Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74849
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.849, "Miani, Miguel y otros contra Municipalidad de Vicente Lopez. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza 34.355 de la Municipalidad de Vicente López y revocó la sentencia de grado en cuanto había ordenado el levantamiento inmediato de la totalidad de las vallas habidas en el Barrio Nuevo o de los Intendentes, disponiendo que el municipio efectúe sólo la remoción del vallado total de dos (2) de las calles no consecutivas que comunican con la colectora de la avenida General Paz. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 19, ley 13.928 y 68 CPCC; v. fs. 718/737 vta.).
Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 769/780 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 787 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 792) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza 34.355 de la Municipalidad de Vicente López, y revocó la sentencia de grado en cuanto había ordenado el levantamiento de la totalidad de las vallas habidas en el Barrio Nuevo o de los Intendentes, disponiendo que el municipio efectúe sólo la remoción del vallado total de dos (2) calles no consecutivas que comunican con la colectora de la avenida General Paz.
I.1. Para así decidir, en primer lugar señaló que el objeto de la presente acción había sido la ilegítima aplicación en la zona del Barrio Nuevo o Barrio de los Intendentes, de las ordenanzas 33.284 -por la que se había dispuesto la instalación de mobiliarios urbanos que limiten la velocidad- y la 33.285 -que había autorizado la instalación de flex beam o jersey de hormigón para limitar el ingreso y egreso de vehículos de gran porte mediante la reducción del radio de giro-, en tanto el municipio se excedió en las autorizaciones concedidas por el Concejo Deliberante, al cerrar totalmente arterias de ingreso y egreso al barrio.
Agregó que la Municipalidad de Vicente López había adherido por la ordenanza 33.286 al decreto provincial 220/14, que declaró la emergencia en seguridad pública, y en ese contexto había encomendado a su Secretaría de Seguridad implementar el conjunto de medidas y recursos tendientes a reorganizar y elaborar planes estratégicos a los efectos de reforzar la seguridad en el partido, lo que diera lugar a la implementación de las medidas aquí impugnadas -cierre de arterias-.
Enseñó que en el devenir de las actuaciones y conforme se desprendía de fs. 353 y vta., se dictó la ordenanza 34.355, que convalidó el uso operativo que el municipio le había dado al mobiliario urbano de las ordenanzas 33.284 y 33.285, autorizando la continuidad de los mismos, y estableciendo explícitamente ahora la finalidad de impedir el ingreso y egreso de vehículos desde la calle La Salle (colectora de la avenida General Paz), a las calles avenida Córdoba, Gramajo Gutiérrez, Intendente Lima, Richieri, Pineda y Falucho, a efectos de contribuir con la seguridad personal y vial de la zona indicada.
Indicó que, para contrarrestar los inconvenientes suscitados con el cierre total de arterias, se autorizó en la última ordenanza mencionada la circulación en doble sentido en aquellas calles que quedaban sin salida.
Sentado el marco normativo imperante y adentrando a la solución del caso, sostuvo que la ordenanza 34.355 no poseía rango legal, pues su alcance era particular desprovisto, por ende, de las notas de generalidad, abstracción e impersonalidad.
Consideró que esa norma violaba el principio de razonabilidad (art. 144 inc. 2, Const. prov., al alterar el espíritu de la ley que reglamenta) lesionando los derechos al libre tránsito, de igualdad, de propiedad, de seguridad, entre otras garantías individuales (conf. arts. 14, 16, 17 y 18, Const. nac.).
Evaluó que no resultaba lógico suponer que impedir el ingreso y egreso de vehículos desde la colectora de la avenida General Paz, en determinadas arterias del barrio, tienda a contribuir con la "seguridad personal y vial" de éste, con lo que concluyó se visualizaba una desviación entre la finalidad supuestamente perseguida -seguridad- y la real, cual consideró era impedir la libre circulación y contribuir a la constitución de una zona prácticamente asimilable a un "Barrio cerrado", fuera del marco normativo reglamentario previsto a tal efecto.
Declaró, por lo expuesto, la inconstitucionalidad de la ordenanza 34.355, por cuanto convalidó el uso operativo que se le dio al mobiliario urbano indicado en las ordenanzas 33.284 y 33.285, señalando al efecto que cuando una disposición normativa desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la norma reglamentada otorga o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, se contraría el principio de jerarquía normativa y se configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución nacional concede al Poder Ejecutivo (art. 31, Const. nac.).
Agregó, para justificar la declamación efectuada, que son las propias normas de la Constitución las que otorgan el control de constitucionalidad al poder judicial en materia de amparos –conf. arts. 43, Const. nac. y 20 Const. prov.-.
I.2. A continuación señaló que correspondía revocar en forma parcial la sentencia de grado en tanto ordenó el levantamiento de la totalidad de las vallas habidas en el Barrio Nuevo o de los Intendentes.
Indicó para ello que, expresamente las ordenanzas analizadas -33.284 y 33.285- se dirigen a "limitar" y/o "reducir" la circulación y que el municipio, directamente, procedió al cierre total de determinadas arterias, lo que tiene por acreditado mediante la resolución 533 de la Defensoría del Pueblo de Vicente López (obrante a fs. 364/367) y las declaraciones testimoniales (v. fs. 368/369 vta. y fs. 370/373).
Agregó que también de la pericia de autos de fs. 427/430 surgía que la implementación del vallado se materializó con una obstrucción total de la calzada, la que desnaturalizaba la motivación original de la ordenanza.
Por último, indicó que dicha clausura de calles surgía probada también por la inspección ocular efectuada por el a quo obrante a fs. 714/715.
En dichas condiciones, advirtió que efectivamente el municipio se había excedido en la aplicación de las ordenanzas 33.284 y 33.285 (que sólo preveía limitar la velocidad y reducir el radio de giro para vehículos de gran porte), y había incurrido en irrazonabilidad al sancionar la ordenanza 34.355 -convalidatoria de la situación fáctica de implementación de vallado total de calles de acceso al barrio desde la colectora de la avenida General Paz-, por cuanto en sus antecedentes se menciona, entre otros, la seguridad pública en orden a evitar robos.
Consideró por ello que, si bien correspondía hacer lugar a la demanda, debía limitar la extensión de la sentencia de grado, en tanto sólo el vallado total de calles se encuentra en conflicto con la regulación del derecho de "seguridad vial o pública", con el derecho a la circulación, a la salud y a la igualdad de los vecinos frentistas a la colectora, que se ven impedidos o limitados para acceder a su propio barrio.
Ponderó la pericia de autos de la que surge que, en caso de incendio, a un autobomba se le dificultaría enormemente acceder al barrio y que con valla completa resultaría imposible, concluyendo que ese vallado importa que se deba realizar un mayor rodeo para acceder al barrio, con la consecuente pérdida de tiempo; y agregó que una ambulancia se encontraría en una situación similar.
Por todo lo expuesto consideró que la Municipalidad de Vicente López debía efectuar el levantamiento del vallado total de dos (2) de las calles, no consecutivas, que comunican con la colectora, según el criterio de la Autoridad Administrativa y Concejo Deliberante al sancionar las ordenanzas 33.184 y 33.255.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el municipio demandado denuncia errónea aplicación de los arts. 20 inc. 2 y 192 de la Constitución provincial; 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Ordenamiento Municipal; 2 inc. 1 de la ley 13.928 y 14, 16, 18 y 28 de la Constitución nacional. Asimismo, alega absurdo en la apreciación de la prueba producida.
II.1. En primer lugar, se queja de la errónea aplicación al caso del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, considerando inválida la vía del amparo escogida, por cuanto los accionantes no lograron acreditar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la ordenanza impugnada.
Alude también a la existencia de otras vías idóneas o remedios ordinarios para hacer valer los derechos que los amparistas dicen conculcados (art. 2 inc. 1, ley 13.928), denunciado que ellos debieron asumir la carga de demostrar, y no meramente afirmar, que no existían otros medios para obtener el resguardo de los derechos vulnerados.
Agrega que, si la cuestión requería de prueba como la ofrecida por los amparistas, la acción debió ser rechazada in limine o adaptada para que se admitiera una discusión amplia y sin restricciones probatorias.
Se agravia de que por esta vía de amparo no pudo ofrecer la prueba que hubiera podido hacer valer en un juicio de conocimiento amplio.
II.2. En segundo término, denuncia absurda valoración de los principios y garantías constitucionales (arts. 14, 16, 17 y 18, Const. nac.).
Indica que las ordenanzas dictadas no imponen restricciones insalvables o irrazonables, sino que resultan la consecuencia lógica de vivir en una sociedad ordenada en donde, en aras a un bien común, se ceden pequeñas fracciones de libertad individuales.
Agrega que el Municipio de Vicente López, conforme el art. 190 y siguientes de la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, tiene facultades suficientes para dictar ordenanzas que reglamenten acerca de cuestiones como la de autos (arts. 25 y 27, LOM).
Alega que la instrumentación de la ordenanza 34.355 no refleja una palmaria violación al principio de jerarquía normativa contenido en el art. 31 de la Constitución nacional, ni una violación manifiesta a las garantías constitucionales que denuncian como conculcadas los amparistas y que fueran livianamente acogidas por la sentencia en crisis.
Señala que impedir el ingreso o egreso de vehículos en una o varias intersecciones no constituye por sí mismo una violación al derecho de "transitar", sino meramente un ordenamiento vial, un redireccionamiento del tránsito. Manifiesta que el vallado no importa en definitiva prohibir el acceso a ningún punto del barrio, en tanto existen otras vías de acceso.
Asimismo, recuerda que la oportunidad, mérito y conveniencia para su implementación son atribuciones propias del municipio.
Agrega que justamente las únicas restricciones que admite el derecho a la libre circulación son las inherentes a los reglamentos de tránsito.
Afirma que el mobiliario instalado permite el tránsito peatonal en toda la zona por lo que deviene absurda la aseveración de que se ha conculcado algún derecho constitucional.
Insiste con queáexisten accesos alternativos para que los vehículos puedan ingresar o salir del barrio, habiendo quedado vedada sólo la posibilidad de que los vehículos tuvieran un acceso de ingreso directo desde y/o hacía la colectora General Paz, con lo que asevera que la libertad de tránsito no está ni estuvo nunca en vilo.
II.3. Denuncia el absurdo en las conclusiones de la Alzada en tanto reflejan una interpretación reñida con la lógica.
A dicho respecto indica que se ha obviado considerar que la circulación en el lugar se encuentra garantizada mediante la implementación de la doble mano de circulación en las arterias que se encuentran afectadas por las medidas implementadas; lo que demuestra que la norma no resulta arbitraria.
Insiste con que el acceso peatonal jamás fue limitado, como tampoco el vehicular, requiriéndose únicamente un desvío mínimo en pos de lograr otros objetivos: "la seguridad vial y personal" en dicho barrio.
Respecto a la supuesta afectación al principio de igualdad, aduce que ni los amparistas, ni la sentencia recurrida aclaran de qué forma habría sido conculcado, en tanto no crea situaciones de excepción, ni para los habitantes del barrio, ni para con los de afuera, siendo la limitación de ingreso y egreso vehicular aplicable a todos por igual, sin crear situaciones de privilegio o excepción.
En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad, sostiene que no se encuentra verificada tampoco por cuanto ninguno de los amparistas vio afectado ese derecho, ni limitado, y que no se han probado o intentado probar tales extremos.
El mismo derrotero sigue en atención a la alegada violación a la "seguridad" y "garantías individuales", respecto de las que denuncia que ni siquiera se enuncia en qué consistiría la supuesta violación.
Aduce con lo expuesto la orfandad probatoria de los amparistas, quienes no acreditaron los extremos necesarios para tener por inválida la actuación municipal o el cuerpo normativo, en tanto no probaron que les hubiera infringido gravamen alguno o resultado lesión alguna que violase derechos constitucionales, no existiendo vulneración al principio de razonabilidad reconocido constitucionalmente y legislado en el art. 28 de la Constitución nacional.
Señala que la ordenanza tachada de inconstitucional no refleja alteración o desvío alguno de su espíritu y que, por el contrario, va en el mismo sentido que sus predecesoras conforme a las facultades reglamentarias que tiene la Municipalidad.
II.4. Denuncia incongruencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada, en tanto no formó parte de la litis el pedido de inconstitucionalidad de norma alguna, lo que vulnera su derecho de defensa.
Sostiene que, si los amparistas no requirieron la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, no puede su omisión ser suplida de oficio por el a quo . Agrega que por imperio del art. 2 inc. 3 de la ley 13.928, no es viable la acción de amparo cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma de alcance general.
Alega que para soslayar la prohibición y favorecer la posición de la parte actora, la Cámara concluyó que la ordenanza 34.355 no poseía rango legal y que su alcance resultaba, por tanto, particular.
Sostiene que ese razonamiento evidencia el absurdo en atención a los postulados de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que en su art. 77 prevé que las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material. En esa inteligencia, considera que no existe fundamento por el cual la ordenanza 34.355 se encuentre desprovista de las notas de generalidad, abstracción e impersonalidad, en tanto su aplicación corresponde a todo un barrio.
II.5. Denuncia intromisión del Poder Judicial en cuestiones que le son ajenas, verificándose un conflicto de poderes que se patentiza cuando el a quo , en lugar de limitarse a verificar la legalidad de las ordenanzas, ordena la apertura de dos (2) calles no consecutivas en el Barrio Nuevo o de los Intendentes sobre la colectora General Paz, cuando el control de constitucionalidad de la jurisdicción no puede derivar en que los tribunales sustituyan a los órganos gubernamentales, arrogándose funciones que le son propias al municipio, lo que viola la división de poderes y la autonomía municipal (arts. 5 y 123, Const. nac.).
II.6. Por último, señala que quedó demostrado el absurdo de la sentencia recurrida en razón de que, si bien la Cámara tacha de inconstitucional la normativa municipal, luego ordena su aplicación morigerada.
Aduce que dicha incongruencia o gravísima contrariedad, no hace más que demostrar palmariamenteáque se ha incurrido en un error groseroáy manifiesto, que finalmente conduce a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa, demostrándose con ello el absurdo de manera patente.
Concluye que la ordenanza no resulta irrazonable, ni prohibitiva, ni que de su ejercicio se adviertan limitaciones que afecten de modo alguno el tránsito, la libertad, igualdad, el derecho de propiedad ni garantías individuales.
III. El recurso prospera.
III.1. El primero de los agravios aducidos por el municipio respecto a la procedencia de la vía no tendrá acogida favorable.
El embate gira en torno a la violación de los arts. 20 de la Constitución provincial; 1 y 2 de la ley 13.928 y de la doctrina legal de esta Suprema Corte, en tanto se admitió la acción de amparo, alegando el recurrente la existencia de otras vías ordinarias idóneas.
En la especie, advierto que el impugnante se limita a expresar su criterio divergente con el del a quo, expresando que los accionantes no acreditaron la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la ordenanza impugnada, ni la inexistencia de otras vías idóneas para hacer valer los derechos, y que por admitirse el amparo se vio privada de ofrecer la prueba que hubiera podido hacer valer en un proceso de conocimiento; todo lo que se evidencia como un mero enunciado.
Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doct. causas Ac. 94.259, sent. de 15-III-2006; Ac. 89.884, sent. de 11-IV-2007 y A. 70.216, "Prósperi", sent. de 23-XII-2013).
En el particular los argumentos dados por la accionada carecen de entidad en tanto se basan en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes, sin atacar el fundamento sobre el cual se asienta la decisión de la alzada en cuanto a la procedencia de la acción de amparo promovida.
El recurrente no indica tampoco de qué manera se produjeron las transgresiones que predica, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado (conf. causas Ac. 83.252, sent. de 3-XII-2003 y A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014).
Se requiere de una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido, circunstancia que no ha logrado en el presente la impugnante en lo que hace a la idoneidad de la vía judicial intentada. Ello, pues la quejosa debió acreditar la necesidad de recurrir a una vía ordinaria para debatir la cuestión de fondo, indicando que medios probatorios se vio privado de hacer valer o que defensas habría podido oponer y se vio limitado, no siendo por tanto suficiente el agravio expresado en ese sentido.
III.2. Ahora bien, y respecto a los restantes agravios enderezados a acreditar la legalidad de la ordenanza 34.355, corresponde señalar, liminarmente, que con su dictado el Municipio de Vicente López ejerció el Poder de Policía que le es acordado por los arts. 192 y 193 de la Constitución de la Provincia y, específicamente, por sus similares 27 incs. 2 y 4, y 108 incs. 3 y 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Ello sentado, debo señalar que, en todo Estado organizado, los derechos individuales están limitados en beneficio del bien común que se concreta a través del llamado "Poder de Policía". Dicho poder, concebido como función normativa reglamentaria, es ejercido dentro de sus respec
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