Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata debiendo reenviarse las presentes actuaciones a dicho Tribunal para que, integrado como corresponde, dicte un nuevo pronunciamiento respecto a los honorarios de la segunda instancia, de acuerdo a lo que aquí se dispone.
Costas por su orden atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.954, "Roubio, Lidia Ester c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Amparo por Mora. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y reguló los honorarios a la letrada apoderada de la parte actora, por los trabajos desarrollados en la segunda instancia, en la suma de 7 jus .
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad rechazó el recurso de apelación intentado por la Fiscalía de Estado, y en lo que aquí interesa, reguló los honorarios de la letrada de la parte actora en la suma equivalente a 7 jus (arts. 1, 9, 10, 15, 24, 44, 54 y 57, ley 14.967 t.o.), cantidad a la que se debería adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.).
II. Contra esta última parte del fallo se alza la Fiscalía de Estado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual plantea básicamente los siguientes agravios:
II.1. Violación del tope porcentual previsto por ley para regular honorarios en segunda instancia (art. 31, ley 14.967).
II.2. Violación indirecta del tope legal establecido para la regulación de honorarios en los amparos por mora (art. 3, ley 15.016).
II.3. Absurdo, al exorbitarse el arancel de segunda instancia respecto del de primera (art. 384, CPCC).
II.4. Errónea aplicación de la norma que establece el mínimo regulatorio general (art. 22, ley 14.967).
Sobre el primero de los puntos señala que el Tribunal de Alzada, al regular los honorarios, ha violado lo dispuesto en el art. 31 de la ley 14.967, el cual establece expresamente que el arancel correspondiente a la segunda instancia será fijado en un porcentaje que va del 25% al 35% de la escala aplicable al proceso de que se trate (en el caso, los 5 jus de la instancia).
Con referencia al segundo de los agravios mencionados, sostiene que al fijar los honorarios de la segunda instancia en un total de 7 jus , la Cámara no sólo violó el arancel general previsto para la actuación ante el tribunal de alzada, sino que también violó -indirectamente- el tope tarifario que el legislador estableció específicamente para el proceso de amparo por mora, el que no puede superar el techo de 5 jus .
Recuerda que la ley señala "En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) Jus" (art. 3, ley 15.016).
Vinculado con el tercero de los agravios esbozados argumenta que la violación de las normas referenciadas, no sólo conlleva una afectación al régimen legal de orden público implicado en el régimen arancelario, sino que supone un quiebre a las reglas de la lógica y la experiencia (sana crítica), que indican que la regulación de honorarios de la segunda instancia, en la medida en que es accesoria y está "aminorada" en proporción al honorario de la primera instancia, de ninguna manera puede "superar" el monto que fuera determinado como arancel inicial.
Por último, sostiene que solo una lectura desviada del art. 22 de la ley 14.967 podría dar lugar a la regulación de 7 jus dispuesta en la segunda instancia, toda vez que importaría un seguimiento automático, irreflexivo e inconexo en detrimento de una interpretación de conjunto y sistemática del ordenamiento, que obliga a considerar en el caso lo dispuesto en el art. 3 de la ley 15.016 y el art. 31 de la ley 14.967.
Argumenta que, si bien es cierto que el art. 22 de la ley 14.967 establece que "Con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de los profesionales de cada parte, no podrá ser inferior a siete (7) Jus, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate" (art. 22, cit.), también lo es que dicha norma no puede ser interpretada en forma absoluta, aislada e inexorable, debiendo conjugarse con las restantes pautas del ordenamiento legal, entre las que también se encuentran los mencionados arts. 31 de la misma ley y el art. 3 de la ley 15.016.
Asimismo, invoca la doctrina de este Tribunal en torno a la correcta interpretación de dicho mínimo legal.
Para finalizar, alerta sobre el peligro que implicaría para las arcas provinciales que este temperamento se extienda, solicitando se revoque la resolución apelada.
III. La cuestión central consiste en determinar si de acuerdo al plexo normativo aplicable a los procesos de amparo por mora, es posible regular por la actuación profesional en segunda instancia la suma de 7 jus -como lo hiciera el Tribunal de Alzada- o si, por el contrario, asiste razón al Fisco recurrente en sus planteos.
A ese respecto, considero que el recurso resulta fundado y que debe descalificarse la sentencia impugnada.
En efecto, el Tribunal de Alzada, luego de rechazar el recurso de apelación intentado por la Fiscalía de Estado, reguló los honorarios correspondientes a la letrada de la parte actora, en la suma de 7 jus, ello con cita de los arts. 1, 9, 10, 15, 24, 44, 54 y 57 de la ley 14.967.
Ciertamente, y tal como plantea el fisco recurrente, esta regulación importa una aplicación errónea de la normativa que debe regir el caso.
En tal sentido conviene recordar que la ley 15.016 incorporó una modificación a la ley 13.928 estableciendo en su art. 3: " ARTÍCULO 20 BIS: En estos procesos los honorarios de primera instancia se regularán hasta un máximo de veinte (20) Jus establecidos en la ley arancelaria. En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) Jus" (el destacado me pertenece).
Esta Corte recientemente, al dictar un fallo donde se debatía precisamente la interpretación de dicha norma, expresó que ésta significa un límite o tope máximo para las regulaciones de primera instancia en este tipo de procesos pues, de este modo, se respeta adecuadamente tanto el texto expreso de la ley como la intención del legislador en su sanción (cfr. causa A. 76.543, "Ciraco", sent. de 26-V-2021).
Ahora bien, precisado lo anterior corresponde ahora traer aquí las previsiones que, para la regulación de honorarios en la segunda instancia, establece la normativa general. En tal sentido, el art. 31 de la ley 14.967 dispone: "Por las actuaciones correspondientes a la segunda instancia, del veinticinco (25) al treinta y cinco (35) por ciento [...] de la escala aplicable al proceso de que se trate..." .
De la propia letra de la ley, que debe ser la primera fuente de exégesis, surge claramente que si, como vimos, el tope de la escala aplicable al proceso de amparo por mora es de 5 jus , para la segunda instancia la regulación de honorarios sólo podrá oscilar entre los porcentajes allí establecidos, que representan entre 1,25 y 1,75 jus , no siendo plausible su regulación en la suma de 7 jus -como lo hiciera el Tribunal de Alzada- sin desconocerse la norma aplicable al caso.
Podría pensarse -dado que la Cámara no lo citó expresamente-, que se echó mano de lo dispuesto en el art. 22 de ley 14.967 y por ello se fijó el honorario mínimo allí establecido, pero de ser así, se trataría de una fundamentación que soslaya sin justificación alguna la regulación especial que rige la materia en el caso del amparo por mora, donde particularmente quien legisla estableció un máximo legal diferente por razones que -tal como surgen de su propia exposición de motivos- tuvo en miras para equilibrar las erogaciones en este tipo de procesos (cfr. fundamentos, ley 15.016, B.O. de 25-I-2018; causa A 76.543, ya cit.).
Con ello, debe recordarse que también es propio de la interpretación indagar en lo que ella dice jurídicamente, o sea, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general (CSJN Fallos: 258:75; 271:7; 287:79; e.o.), en función de las circunstancias concretas de la causa (Fallos: 304:1912), de modo de obtener su armonización y concordancia entre sí (Fallos: 303:578; 313:1467; 323:610; e.o.). Como un todo coherente y armónico (Fallos: 186:170; 296:432; e.o.), como parte de una estructura sistemática considerada en su conjunto (Fallos: 334:1027) y teniendo en cuenta su finalidad perseguida (Fallos: 320:783; 324:4367; e.o.).
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia en la parcela materia de agravio, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que, integrada como corresponde, dicte un nuevo pronunciamiento respecto a los honorarios de la segunda instancia, de acuerdo a lo que aquí se dispone.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata debiendo reenviarse las presentes actuaciones a dicho Tribunal para que, integrado como corresponde, dicte un nuevo pronunciamiento respecto a los honorarios de la segunda instancia, de acuerdo a lo que aquí se dispone.
Costas por su orden atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c" , resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2021 18:44:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 09:48:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2021 13:32:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 09:56:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 14:08:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia