Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 4068).
Q.80.932 "BARRIOS WALTER ROBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/ AMPARO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el actor inicia acción de amparo contra la Municipalidad de Tigre solicitando se declare la inconstitucionalidad de la resolución administrativa que dispone dar de baja la habilitación de su comercio, con respecto a la actividad de taller mecánico, alineación y balanceo de automóviles. Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar innovativa consistente en la inmediata habilitación del comercio (v. present. electr. de 15-X-2024).
I.2. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 16 del Departamento Judicial San Isidro rechazó la demanda instaurada, entendiendo que la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de la resolución que dio de baja al comercio no se ajustaba al objeto procesal de la vía de amparo, la cual exige -indica- la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En tal sentido, sostuvo que la impugnación de un acto administrativo singular -como la Resolución N° 3.295/2024 que fuera dictada con posterioridad a la promoción del amparo-, debía canalizarse a través de los recursos administrativos y/o judiciales correspondientes.
Puso de resalto que la citada Resolución se dictó por un motivo distinto al inicial ("cese de actividad"), y se fundó en el incumplimiento del Decreto N° 1.928/90, art. 1 inc. 1.3, que exige la presentación del contrato de locación vigente por parte del titular, entendiendo que el accionar municipal no revestía el carácter de manifiestamente ilegal o arbitrario (ver sent. de 12-XI-2025).
I.3. Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el fallo apelado (ver sent. de 2-XII-2025).
II. Frente a lo así resuelto, el actor interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (ver present. electr. de 16-XII-2025).
II.1. El Tribunal de Alzada declaró inadmisibile el recurso extraordinario de nulidad y, respecto al otro remedio advirtió que el recurrente no había efectuado el depósito previo exigido por el art. 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, por lo que difirió su examen de admisibilidad (art. 281, CPCC) e intimó a la parte actora a que en el plazo de cinco días acredite el ingreso de la suma de $ 4.477.400 en tal concepto, acompañando el comprobante de haberlo despositado a la orden del tribunal (v. resol. de 26-II-2026).
II.2. Con posterioridad, la Cámara otorgó una ampliación del plazo para efectuar el depósito, por el término de diez (10) días (ver resol. de 10-III-2026). En la misma fecha, la parte actora manifestó que la ausencia de ingresos le impedía cumplir esa exigencia. En su lugar, ofreció en sustitución dos vehículos en calidad de garantía, respecto de los cuales el deudor conservaría la posesión, solicitando se ordenara el embargo de dichos bienes y su inscripción ante el Registro de la Propiedad Automotor para tener por cumplida la carga procesal prevista en el art. 280 del ritual y se elevaran las actuaciones a esta Suprema Corte.
II.3. Finalmente, la Cámara desestimó dicha solicitud, entendiendo que la norma es taxativa y no admite interpretaciones extensivas sobre el modo de cumplimiento, exigiendo en términos inequívocos la realización de un depósito dinerario a disposición del órgano jurisdiccional. Entendió que la pretensión de sustituir dicho depósito por el embargo de bienes registrables carece de sustento normativo, ya que el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial no contempla alternativas de caución real ni faculta al juzgador a morigerar o reemplazar el recaudo legal por otras garantías.
Por último, sostuvo que el ordenamiento prevé supuestos específicos de exención -como el beneficio de litigar sin gastos- que no han sido acreditados en estas actuaciones. Señaló que la mera invocación de un estado de penuria, carente del amparo de una concesión jurisdiccional de la franquicia respectiva, resulta inoponible a los mandatos adjetivos de carácter imperativo, desestimando la solicitud efectuada por el actor (ver resol. de 30-IV-2026).
Esta decisión motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. electr. de 6-V-2026).
III.1. El actor expresa que interpone queja por recurso denegado, prevista por el art. 292 citado, contra la resolución de la Cámara que le deniega la admisión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Al respecto, denuncia que ha dado inicio al beneficio de litigar sin gastos ante el juzgado de origen y que, a la fecha no tiene resolución definitiva.
Reitera que ha ofrecido garantía solvente para respaldar el pago del depósito. Solicita se admita la elevación del recurso extraordinario planteado y manifiesta que, cuando se dicte sentencia en el mencionado incidente en curso, se presentará para cumplir definitivamente con la reglamentación.
III.2. Al respecto, corresponde señalar que la promoción del beneficio de litigar sin gastos a los fines de lograr la eximición del depósito fue extemporánea, en tanto recién se realizó con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario y luego de la intimación a acreditar el depósito previo.
En este sentido, cabe recordar que para que se ponga en juego la doctrina elaborada por esta Corte in re "Crozzoli" (doctr. causas Ac. 84.210, resol. de 28-VIII-2002; Ac. 85.227, resol. de 26-II-2003; Ac. 74.390, resol. de 4-II-2004; Ac. 92.539, resol. de 18-IV-2007, etc.) es necesario que al momento de la interposición del recurso el pedido de la licencia prevista en los arts. 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial haya sido promovida, de modo de conceder un plazo prudencial para lograr el otorgamiento definitivo (doctr. causas A. 71.738, "Benavente", resol. de 12-IX-2012; Q. 75.561, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 11-IX-2013; C. 120.309, "Jaworski" resol. de 13-VII-2016), lo que no se verifica en el presente toda vez que, como surge de las constancias disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual, el beneficio fue iniciado el día 10-III-2026 (ver "Barrios, Walter Roberto c/ Municipalidad de Tigre s/ beneficio de litigar sin gastos" Expte. SI - 6842 - 2026), es decir con posterioridad a la articulación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. elect. de 16-XII-2025).
En atención a ello, la franquicia excepcional que deriva de la doctrina indicada no resulta aplicable al caso.
IV. No habiendo el impugnante cumplido con el emplazamiento efectuado por el Tribunal de Alzada referido al depósito previo requerido por el art. 280 del ordenamiento procesal citado (v. resolución de 26-II-2026), corresponde desestimar la queja interpuesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 4068).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:10:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:44:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2026 13:42:22 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:19:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:51 hs. bajo el número RR-674-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia