Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39170 2020
Expte. Nº 39170.-
Autos:"COSCIA SANDRA BEATRIZ C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ AMPARO POR MORA".-
Mercedes, de Noviembre de 2020.-FNB
Estos autos caratulados "COSCIA SANDRA BEATRIZ C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39170, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 26/8/2020, se presenta la Sra. Sandra Beatriz Coscia, con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Mariel Sanchez, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.-
Manifiesta que, la pretensión tiene por objeto que el citado organismo, realice la corrección de los haberes correspondientes al mejor cargo, que no están siendo abonados y por otra parte, a partir de ello se emita una resolución en referencia al expediente administrativo N° 05826 291598 3 2018 000, el cual fue promovido a raíz de su reclamo impetrado con fecha 28/02/2019 (solicitud de cese).-
Refiere que, en calidad de empleada de la Dirección General de Cultura y Educación, con fecha 24/10/2017, presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios, mediante la modalidad ejecutiva docente.-
Indica que, asimismo, se encuentra usufructuando de una jubilación automática desde el 1/03/2019 .-
Asegura a su vez que, habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial, a la fecha no ha tenido movimiento el expediente administrativo ni respuesta alguna por parte del organismo ocasionándole una afectación económica.-
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal y ofrece prueba documental e informativa.-
II. Con fecha 16/10/2020, se ordena a la autoridad administrativa accionada que informe sobre la causa de la demora - art. 76 inc. 2º C.P.C.A..-
Dicho requerimiento fue presentado mediante oficio, ante la autoridad administrativa con fecha 22/10/2020, cuya notificación consta en la misma fecha.-
III. Que en el día 30/10/2020, se presenta el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal, en su carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado y acompaña en su presentación el informe producido por la Dirección General de Cultura y Educación, en el cual se pone en conocimiento la imposibilidad de dicho organismo de cumplir con el requerimiento judicial, en cuanto que, dada las restricciones dispuestas en materia sanitaria (no concurrencia del personal a la dependencia) resulta dificultoso darle curso al reclamo judicial.-
Asimismo, en su presentación, apontoca las distintas normativas que fueron dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria producida por el virus COVID-19, la cual establece la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, sin perjuicio de aquellos que resulten impostergables a los fines de resguardar los derechos y garantías de los interesados.
Que en este camino, manifiesta que producto de la medida de aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), los agentes del organismo no están concurriendo a sus lugares de trabajo, y ello llevó, conforme señala el apoderado fiscal, a la suspensión por parte del Poder Legislativo a suspender los plazos de procedimiento.
Alega que por ello, no puede imputarsele mora a su representada.
Refiere que, ante una eventual sentencia condenatoria tampoco podrá cumplirse con lo requerido ya que una orden judicial situaría al organismo ante una disyuntiva, es decir, cumplir con el mandato judicial, violando así la ASPO o cumplir con la ASPO, desatendiendo la orden judicial.-
Por último, manifiesta que el derecho del actor a tener una decisión oportuna no es un derecho absoluto sino que cede frente a una situación de fuerza mayor.-
IV. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., pasan los autos a despacho para dictar sentencia,
VI. Que posteriormente, en fecha 20/11/2020, el Dr. Ricardo Geronimo Uncal, acompaña informe del organismo demandado, constatando allí que, mediante Resolución N° 12020- 6161 -GDEBA-SSAYRHDGCYE de fecha 12 de Noviembre de 2020, se aceptó la renuncia de la actora para acogerse a los beneficios jubilatorios y en archivo adjunto remite copia del acto administrativo respectivo y de la certificación de servicios-.
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
2.) En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, en atención a la resolución acompañada por la demandada, es que no cabe otra posibilidad que la de resolver que la cuestión ha devenido abstracta, por la simple razón de que la autoridad administrativa ha producido la resolución que perseguía el actor por este medio procesal.-
En efecto, tal cual da cuenta la Resolución N° 2020- 6161 --GDEBA-SSAYRHDGCYE de fecha 12 de Noviembre de 2020, se advierte que el pedido de la accionante ha sido resuelto, dando cumplimiento a aquello que era objeto de la presente litis (art.14 inc.1º, ap."a" C.P.C.A.), esto es, la aceptación de la renuncia de la actora, con adjunción de la correspondiente certificación de servicios, necesarios para obtener los beneficios de la jubilación mediante la modalidad automática docente.-
Asimismo, como parte del acto administrativo dictado por la administración se anexa la certificación de servicios, y se establece que la Dirección de Liquidaciones de Haberes y Retribuciones, efectuará la liquidación final a la agente citada, incluyendo la retribución especial, equivalente a seis (6) sueldos básicos mas antigüedad, iguales a su ultima retribución, sin ningún tipo de descuento en caso que reúna los requisitos exigidos por la Ley 13.355 y 13.781.-
Cabe recordar que conforme a la disposición contenida en el art. 163 inc. 6 -párrafo segundo- del CPCC, el juzgador puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.-
Es doctrina del Máximo Tribunal Provincial en materia de cuestiones abstractas "Cualquier pronunciamiento acerca del caso resultaría entonces meramente teórico e inoficioso, al tiempo que, impropio de la función judicial" (en sent. conc., doctr. causas I. 1279, "García y Cía S.A.", sent. 28-XI-1989; I. 1437, "Ramón Rosa y Cía.", res. 13-II-1990; I. 1369, "Fernández", sent. 13-XI-1990; B. 64.272, "Hernández, Carlos Lino contra Municipalidad de La Plata -Dirección de Rentas- Amparo por mora", entre otras).
En atención a lo expuesto, operada la respuesta que decide la cuestión de fondo, cabe entonces la declaración de que la cuestión debatida como objeto de litis se ha tornado abstracta.
3. En cuanto a las costas, siendo que de las constancias obrantes en autos, surge incuestionablemente una inactividad y demora por parte de la demandada en el trámite de las actuaciones administrativas (ver archivo adjunto del escrito de fecha 31/7/2020), sin que ésta haya dado razones que la justifiquen y atento que el impulso del trámite -con su posterior resolución definitoria- fue activado tardíamente, una vez diligenciado del oficio librado en estos autos (ver oficio de fecha 25/8/2020), es que considero que corresponde que las costas sean soportadas por la demandada.
Bajo este marco, la defensa impetrada por el representante Fiscal, haciendo alusión a la situación de emergencia sanitaria que el país y, particularmente la Provincia de Buenos Aires atraviesa, viéndose restringidas sus prestaciones de servicios y el normal desenvolvimiento de sus tareas inherentes, no alcanzan para justificar el exceso incurrido en el trámite, toda vez que, el plazo de ley, se encontraba agotado mucho antes de declararse la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, correspondientes al Decreto N° 167/20.-
Todo ello, en línea con la doctrina formulada por el Máximo Tribunal Provincial, en cuanto dispuso que "...Dado que la Administración demandada produjo la demora que obligó al actor a incoar la presente acción judicial; que el acto administrativo que tornó abstracta la cuestión planteada en estos autos estaba a su cargo y fue dictado con posterioridad a la promoción de la acción y a la producción del informe que le fuera requerido, juzgo que en el caso corresponde imponerle las costas (art. 77 inc. 1º de la ley 12.008 texto según ley 13.101 y doctr. art. 68, primera parte, del C.P.C.C.; doctr. art. 25, 2da. parte, a contrario de la ley 7166 y sus modificatorias". (Conf. SCBA: Causa B. 66.468 "Ortiz Basualdo, María José c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Rentas), sentencia del 13/04/2005)
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.; 163 C.P.C.C., y doctrina legal citada;
2. Imponer las costas a la demandada (art.51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dra. SANDRA MARIEL SANCHEZ, Tº VI, Fº 30, C.A.P., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago con la transcripción del art. 54 de la Ley 14967. NOTIFÍQUESE -
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2020.-
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020.-
Fin de la sentencia