Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79711
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.711 "HELGUERA CESAR OSCAR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ AMPARO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. El señor César Oscar Helguera inició acción de amparo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo el pago del subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985, retroactivo a partir de la fecha del siniestro (el 26-XI-2013) que -según adujo- provocó su incapacidad. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar para que la parte demandada cubra la totalidad del aludido subsidio mensual, por las lesiones sufridas en el cumplimiento de su función como policía de seguridad, equivalente al haber mensual que, por todo concepto, percibe un Teniente Primero del régimen de la ley 13.201 (v. present. de 28-III-2023).
I.2. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial La Plata declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta (arts. 8, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; v. resol. de 25-IV-2023).
Para así decidir, consideró que el actor no había agotado oportunamente la vía administrativa, puesto que ni de la documental como tampoco del expediente administrativo acompañados surgía resolución definitiva, o siquiera que el demandante la hubiera instado.
Agregó que la demora de la Administración en resolver un recurso administrativo no es obstáculo para acceder a la instancia contencioso administrativa ni torna viable la vía excepcional del amparo, teniendo en cuenta la expresa regulación del procedimiento para accionar por retardación, a fin de lograr el dictado de la resolución definitiva o de las providencias de trámite.
I.3. Apelada por la parte actora la aludida resolución (v. present. de 28-IV-2023), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -por mayoría- la revocó, devolviendo la causa al juzgado de origen, para su prosecución (v. resol. de 17-VIII-2023).
Señaló que el apelante se agravió de la decisión de grado por la que se desestimó in limine la acción de amparo, deducida en el sub lite con el objeto de lograr que se le reconozca el subsidio del art. 1 de la ley 13.985, en virtud de la incapacidad sufrida el 26-XI-2013, en cumplimiento de sus funciones como policía de la Provincia de Buenos Aires.
Destacó que, para ello, el actor manifestó que se ha determinado una incapacidad laboral total y permanente del 90% para todo tipo de tareas, adquirida durante la relación de dependencia y que se encuentra atravesando una delicada situación de salud.
En esas condiciones, entendió que el juicio de inadmisibilidad de la acción resultaba inadecuado, teniendo en vista la naturaleza especial de los derechos comprometidos -de carácter alimentario- y el objeto de la pretensión, en tanto no obraban aun en estos actuados los antecedentes de la cuestión que posibiliten sostenerlo y, en particular, porque aquel examen se sustentaba en una valoración prematura y errada sobre la pretensión material sometida a juzgamiento.
Entendió que la reseña efectuada por el actor de los hechos del caso ameritaba la sustanciación del trámite a fin de verificar si se ha configurado o no la lesión a los derechos que se aducen vulnerados, sin que ello implique anticipo de opinión sobre el fondo del asunto.
Concluyó que, habiéndose suscitado la jurisdicción mediante una demanda que no permite su encuadre como un supuesto de desestimación liminar (arts. 15 y 20, inc. 2, Const. prov.; 1, 2, 7 y 8, ley 13.928), correspondía revocar la resolución impugnada y devolver la causa al órgano judicial de origen, para su prosecución con arreglo a lo ordenado precedentemente y a lo regulado en la materia (voto de la Dra. Milanta y del Dr. Spacarotel).
I.4. Devueltas las actuaciones por la Cámara, el juzgado interviniente corrió traslado de la demanda a Fiscalía de Estado. Asimismo, hizo lugar a la medida cautelar peticionada por el actor, ordenando a la demandada que arbitre los medios necesarios para que en el plazo de 48 horas haga efectivo el pago inmediato del subsidio que dispone la ley 13.985 en favor del señor Cesar Oscar Helguera, hasta tanto se resuelva el fondo de la materia traída a consideración (v. resol. de 19-IX-2023).
I.5. El 2-X-2023 Fiscalía de Estado apeló la resolución que concedió la medida cautelar. Seguidamente, el 4-X-2023, contesta demanda solicitando, en primer lugar, se decrete la caducidad de la acción, por hallarse vencido el plazo previsto para su interposición (art. 5, ley 13.928).
Recordó que el amparista solicitó que se ordene a la demandada el pago de lo dispuesto en la ley 13.985, de manera inmediata y en forma retroactiva a partir de la fecha del siniestro que provocó su incapacidad el día 26-XI-2013. Asimismo, reclamó que se cubra la totalidad del subsidio mensual por función de policía de seguridad equivalente al haber mensual que por todo concepto percibe un Teniente Primero del régimen de la ley 13.201.
Adujo que como el supuesto acto de servicio que ocasionó el origen del reclamo, según relato del actor, ocurrió el 26-XI-2013; que en fecha 14-VI-2016 se le otorgó el retiro obligatorio por incapacidad física y que la demanda ha sido promovida el 28-III-2023, surgía patente que había transcurrido en exceso el plazo de caducidad previsto por la referida norma para la interposición de la acción de amparo.
I.6. El juzgado actuante resolvió hacer lugar al pedido de caducidad de la acción planteado por la demandada (arts. 8, ley 13.928, texto según ley 14.192; 68, 69 y 336, CPCC; v. resol. de 20-X-2023).
Para así resolver, consideró que si bien el no haberse agotado la vía administrativa no obstaba a la procedencia del amparo, de las constancias de autos no surgía que el actor hubiera instado dicha finalización.
Destacó que ninguna razón de urgencia justificaba el juzgamiento anticipado de la cuestión por vía del remedio excepcional del amparo, el que no puede tener por objeto obviar trámites legales ni alterar las jurisdicciones vigentes, por ello es que la inexistencia o insuficiencia de las vías previas paralelas es un presupuesto que hace a la admisibilidad de la acción.
Por otra parte, resaltó que el plazo de caducidad para interponer la acción de amparo previsto por el art. 5 de la ley 13.928 (texto según ley 14.192), importa una reglamentación razonable, pues no suprime ni desnaturaliza su práctica.
Por último, volvió a decir que la demora de la administración en resolver un recurso administrativo no es obstáculo para acceder a la instancia contencioso administrativa ni torna viable la vía excepcional del amparo, teniendo en cuenta la expresa regulación del procedimiento para accionar por retardación en el dictado de la resolución definitiva o de las providencias de trámite.
I.7. Elevadas las actuaciones al Tribunal de Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las partes (v. escrit. electr. de 2-X-2023 y 27-X-2023), la Cámara resolvió: 1) hacer lugar al remedio incoado por el actor, dejando sin efecto la resolución de 20-X-2023, que había aceptado el planteo de caducidad de instancia formulado por Fiscalía de Estado, y disponer que los autos sean devueltos al juez de la causa para continuar con el trámite de la acción de amparo; 2) por mayoría, rechazar el recurso de apelación articulado por la parte demandada y confirmar la medida cautelar dictada el 18-IX-2023 (v. resol. de 7-V-2024).
Para así resolver, en relación a la caducidad de la acción decretada en primera instancia a solicitud de la demandada, sostuvo que tal planteo constituye la reedición del pronunciamiento dictado con fecha 25-IV-2023, el cual fue recurrido y resuelto por ese mismo Tribunal el 17-VIII-2023. En este contexto, y conforme a la regla de preclusión, señaló que tras la decisión que había admitido la continuidad del trámite, la instancia de admisibilidad se hallaba clausurada y sin posibilidad de reapertura, por lo que correspondía revocar la decisión de primera instancia en cuanto a este punto.
Por otra parte, respecto a los agravios dirigidos contra la medida cautelar otorgada, la Cámara -por mayoría- consideró que los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora estaban suficientemente acreditados. Para ello, se basó en las constancias de la causa, particularmente en el informe de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos de La Plata, de fecha 18 de febrero de 2016, que concluyó que el actor padece una incapacidad permanente del 90%. También tuvo en cuenta la resolución ministerial 695/16, que dispuso el retiro obligatorio del actor por presentar una incapacidad total y permanente no inferior al 66% para las tareas policiales.
En consecuencia, confirmó la medida precautoria, destacando que ésta no afectaba gravemente el interés público ni implicaba pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
II. Ante lo así resuelto, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 27-V-2024), el que denegado -con sustento en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada- (v. resol. de 8-X-2024), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 22-X-2024).
III. Requerida la radicación electrónica de la causa "Helguera, César Oscar c/Ministerio de Seguridad s/Amparo, 36.530-E", mediante notificación directa dirigida a la Cámara de fecha 24-II-2025, ésta se hizo efectiva el 14-V-2025. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.
IV. En el medio revisor en estudio, con respecto a los recaudos de admisibilidad de la vía interpuesta, la impugnante aduce que la Cámara denegó el recurso extraordinario presentado debido a la falta de definitividad del fallo impugnado, haciendo referencia únicamente a la medida cautelar otorgada, omitiendo así pronunciarse sobre el cuestionamiento del pedido de caducidad de la acción que fue planteado, circunstancia que -a su criterio- tornaría definitiva la decisión. Ello, en virtud que el Tribunal de Alzada declaró precluido el plazo para pronunciarse sobre la caducidad de la acción, atento el decisorio adoptado en autos por el mismo órgano el 17-VIII-2023, vedando de ese modo su derecho de defensa y haciendo imposible la revisión de lo resuelto.
IV.1. En relación a la vía interpuesta y en orden a realizar su examen de admisibilidad, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que, decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 29-VI-2022; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
IV.2. Así, no obstante la omisión denunciada por la recurrente en la resolución de la Cámara de Apelación que denegó el recurso extraordinario, el pronunciamiento que revocó la decisión de grado que, a su turno, había declarado la caducidad de la acción de amparo por hallarse vencido, al tiempo de su interposición, el plazo previsto por el art. 5 de la ley 13.928 y que, en consecuencia, ordenó la devolución de los autos al juez de grado para que continúe la tramitación de la acción de amparo, por las particularidades de este caso, no reviste el aludido carácter .
Por otra parte, en relación a las críticas dirigidas hacia la tutela precautoria, se ha dicho en numerosos precedentes que las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 202, 203 y concs., CPCC; conf. doctr. causas C. 125.136, "Bracco", resol de 23-V-2022; C. 125.115, "Grosso", resol. de 29-XII-2022; C. 125.316, "Acosta", resol. de 9-II-2023; C. 126.171, "Ferrari", resol. de 5-IV-2023).
En tal sentido, no se observa en el sub lite , en el que el Tribunal de Alzada confirmó la decisión de grado que hizo lugar a la medida precautoria, por considerar suficientemente abastecidos los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, motivos que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (doctr. causas A. 73.929, "Bellocchio", resol. de 18-XI-2015; Q. 77.599, "Rodríguez", resol. de 12-VIII-2022; Q. 77.037, "Asso", resol. de 24-V-2023; A. 78.511, "Belloni", resol. de 25-IV-2024).
IV.3. La alegación de cuestiones federales no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129, "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
De lo expuesto cabe concluir que no se ha logrado demostrar el yerro en la resolución denegatoria de la vía extraordinaria y se impone, en consecuencia, el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21), archívese y devuélvanse los principales por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:02:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 10:08:09 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:11:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:05:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:09:05 hs. bajo el número RR-443-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia