Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 1790), con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.77.333 “GIL FOLGEIRAS C/ PCIA DE BS. AS. S/ AMPARO - /QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Soria, Genoud y Carral dijeron:
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de grado que, en el marco de una acción de amparo ambiental, rechazó la medida cautelar peticionada por la señora Mercedes Inés Gil Folgeiras -vecina del partido de Mar Chiquita- contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretende una prohibición de innovar respecto de los trámites y procedimientos relacionados con las obras de defensa costera proyectadas en la Ruta 11 (v. resol. de Cámara de fecha 24-VI-2021).
En prieta síntesis, la Cámara interviniente consideró que el pedido de participación ciudadana en el trámite era prematuro, por lo que no resultaba procedente paralizar el obrar estatal en la instancia en la que se encontraba el procedimiento administrativo en cuestión.
Frente a lo así decidido, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación adj. de fecha 13-VII-2021), el que denegado -con sustento en que el fallo atacado no reviste carácter definitivo- (v. resol. de fecha 24-VIII-2021), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 29-IX-2020).
II. Al respecto, cabe señalar que es doctrina reiterada de esta Corte que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (doctr. causas A. 74.984, "Segovia", resol. de 6-VI-2018; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; Q. 75.903, "Granja Tres Arroyos", resol. de 6-XI-2019; Q. 76.431, "Centro de Exportadores de Cereales y Otros", resol. de 19-III-2021; Q. 76.534, "Bracco", resol. de 30-VI-2021).
Sobre tales bases no se advierten en el sub lite , en el que la Cámara confirmó el pronunciamiento impugnado al considerar -en el delimitado marco cognitivo propio de las diligencias precautorias y sin abrir juicio definitivo sobre el mérito del asunto- que no ha sido demostrada la verosimilitud del derecho en que se fundó el pedido de tutela, así como no se ha acreditado -con el grado de conocimiento atenuado que se requiere en el estadío cautelar- que la autoridad provincial hubiera dado curso a operaciones formales o materiales en violación a las garantías conferidas a la ciudadanía por el ordenamiento ambiental, entendiendo por tanto que el pedido de participación resultaba en este momento prematuro, motivos de excepción que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (conf. causas A. 74.984; Q. 75.536; Q. 75.903; Q. 76.431; Q, 76.534, cits.).
Por otra parte, la regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodríguez", resol. de 10-V-2017; Q. 76.604, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-XII-2020; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que se constata ausente en el caso.
Para más, cabe agregar que resulta ineficaz la cita de la doctrina legal de esta Corte, toda vez que en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho diferentes a los del caso en juzgamiento (conf. causa A. 71.919, "Fisco de la Provincia de Bs. As.", resol. de 8-VIII-2012).
III. Asimismo, la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia la presencia de una cuestión de tal naturaleza- no obsta a la solución desestimatoria propiciada. Las disposiciones adjetivas de nuestra provincia que imponen que los recursos extraordinarios locales solo procedan contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Ello es así, toda vez que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de actos (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 70.373, "Servicios Integrales de Alimentación", resol. de 30-III-2010; Q. 71.543, "Etchegaray", resol. de 31-VIII-2011; A. 73.472, "Stocco", resol. de 24-VI-2015; Q. 74.356, "Blua", resol. de 8-II-2017; Q. 75.416, "Ruiz", resol. de 3-X-2018; Q. 76.604, cits.).
Por lo tanto, la normativa local no cercena una vía posterior (el recurso extraordinario federal), porque dicho sendero impugnativo tampoco se abre frente a decisiones que no resulten definitivas ni equiparables a tales (art. 14, 1º párr., ley 48), no advirtiéndose en este caso una diferencia entre los conceptos elaborados al respecto por dicho Alto Tribunal y por esta Corte.
El señor juez doctor Torres dijo:
Me aparto de la solución propuesta por mis distinguidos colegas que preceden en la votación.
En efecto, si bien esta Suprema Corte tiene dicho que en principio las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la calidad de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Q. 73.550, "Rosas", resol. de 4-III-2015: Q. 73.511, "Montoreano", resol. de 4-III-2015; Q. 74573, "Pereyra", resol. de 2-III-2017), también ha sostenido que, si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio insusceptible de reparación ulterior, debe equiparársela a tal (doctr. causas Q. 74.122, "Bisio", resol. de 24-V-2016; Q. 74.110, "Mendez", resol. de 21-IX-2016; Q. 74.824, "Inza", resol. de 11-X-2017, Q. 75.117, "Amado", resol. de 17-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020).
En ese marco, entiendo que el pronunciamiento que desestimó el despacho precautorio impetrado en el marco de una acción de amparo ambiental -por el que se pretende impedir que la Administración siga avanzando con cualquier gestión, trámite o procedimiento licitatorio hasta tanto se encuentren garantizados los postulados de acceso a la información pública y a la participación ciudadana, procurando como fin último la preservación del ambiente- puede generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior, por lo que ha de reputarse equiparable a definitivo (arg. arts. 15, Const. prov. y 4 de la ley 25.675; conf. doct. Q. 70.955, "Galler", 15-IX-2010; A. 71.817, "Vela", resol. de 11-XII-2013; Q. 76.646, "Arata", resol. de 23-XII-2020).
Cabe recordar que en nuestro país se encuentra vigente el Acuerdo de Escazú, 22-IV-2021, cuyos pilares son garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental, propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.
De forma tal, con base en el principio precautorio que rige en la materia no existiendo certeza científica sobre el posible daño o peligro al ambiente que implica la denegatoria de la medida cautelar solicitada en autos, la que gravita sobre la falta de acceso a la información como de la debida intervención ciudadana, es que la decisión debe ser equiparada a definitiva desde la perspectiva ambiental propia del caso planteado, no existiendo óbice para hacer lugar a la queja.
En consecuencia, hallándose reunidos los demás requisitos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso de inaplicabilidad de ley (arts. 292 cit.; 60, CCA y Acordada 1790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 1790), con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:22:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:40:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 09:26:58 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 16/06/2022 12:35:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/06/2022 12:35:38 hs. bajo el número RR-646-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia