Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74951
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.951, "Pereyra, German y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) s/ Amparo. Recurso extraordinario de inapl. ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que aquí interesa, rechazó los recursos de apelación deducidos por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y por la Fiscalía de Estado confirmando la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo, con costas a las vencidas (v. fs. 1.107/1.129).
Disconforme con ese pronunciamiento, la codemandada Aguas Bonaerenses S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.143/1.155), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 1.160.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.186/1.214 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante la sentencia dictada con fecha 7 de julio de 2016, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la acción de amparo deducida por los señores Germán Pereyra e Ismael Telmo Bustamante y la señora María Celia Lorente, por sí y en representación de todos los usuarios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) de la ciudad de Dolores -a la que adhirieran Olga Noemí Erviti, Germán Alfredo Pereyra, Lydia Elena Bernal, Vicente Garófalo, Blanca Silva, Gloria Inés Ochaizpuro, Roberto Oscar Pivano, Roberto Carlos Dávila, Francisco Aranciaga, María Elena Diestro, Ernesto Osvaldo Romero, Patricia Susana Esquisito, Norma Graciela Diubertti, Mónica Estela Echave, Matías Agustín Gabotto y Ángel Heriberto Balbi- contra dicha empresa y la Provincia de Buenos Aires; con costas a las vencidas (cfr. arts. 19, ley 14.192 y 68, CPCC).
En ese pronunciamiento, básicamente, se dispuso:
I.1. La obligación para la Provincia de Buenos Aires y ABSA de presentar en un plazo no superior a los ciento ochenta días un Plan integral de Obras y Gestión conforme el decreto 878/03 que contemple: a) Estudio, Proyecto y Construcción de la Infraestructura adecuada; b) Gestión adecuada del Servicio para lo cual se deberá contar con un presupuesto acorde a fin de garantizar el funcionamiento constante y continuo de las obras planificadas, disponiéndose que la partida presupuestaria correspondiente deberá ser provista y otorgada por la demandada en un tiempo razonable; y c) Control de Calidad y Cantidad de la Prestación. Asimismo, se ordenó que dicho plan debería contemplar un control de fugas, mallas cerradas y diámetros acordes a la demanda y usos sectoriales, la ampliación de la red domiciliaria, estudios de nuevas fuentes de captación, acondicionamiento de la infraestructura existente, control de calidad, gestión adecuada del servicio, todo ello en plazos razonables y etapas -si correspondieren- con provisión de partidas presupuestarias suficientes. La presentación del plan de obra y gestión restableció bajo apercibimiento de imponerse astreintes (arts. 804, Cód. Civ. y Com. y 37, CPCC), las que podrían ser determinadas judicialmente en su debida oportunidad.
I.2. El deber del Estado provincial y ABSA de dar debida publicidad e información respecto de dicho plan a toda la comunidad de la ciudad de Dolores conforme las prescripciones de los arts. 35 inc. "m", 50 incs. "e" y "h" y 88 inc. "n" del decreto 878/03.
I.3. La exigencia de que la ejecución del plan de Obras y Gestión sea solventada por ambas demandadas.
I.4. La obligación al concesionario de refacturar el servicio, descontando el consumo de agua potable, en los casos en que la Gerencia de Control Técnico y de Calidad del Servicio del Organismo de Control de Agua de Buenos Aires constate o se acredite por cualquier medio fehaciente la falta de suministro y/o falta de presión en los domicilios de los usuarios, aclarando que esta previa demostración se exige por encontrarse los usuarios en distintas situaciones. Se dispuso que dicha refacturación correspondería hasta tanto el prestador notifique que la provisión de agua en las condiciones del decreto 878/03 se encuentra efectivamente solucionada, la cual deberá ser notificada fehacientemente al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA), quien deberá corroborar aquello.
II. Apelada la sentencia por ambas codemandadas, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó ambos recursos, confirmando de este modo el pronunciamiento de grado. Para así decidir, consideró los siguientes fundamentos que a continuación se exponen y que conformaron la mayoría de opiniones:
En primer lugar, sostuvo que los planteos recursivos intentados por ambas codemandadas, vinculados con la ausencia de un obrar manifiestamente arbitrario o la falta de individualización de las normas que se consideran incumplidas, resultaban meras afirmaciones sin argumentos capaces de poner en crisis el razonamiento de la jueza de primera instancia, a través del cual ésta, luego de un pormenorizado análisis de la normativa aplicable y de la prueba pericial producida, concluyó en la existencia de un obrar omisivo manifiestamente ilegítimo tanto de parte de la concesionaria prestadora del servicio como del Estado provincial en su deber de control, merecedor de la tutela constitucional intentada.
