Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76985
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la regulación de honorarios efectuada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata y devolverle las actuaciones para que, debidamente integrada, efectúe una nueva con arreglo a esta decisión (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5827 -texto según ley 13.812).
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.985, "Jiménez, Alicia Beatriz contra Dirección General de Cultura y Educación. Amparo por Mora - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y reguló los honorarios a la letrada apoderada de la parte actora, por los trabajos desarrollados en la segunda instancia, en la suma de 5 Jus .
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad rechazó el recurso deducido por la Fiscalía de Estado y, en lo que aquí interesa, reguló los honorarios de la letrada de la parte actora en la suma equivalente a 5 Jus . Lo hizo con cita de los arts. 12 inc. "a" y 16 de la ley 6.716 y sus modificatorias; 10, 15, 31, 44, 54, 57 y concordantes de la ley 14.967 y 3 de la ley 15.016; cantidad a la que le adicionó el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.).
II.1. Contra esta última parte del fallo se alza la Fiscalía de Estado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual plantea básicamente los siguientes agravios:
II.1.a. Violación del tope porcentual previsto por ley para regular honorarios en segunda instancia (art. 31, ley 14.967).
II.1.b. Violación indirecta del tope legal establecido para la regulación en los amparos por mora (art. 3, ley 15.016).
II.1.c. Absurdo al exorbitarse el arancel de segunda instancia respecto del de la instancia de grado (art. 384, CPCC).
II.2. Sobre el primero de los puntos señala que, al regular los honorarios, el Tribunal de Alzada violó lo dispuesto en el art. 31 de la ley 14.967. Ello sería así, dado que dicha norma establece expresamente que el arancel correspondiente a la segunda instancia será fijado en un porcentaje entre el 25 al 35% de la escala aplicable al proceso del cual se trate.
II.3. Con referencia al segundo de los agravios, enlazado con el anterior, sostiene que al fijar los honorarios de la segunda instancia en un total de 5 Jus , la Cámara inaplicó la "escala legal" dispuesta como tope para la primera instancia.
Recuerda que el art. 3 de la ley 15.016 establece que "En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) Jus ".
Explica que la Legislatura, al establecer ese arancel en el amparo por mora, no solo delimitó la regulación de los honorarios de la primera instancia, sino que indirectamente también circunscribió los emolumentos profesionales de la segunda (conf. art. 31, ley 14.967), en la medida que estos no podrán exceder del 25 al 35% de los estipendios fijados para la primera (i.e., 5 Jus ).
II.4. En lo tocante al último planteo, argumenta que la violación de las normas referenciadas no solo conlleva una afectación al régimen legal de orden público implicado en las normas arancelarias, sino que supone un quiebre a las reglas de la lógica y la experiencia (sana crítica), que indican que la regulación de honorarios de la segunda instancia, en la medida que es accesoria y está "aminorada" en proporción al honorario de la primera instancia, de ninguna manera puede "superar" el monto que fuera determinado para definir ese arancel inicial.
Al finalizar, alerta sobre el peligro que representaría para las arcas provinciales la extensión del temperamento seguido en este proceso, razón por la cual solicita que se revoque la resolución apelada y se confirme la de primera instancia.
III. La cuestión central a decidir consiste en determinar si de acuerdo con el plexo normativo aplicable a los procesos de amparo por mora, es posible regular por la actuación profesional en segunda instancia la suma de 5 Jus -como lo hiciera el Tribunal de Alzada- o si, por el contrario, asiste razón al Fisco recurrente en sus críticas y semejante cosa excede los límites legales.
Adelanto que el recurso es fundado.
III.1. En efecto: como quedó expuesto, la Cámara, luego de rechazar el remedio intentado por la Fiscalía de Estado, reguló los honorarios correspondientes a la letrada de la parte actora en la suma de 5 Jus . Lo hizo con cita de los arts. 12 inc. "a" y 16 de la ley 6.716 y sus modificatorias; 10, 15, 31, 44, 54, 57 y concordantes de la ley 14.967 y 3 de la ley 15.016.
Pero cabe recordar que el art. 3 de la ley 15.016 incorporó una modificación a la Ley de Amparo, estableciendo lo siguiente: " ARTÍCULO 20 BIS: En estos procesos los honorarios de primera instancia se regularán hasta un máximo de veinte (20) Jus establecidos en la ley arancelaria. En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) Jus" (el destacado me pertenece).
Ciertamente, tal como plantea el apelante, la regulación de honorarios cuestionada importa una aplicación errónea de la normativa que rige el caso, algo que necesariamente incluye las reglas concernientes a las estimaciones para los trabajos realizados en instancias ulteriores del juicio, que en la especie se encuentran vinculadas a la mencionada suma y que han sido ignoradas (conf. art. 31, ley 14.967).
III.2.a. En fecha reciente, al dictar un fallo donde se debatía la interpretación de la norma arriba transcripta, esta Corte afirmó que ella estableció un tope para las regulaciones de primera instancia en aquel tipo de procesos, límite que no podía ser franqueado aun cuando interviniesen en representación de las partes más de un letrado o letrada. Se dijo que esa inteligencia respetaba adecuadamente tanto el texto expreso de la ley como la intención legislativa (conf. causa A. 76.543, "Ciraco", sent. de 26-V-2021).
III.2.b. Dirimente para resolver el presente caso, inmediatamente después el Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en un supuesto donde la Cámara -equivocadamente- había regulado 7 Jus a una única abogada por los trabajos realizados ante su sede en un amparo por mora.
Se concluyó que por aplicación del art. 31 de la ley 14.967 y los porcentuales allí previstos (25 al 35%), para la segunda instancia la regulación eventualmente puede oscilar entre 1,25 y 1,75 Jus , pues la "escala aplicable" a tener en cuenta no es otra que los 5 Jus establecidos por el art. 3 de la ley 15.016 y que operan como límite (conf. causa A. 76.954, "Roubio", sent. de 19-VIII-2021).
III.3. Siendo así, el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Suprema Corte a hacer lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal cuando hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos, bastando como fundamento suficiente la referencia a los precedentes aplicados y la cita de dicho texto legal.
IV. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido por la Fiscalía de Estado, revocar la regulación de honorarios efectuada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata y devolverle las actuaciones para que, debidamente integrada, efectúe una nueva con arreglo a esta decisión.
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la regulación de honorarios efectuada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata y devolverle las actuaciones para que, debidamente integrada, efectúe una nueva con arreglo a esta decisión (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5827 -texto según ley 13.812).
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2021 19:39:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 20:26:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2021 08:31:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 19:48:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 20:08:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/10/2021 20:13:18 hs. bajo el número RS-181-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia