Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39125 2020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos haga efectivo cumplimiento de la Resolución N° 928.560, ello a partir de la notificación de la presente.-
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Carlos Javier Alonso Tº V, Fº 384,C.A.D.J.M, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº 39125.-
Autos:"FERRETTO DELIA INES C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA".-
Mercedes, de Noviembre de 2020.-FNB
Estos autos caratulados " FERRETTO DELIA INES C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA" , expediente Nº39125, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que, en fecha 31/7/2020 se presenta la Sra. Delia Ines Ferreto con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Javier Alonso , entablando demanda de amparo por mora, en los términos del art.76 del Código Contencioso Administrativo contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta que, la pretensión tiene por objeto el libramiento de una orden de pronto despacho para que dicho organismo, previo informe sobre la causa de la demora aducida con relación al expediente administrativo Nº 21557-136643-0-09-000/1/2/3, proceda a regularizar el beneficio previsional liquidando en base al 75% del sueldo y bonificaciones conforme al cargo de Director de 2da- EGB Desfavorabilidad (30% de ruralidad), se liquiden las diferencias salariales no percibidas desde el año 2016 y el reintegro con más intereses del cargo formulado en la Resolución N° 877.639, por la suma de $103.770,09 más intereses o en su defecto que se abonen las diferencias resultantes desde el 01/03/2010, ello en el marco de las actuaciones administrativas N° 21557-136643-0-09-000/1/2/3.
Refiere que, en el año 2009, tramitó su jubilación docente ante la Dirección General de Cultura y Educación a través del procedimiento calificado como "cierre de cómputos", otorgándole el alta el día 01/03/2010.
Manifiesta que, el procedimiento precedentemente aludido, le posibilita la continuidad de su labor hasta tanto reciba el alta jubilatorio.
Continua su relato, declarando que la liquidación se efectúa en base a documental aportada por el propio docente y que a raíz de ello, la misma Dirección General de Cultura y Educación emite una liquidación provisoria hasta que se emita el código docente que confiere así, la liquidación definitiva.
Sostiene que, el carácter de provisorio se mantuvo durante 7 años y que luego de ello, a través de la Resolución N° 847.154 de fecha 24/08/2016, se resolvió que el haber percibido estaba mal liquidado ya que el beneficio correspondía al 75% del cargo de Directora de 2° Desfavorable 1, E.P.C. y no así a E.G.B, como lo había presentado inicialmente.
Avanza su argumento, manifestando que, por razones de distancia y salud, delegó a la Federación de Educadores Bonaerenses (F.E.B.) los tramites de impugnación.
Agrega que, no solo la situación no fue remediada, sino que se le efectuó un cargo negativo de $103.770,09, por considerarse que había percibido en forma errónea los haberes desde el 28/02/2010 hasta el 30/11/2016, ello en virtud de la Resolución N° 877.639 de fecha 2/11/2017.
Manifiesta que, a raíz de ello, interpone un reclamo administrativo de revocatoria solicitando también la reapertura del Expediente N° 21557-136643-0-09-000.
En consecuencia, alega que producto de dicha diligencia se resolvió la reapertura del procedimiento a través de la Resolución N°928.560 de fecha 13/11/2019, obteniendo como resultado la regularización del beneficio jubilatorio en base al 75% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Directora de 2DA. EGB N° 20 del distrito de Mercedes, clasificada con 30% de ruralidad, como así también dejar sin efecto el cargo negativo por percepción indebida de haberes.
Finalmente apontoca que, luego de tres meses de notificada dicha resolución y ante la inactividad frente al caso del Instituto de Previsión Social de la Provincia, es que interpone pedido de pronto despacho con fecha 12/3/2020.
Asegura que a la fecha no ha tenido respuesta alguna.
Fundamenta en base a derecho su pretensión procesal y ofrece prueba documental.
II. Con fecha 6/8/2020, se ordena a la autoridad administrativa accionada que informe sobre la causa de la demora - art.76 inc.2º C.P.C.A..
III. Que, en fecha 2/9/2020, el Instituto de Previsión Social de la Provincia, se notifica de la providencia de fecha 6/8/2020, sin emitir responde alguno en referencia a la causa expuesta ut supra.
