Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39969 2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida por el Sr. Diego Marcelo Caprio contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y disponer, en su consecuencia, condenar a la accionada a que, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, proceda a culminar todos los actos de trámite pendientes en el expediente administrativo N° 2360-015796/2018, luego de lo cual deberá dictar el acto administrativo definitivo dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos (art. 76, inc. 4º, del CPCA).
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13298 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. María Guadalupe SABELLI, T ° 51 F ° 90 CALP, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº 39969.-
Autos:"CAPRIO DIEGO MARCELO C/ ARBA S/ AMPARO POR MORA".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-CS
Estos autos caratulados "CAPRIO DIEGO MARCELO C/ ARBA S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39969, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 03/05/2021, se presenta el Sr. Diego Marcelo Caprio, con el patrocinio letrado de la Dra. María Guadalupe Sabelli, entablando demanda de amparo por mora, en los términos del Art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-
Manifiesta que, la pretensión tiene por objeto que el citado organismo, dicte el acto administrativo que por derecho corresponda, en el marco de las actuaciones administrativas N° 2360-015796/2018, labradas a raíz de su reclamo impetrado con fecha 19/10/2018.-
Refiere que, se encuentra inscripto en el impuesto a los Ingresos Brutos, con fecha de inicio de actividades del 01/02/2011, como puro de Provincia de Buenos Aires; cuya actividad principal es: Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.
Agrega que, el Ente Recaudador le efectuó constantes y múltiples Percepciones, como así también Retenciones Bancarias y Tarjetas, las cuales irremediablemente coadyuvaron a la generación y acumulación progresiva del saldo a favor.
Manifiesta que, el mencionado Ente, de acuerdo a sus facultades de verificación, procedió a fiscalizar las sumas reclamadas a través del expediente N° 2360-0292135/2019, por los períodos 1/2016 A 12/2016, procediéndose a prestar conformidad del formulario de ajuste R-222, el 6 de agosto de 2020, sin proceder a devolver el saldo resultante.
Indica que, el día 19 de Octubre de 2018, formuló ante el Ente Provincial de Recaudación, formal solicitud de devolución de importes retenidos en los términos de los artículos 103 y 133 del Código Fiscal, dando origen a las actuaciones administrativas N° 2360-0157961/2018 y que al no tener respuesta, con fecha 06/06/2019 presentó, ante el mismo organismo, Reclamo Web, Nro: 167806, también sin respuesta.
Aclara que, no ha podido presentar pronto despacho, debido a que, por la situación de pandemia por el COVID-19, no se atiende al público para realizar dicha presentación.
Asegura que, a la fecha no ha tenido respuesta alguna.-
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal y ofrece prueba documental.-
II. Con fecha 02/06/2021, se ordena a la autoridad administrativa accionada que informe sobre la causa de la demora - art. 76 inc. 2º C.P.C.A..-
Dicho requerimiento fue presentado ante la autoridad administrativa con fecha 03/06/2021.-
III. Que en fecha 08/06/2021, la Sra. Paula Evelina Said, en representación de Agencia de Recaudación (ARBA) procede a informar en relación al trámite del expediente administrativo Nº 2360-157961-2018, señalando que, a la fecha, dichos actuados se encuentran a cargo de la Subgerencia de Impuestos Autodeclarados y que, habiendo cursado el pertinente requerimiento, la mentada Subgerencia informó -a traves de Memorando N° 48/2021- que, mediante el expediente Nº 2360-157961/2018, tramita la demanda de repetición de impuesto sobre los ingresos brutos, del contribuyente Diego Marcelo CAPRIO, CUIT N° 20- 22124514-9, de fecha 19 de octubre de 2018, por el saldo que aduce a su favor generado entre los períodos 2011/02 a 2018/09 por la suma de pesos doscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y uno ($265.891). Asimismo indicó que, atento el monto involucrado, se remitieron las actuaciones a la Gerencia de Planeamiento a fin que se verifique la situación fiscal del peticionante, generándose al efecto el expediente Nº 2360-292135/2019 por medio del cual se fiscalizó al contribuyente por los períodos 2016/01 a 2016/12.
Continúa su informe señalando que, en fecha 6 de agosto de 2020 el accionante, conformó los ajustes practicados mediante los formularios R-222 y que, atento que las citadas actuaciones no involucraron el saldo a favor generado entre los anticipos 2011/02 a 2015/12 y 2017/01 a 2018/09 -objeto de la demanda incoada-, se llevarán a cabo procedimientos de auditoría con el fin de analizar la cuantía, prescripción y validez del mismo y así determinar su veracidad.
Agrega que, la presente acción de amparo por mora, resulta manifiestamente improcedente, en tanto que conforme lo establecido en la legislación fiscal vigente antes citada -artículo 135 del Código Fiscal (t.o. 2011)-, el plazo para dictar resolución no se encuentra vencido, desde que aún no está finalizada la verificación pertinente necesaria para ello, esto significa que, aún no están terminadas las verificaciones de la totalidad de los períodos reclamados en la demanda de repetición.
Resalta que, si se considera la fecha de la conformidad prestada por el Sr. Caprio -06/08/2020-, tampoco puede entenderse en el caso, vencido a la fecha, el plazo de 180 días hábiles establecido en la legislación fiscal para su resolución, sobre todo, insiste, teniendo en cuenta la suspensión de términos establecida a partir del 12/3/2020, con motivo de la situación sanitaria actual.
Agrega que, elaborado el acto administrativo y suscripto por el funcionario competente, conforme las facultades delegadas de la Resolución Normativa Nº 17/2017, se girarán las actuaciones a la Gerencia de Coordinación de Actuaciones para su registro para recién ahí, sin haberse efectuado objeciones, notificar al demandante.
IV. Que encontrándose debidamente notificado el Fiscal de Estado en fecha 03/06/2021, se presenta a tomar intervención en autos el Dr. Oscar Jorge Aguirre, en su carácter de Abogado Relator de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As., acompañando respuesta que le fuera cursada por ARBA en relación al informe presentado por ésta en autos, con fecha 08/06/2021.-
V. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., pasan los autos a despacho para dictar sentencia,
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso traído a resolver, se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
2. En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, corresponde verificar lo que surge de la documentación allegada.-.
Así, de dichas constancias se advierte que a la fecha no ha sido dictado el acto administrativo final correspondiente, que en definitiva, resuelva el reclamo del actor.-
Que, en tal sentido, con fecha 08 de junio de 2021, la Delegada de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Buenos Aires, informa que las actuaciones administrativas Nº 2360-157961-2018, se encuentran a cargo de la Subgerencia de Impuestos Autodeclarados, la cual mediante Memorando N° 48/2021, informó que, a traves del expediente Nº 2360-157961/2018, tramita la demanda de repetición de impuesto sobre los ingresos brutos, del contribuyente Diego Marcelo CAPRIO, CUIT N° 20- 22124514-9, iniciada en fecha 19 de octubre de 2018, por el saldo que aduce a su favor generado entre los períodos 2011/02 a 2018/09 por la suma de pesos doscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y uno ($265.891) y que, en fecha 6 de agosto de 2020 el accionante, conformó los ajustes practicados mediante los formularios R-222.-
Asimismo, la accionada, alegó que, el plazo para dictar resolución no se encuentra vencido, desde que aún no está finalizada la verificación pertinente necesaria para ello, atento que no se encuentran terminadas las verificaciones de la totalidad de los períodos reclamados en la demanda de repetición, ello, a tenor del plazo de 180 días hábiles establecido en la legislación fiscal para su resolución y, la suspensión de términos establecida a partir del 12/3/2020, con motivo de la situación sanitaria actual.
3. Que, en este escenario, corresponde, liminarmente, determinar cuál es plazo que tiene la Administración para emitir el acto resolutivo y, asimismo, desde cuando comienza a correr el mismo.
Conforme lo normado por el art. 135 del Código Fiscal, la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación de las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que considere oportuno disponer, deberá dictar resolución dentro de los 180 días de la fecha de interposición de la demanda con todos los recaudos formales establecidos, pautando asimismo que, en los casos en que la prueba resulte necesariamente de verificaciones, pericias y/o constatación de pagos cuando hayan sido efectuados por agentes de recaudación, el plazo para dictar la resolución de la demanda de repetición se computará a partir de la fecha en que queden cumplidos todos esos recaudos necesarios, para lo cual, el cumplimiento de estas diligencias previas a la resolución en ningún caso podrá exceder de 180 días.
Así, ante este categórico encuadre normativo, no caben dudas de que la Administración debe resolver lo peticionado por el contribuyente, dentro de un plazo máximo de 180 días hábiles.-
4. En el caso de autos, la demanda de repetición fue interpuesta por el accionante en fecha 19/10/2018, sin referir la Administración, a partir de cuando se le dio tratamiento a dicho requerimiento, solo constando en autos que, en fecha 6 de agosto de 2020 el accionante, conformó los ajustes practicados mediante los formularios R-222.
Es decir que, ni de las constancias acompañadas, ni de lo informado por la Arba, surge que se haya requerido al particular, el cumplimiento previo de algún recaudo formal, que impidiera dar trámite a lo peticionado, y extrañamente, tampoco nada ha dicho respecto al periodo de inactividad de las actuaciones, el que asciende a mas de dos años del mencionado ajuste mediante formularios R-222.-
Si bien, la norma del Código Fiscal referenciada, otorga a la accionada un plazo de ciento ochenta (180) días para decidir en las demandas de repetición y que, en caso de que la prueba resulte de verificaciones, este plazo comenzará a regir a partir de que se encuentren cumplidos todos los recaudos formales o diligencias previas, lo cierto es que, este período de actividad no puede quedar sometido -temporalmente- al libre arbitrio de la Administración, quien debiera actuar con la mayor diligencia y eficacia posible, ello en consonancia con la directriz trazada por nuestro código ritual al indicar que, toda tramitación administrativa, debe ser resuelta respetando un estándar de razonamiento temporal (art. 76 inc. 1 CPCA), todo lo cual en definitiva hace al debido proceso objetivo.
De aquí, que lo cierto es que, tales circunstancias, de modo alguno son advertidas en autos, ya que por el contrario, resulta palmario que, desde que fue iniciado el reclamo en sede administrativa, y a casi tres años de ello, la actividad desplegada por la Agencia Recaudadora fue cuasi nula.-
En esta linea la CCAMP ha señalado que, la ausencia de reglamentación en el Código Fiscal de un plazo legal dentro del cual se deba culminar la actividad probatoria en sede administrativa, no exime a la accionada de su deber de impulsar de oficio el procedimiento (art. 48 del dec ley 7647/70) y, por ende, de adoptar todas las medidas oportunas para que el trámite no sufra retrasos (art. 50 del decreto ley citado), en tanto los plazos administrativos devienen obligatorios para la autoridad pública (art. 71 Decreto ley 7647/70). (arg. CCAMP, "MEDICINA INTEGRADA SOC. CIVIL C/ A.R.B.A S/ AMPARO POR MORA", sent. del 26/11/2019).
En suma, me encuentro convencido que la Administración, ha dilatado excesivamente el trámite y consecuente resolución de las actuaciones administrativas instadas por el contribuyente, mas aún considerando que, por un lado, no se le ha imputado demora a la conducta del contribuyente y por el otro, que el deber de impulsión de las actuaciones administrativas recae, preponderantemente, en cabeza de la autoridad, quien debe adoptar todas las medidas oportunas para evitar dilaciones y retrasos en la tramitación (art. 48, 50 y 77 inc. g) del Decreto ley 7647/70 y art. 76 del CPCA).
5. Finalmente y en cuanto a la defensa esgrimida por la accionada, quien pretende justificar su demora y en su caso la suspensión de plazos, alegando la existencia de la emergencia sanitaria decretada, he de advertir que, la presentación de la actora, data de fecha 19/10/2018, es decir casi dos años antes de que fuera decretada la emergencia sanitaria, por lo que de modo alguno, tal defensa puede tener acogida, sobre todo considerando que, desde antes de iniciada la situación de emergencia, el ARBA ya se encontraba en mora.
En este orden de ideas, entiendo que la Administración ha demorado el procedimiento, denotando una mora que, a esta instancia resulta evidente y que de acuerdo a la información aportada en estos autos, no se centra únicamente en el dictado del acto administrativo final, sino que, restarían producirse "verificaciones de períodos que no fueron comprendidos en la fiscalización pero que fueron involucrados en la demanda de repetición" (Sic), es decir, actos preparatorios previos e ineludibles para sustanciar las actuaciones y que permitirán a la administración dictar la resolución pertinente, todo lo cual impide, ordenar en lo inmediato, el dictado del acto definitivo.
Es decir que, sin desconocer la morosidad en que ha incurrido la Administración, dicha circunstancia no me dispensa de ponderar el estadio procedimental por el que discurren las actuaciones administrativas, por cuanto adoptar una idéntica fórmula para el universo de casos que pudiera presentarse podría conlleva a obtener soluciones desigualitarias e incluso de muy difícil o imposible cumplimiento, debiendo la decisión a tomarse, redundar en activar el procedimiento y encaminarlo hacia su resolución final (CCAMP, "Brum", sent. del 14/12/2010; y "Sánchez de Hegoburu", sent. del 22/02/2011).
Así, a fin de alcanzar, una solución eficaz, y tomando en consideración, por un lado, que conforme ha señalado la accionada, aun le resta realizar "verificaciones" que resultan necesarias para el dictado del acto administrativo final, y por el otro, la situación de emergencia sanitaria que afecta a la Provincia -Covid-19- y que ha tenido consecuencias procedimentales en orden a que, en el marco de dicha emergencia, se ha decretado la suspensión de los plazos en el ámbito de la autoridad administrativa accionada., es que estimo conducente, otorgar a la ARBA, un plazo que se adecue al estado de las actuaciones administrativas pero que, sobre todo, permita al accionante obtener una decisión expresa y definitiva a su requerimiento, sin que ello implique, abrir juicio sobre el contenido y resultado de la resolución administrativa.-
6. Que bajo tales lineamientos, sopesando el estado por el que discurren las actuaciones administrativas, corresponde condenar a la accionada a que, en el prudencial plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, proceda a culminar todos los actos de trámite o preparatorios que se encuentran pendientes en el expediente administrativo objeto de autos, luego de lo cual deberá dictar el acto administrativo definitivo dentro del plazo de treinta (30) días (art. 76, inc. 4º, del CPCA; CCAMP, "Brum" y"Sánchez de Hegoburu" ya citadas).
7. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts. 15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.;163 C.P.C.C., arts. 133, 135 y cctes del Codigo Fiscal; arts. 48, 50, 54, 77 y cctes Dec. Ley 7647/70 y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida por el Sr. Diego Marcelo Caprio contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y disponer, en su consecuencia, condenar a la accionada a que, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, proceda a culminar todos los actos de trámite pendientes en el expediente administrativo N° 2360-015796/2018, luego de lo cual deberá dictar el acto administrativo definitivo dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos (art. 76, inc. 4º, del CPCA).
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13298 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. María Guadalupe SABELLI, T ° 51 F ° 90 CALP, en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago con la transcripción del art. 54 de la Ley 14.967, en los domicilios que en cada caso corresponda.
Asimismo, líbrese oficio a la Autoridad Pública demandada, al domicilio electrónico desde el cual se efectuó la contestación del informe de fecha 08/06/2021 en [email protected], cuya confección estará a cargo de la parte interesada.-
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instru
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