Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39961
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida por la Sra. Griselda Noemí Mucci contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y disponer, en su consecuencia, condenar a la accionada a que, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, proceda a realizar los actos de trámite que sean necesarios para poner el Expte. Administrativo N° EX2020-14609037-GDEBA-DPPYRIPS en estado de resolver -con sus dictámenes legales que en su caso correspondan- (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71 y cctes Dec. Ley 7647/70), instancia a partir de la cual deberá dictar resolución definitiva a la petición de la interesada en un plazo no mayor a cinco (5) días (arts. 73 y 74 Dec. Ley 9650/80; art. 77 inc. "f" Dec. Ley 7647/70).-
2Imponer las costas a la demandada (art. 51 inc. 1º CPCA -texto según ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, DRA. SANDRA MARIEL SÁNCHEZ Tº VI Fº 30 C.A.P., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Estos autos caratulados "MUCCI GRISELDA NOEMI C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 39961, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Mediante presentación electrónica de fecha 28 de abril de 2021 se presenta la Sra. Griselda Noemí Mucci, con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Mariel Sánchez, entablando demanda de amparo por mora en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo, contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto que el citado organismo dicte el acto administrativo que por derecho corresponda, toda vez que, a raíz de la Resolución Nº: 3206/2020 -dictada en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas bajo el N° EX2020-14609037-GDEBA-DPPYRIPS-, se dispuso acordar el beneficio jubilatorio, desprendiéndose que el cargo base del beneficio otorgado no guarda correlato con su mejor cargo laborado.
Relata los hechos que sirven de antecedente a la acción intentada, principiando por mencionar que, -luego de haber culminado el trámite incoado por ante la Dirección General de Cultura y Educación provincial-, inicia ante el Instituto de Previsión Social -en fecha 29 de abril de 2020-, el pedido formal a fin de obtener el beneficio jubilatorio.
Dice que en fecha 24 de septiembre de 2020, la autoridad administrativa demandada dictó la Resolución Nº: 3206/2020, la que le fuera notificada en fecha 30 de septiembre de 2020 -cfme. documentación que acompaña en archivo pdf-.
Asimismo, relata que el 07 de octubre de 2020, interpone Recurso de Revocatoria contra la resolución citada, tendiente a impulsar la corrección del acuerdo dictado por el organismo accionado en el marco de su jubilación digital.
El reclamo detallado en el párrafo que antecede obedece a que, el beneficio otorgado se dispuso en calidad de "Vicedirectora" y no en su carácter de "Directora", cargo que ejerció en la Escuela Especial de Salto desde el 14 de marzo de 2016 al 24 de octubre de 2019, y conforme fuera correctamente remitido por la Dirección General de Cultura y Educación, en el cual se certifica su antigüedad como tal, afectando su haber jubilatorio por tratarse de un escalafón menor.
Aduce que a la fecha de interposición de la presente, la demandada se encuentra en mora respecto del dictado del acto administrativo que resuelva la corrección peticionada, aletargando el beneficio que por derecho le corresponde, motivo por el cual acude ante los estrados judiciales.
En el mismo orden, sostiene que el expediente iniciado el 29 de abril de 2020 se encuentra digitalizado, en el marco de la jubilación digital implementada en el año 2019, por lo que el contexto actual de pandemia no afecta en absoluto su tratamiento.
Fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal, y ofrece prueba documental e informativa.-
2. Con fecha 11 de mayo de 2021, se requiere a la autoridad administrativa accionada el informe sobre la causa de la demora -art. 76 inc. 2º C.P.C.A.-, notificándose dicho requerimiento -en fecha 14 de mayo de 2021- al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires como al Sr. Fiscal de Estado respectivamente.
3. Que con fecha 18 de mayo de 2021, se presenta el Dr. Oscar Jorge Aguirre, en su carácter de Letrado Apoderado de la Fiscalía de Estado, manifestando que procedió a comunicar a la autoridad demandada el requerimiento ordenado oportunamente, a los efectos que arbitre los medios necesarios para que en el plazo establecido, proceda a informar acerca de la demora denunciada por la actora.
Que con fecha 26 de mayo de 2021, el Apoderado Fiscal acompaña el informe producido por el organismo demandado, conforme le fuera requerido en el despacho inicial, y remite en archivo adjunto documentación emanada del Instituto de Previsión Social -Dirección de Planificación y Control de Gestión-.
Del informe allegado se desprende que el trámite llevado a cabo en las actuaciones administrativas cuya mora se denuncia en autos, fue dirigido al área técnica correspondiente a los fines de su debida intervención y pronta resolución.
4. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., en fecha 27 de mayo de 2021 pasan los autos a despacho para dictar sentencia y;
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -Art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante -Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como lo sostiene Hutchinson "...el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" -ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson-. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular -totalmente vedada en esta instancia- sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).
2. En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, corresponde verificar lo que surge de la documentación agregada en autos, adelantando que se cuenta con aquella allegada por la actora al momento de promover la acción, el conteste del representante de Fiscalía de Estado y el informe de la administración -v. presentaciones de fecha 28 de abril, 18 y 26 de mayo de 2021 respectivamente-.
Visto el informe efectuado por la demandada, cabe concluir que la presentación de la actora ante el Instituto de Previsión Social -recurso de revocatoria, que tiene como fecha de recepción por la accionada el 7 de octubre de 2020- no ha recibido respuesta efectiva a su petición, verificándose de este modo, el retardo del organismo citado que en el escrito de inicio menciona la actora, sumado ello que la accionada tampoco ha enarbolado obstáculos de fondo y/o procedimentales que impidan resolver el indicado recurso.-
Por lo demás, la autoridad accionada alega que, atento la presente situación de emergencia sanitaria que el país y particularmente la Provincia de Buenos Aires atraviesa, se ven restringidas sus prestaciones de servicios y el normal desenvolvimiento de sus tareas inherentes, pero tales afirmaciones, no alcanzan para justificar el exceso incurrido en el trámite, toda vez que, el plazo de ley, si bien se agotó mediando esta situación excepcional de emergencia sanitaria -encontrándose prorrogada por sendos decretos la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos (cfme. dec. 132/20, dec, 166/20 y ccts.)-, cierto es que, al momento de la interposición del recurso de revocatoria, a la luz del tiempo transcurrido y de la existencia de herramientas tecnológicas que permiten el escaneo y digitalización de las actuaciones necesarias a efectos de resolver lo que correspondiere, el organismo accionado ya se encontraba habilitado en su consecuencia a dar respuesta al requerimiento efectuado. Sumado a lo precedentemente expuesto, la demandada se encuentra -cfme. se desprende del informe allegado en fecha 26/05/2021- laborando con guardias minimas, trabajo remoto y guardias presenciales rotativas por lo que tal circunstancia alegada no es suficiente para explicar la demora de la administración.
Ahora bien, cabe reconocer que el estado de cosas precedentemente relevado, no puede conducir soslayar la situación de emergencia sanitaria que afecta a la Provincia -Covid-19- que, además de resultar de público y notorio, ha tenido consecuencias procedimentales en orden a que, en el marco de aquella emergencia, se ha decretado la suspensión de los plazos en el ámbito de la autoridad administrativa accionada, pues, mediante los Decretos N° 166/2020 y N° 167/2020 -ratificados por Ley 15.174 y N° 249/2020- convalidado por Ley 15.225- se dispuso suspender los procedimientos y/o plazos administrativos correspondientes a la aplicación del Decreto -Ley 7647/70- Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias y complementarias y demás procedimientos administrativos especiales de trámite ante la Administración Pública Provincial.
En efecto, el Decreto Provincial N° 403/2021 dispuso: "...prorrogar la vigencia del Decreto N° 203/2020, modificado y prorrogado por Decretos N° 255/2020, N° 282/2020, N° 340/2020, N° 433/2020, N° 498/2020, N° 583/2020, N° 604/2020, N° 689/2020, N° 701/2020, N° 771/2020, N° 774/2020, N° 884/2020, N° 944/2020, Nº 976/2020, Nº 1103/2020, Nº 1231/2020; N° 40/21, N° 106/21, N° 128/21, N° 178/21, Nº 181/21, Nº 270/21, Nº 307/21, Nº 361/21 -este último modificado por Decreto N° 403/21-, desde el 26 de junio hasta el 09 de julio de 2021.." (art. 2° decreto citado).
Pero aún así, ante ese escenario fáctico y normativo, resulta menester reiterar que, no desconociendo las modalidades de trabajo que establece la normativa invocada, que prevé la posibilidad del trabajo en el domicilio por parte de los agentes estatales, lo cierto es, que también se encuentra previsto en esa misma normativa, la complementación de dicha tarea con guardias mínimas y rotativas presenciales. Y en mérito que, sólo se ha alegado dogmáticamente las dificultades narradas sin que se indique concretamente de qué manera se desarrollan las tareas en el ámbito del Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, lo que impide conocer si, tal modalidad de desarrollo de las funciones, deviene en una imposibilidad insalvable de concluir con el trámite pendiente y consecuente resolución.
3. En su consecuencia, no verificándose del informe allegado que el organismo haya emitido resolución que en forma efectiva resuelva el recurso interpuesto contra el acto administrativo cuestionado, como así tampoco que haya justificado de forma acabada la demora imputada, y ponderando el extenso lapso temporal transcurrido desde el inicio del trámite a la actualidad, circunstancias que me llevan a concluir que ha transcurrido un plazo que excede de lo razonable, por lo que la pretensión del amparista ha de tener acogida favorable (arts. 73 y 74 Dec. Ley 9650/80; art. 77 inc. "f" Dec. Ley 7647/70).
Sentado lo expuesto y ponderando en la especie, el derrotero procedimental administrativo necesario para poner el expediente en estado de resolver, que estimo, atento la naturaleza de la petición, no ha de insumir un plazo mayor a (30) treinta días hábiles administrativos (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71, 77 inc. g y cctes Dec. Ley 7647/70), termino dentro del cual deberán estar producidos los dictámenes legales que en su caso correspondan (art. 101 Dec. Ley 7647/70; art. 2 inc. 1.5 Ley N° 8019/73; art.38 D.Ley 7543/69).
Arribadas las actuaciones administrativas a esa instancia, deberán encontrar respuesta definitiva a la petición de la interesada en un plazo no mayor a cinco (5) días (arts. 73 y 74 Dec. Ley 9650/80; art. 77 inc. "f" Dec. Ley 7647/70).
4. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts. 15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc. 6º, 51 y 76 C.P.C.A.; 163 C.P.C.C.; art. 2 inc. 1.5 Ley N° 8019/73 arts. 73 y 74 Dec. Ley 9650/80, art.38 D.Ley 7543/69; arts. 48, 50, 54, 71, 77 inc. "g", 101 y cctes. Dec. Ley 7647/70 y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida por la Sra. Griselda Noemí Mucci contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y disponer, en su consecuencia, condenar a la accionada a que, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, proceda a realizar los actos de trámite que sean necesarios para poner el Expte. Administrativo N° EX2020-14609037-GDEBA-DPPYRIPS en estado de resolver -con sus dictámenes legales que en su caso correspondan- (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71 y cctes Dec. Ley 7647/70), instancia a partir de la cual deberá dictar resolución definitiva a la petición de la interesada en un plazo no mayor a cinco (5) días (arts. 73 y 74 Dec. Ley 9650/80; art. 77 inc. "f" Dec. Ley 7647/70).-
2. Imponer las costas a la demandada (art. 51 inc. 1º CPCA -texto según ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, DRA. SANDRA MARIEL SÁNCHEZ Tº VI Fº 30 C.A.P., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios, y a los obligados a su pago con la transcripción del art. 54 de la Ley 14967.
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
Asimismo, líbrese oficio a la Autoridad Pública demandada ([email protected]) cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada.-
REGISTRESE.-
Fin de la sentencia