Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77919
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC y 60, CCA). Con costas al recurrente (art. 298, CPCC).
II. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC y 60, CCA).
A.77.919 “MADRID HERNAN ABEL C/ SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE Y OTRO/A S/AMPARO POR MORA -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY-“
I. El señor Hernán Abel Madrid inició acción de amparo por mora el día 27-III-2014, peticionando orden judicial de pronto despacho en el expediente 21211-80202/10 con el objeto de que el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dicte el acto administrativo mediante el cual ratifique o rectifique la resolución n° 272/11 que dispuso su cambio escalafonario.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul declaró abstracta la cuestión planteada e impuso las costas en el orden causado (v. sent. de 2-XI-2020).
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por el actor y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia haciendo cargar con las costas por lo actuado ante la instancia de grado y por los trabajos ante la alzada, a la demandada vencida (cfr. art. 51 inc. 1, primera parte, CCA -texto según ley 14.437).
Como consecuencia de ello, por imperio del art. 274 del Código Procesal Civil y Comercial, adecuó a la solución propiciada lo resuelto por el juez de grado en materia de honorarios profesionales, fijando -por mayoría- los estipendios correspondientes al doctor Juan Bautista Zambón, letrado patrocinante del actor, por su intervención en la instancia de grado, en la suma equivalente a … jus arancelarios -Ac. SCBA 4012/21- (cfr. arts. 1, 9, 15, 16, 44 segundo párrafo, 57 y concs. del decreto ley 8904/77; v. sent. de 11-XI-2021).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, consideró -por mayoría de fundamentos- que las costas de la instancia debían ser impuestas a la demandada en la medida que la situación de gravamen expuesta por el actor en su demanda a la fecha de promoverse la acción se hallaba injustificadamente demorada.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 30-XI-2021), los que fueron concedidos (v. resol. de 1-VI-2021).
III.1. En su recurso de nulidad, la recurrente alega falta de fundamentación legal de la resolución impugnada, en lo que se refiere a la readecuación de la regulación de honorarios firmes en el proceso (cfr. art. 161-3b, 168 y 171, Const. prov.).
III.2. Respecto de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia, cabe destacar que sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas A. 73.445, "L'Oreal Argentina S.A.", resol. de 24-II-2016; A. 71.821, "Luna", sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018; A. 75.822, "Silvente", resol. de 10-III-2020; A. 76.040, "Rossi", resol. de 19-VIII-2020).
El quebrantamiento de las garantías consagradas por el art. 171 de la Constitución provincial sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de preceptos legales. Por ello es que se ha dicho que cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional, el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales (doctr. causas A. 75.413, "Maldonado", resol. de 5-XII-2018; A. 75.642, "Bellino", resol. de 24-IV-2019; Q. 76.705, "Meitin Firpo", resol. de 10-III-2021; Q. 76.495, "Sosa", resol. de 10-III-2021; Q. 76.511, "Fernandez", resol. de 30-III-2021).
III.3. En consecuencia, se desestima la vía extraordinaria de nulidad (art. 296, CPCC), con costas (art. 298, CPCC).
IV. Mediante el recurso de inaplicablidad de ley interpuesto, el impugnante denuncia que el Tribunal de Alzada incurrió en indebida modificación de la distribución de las costas luego de coincidir con el juez de grado en que devino abstracto el objeto del amparo.
Denuncia la violación del principio de congruencia producido al configurarse un pronunciamiento ultra petita , al expedirse sobre cuestiones no sometidas a tratamiento, en lo que se refiere a la distribución de las costas del proceso.
También se agravia porque la Cámara alteró la regulación de honorarios que, según considera el impugnante, se encontraba firme en el proceso. Acusa la violación del art. 3 de la ley 15.016 y el tope máximo de regulación de honorarios que esa norma permite respecto del proceso de amparo por mora. Invoca lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas Q. 76.552, "Fitzsimons", resol. de 15-XII-2020 y Q. 76.636, "Marino", resol. de 16-XII-2020.
IV.1.a. Al respecto, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha expresado que, en principio, contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los recursos extraordinarios (art. 57, 2º párrafo, ley 14.967; conf. doctr. causas A. 75.272, "Echeverría", resol. de 19-IX-2018; A. 75.443, "Scarimbolo", resol. de 14-VIII-2019; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021; e.o.).
En el caso, en que se cuestiona lo resuelto en relación al monto de los emolumentos fijados por el Tribunal de Alzada por considerarlos excesivos, no se observa que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (conf. causas C. 121.540, "Moises", resol. de 21-VI-2017; A. 75.272 y A. 75.443, cits.).
IV.1.b. Asimismo, es del caso señalar que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, se encuentra representado para el impugnante por la diferencia entre los honorarios determinados por la Cámara -… Jus- y los fijados en primera instancia que fueron adecuados, el que no supera el monto mínimo establecido en el mencionado artículo (Acuerdo 4037/21; doctr. causas Q. 73.968, "Gonzalez", resol. de 22-XII-2015; Q. 74.530, "Galosi", resol. de 28-XII-2016, Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018, Q. 75.344 "Macchia", resol. de 26-VIII-2018; A. 77.997, "Tamburrini", resol. de 12-VIII-2022), sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni actualizaciones (art. 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; A. 76.122, "Emar Ceiba SA", resol. de 22-VII-2020).
IV.1.c. Por otra parte, en atención a las alegaciones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio por hallarse en juego una cuestión federal, con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), cabe señalar que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (conf. causas Q. 73.625, "Cablevisión SA", resol. de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", resol. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; Q. 77.135, "Suero", resol. de 15-VII-2021).
Es que los agravios desarrollados en el embate extraordinario provincial remiten a la consideración de cuestiones de derecho común y local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (CSJN Fallos: 310:1542; 325:2192).
IV.1.d. En otro orden, con referencia a la invocación del art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo considerado supra , cabe señalar que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado alguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal dé trámite al recurso obviando tal limitación (doctr. causas C. 122.161, "Ponozzo Galmarelli", resol. de 7-III-2018; Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018; Q. 76.435, "Sierra", resol. de 24-VI-2020).
IV.1.e. Tampoco es de recibo la denunciada vulneración de la doctrina legal que cita.
Al respecto, este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
IV.1.f. Por otra parte, en relación a la denuncia de "gravedad institucional" cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (conf. CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas Q. 73.758, "Asociación Vecinal de Fomento", resol. de 15-VII-2015; Q. 74.638 "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; Q. 76.604, "Fisco c/ Distribuidora Blancaluna S.A.", resol. de 23-XII-2020).
IV.2. Pasando a analizar los recaudos de admisibilidad del embate deducido respecto a la imposición en costas, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria está representado para el impugnante por el monto de las costas cuya imposición -a la vencida- objeta. Y si bien existe cierto grado de indeterminación, es de toda evidencia que dicho importe -ponderando el correspondiente a los honorarios regulados por la sentencia de grado y el pronunciamiento de la Cámara - no logrará superar el monto mínimo establecido por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial para acceder a su revisión por la vía intentada (Acuerdo 4037/21; cfr. doctr. causas A. 75.896, "Burgueño", resol. de 30-X-2019, Q. 76.238, "Leiss", resol. de 29-IV-2020 y Q. 77.581, "Lorda", resol. de 11-IV-2022, e.o.).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC y 60, CCA). Con costas al recurrente (art. 298, CPCC).
II. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC y 60, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:48:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 19:18:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2022 09:57:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:06:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:24:06 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 11:30:23 hs. bajo el número RR-1085-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia