Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39169 2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva respecto del otorgamiento del cese y, por consiguiente, el pago de la remuneración prevista por el art. 39 de la Ley 10579; ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto N° 976/2020 o en su defecto, a partir de que el organismo haga uso de las facultades que le otorga el art. 4 del citado decreto.-
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, DRA. SANDRA MARIEL SANCHEZ, Tº VI, Fº 30, C.A.P., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº 39169.-
Autos: MENNA CLAUDIA INÉS C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ AMPARO POR MORA.-
Mercedes, de noviembre de 2020.-FC
Estos autos caratulados " MENNA CLAUDIA INÉS C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39169, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que en fecha 26/08/2020 se presenta la Sra. Claudia Inés Menna con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Mariel Sánchez, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto obtener una orden judicial de pronto despacho tendiente a que, el citado organismo, emita resolución en referencia al Expediente Administrativo N° 5826-295905-2018-000.-
Solicita a su vez: "...se proceda a la corrección de certificación enviada al IPS en donde se me liquida una ruralidad del 30% siendo que corresponde el 90% según Resolución 2547, y comprobantes COULI (recibos de sueldo) del tiempo detallado como mejor cargo en JIRIMM 2 del Paraje Crisol, Partido de Salto".
Asimismo, contando con una antigüedad de 28 años y encontrándose percibiendo una jubilación automática desde el 01/11/2018, requiere el otorgamiento del cese -el que fuera solicitado en fecha 31/10/2018- y por consiguiente, el pago de la retribución especial prevista por el Art. 39 de la Ley N° 10.579.-
Asegura a su vez que, habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial, a la fecha no ha tenido movimiento el expediente administrativo ni respuesta alguna por parte del organismo ocasionándole una afectación económica.-
2. Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal y ofrece prueba documental e informativa.-
3. Con fecha 08/10/2020, se ordena a la autoridad administrativa accionada que informe sobre la causa de la demora -art. 76 inc. 2º C.P.C.A.-
Dicho requerimiento fue presentado ante la autoridad administrativa conforme luce del oficio notificado en fecha 19/10/2020.-
4. Que en fecha 20/10/2020, se presenta el DR. OSCAR JORGE AGUIRRE, en su carácter de Apoderado de la Fiscalía de Estado acompañando informe producido por el organismo demandado, conforme le fuera requerido en el despacho inicial, y remite en archivo adjunto documentación emanada de la Dirección General de Cultura y Educación. Del mismo surge que no se podrá dar cumplimiento en lo inmediato al requerimiento peticionado judicialmente debido a que las actuaciones de referencia se encuentran en formato papel en la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones.
Apontoca a su vez que, atento la emergencia sanitaria de público y notorio, el organismo accionado se encuentra en total acatamiento a las normas de orden Nacional y Provincial, por lo que aduce, no hay personal que esté concurriendo a ninguna dependencia de la Dirección General de Cultura y Educación puesto a que sólo se está realizando trabajo remoto.-
5. Con fecha 05/11/2020 la parte accionante solicita el tratamiento de la documental aportada y el análisis de la Jubilación Ejecutiva.-
6. Con fecha 09/11/2020, ingresan los autos a despacho para resolver, y:
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -Art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante -Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como lo sostiene Hutchinson "...el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" -ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson-. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular -totalmente vedada en esta instancia- sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso de autos, se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
2. En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, corresponde verificar lo que surge de la documentación agregada en autos;
Que sin perjuicio de haberse contestado el informe solicitado respecto a la demora atribuida al ente demandado, cierto es, que de la documentación acompañada por la accionante en fecha 26/08/2020 -no desconocida por la contraparte (art. 37 C.P.C.A)- se desprende que el último movimiento del Expediente Administrativo N° 5826-295905-2018-000 fue el 27/07/2018 y que el mismo se encuentra en la Dirección de Coordinación de Actuaciones Judiciales de la Dirección General de Cultura y Educación.-
En orden a lo precedentemente expuesto, el escueto informe allegado el 20/10/2020 por parte de la autoridad requerida, no da cuenta de que haya activado acto procedimental de impulso alguno en el expediente Nº 5826-295905-2018-000, y menos aún que haya emitido el acto administrativo que resuelva la cuestión, denotando con ello, que los plazos con que cuenta la demandada se encuentran vencidos.-
De dicho informe, la administración únicamente alega que, atento la presente situación de emergencia sanitaria y en total acatamiento a las normas de orden Nacional y Provincial, su personal no se encuentra concurriendo a las dependencias propias del organismo y que sólo se encuentran realizando trabajo remoto. Sumado a ello, sostiene que en el caso de la actora, las actuaciones se encuentran en formato papel implicando una mayor dificultad para continuar su proceso.
