Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39133 2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva sobre la petición del interesado; ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto N° 167/2020 o en su defecto, a partir de que el organismo haga uso de las facultades que le otorga el art. 4 del citado decreto.
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. IVANA MARIA DI SANTTO, T.27-Fº 225 CASI, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº 39133.-
Autos: "TAFURA MARIA CELIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES-IPS S/ AMPARO POR MORA".-
Mercedes, de Octubre de 2020.-FC
Estos autos caratulados "TAFURA MARIA CELIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES-IPS S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39133, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 31 de Julio de 2020 se presenta la Dra. Ivana María Di Santto apoderada de la Sra. María Celia Tafura, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto que el citado organismo, dicte el acto administrativo que por derecho corresponda, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas bajo el N° 021557-204053-0-11-000, labradas a raíz de su reclamo impetrado con fecha 03/10/2011.-
Refiere que la Sra. María Celia Tafura, inicia ante el I.P.S., el pedido formal de reajuste de su jubilación, acreditando al efecto los servicios prestados como Asesora Letrada Municipal informando así su mejor cargo para la percepción del beneficio peticionado.-
Asegura que a la fecha el I.P.S. aún no ha dictado resolución ni ha procedido a calcular el haber correspondiente en virtud de los servicios acreditados.-
Asimismo, achaca que desde el 04/09/2018, el organismo accionado ha recibido su reclamo de pronto despacho y que, a la fecha de interposición de la presente, la demandada se encuentra en mora respecto del dictado del acto administrativo que resuelva el beneficio que en derecho le corresponde, motivo por el cual acude ante los estrados judiciales.
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal, y ofrece prueba documental e informativa.-
II. Con fecha 06/08/2020, se requiere a la autoridad administrativa accionada el informe sobre la causa de la demora -art. 76 inc. 2º C.P.C.A.-
III. Que con fecha 04/09/2020, se presenta el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal, -Apoderado de la Fiscalía de Estado- acompañando informe emitido por el I.P.S, puntualmente la Dirección de Planificación y Control de Gestión en el que informa que las actuaciones de referencia fueron remitidas al departamento de cómputos de la Dirección General de Cultura y Educación, a los fines de que ésta subsane las discrepancias existentes en los servicios declarados y que, una vez reingresadas al organismo se dará urgente y pronto despacho a las mismas.
IV. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos, lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., y atento la presentación allegada el 18/09/2020, en fecha 25/09/2020 pasan los autos a despacho para dictar sentencia y;
I. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
II. En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, corresponde verificar lo que surge de la documentación agregada en autos por la actora, la que no ha sido desconocida por la contraparte (cfme. art. 37 inc. 2 C.P.C.A).
Destaco que, sin perjuicio de haber acompañado el informe solicitado respecto a la demora atribuida al ente demandado, de la documentación no se desprende que el organismo haya activado acto procedimental de impulso alguno en el expediente Nº 021557-204053-0-11-000 y menos aún que haya emitido el acto administrativo que resuelva la cuestión.-
Que en efecto, la secuencia procedimental que se exhibe en la causa revela que, una vez iniciado el trámite jubilatorio que cursara bajo el número de expediente 021557-204053-0-11-000 con fecha 03/10/2011, en forma inmediata posterior y con fecha 12/04/2012, la interesada adjuntó la "certificación complementaria de equivalencia de cargo" a los fines de que se le re-liquiden sus haberes jubilatorios que provisionalmente percibía. Sin embargo, aún mediando la aceptación de la renuncia por parte de la Dirección General de Cultura y Educación (15/05/2017), al día de la fecha el trámite administrativo no registra finiquito.-
A tal conclusión arribo en orden que el escueto informe allegado el 04/09/2020 por parte de la Autoridad requerida, no da cuenta de fecha alguna respecto de los pases entre organismos a los que hace referencia, ni mucho menos informa respecto de justificativo alguno en la demora del trámite, ni antes ni después del pronto despacho presentado por la aquí actora (v. carta documento de fecha 07/09/2018).-
III.-Finalmente, la administración alega que, atento la presente situación de emergencia sanitaria y no obstante la suspensión dispuesta en los procedimientos administrativos (cfme. dec. provincial 132/20, dec, 167/20) la misma se encuentra con guardias mínimas a fin de no recaer en mayores demoras. Sin perjuicio de ello, sostiene que en el caso de la actora, las actuaciones se encuentran en formato papel implicando ello una mayor dificultad para continuar su proceso.
Ahora bien, cabe reconocer que el estado de cosas precedentemente relevado, no puede conducir soslayar la situación de emergencia sanitaria que afecta a la Provincia -Covid-19- que, además de resultar de público y notorio, ha tenido consecuencias procedimentales en orden a que, en el marco de aquella emergencia, se ha decretado la suspensión de los plazos en el ámbito de la autoridad administrativa accionada sin perjuicio del trabajo presencial de mínimas guardias y trabajo remoto en el que se encuentra laborando el Instituto.-
En efecto, se encuentra vigente al momento del dictado de la presente, lo previsto en el Decreto 167/2020 que, consecuentemente establece "...la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, correspondientes a la aplicación del Decreto Ley 7647/70 -Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires- y demás procedimientos administrativos especiales..." (Art. 1° decreto citado) medida que, "... se encontrará vigente durante la suspensión establecida en el artículo 3 del Decreto N° 132/2020 y sus eventuales prórrogas" (Art. 2° decreto 167/2020).-
De allí que la condena a la que habrá de arribarse no ha de desconocer estas circunstancias fácticas y normativas.
IV. En su consecuencia, no verificándose que el organismo haya emitido el acto administrativo que resuelva la cuestión, como así tampoco que haya justificado de forma acabada la demora imputada y ponderando el extenso lapso temporal transcurrido desde el inicio del trámite a la actualidad, dichas circunstancias me llevan a concluir que ha transcurrido un plazo que excede de lo razonable, por lo que la pretensión de la amparista ha de tener acogida favorable (art.74 inc 1 del CPCA).-
Sentado lo expuesto y ponderando en la especie el derrotero procedimental administrativo necesario para que se resuelva el planteo interpuesto por la actora, estimo que la resolución final de la petición de la interesada no ha de insumir un plazo mayor a treinta (30) días hábiles administrativos (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71, 77 inc. g y cctes Dec. Ley 7647/70.), una vez reanudados los plazos procedimentales en el ámbito del Instituto de Previsión Social.-
IV. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts. 15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.;163 C.P.C.C., arts. 48, 50, 54, 71, 77 y cctes Dec. Ley 7647/70 y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos emita resolución definitiva sobre la petición del interesado; ello a partir de la reanudación de los plazos suspendidos por el Decreto N° 167/2020 o en su defecto, a partir de que el organismo haga uso de las facultades que le otorga el art. 4 del citado decreto.
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. IVANA MARIA DI SANTTO, T.27-Fº 225 CASI, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese.-
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
Asimismo, líbrese oficio a la Autoridad Pública demandada ([email protected]) cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada.-
REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2020.-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020.-
Fin de la sentencia