Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 78506
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad interpuestos y desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.78.506 “V. A. M. (EN REPRESENTACION DE V.V.) C/ IOMA S/ AMPARO (EXPEDIENTE DIGITAL) -QUEJA POR DENEGACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una acción de amparo, resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el señor A. M. V. -en representación de su hija menor de edad- y, en consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) que brinde, en el plazo de diez días hábiles, cobertura integral del 100% de la prestación requerida, consistente en la provisión que indicó su médico tratante: "Par de órtesis largas para miembros inferiores, confeccionada en material termoplástico, con apoyo isquiático, tensores de glúteos, articulaciones de rodilla y de cadera con traba de anilla o tipo suizo. Cinturón pélvico o corselete. Sujeción y ajuste regulables con cintas de velcro. Acción de efectivo control de la articulación de la cadera y de la flexo extensión de la rodilla" (v. prov. de fecha 31-III-2021).
Posteriormente, ante el incumplimiento de la medida cautelar ordenada en la presente acción de amparo, el mencionado Juzgado hizo efectivo el apercibimiento dispuesto el día 3-XII-2021, imponiéndole al Fisco de la Provincia de Buenos Aires demandado una multa diaria de pesos cinco mil ($5.000), por cada día de retardo en el cumplimiento de la orden impartida (v. prov. de fecha 15-II-2022), que finalmente fue elevada a un monto de pesos diez mil ($10.000) mediante resolución de fecha 25-III-2022.
Seguidamente, con fecha 13-IV-2022, la jueza de grado desestimó la impugnación formulada por la demandada el 6-IV-2022 a la liquidación aprobada el 29-III-2022 por $105.000 y, asimismo, resolvió aprobar la nueva liquidación presentada por el actor el 11-IV-2022 por $140.000.
II. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -por mayoría- hizo lugar al recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado, declaró la nulidad íntegra del interlocutorio de fecha 13-IV-2022 y de las actuaciones cumplidas que llevaron a su dictado, ello a partir de la presentación del gestor procesal de la actora de fecha 27-II-2021, todo en resguardo del derecho de defensa de la demandada, el que ordenó que sea garantizado por la a quo con la debida sustanciación de aquel escrito, previo a cualquier decisión en torno al cumplimiento del mandato cautelar decretado en autos, con imposición de costas de Alzada a la actora vencida (v. sent. de 06-IX-2022).
Ante lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. presentación adjunta de 26-IX-2022), los que denegados -con sustento en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada- (v. resol. de 08-XI-2022), motivaron la presente queja (v. presentación de 23-XI-2022).
III. Al respecto, y sin perjuicio de otras observaciones que podrían realizarse sobre el cumplimiento de los recaudos de la vía impugnativa incoada, cabe recordar que esta Corte ha sostenido con reiteración que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.945, "Balcedo", resol. de 11-IV-2018; A. 75.823, "Otto Garde Cía. S.A.", resol. de 23-X-2019; Q. 76.265, "Martin", resol. de 11-III-2020; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020).
Por lo tanto, el pronunciamiento de la Cámara que -por mayoría- acogió el recurso de apelación deducido por Fiscalía de Estado y declaró la nulidad de la resolución de fecha 13-IV-2022 y de las actuaciones cumplidas que llevaron a su dictado, no reviste ese carácter. Es que la decisión dictada luego de la presentación del gestor procesal de la actora, que ordenó que sea garantizado con la debida sustanciación de ese escrito antes de cualquier decisión en torno al cumplimiento del mandato cautelar de fecha 27-II-2021, con el evidente propósito de resguardar del derecho de defensa de la demandada, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causa C. 120.405, "Servicios Portuarios S.A.", resol. de 16-III-2016, e.o.).
IV. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Al respecto corresponde resaltar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad interpuestos y desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2023 18:31:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 15:58:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 19:21:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2023 09:03:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2023 12:27:31 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2023 13:13:38 hs. bajo el número RR-492-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia