Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 45499 2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Dirección General de Cultura y Educación para que, en el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos, emita Resolución en los términos previstos en el artículo 139° inc. 2.1 Decreto N° 2485/1992, que determine la situación disciplinaria del actor (art. 76 CPCA).-
2Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora Dra. Sandra Mariel Sánchez (T°VI F°30 del C.A.P) en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).-
Expte. Nº 45499 .-
Autos:"MALAGAMBA MARCOS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO POR MORA ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-TL
Estos autos caratulados "MALAGAMBA MARCOS C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO POR MORA", Expediente Nº 45499, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que mediante presentación electrónica de fecha 09/08/2023 se presenta el Sr. Marcos Malagamba con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Mariel Sánchez, entablando demanda de amparo por mora en los términos del art. 76 de la Ley 12.008, contra la Dirección General de Cultura y Educación.-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto se dicte la correspondiente orden judicial de pronto despacho "tendiente a compulsar la resolución final de su condición" -sin especificar expediente- debido a que fue desplazado del cargo de profesor de Educación Física en la EES N°1 del distrito de Salto, sin que se le hubiera notificado a la fecha el inicio del presumario o sumario, tal como lo prescribe la Ley 10.579.-
Refiere como antecedentes fácticos que, en fecha 25/10/2021 le fue notificado el desplazamiento de su cargo, no solo en la EES N°1, donde surgió el conflicto por el cual lo desplazaron, sino también en las demás instituciones donde se desempeñaba como profesor (CEF 134 y EEE N°1).-
Alega que al momento, se encuentra realizando tareas administrativas en la Jefatura Distrital de Salto, sin la posibilidad de ejercer el rol para el cual se formó, manifestando que la incertidumbre padecida le ha generado un deterioro físico y mental, "debido a que nadie le da una respuesta y solo le dicen que espere".-
En ese orden, manifiesta que en fecha 20/05/2021, solicitó la nulidad de las actuaciones -sin especificar expediente-.-
Así las cosas, relata que a la fecha no ha sido notificado de ningún acto administrativo emanado por la Dirección de Educación Física, ni de una disposición de pre-sumario, así como tampoco le han cursado una notificación del inspector presumariante, tampoco le han informado el número de expediente donde tramita su caso, incumpliendo la administración con los plazos y el procedimiento normado en la Ley 10.579 (Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires) en su artículo 139 y su Decreto Reglamentario.-
Expone que, ante la falta de respuesta, en fecha 19/05/2023 interpuso "pronto despacho", el cual a la fecha continúa sin respuesta alguna.-
Finalmente, fundamenta en base a derecho y doctrina su pretensión procesal, y ofrece prueba documental.-
2. Con fecha 11/08/2023 se ordena a la autoridad administrativa demandada que informe sobre la causa de la demora alegada por el accionante (art. 76 inc. 2º C.P.C.A).-
Dicho requerimiento fue notificado a la autoridad administrativa en fecha 15/08/2023 y al Sr. Fiscal de Estado en fecha 18/08/2023, conforme surge de las constancias de notificación obrantes en autos.-
3. Que en fecha 25/08/2023 se presenta el Dr. Juan Francisco Lisciotto -en su carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado- manifestando que la repartición fiscal, ha comunicado a la autoridad demandada el requerimiento de autos, el que tramita mediante expediente EX-2023-34774029-GDEBA.FDE.-
Asimismo, en idéntica oportunidad, solicita se intime a la parte actora a denunciar número de expediente en donde tramita el reclamo administrativo.-
4. Que corrido traslado al accionante de la presentación fiscal, en fecha 31/08/2023, alega aquel que en definitiva, la presente acción tiene por finalidad conocer el número de expediente administrativo a través del cual transitó la denuncia y la medida de relevo que le fue fijada.-
Asimismo, acompaña informe emitido por la Jefa Distrital de Salto -Sra. Ana M. Patriarca- que le informa que no ha recibido notificación alguna relacionada el número de expediente requerido.-
5. Que en fecha 06/09/2023 se dispone como medida para mejor proveer, que la Dirección General de Cultura y Educación, requiera a la Dirección de Educación Física o al área que intervenga, informe el número de expediente administrativo, iniciado a partir del acta labrada al profesor de Educación Física el Sr. Marcos Malagamba con fecha 25/10/2021.-
6. Que en fecha 07/09/2023, la Dirección General de Cultura y Educación acompaña -en archivo digital- informe emitido por la Dirección de Educación Física, contestando el requerimiento solicitado como medida para mejor proveer.-
7. Dada la naturaleza sumarísima de la pretensión, atento el estado de autos y lo dispuesto por el art. 76 inc. 4º del C.P.C.A., en fecha 08/09/2023, pasan los autos a despacho para dictar sentencia y;
I. Que la finalidad de la pretensión regulada en el amparo por mora tiene por objeto exclusivo la de posibilitar a los administrados la tutela judicial efectiva -art. 15 C.P.B.A.- ante la inacción administrativa, otorgando competencia al Poder Judicial para que, de acreditarse fehacientemente la mora administrativa en la resolución de las peticiones articuladas por los particulares, se libre orden judicial de pronto despacho en el plazo prudencial que determine el magistrado actuante - Cfr. arts. 12 inc. 6º y 76 inc. 4º C.P.C.A.-
Tal como sostiene Hutchinson "... el instituto no es otra cosa que la orden de pronto despacho judicial de las actuaciones administrativas" - ver Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Ed. Astrea, comentada y revisada por Tomas Hutchinson. Se busca por este medio no la discusión y tratamiento de la cuestión de fondo articulada por el particular - totalmente vedada en esta instancia - sino el emplazamiento que permita y exija la declaración de voluntad administrativa que resuelva aquello que ha peticionado el particular y que la administración tiene obligación de resolver.
Se trata en definitiva de una técnica judicial de control de la inactividad u omisión administrativa, material y formal, y por ello propia del régimen procesal administrativo (Conforme Horacio D. Creo Bay, Amparo por mora de la Administración Pública, Ed. Astrea, 2º edición).-
En atención a todo ello, corresponde analizar si en el caso se ha configurado por parte del organismo accionado, un comportamiento moroso respecto del reclamo articulado.-
II. En este orden de encuadramiento jurídico y doctrinario de la cuestión, corresponde verificar lo que surge de la documentación agregada en autos por la actora, la que no ha sido desconocida por la contraparte (conf. art. 37 inc. 2 C.P.C.A).-
Así, de las constancias documentales allegadas surge que en fecha 25/10/2021, se labró un acta al profesor Marcos Malagamba, la que fue suscripta por Ivana Angelicola (Inspectora de Educación Secundaria) y por Natalia Gordillo (Inspectora de Educación Física), en la que se dispuso el relevo transitorio de sus funciones, ello a raíz de una serie de denuncias por violencia, llevada a cabo por estudiantes de la EES N°1.-
Luego, del informe acompañado por la Dirección General de Cultura y Educación en fecha 07/09/2023 -emitido por la Dirección de Educación Física- se desprende que las actuaciones relacionadas con las presuntas irregularidades llevadas a cabo por el docente Marcos Malagamba - actor en autos- en el desempeño de sus funciones como profesor de educación física en la EESN°1 del distrito de Salto, tramitan mediante EX-2023-21313898-GDEBA-SDCADDGCYE y que las mismas fueron iniciadas en fecha 22/10/2021.-
Asimismo informa que debido al carácter grave de los hechos denunciados, las actuaciones de referencia fueron remitidas a esa Dirección con fecha 12/06/2023, a los fines de impulsar la correspondiente investigación pre-sumarial.- Por último, del mentado informe surge que en fecha 31/07/2023, se confeccionó proyecto de acto administrativo el que fuera elevado a la Subsecretaria de Educación a los fines de verificar los extremos legales y de forma, remitiéndose finalmente en fecha 23 de Agosto a la Dirección de Legal y Técnica Educativa a los fines de impulsar la investigación.-
III. Fijado ello, cabe destacar que el Decreto N° 2485/1992 (Reglamentario de la Ley 10.579 -Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires-) en su artículo 139° inc. 2.1 dispone: "... Cuando a un docente se le impute la comisión de faltas disciplinarias, la rama docente respectiva ordenará por disposición la investigación presumarial... El funcionario procederá a realizar la investigación en el término de treinta (30) días, a cuyo efecto, y siendo responsable de la tramitación, adoptará las medidas necesarias para que no sufra retraso... Finalizada la investigación pre-sumarial, el funcionario actuante elevará las actuaciones a la Dirección Docente respectiva, con emisión de criterio en todos los casos, sobre la conveniencia o no de instruir sumario. En el primer caso, con indicación del o los docentes habilitados, cargos que se formulan y normas que se consideren transgredidas. Si de las conclusiones surgiere que no existe mérito para instruirlo y se hubiere dispuesto en las actuaciones el relevo transitorio de funciones del docente, se dispondrá en forma inmediata el cese de la medida...".
Bajo ese lineamiento, cabe mencionar en primer lugar que de las constancia documentales no surge el acto que ordena la investigación presumarial, pues si bien la demandada informa que se ha impulsado la investigación pre-sumarial, ninguna constancia documental ha sido acompañada, dando cuenta de la resolución que dispuso ingresar a esa instancia.-
Por otra parte, tampoco surge constancia de que a la fecha se haya emitido criterio alguno que determine la conveniencia o no de instruir sumario y menos aún que se haya dictado un acto resolutorio final, a los efectos de resolver el estado de incertidumbre del amparista.-
En definitiva, aún cuando mediante la documentación allegada la administración ha informado el número de expediente administrativo, abasteciendo parcialmente el reclamo del actor y a su vez, ha dado cuenta de las áreas que han intervenido en el tramite de la causa, lo cierto es, que no ha allegado resolución que resuelva en su totalidad la pretensión del actor. Ante ello, teniendo en consideración que los plazos con que cuenta la administración para decidir se encuentran ampliamente vencidos -tal como surge de la normativa invocada- es que la pretensión del actor ha de tener acogida favorable.-
IV. Sentado lo expuesto y ponderando en la especie el derrotero procedimental administrativo necesario para que se resuelva el planteo interpuesto por la actora, lo que estimo, no ha de insumir un plazo mayor a 30 (treinta) días hábiles administrativos (art. 15 C. Pcial; arts. 1, 48, 50, 54, 71, 77 inc. g y cctes Dec. Ley 7647/70; artículo 139° inc. 2.1 Decreto N° 2485/1992).-
V. En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts. 15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 12 inc.6º, 51 y 76 C.P.C.A.;163 C.P.C.C., arts. 48, 50, 54, 71, 77 y cctes Dec. Ley 7647/70 y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la acción de amparo por mora deducida y de conformidad a los extremos indicados, condenar a la Dirección General de Cultura y Educación para que, en el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos, emita Resolución en los términos previstos en el artículo 139° inc. 2.1 Decreto N° 2485/1992, que determine la situación disciplinaria del actor (art. 76 CPCA).-
2. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 C.P.C.A, texto según Ley 14.437).-
3. En orden a lo previsto por el art. 20 bis de la Ley 13928 (texto incorporado por Ley 15016), corresponde regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora Dra. Sandra Mariel Sánchez (T°VI F°30 del C.A.P) en la suma de 5 JUS, cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 51 y 54 Ley 14967).-
NOTIFÍQUESE.-
Fin de la sentencia