Ahora bien, cabe reconocer que el estado de cosas precedentemente relevado, no puede conducir soslayar la situación de emergencia sanitaria que afecta a la Provincia -Covid-19- que, además de resultar de público y notorio, ha tenido consecuencias procedimentales en orden a que, en el marco de aquella emergencia, se ha decretado la suspensión de los plazos en el ámbito de la autoridad administrativa accionada -sin perjuicio del trabajo presencial de mínimas guardias y trabajo remoto en el que se encuentra laborando la Dirección citada-.
En efecto, el Decreto Provincial N° 976/2020 establece: "...prorrogar la vigencia del Decreto N° 203/2020, modificado y prorrogado por Decretos N° 255/2020, N° 282/2020, N° 340/2020, N° 433/2020, N° 498/2020, N° 583/2020, N° 604/2020, N° 689/2020, N° 701/2020, N° 771/2020, N° 774/2020, N° 884/2020 y N° 944/2020, desde el 9 y hasta el 29 de noviembre de 2020.." (art. 3° decreto citado).
Sin perjuicio de la normativa que antecede, resulta menester hacer mención que, no desconociendo las modalidades de trabajo que establece la normativa invocada, que prevé la posibilidad del trabajo en el domicilio por parte de los agentes estatales, lo cierto es, que también se encuentra previsto en esa misma normativa la complementación de dicha tarea con guardias mínimas y rotativas presenciales. Y en mérito que sólo se ha alegado dogmáticamente las dificultades narradas sin que se indique concretamente de que manera se desarrollan las tareas en el ámbito de la DGCYE, lo que impide conocer si, tal modalidad de desarrollo de las funciones, deviene en una imposibilidad insalvable de remitir la documentación solicitada por esa defensa fiscal.
Asimismo, y como se detallará seguidamente, mas allá de las circunstancias enumeradas, cierto es que la dilación denunciada por la accionante, se hallaba configurada mucho antes a la suspensión de los plazos sobre los que funda su informe la accionada; de allí que la condena a la que habrá de arribarse no ha de desconocer estas circunstancias fácticas y normativas.
3. En su consecuencia, no verificándose que el organismo haya emitido el acto administrativo que resuelva la cuestión, como así tampoco que haya justificado de forma acabada la demora imputada, y ponderando el extenso lapso temporal transcurrido desde el inicio del trámite a la actualidad, circunstancias que me llevan a concluir que ha transcurrido un plazo que excede de lo razonable, por lo que la pretensión de la amparista ha de tener acogida favorable (art.74 inc 1 del CPCA).-
Sentado lo expuesto y ponderando en la especie el derrotero procedimental administrativo necesario para que se resuelva el planteo interpuesto por la actora, estimo que la resolución final de la petición de la interesada no ha de insumir un plazo mayor a treinta (30) días hábiles administrativos (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71, 77 inc. g y cctes Dec. Ley 7647/70.); una vez reanudados los plazos procedimentales en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación.-
4. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.; 163 C.P.C.C., arts. 48, 50, 54, 71, 77 y cctes Dec. Ley 7647/70 y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva respecto del otorgamiento del cese y, por consiguiente, el pago de la remuneración prevista por el art. 39 de la Ley 10579; ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto N° 976/2020 o en su defecto, a partir de que el organismo haga uso de las facultades que le otorga el art. 4 del citado decreto.-
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, DRA. SANDRA MARIEL SANCHEZ, Tº VI, Fº 30, C.A.P., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese.-
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
Asimismo, líbrese oficio a la Autoridad Pública demandada -al domicilio electrónico de Norma Trojano -Jefa Dpto. de Mesa de Entradas- en [email protected] cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada.-
REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2020. -
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020. -
Fin de la sentencia