. 77 Inc. G, Dec. Ley 7647/70), una vez reanudados los plazos procedimentales en el ámbito de la A.R.B.A.-
VI. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el Art. 51 del C.P.C.A. (Texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los Arts. 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc. 6º, 51 y 76 C.P.C.A.; art. 77 inc. e) Dec. Ley 7647/70, 163 C.P.C.C., y demás normas citadas;
I. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida, condenando a ARBA a que dentro del plazo de diez (10) días, culmine con los trámites de verificación oportunamente iniciados. Arribadas las actuaciones administrativas a esa instancia, deberán encontrar respuesta definitiva en el plazo de los 30 días siguientes (cfr.art.77 inc.g, Dec. Ley 7647/70); todo ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto 166/20 -y sus prorrogas- en la A.R.B.A.-
II. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437)
III. En orden a lo previsto por el Art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado de la parte actora, DR. LEONARDO MARTIN RISSOTTO, Tº L, Fº 171 CADLP, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese.-
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967: ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
Asimismo, líbrese oficio a la Autoridad Tributaria demandada cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada.-
REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2020.-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020.-
Fin de la sentencia