IV. Que, en fecha 4/9/2020, se presenta el Dr. Oscar Jorge Aguirre - en representación de Fiscalia- informando que su mandante ha dado conocimiento al Instituto de Previsión Social de la demora aquí expuesta. En este estado, pasan en fecha 22/9/2020, los autos para resolver.-
V. En fecha 14/10/2020, se suspende el auto para resolver y se procede a librar oficio - por Secretaría - al domicilio electrónico denunciado por el I.P.S en fecha 2/9/2020, para que informe acerca de los mecanismos administrativos adoptados para dar cumplimiento con la Resolución 928.560, disposición que fuere firmada por el Lic. Christian Gribaudo, en su carácter de presidente.-
VI. En fecha 15/10/2020, el Dr. Oscar Jorge Aguirre, acompaña el informe emitido por la Dirección de Planificación y Control de Gestión, Departamento Control Legal y manifiesta, citando normativa, que sin perjuicio de lo informado por la entidad antes descripta, los plazos administrativos se encuentran suspendidos, debido a la situación de emergencia sanitaria.-
VII. En consecuencia a ello, la actora manifiesta que el apoderado de la Fiscalia omitió hacer mención al articulo 1° del Decreto 167/20, en tanto dispone la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, salvo "aquellos que, por su naturaleza, resulten impostergables a los fines de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados".
Manifiesta que por estar próxima a cumplir 77 años de edad, no se encuentra en condiciones de continuar la espera por un tiempo indeterminado o mientras dure la emergencia sanitaria.
VI. Atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., en fecha 9/11/2020, pasan nuevamente los autos a despacho para dictar sentencia,
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art.15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts.12 inc.6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.
Tal como lo sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" -ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson-. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso de autos, se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.
2. Liminarmente, considero oportuno resaltar que, aún cuando el amparo por mora es una pretensión diseñada para dar respuesta a la inactividad formal de la administración, extremo que tal como puede apreciarse en estas actuaciones, aparece removido, a partir del dictado del acto administrativo. En este caso, lo sustancial de lo que se pide es el cumplimiento material del derecho, que ya se encuentra reconocido en aquél acto ( Resolución N° 928.560).-
Bajo este escenario, la pretensión (amparo por mora) no se exhibe prima facie idónea en tanto se verifica el acto que decide lo pedido.-
Sin perjuicio de ello, se impone en la especie, resaltar la naturaleza de los derechos involucrados - derechos previsionales - protegidos constitucionalmente por el articulo 39 de la Carta Magna Provincial y la tutela judicial efectiva y administrativa de los mismos, prevista en el articulo 15 del mismo cuerpo constitucional, los cuales se encontrarían comprometidos, si exigiéramos que la aquí actora (con sus 77 años de edad) deba canalizar su demanda por otra vía judicial en procura de hacer valer su derecho, negándole innecesariamente su resolución por esta vía.-
A mayor abundamiento, resulta evidente que el cumplimiento material del acto, también se encuentra sujeto a un acto formal de la administración, lo que se desprende inequívocamente a partir de lo expuesto en la Resolución n°928.560, en tanto dice en su resolutorio "...Pasar las presentes actuaciones al Área Notificaciones para que tome la intervención de su competencia. Cumplido, seguir el tramite que por derecho corresponda.". En este marco, se vislumbra que no se encuentra cumplida la secuencia procedimental accesoria al acto administrativo final, a los fines de abastecer materialmente el derecho que aquel le reconoce, todo lo cual sella la suerte favorable de la presente demanda.-
Así lo concluyo, pues la demora incurrida desde la emisión del acto administrativo se exhibe - atento a la naturaleza de los derechos involucrados - claramente irrazonable (art. 76 inc 1 del CPCA), sin justificación valida por parte de la autoridad requerida.-
La solución propuesta precedentemente, no se encuentra en modo alguno perjudicada, a la luz de la normativa de emergencia sanitaria que invoca tanto la representación fiscal como la autoridad administrativa involucrada ( ver presentación de fecha 15/10/2020 y documentación allegada). Y así lo entiendo, pues las dificultades expuestas se han alegado dogmáticamente, sin que se indique concretamente de que manera las tareas en el ámbito del I.P.S se desarrollan, lo que impide conocer y verificar una imposibilidad insalvable de avanzar con las actuaciones administrativas en esa sede.-
3. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.;163 C.P.C.C., arts. 48, 50, 54, 71, 77 y cctes Dec. Ley 7647/70 y doctrina citada;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos haga efectivo cumplimiento de la Resolución N° 928.560, ello a partir de la notificación de la presente.-
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida. (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Carlos Javier Alonso Tº V, Fº 384,C.A.D.J.M, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago con la transcripción del art. 54 de la Ley 14967.
Asimismo, líbrese oficio a la autoridad pública demandada cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada, al domicilio electronico [email protected].
REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2020. -
Honorarios registrados bajo el Nº ............../2020. -
Fin de la sentencia