Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.722, "Cámara de Pescadores artesanales de Monte Hermoso Y Pehuen-Co c/Ministerio Asuntos Agrarios s/Amparo. Recurso extraordinario de inapl. de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y confirmó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad de los actos que autorizaron el cambio de puerto de dos embarcaciones pesqueras, ordenando a la demandada abstenerse de aprobar cualquier proyecto que aumentase el esfuerzo de pesca en la zona denominada "El Rincón", hasta tanto no se diera cumplimiento con el procedimiento de impacto ambiental previsto en la ley 11.723 (v. fs. 380/384).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 389/406), el que fue concedido a fs. 408/409.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 414) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen-Có entabló acción de amparo contra el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo la declaración de nulidad de las notas de autorización de cambio de puerto de desembarque de los buques "Don Mario" y "Temerario" (v. fs. 99/120).
Refirió que tales embarcaciones, si bien se encontraban autorizadas a pescar en la zona denominada "El Rincón", lo hacían desde el puerto de Mar del Plata; y que su mudanza al puerto de Ingeniero White, en la localidad de Bahía Blanca, les permitiría incursionar a pescar en dicha zona en un significativo mayor número de oportunidades en una misma temporada de la actividad.
Habló del peligro de una sobreexplotación pesquera, de la consecuente afectación al medio ambiente, de los intereses de los pescadores artesanales y, de especial relevancia en la especie, destacó que la autorización del cambio de puerto de operaciones de dichas embarcaciones debió estar precedida de una declaración de impacto ambiental en los términos de la ley 11.723.
I.2. En su presentación inicial, requirió el dictado de una medida cautelar que impida interinamente el traslado de los pesqueros a Ingeniero White. Esta fue concedida a fs. 122 por el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata y confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de esa ciudad a fs. 314/317.
I.3. A fs. 194 se presentaron como terceros interesados Pesquera Don Blas SA y Don Mario SRL.
A fs. 245 la Provincia contestó la demanda y opuso la falta de legitimación activa de la actora.
II. El tribunal laboral hizo lugar al amparo promovido.
Declaró la nulidad de las notas de autorización de cambio de puerto de las embarcaciones "Don Mario" y "Temerario" (matrículas 1400-M y 1444-M, respectivamente), ordenándole a la Provincia de Buenos Aires a que se abstuviera de aprobar cualquier proyecto que implicara un aumento del esfuerzo de pesca en la zona denominada "El Rincón", hasta tanto se cumpliera con el procedimiento de impacto ambiental previsto por los arts. 1, 5, 6, 10, 11, 12, 20 y 23 de la ley 11.723 (conf. arts. 43, Const. nac. y 28, Const. prov.).
Destacó que de las resoluciones 5/05 y 49/05 dictadas por el Subsecretario de Actividades Pesqueras del Ministerio de Asuntos Agrarios, surgía la importancia y necesidad de proteger la población ictícola en el área de referencia, como así también que la resolución 2/10 del Consejo Federal de Pesca evidenciaba que las principales especies en esa zona continuaban siendo sobreexplotadas.
Indicó asimismo que el Ministerio de Asuntos Agrarios, en su resolución 74/10, había suspendido la aprobación de nuevos proyectos para la obtención de permisos de pesca en la zona de "El Rincón", a la par de encomendarle al Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) un estudio con el objeto de proteger la biomasa.
Puso de relieve que, entonces, era incuestionable que el cambio de puerto dispuesto ocasionaría un aumento en el esfuerzo de pesca y que los actos administrativos impugnados, de materializarse, impactarían negativamente en el medio ambiente y la fauna marina.
Sin perjuicio de ello, aclaró que no podía dimensionar los alcances de ese impacto ante la ausencia de un estudio científico que brindara parámetros reales (estudios que la propia demandada, por resolución ministerial 74/10, había considerado necesarios y condicionantes para la aprobación de nuevos proyectos que impliquen permisos de pesca).
Expuso que el amparo promovido guardaba una gran similitud con el resuelto por esta Suprema Corte en la causa A. 71.421, "Cámara Argentina de Pescadores de Monte Hermoso y otro", sentencia de 3-X-2012, haciendo suyos los fundamentos allí volcados (v. fs. 338).