En ese orden, consideró que los embates de los apelantes no constituían una crítica concreta y razonada del pronunciamiento, requisito necesario impuesto por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable al caso por remisión del art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-), el cual exige hacerse cargo de los fundamentos del fallo, a través de un memorial que exponga en forma seria, fundada, objetiva y puntual sus errores, junto con la demostración de los motivos para considerarlo erróneo, injusto o contrario a derecho.
En segundo lugar, estimó también insuficientes los planteos referidos a la improcedencia formal de la acción por la existencia de carriles ordinarios aptos para enderezar la pretensión actoral. Ello en virtud de no haberse objetado las premisas fundamentales del fallo referidas, por un lado, a la viabilidad de ésta cuando la cuestión versa sobre la protección de derechos constitucionales como la vida y la salud y, por el otro, porque tampoco se cuestionó el análisis probatorio efectuado por la jueza de grado, quien concluyó en la posibilidad de inferirse un daño grave e irreparable de tener que acudirse a otras vías o canales ordinarios, sean judiciales o administrativos.
Por su parte, con referencia al pretendido carácter no justiciable de la cuestión y el indebido avance sobre las potestades del Poder Ejecutivo (v. recurso de apelación, fs. 823, primer párr. y 827, último párr.), señaló que la conducta que los accionantes imputan a las demandadas y tachan de ilegítima, se encuentra dada por el deficiente servicio de provisión de agua potable prestado en la ciudad de Dolores por la empresa concesionaria ABSA, el cual provoca que los usuarios no reciban agua potable con calidad y cantidad suficiente.
Aseveró, en ese orden, que existe un expreso deber jurídico en cabeza del Estado provincial como titular del servicio público sanitario -sin perjuicio de las responsabilidades que en virtud del contrato de concesión le caben a la entidad prestadora ABSA y los deberes de control que por imposición normativa le competen al Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires (OCABA)- de que éste se desarrolle en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad, asegurando una prestación eficaz a los usuarios y la protección de la salud pública y el medio ambiente, según las pautas que se correspondan con un servicio sustentable.
Entendió que tal obligación no se impone solo por la consagración de aquellos derechos constitucionales a la salud y la vida, sino también de lo preceptuado específicamente en el marco regulatorio aplicable, que dispone obligaciones concretas, a saber: mantenimiento de condiciones de presión y caudal en cada conexión, la exigencia de que el suministro de agua sea continuo, regular, uniforme y universal, considerándose un incumplimiento que la presión no sea suficiente (cfr. arts. 1, 3, 4, 5, 6, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 77, 88 y concs., dec. 878/03 y 32 inc. "a", dec. 3.289/94).
Subrayó asimismo que arribaban incuestionadas las conclusiones de la jueza de grado respecto a la deficiente prestación del servicio de provisión de agua potable brindado por ABSA y la falta de respuestas satisfactorias, como así también aquellas vinculadas con la inacción de la Provincia de Buenos Aires y del OCABA como causa directa de tan delicada situación.
Reparó, en este último sentido, en que es la propia accionada la que ha reconocido las carencias del servicio, ello a través de un informe emitido por la Gerencia Técnica y Calidad del OCABA -presentado en autos por la Fiscalía de Estado a fs. 379/381- el cual ha descripto la situación de la siguiente manera: "...la prestación del servicio en la localidad siempre ha tenido contratiempos y quejas por falta de presión, fundamentalmente en época estival. Esto ha sido recepcionado por este organismo y puesto en conocimiento del operador además de requerírsele los planes de obras e inversiones tendientes a resolver los mismos como las previsiones de crecimiento de la ciudad. Si bien los planes nunca fueron entregados al OCABA, en las visitas periódicas de control y monitoreo se han reflejado los avances tanto en producción (escasos) como los de crecimiento del servicio (bastante más importante) por los que por causa lógica lejos de atemperar la problemática por el contrario la incrementa...".
Puntualizó, siguiendo los lineamientos sentados en la causa A. 71.230, "Gutierrez", sentencia de 15-VII-2015 de esta Corte, que la discrecionalidad administrativa encuentra un límite en el efectivo cumplimiento de las prerrogativas superiores y no viceversa, de modo que mal podría considerarse la existencia de una zona de reserva de la Administración eximida de ajustarse a aquellos preceptos supralegales que resguardan los derechos fundamentales del administrado. Y agregó "...el efectivo goce de estos últimos no podría quedar supeditado al cumplimiento discrecional de las normas por la Administración, máxime cuando las pautas que los citados preceptos contienen en punto a la tutela de tales derechos no importan un mandato dirigido solo al legislador o a la autoridad administrativa, sino también a los Jueces, constituyendo verdaderos principios jurídicos atinentes a los casos sometidos a la decisión de estos últimos".
Consideró, en consecuencia, suficientemente probada la omisión ilegítima incurrida por las codemandadas respecto al cumplimiento de los deberes que el marco regulatorio les impone, como así también el menoscabo que tal proceder ha importado para aquellos derechos fundamentales amparados por el orden supralegal (art. 75 incs. 22 y 23, Const. nac. e Instrumentos Internacionales citados); concluyó, por ello, que la cuestión lejos ha estado de constituir una "cuestión no justiciable" o un "exceso del ejercicio de la función jurisdiccional".
Y agregó, "Más aun, cuando tal pronunciamiento, en vez de ordenar la realización de una determinada y concreta obra de infraestructura en cierto -y fatal- plazo de tiempo, dispone en sustancia, que las demandadas presenten, en el término de 180 días, un Plan integral de Obras y Gestión, el cual -si bien deberá contemplar las cuestiones técnicas allí mencionadas- permite que queden bajo la órbita decisoria de aquellas: i) la determinación de la infraestructura que consideren adecuada para cumplir con los parámetros de calidad y eficiencia del servicio que impone el marco regulatorio, ii) la fijación de plazos razonables de ejecución y iii) la provisión de las partidas presupuestarias suficientes para garantizar la realización de las obras planificadas".
Por ello decidió rechazar los recursos interpuestos y confirmar la sentencia de grado.
III. Contra dicho pronunciamiento, la parte codemandada ABSA deduce recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.143/1.154 vta.), en cuyo marco denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 260 del Código Procesal Civil y Comercial; 18 de la Constitución nacional; 15 y 20 de la Constitución provincial; 2 de la ley 13.928; 50 y 51 del decreto 878/03 -ratificado por la ley 13.154-. Asimismo, invoca la violación de doctrina legal.
Sostiene que, tal como lo viene planteando desde el inicio, la acción de amparo intentada no resulta procedente, ello pues no existe en el caso una acción u omisión manifiestamente ilegal o arbitraria.
Se agravia de la sentencia del Tribunal de Alzada por imponerle una obligación de hacer que entiende sumamente gravosa, en tanto esta importará el desembolso de cuantiosísimas sumas de dinero para ejecutar el plan de obras que se ordena, como así también en cuanto dispone refacturar el servicio a los usuarios que acrediten la falta de suministro o presión en sus domicilios.
Entiende que la aplicación del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, con la declaración de insuficiencia de su expresión de agravios decidida por la Cámara, resulta una apreciación dogmática, pues ha rebatido de manera seria y pormenorizada todos los argumentos vertidos en la sentencia de primera instancia, realizando un análisis y una impugnación concreta de la prueba en la que ésta se fundara.
Sostiene que no ha sido probado el incumplimiento de las obligaciones del art. 23 del marco regulatorio y que, tal como se acreditó con la prueba documental, solo nueve de los diecinueve actores han realizado algún reclamo por falta de presión de agua en los últimos tres años, lo que no ha sido negado. Además, esgrime que la escasez de reclamos operativos presentados por los aquí amparistas denota la inexistencia de una omisión en la prestación del servicio que pueda ser considerada una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, presupuesto indispensable para la viabilidad de la acción de amparo intentada. Cita doctrina de esta Corte respecto de la admisibilidad de la vía del amparo (v. fs. 1.148).
En ese sentido refiere que el perito no ha constatado efectivamente el estado de la red de distribución de agua de la ciudad de Dolores, y no ha realizado las mediciones correspondientes. Asegura que éste se ha limitado a reproducir las falencias que tendría el servicio de acuerdo a lo explicitado en notas periodísticas publicadas en diversos diarios y publicaciones de la zona, por los dichos del intendente, o de los propios empleados de ABSA o del OCABA. Concluye, en consecuencia, que la pericia presentada no puede tener valor probatorio respecto de la supuesta omisión ilegítima que se le endilga. Cita doctrina y aduce que el informe pericial no cumple con las previsiones del art. 472 del Código Procesal Civil y Comercial al no explicar detalladamente las operaciones técnicas realizadas.
Respecto de las declaraciones testimoniales brindadas en autos, que el a quo refiere en el considerando 7 punto "b", aduce que, si bien denotan la existencia de ciertos inconvenientes en el servicio, de manera alguna prueban la violación manifiesta de las obligaciones de ABSA.
Concluye por ello que ha desvirtuado los fundamentos más importantes del fallo del Tribunal de Alzada, con lo que la resolución de ésta, quien no trató sus agravios por ser insuficientes, deviene una afirmación dogmática carente de sustento real.
Afirma que el Tribunal no ha tenido en cuenta, al tratar los requisitos que debe satisfacer la carga técnica del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, el criterio amplio o flexible que debe prevalecer en estos casos, ello en salvaguarda de principios de mayor jerarquía, como los establecidos en los arts. 18 de la Constitución nacional y 11 y 15 de la Constitución provincial.
Por último, afirma que la Cámara actuante ha omitido el tratamiento de los planteos vertidos en los acápites II.3. y II.4. del escrito de su expresión de agravios, todo lo cual implica la violación del derecho de defensa (v. fs. 1.153 vta.).
Por ello solicita se haga lugar al recurso extraordinario, revocándose la sentencia del Tribunal de Alzada, con costas.
IV. Adelanto que el recurso no puede prosperar atento su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, el recurrente denuncia la violación del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, por entender que su recurso de apelación resultaba una impugnación concreta y eficaz de la sentencia de primera instancia, pese a lo cual, el Tribunal de Alzada resolvió no dar tratamiento a sus agravios por considerar su réplica insuficiente en los términos del ritual.
Con referencia a este punto, cabe recordar que esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas Ac. 40.075, sent. de 8-XI-1988; Ac. 46.691, sent. de 27-VI-1995; Ac. 53.749, sent. de 25-IV-1995; Ac. 77.230, sent. de 19-II-2002; Ac. 90.752, sent. de 30-III-2005; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 69.344, sent. de 4-VI-2008; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010 y A. 71.123, sent. de 6-XI-2013; e.o.), planteo que siquiera fuera realizado por la demandada.
En efecto, ha dicho esta Corte que, si la Cámara en ejercicio de facultades que le son propias hizo una valoración de la expresión de agravios arribando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en el caso, solo denuncia la violación de dicho artículo, sin demostrar que esa conclusión del tribunal sea producto de un razonamiento absurdo (doctr. causas A. 70.136, sent. de 21-IV-2010; A. 70.791, sent. de 31-VIII-2011; A. 71.123, cit.; A. 72.351, "Legorburu", sent. de 18-XII-2013, entre muchas otras), circunstancia no acontecida en la especie.
IV.2. No obstante lo expuesto, y con referencia al segundo de los agravios planteados vinculado con la improcedencia de la vía, cabe destacar que ya el Tribunal de Alzada los consideró insuficientes para obtener la revocación de lo decidido. Situación ésta que cabe proyectar aquí, con mayor rigor aún por tratarse de la instancia extraordinaria.
En efecto, tal como allí se dijo: "...ninguna objeción se plantea en sendos memoriales capaz de conmover aquella premisa del fallo de grado que postula que el reclamo ventilado en el sub lite giraría en torno a la protección de derechos especialmente tutelados por el ordenamiento constitucional como el derecho a la vida y la salud, ni -menos aún- cuestiona el análisis probatorio a partir del cual la juez de grado concluyó que, existiría la posibilidad de inferir un daño grave e irreparable si se desviara la reclamación a los procedimientos comunes, sean judiciales o administrativos, postulados frente a los cuales -por tanto- la idoneidad del carril procesal escogido en manera alguna se vería ensombrecida por la existencia de aquellas otras 'vías ordinarias' a la que genéricamente refieren las quejosas...".
Así, consideró insuficiente la crítica vinculada con la supuesta improcedencia de la vía, pues entendió que ésta resulta adecuada a la índole de los derechos constitucionales en juego y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.