Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 43250 2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a el Juzgado Provincial Junín con asiento en Chivilcoy (Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial) para que, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, emita resolución definitiva sobre la petición del interesado (art. 76 CPCA).-.-
2Imponer las costas a la demandada (art. 51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado en causa propia Dr. FACUNDO MARTÍN BOUFFLET T° 11 F° 290 del C.D.A.J.M.E., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).
Expte. Nº: 43250 .-
Autos: BOUFFLET FACUNDO MARTIN C/ MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA .-
Mercedes, en el día de su firma digital.-TL
Estos autos caratulados: "BOUFFLET FACUNDO MARTIN C/ MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA", expediente Nº 43250, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que;
I. Que mediante presentación electrónica de fecha 27/10/2022 el Dr. Facundo Martín Boufflet -abogado en causa propia- entabla demanda de amparo por mora, en los términos del art. 76 del Código Contencioso Administrativo contra el Juzgado Provincial Junín con asiento en Chivilcoy (Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial).-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto que, el citado organismo, regule los honorarios correspondientes al mentado letrado por la labor realizada en el marco de las actuaciones administrativas N° 01-999-10392600-0.-
II. Manifiesta que en dicha causa contravencional, actuó como abogado patrocinante del Sr. Gastón Hernán Aizpiri.-
Relata que en fecha 30/12/2021, el Juzgado Administrativo de Faltas con asiento en la ciudad de Chivilcoy, en la causa N° 01-999-10392600-0, resolvió declarar la nulidad absoluta del acta de fs.1 por inobservancia de los requisitos dispuestos por las leyes vigentes y absolver al infractor.-
Alega que, anteriormente, en fecha 13/01/2021 se le retuvo a su representado la licencia de conducir, la cual -según su criterio- le había sido retenida ilegítimamente en el marco de un operativo policial llevado a cabo en el km. 57 de la Autopista del Oeste (Acceso Oeste) en cercanías de la Ciudad de Lujan.-
Asimismo, arguye que en fecha 24/01/2022, el Juzgado de Faltas procedió a restituir la misma al Sr. Gastón Hernán Aizpiri, fecha en que también, este último se notificó personalmente de la resolución definitiva recaída en aquellas actuaciones.-
Manifiesta que, ante la falta de notificación de la resolución definitiva a su persona -pese a tener domicilio electrónico constituido-, en fecha 10/03/2022 procedió a remitir a dicho Juzgado una Carta Documento a fin de que el organismo regule sus honorarios, de acuerdo a lo normado en el art. 9 apartado I.3 inc. k de la ley 14967; honorarios que según entiende, deben correr con costas a la Provincia.-
Dicha misiva fue recibida por el Sr. Sebastián Di Claudio (dependiente de aquel Órgano)- en fecha 11/03/2022.-
Sostiene que, ante el considerable tiempo transcurrido desde la recepción de aquella misiva, y sin recibir respuesta alguna, en fecha 19/08/2022 remitió una nueva Carta Documento solicitando el Pronto Despacho de lo peticionado anteriormente, siendo esta última recibida el 20/08/2022, sin tener al día de la fecha resolución alguna de su pretensión regulatoria de honorarios.-
III. Con fecha 07/11/2022, se ordena a la autoridad administrativa accionada que informe sobre la causa de la demora en el expediente referido (art. 76 inc. 2º C.P.C.A).-
Dicho requerimiento fue notificado a la autoridad administrativa en fecha 23/11/2022 y al Sr. Fiscal de Estado en fecha 07/12/2022, conforme surge de las constancias de notificación obrante en autos.-
Que vencido el plazo para presentar el informe, en fecha 28/12/2022, se presenta el Dr. Pablo Guidi, en su carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, manifestando que procedió a comunicar a la autoridad demandada el requerimiento ordenado oportunamente, el que tramita mediante Expte. N° EX-2022-42930802-GDEBA-FDE., a los efectos que arbitre los medios necesarios para que proceda a informar acerca de la demora denunciada por la actora y así remitirlo a la brevedad.-
IV. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., en fecha 29/12/2022, pasan los autos a despacho para dictar sentencia y;
1. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo. (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
2. Que no fue acompañada por el representante fiscal, constancia alguna que acredite la respuesta del organismo demandado en la causa en cuestión, ni argumento alguno que pudiera justificar la demora atribuida a ese Juzgado Provincial de Faltas de Junín -sede Chivilcoy-.
Ante ello, solo cuento con la documentación agregada en autos por la actora -v. presentación inicial de fecha 27/10/2022-, de la cual se desprende que efectivamente el Dr. Facundo Martín Boufflet ha solicitado la regulación pretendida ante el organismo demandado -v. Carta Documento obrante en la presentación de fecha 27/10/2022, diligenciada en fecha 11/03/2022-, como así también ha presentado la correspondiente solicitud de Pronto Despacho la cual data de fecha 19/08/2022 -v. Carta Documento obrante en la presentación de fecha 27/10/2022, diligenciada en fecha 22/08/2022-, sin que se haya acreditado respuesta alguna.-
Es por ello que, con los extremos expuestos, no se verifica que el organismo haya dado respuesta alguna en el expediente N° 01-999-10392600-0 al planteo formulado por el aquí accionante, denotando con ello, que los plazos con que cuenta la demandada se encuentran vencidos.
3. No escapa a mi entender, que la situación planteada reviste características especiales, atento al tenor del planteo de la actora, que pretende en aquella sede administrativa la regulación de sus honorarios.
Digo esto pues, se mezclan en el escenario distintas situaciones.
Por un lado, el del alcance de esta acción. Y es que precisamente el art. 76 delimita el alcance de la orden judicial ante la falta de acreditación de la actividad administrativa -en los plazos fijados por la norma aplicable o en su caso al exceder un plazo razonable-, disponiendo que se emita una orden de pronto despacho.
Y allí es que, por lo novedoso del tema respecto a la pretendida regulación de honorarios en sede administrativa, debo aclarar que la orden, de manera alguna puede implicar la obligación del ente administrativo de proceder a esa regulación de los honorarios. Solo corresponde que se dé respuesta a lo peticionado, y en la forma y alcance que en sede administrativa se determine.
Resulta necesaria esta aclaración, pues el otro tema que subyace en la cuestión, es no menos que un tema atinente a la jurisdicción. Es decir, la competencia del organismo administrativo para efectivamente proceder a la regulación de honorarios.
Y en tal parcela debo señalar por una parte, que el Dec. ley 7647/70 de procedimiento administrativo, resulta de aplicación supletoria -conf. su art. 1°-. Norma que permite la asistencia letrada, aunque no resulte obligatoria -Tomas Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos, comentario al art. 10, pág. 82, Ed. Astrea; idem arts.11,12,13 y ccts.-.
Es de recibo también que la ley de aranceles n° 14.967 prevé la regulación de honorarios en gestiones administrativas -art. 1°-, contemplando las actuaciones administrativas sin contenido pecuniario en su art. 44 "in fine", mientras que el art. 55 es el que fija el marco "judicial" para su determinación; disponiendo la actuación en tales casos del "Juez". Lo que permite que se constituya en título ejecutivo al adquirir firmeza (art. 58 de la mentada ley).
Es por ello, que dentro de este escenario, resultará la competencia, una cuestión esencial que, en su caso, podrá evaluar el organismo administrativo, a fín de que -en su hora- pueda obtener la actora la resolución al planteo de fondo que subyace en su acción.
4. Bajo este escenario y con el alcance ya expuesto, esto es, que se dé respuesta formal al peticionante, sin que la presente involucre el sentido de lo que se decida por la autoridad requerida, debo concluir que la pretensión ha de tener acogida favorable; y ponderando en la especie el derrotero procedimental administrativo necesario para que se resuelva el planteo interpuesto por la actora, estimo que no ha de insumir un plazo mayor a diez (10) días hábiles administrativos.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.; 163 C.P.C.C., y doctrina legal citada;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a el Juzgado Provincial Junín con asiento en Chivilcoy (Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial) para que, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, emita resolución definitiva sobre la petición del interesado (art. 76 CPCA).-.-
2. Imponer las costas a la demandada (art. 51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios del letrado en causa propia Dr. FACUNDO MARTÍN BOUFFLET T° 11 F° 290 del C.D.A.J.M.E., en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967). Notifíquese.-
NOTIFIQUESE la regulación practicada al letrado beneficiario y a los obligados al pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
Asimismo, líbrese oficio al Organismo demandado, cuya confección y diligenciamiento estará a cargo de la parte interesada.-
A tal fin, por imperativo legal se transcribe el Art. 54 de la Ley 14.967:
ARTÍCULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, sí lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con mas el interés previsto en el artículo 552 del Còdigo Civil y Comercial de la Nación.-
REGÍSTRESE.-
Fin de la sentencia