Concluyó que en el caso correspondía cumplir con el procedimiento de impacto ambiental antes de conceder cualquier autorización al "Don Mario" y al "Temerario" para mudar sus operaciones al puerto de Ingeniero White (conf. arts. 1, 5, 6, 10, 11, 12, 20 y 23, ley 11.723).
III. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia dictada en cuanto fuera materia de agravio (v. fs. 380/384).
IV. Contra el pronunciamiento del Tribunal de Alzada la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia erróneamente aplicados los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 27 de la Constitución provincial; 10 y 23 de la ley 11.723; 1 y 2 de la ley 13.928 y la ley 11.477. También alega absurdo (v. fs. 389/406).
V. El recurso no prospera.
V.1. Ante todo, debo decir que encuentro muy discutible el argumento principal desplegado por la Cámara para desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 354/360 (ibíd. que había precluído toda posibilidad para reeditar agravios ligados a la correcta aplicación de los arts. 10, 23 y concs. de la ley 11.723), en tanto que las cuestiones que se reputan consentidas fueron plasmadas en el marco de una resolución que, por su naturaleza, no tenía carácter definitivo y a la postre fueron introducidas en la sentencia de primera instancia que sí fue impugnada en cada uno de esos aspectos.
Sin embargo, la insuficiencia impugnativa de la pieza en tratamiento, que no se dedica a desarticular esa conclusión medular de la sentencia de cámara, conduce forzosamente al rechazo del remedio (art. 279, CPCC).
V.2. Conforme surge de esta última, el voto que concitó la mayoría de adhesiones -sin perjuicio de la salvedad efectuada por la magistrada que votó en tercer término- señaló que lo decidido a fs. 314/317 con relación a la medida cautelar resultaba un "suceso clausurado [...] con impronta suficiente para definir los términos de la contienda entablada" (v. fs. 381 vta.).
Aclaró que ese auto, una vez firme, había limitado cualquier discusión posterior respecto a la necesidad de cumplimentar con la declaración de impacto ambiental a la que mienta la ley 11.723, que se reputó algo mandado por el ordenamiento.
Textualmente, se dijo que "El contenido de ese pronunciamiento ha obturado toda posibilidad decisoria ulterior, al cesar los alcances de la contienda en los términos de la medida de tutela adoptada...", además de que "...La decidida en la causa carece de relieve provisorio. Ella misma es la que se erige en resultado del pleito suscitado. La situación litigiosa supo reconocer, desde la medida adoptada en los autos, a un emprendimiento suspendido. Y, ello así, hasta el momento en que se satisfaga la exigencia legal de la declaración de impacto ambiental que, a su respecto, fuera oportunamente requerida por conducto de ese mismo acto decisorio..." (v. fs. 382).
V.3. Advierto que dichos fundamentos no han sido eficazmente controvertidos por la recurrente, quien se ha limitado a agraviarse de otros argumentos que, seguidamente a los mencionados, expusiera la Cámara a mayor abundamiento (v. décimo párrafo y sigs. a fs. 382).
En tal sentido, la accionada se dedica más bien a demostrar que no resultaba exigible la declaración de impacto ambiental, pues en el sub examine se estaría frente a "...un trámite de rutina cuya autorización es otorgada en forma precaria, y que se efectúa por medio de una nota, ya sea en la zona que nos ocupa o en cualquier otra zona de jurisdicción provincial..." (v. fs. 397). Asimismo, a distanciarse de la fuerza expansiva del precedente de la causa A. 71.421 invocado por los jueces que previnieron.
V.4. Esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya impugnación omite controvertir fundamentos del decisorio que, más allá de su acierto o error, le otorgan suficiente sustento (doctr. causa A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019).
La Fiscalía de Estado no se hizo cargo de la principal razón suministrada por el Tribunal de Alzada para justificar el rechazo del recurso ordinario de apelación, dejando sin ataque ese tramo central del decisorio basado en una aparente preclusión procesal. Y esto sella la suerte adversa del intento, toda vez que la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo no ha tenido lugar ante esta instancia (doctr. causas C. 90.122, "Gomez", sent. de 8-XI-2006; A. 75.635, "Giudice", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:11 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:23:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 07:04:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia