Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.608, "Arosteguy, Néstor Oscar contra CASA Sistema Asistencial de la Caja de Previsión Social para Abogados. Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata -en lo que interesa destacar- desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó -con el alcance allí indicado- la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la acción de amparo promovida por el señor Néstor Oscar Arosteguy contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires -Sistema Asistencial CASA-. Las costas fueron impuestas a la demandada vencida (arg. art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-) -ver fs. 427/440 vta.-.
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 445/467), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 468/469.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 475) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la acción de amparo promovida por el señor Néstor Oscar Arosteguy contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires -Sistema Asistencial CASA- y, en consecuencia, condenó a esta última a cesar en la aplicación del incremento en la cuota mensual que le fuera exigido al amparista, desde el mes de noviembre de 2015, atento haber cumplido sesenta y seis años de edad (v. fs. 283/304 vta.).
Para así decidir, ponderó que la demandada violentó el derecho del accionante a la debida información, al omitir comunicarle el monto o porcentaje en que se incrementaría la cuota social en razón de la edad, es decir, encontró ausente la información sobre una de las características esenciales del contrato, el precio (art. 4, ley 24.240 de Defensa del Consumidor).
Por otro lado, estimó que la conducta de la accionada se ajustó a la ley 26.682, de Medicina Prepaga, en tanto habilita el incremento de la cuota social para afiliados que hayan cumplido sesenta y seis años de edad, y admite que el aumento ascienda a tres veces el costo de la franja etaria inferior en la escala (arts. 12 y 17, ley cit.).
A partir de allí, descartó: i) que se hubiera vulnerado la prohibición de discriminación; ii) que el incremento de la cuota social hubiera trasgredido el límite autorizado por ley y iii) la interpretación efectuada por el actor, concerniente a que dicho aumento no podía superar la tercera parte del valor de la cuota que venía abonando.
II. A su turno, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa-, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Caja demandada y confirmó la sentencia de primera instancia, limitando su alcance temporal (v. fs. 427/440 vta.).
II.1. Liminarmente, resaltó que llegó firme a esa instancia la parcela del pronunciamiento de grado, en cuanto descartó la ilegalidad tanto en los aumentos de la cuota por haber alcanzado la edad de sesenta y seis años, como así también, en los montos mensuales dispuestos por CASA.
Agregó que dicha circunstancia impedía la apertura de la jurisdicción revisora de ese tribunal sobre tales aspectos, pues, -sostuvo- lo contrario importaría quebrantar el principio constitucional de congruencia.
II.2. Luego, consideró -al igual que el juez de primera instancia- que la conducta asumida por CASA resultó violatoria del art. 4 de la ley 24.240, por no haber informado a su afiliado -en forma anticipada cierta, clara y detallada- tanto las modificaciones, como la composición y el impacto económico que el incremento iba a producir sobre la cuota actual, en razón del cambio de edad, máxime teniendo en cuenta la importancia que en el caso tuvo el mismo.
Adunó que dicho proceder tampoco lucía razonable desde la propia normativa de la Caja (art. 4 inc. "e", reglamento de CASA).
II.3. Finalmente, limitó temporalmente el alcance de la sentencia de grado, al resolver que el congelamiento de los valores de la cuota del actor debía mantenerse hasta que la accionada diera cumplimiento al deber emergente de los arts. 4 de la ley 24.240 y 4 inc. "e" del reglamento de CASA, e informara al afiliado sobre las condiciones del incremento de la cuota, así como su composición.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 445/467, en el que denuncia: a) violación a los arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 41, 42, 43, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 25 inc. 1 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 3, 10, 15 y 20 inc. 2 de la Constitución provincial; 4, 37 y 65 de la ley 24.240 y ley provincial 13.133; b) arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba y c) violación de la doctrina legal que cita.
III.1. El recurrente se agravia por considerar que el a quo dejó sin efecto el argumento central de la sentencia de primera instancia, en cuanto -a su entender- determinó que el aumento dispuesto por la demandada, en razón de la edad, no podía superar el 33% del valor de la cuota que venía abonando el afiliado en forma previa a su aplicación.
Manifiesta que la accionada, en su contestación de demanda, aludió a que se encontraba autorizada a aumentar, por razones de edad, solamente un tercio de la cuota afiliatoria.
Concluye, con base en la pericia contable efectuada en autos, que los aumentos efectivizados por CASA en tal concepto, superaron ampliamente el porcentaje indicado, vulnerando así las garantías constitucionales que cita.
Alega que, si bien es cierto que su parte autorizó un aumento de la cuota por razón de alcanzar la edad de sesenta y seis años, ello no implica que la accionada se encuentre facultada " per se" a aplicar aumentos desmedidos, desproporcionados e irrazonables.
Afirma que el juez de grado se expidió considerando abusivo el aumento dispuesto (atento superar el 33%) y que el a quo , al revocar dicha parcela de la sentencia, incurrió en absurdo al apreciar la prueba rendida y en exceso ritual manifiesto.
Postula que, en la especie, correspondía al Tribunal de Alzada no solo establecer si la Caja demandada había violentado el deber de información impuesto en la ley 24.240, sino también determinar si el aumento dispuesto sobre su cuota como afiliado resultaba ser -de conformidad con la prueba rendida en autos- razonable constitucionalmente, omisión que -considera- torna arbitraria e irrazonable la sentencia en crisis.
III.2. Por otro lado, indica que la determinación del precio es un requisito de validez del contrato cuyo incumplimiento acarrea su nulidad.
Señala que, en el caso, no surge acreditado que el aumento efectivizado por razones de edad, haya sido previamente determinado en monto o porcentaje por la demandada, por lo que -entiende- el mismo deviene nulo.
III.3. Luego, ahonda sobre el reconocimiento constitucional del derecho a la salud y pretende el desconocimiento de una cláusula que tilda de discriminatoria por imponer a quienes arriban a una edad avanzada un encarecimiento sustancial y diferenciado de su cuota, al margen de las condiciones de incremento generales propias de la índole de estas prestaciones.
III.4. Finalmente, solicita que se modifique el decisorio recurrido y se ratifique la sentencia de primera instancia.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. doctr. causa A. 73.218, "Ríos", sent. de 25-X-2017).
IV.2. El recurrente omite atacar idóneamente los fundamentos básicos del fallo.
En efecto, la Cámara ponderó que arribaron firmes a esa instancia las conclusiones del juez de grado referidas a la legalidad del incremento de la cuota social por razones de edad, como así también, de los montos mensuales dispuestos por CASA. Asimismo, al amparo de la aludida firmeza, no se adentró al análisis de la cuestión de fondo, a fin de no violentar el principio de congruencia.
En este sentido, el fallo en crisis reza: "Fuera de discusión -vale resaltarlo- ha quedado aquella parcela del pronunciamiento que descartó ilegalidad tanto en los aumentos de la cuota por haber alcanzado la edad de 66 años, como en los montos mensuales dispuestos por CASA. La firmeza de esas conclusiones impiden la apertura de la jurisdicción revisora de este Tribunal sobre dichos aspectos, pues, lo contrario, importaría quebrantar el principio constitucional de congruencia..." (fs. 433).
Dicha calificación -al margen de su acierto o error-, no recibió reproche por parte del recurrente, quien se limita a afirmar -en un cometido que revela su sola discrepancia con lo decidido- que el a quo dejó sin efecto la parcela del fallo de primera instancia en cuanto -a su entender- consideró abusivo el aumento dispuesto por la demandada por superar el 33% del valor de la cuota afiliatoria que venía abonando y omitió expedirse sobre la razonabilidad del incremento en cuestión.
Es doctrina de esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; deficiencia que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016 y A. 73.179, "Lunghi", sent. de 12-VII-2017). Tal déficit exhibe la pieza recursiva.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo, pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
Siendo ello así, el tópico en cuestión no puede ser abordado en el presente recurso, lo que me releva de ingresar a su consideración (art. 279, CPCC).
Para más, cabe recordar que esta Corte ha sostenido, en forma reiterada, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta el instrumento idóneo para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales, pues con tal objeto el ordenamiento ha establecido el recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causa C. 119.601, "Acosta", sent. de 22-VI-2016).
IV.3. Sin perjuicio de lo expuesto, que sella adversamente la suerte de la protesta, se advierte que el recurrente parte de una premisa errónea cuando denuncia que la Cámara modificó el alcance de la sentencia del juez de primera instancia, al dejar sin efecto el argumento central del decisorio de grado que en su criterio determinó que el aumento dispuesto por la demandada en ningún momento podía superar el 33% del valor de la cuota que venía abonando el afiliado en forma previa a su aplicación (v. fs. 459). Así, partiendo de una premisa errónea, afirma que el juez de grado se expidió considerando abusivo el aumento dispuesto (atento superar el 33%) y que el a quo revocó dicha parcela del pronunciamiento (v. fs. 464).
Al respecto corresponde poner de relieve que, de la simple lectura del fallo de primera instancia, surge que el magistrado actuante consideró que la conducta de la demandada se ajustó a la ley 26.682, en tanto la misma admite que el aumento ascienda a tres veces el costo de la franja etaria inferior en la escala. A partir de allí, descartó la interpretación efectuada por la actora en cuanto propugnaba -al igual que intenta plantear en esta instancia extraordinaria- que dicho aumento no podía superar la tercera parte (v. fs. 297 vta.).
Por lo demás y como ha quedado evidenciado precedentemente, la Cámara confirmó dicha parcela del pronunciamiento por razones que han quedado incólumes por falta de impugnación recursiva.
IV.4. Tampoco es de recibo el planteo por el cual el recurrente pretende la nulidad del contrato por considerar ausente uno de sus requisitos de validez, esto es, la determinación del precio.
En este punto, no se advierte la presencia de agravio, toda vez que, por dicho motivo, la sentencia de primera instancia -confirmada por la Cámara- dispuso la suspensión del incremento por encontrar vulnerado el derecho del amparista a la debida información (arts. 4, ley 24.240 y 4 inc. "e", reglamento de CASA).
Cabe agregar que, si bien el Tribunal de Alzada limitó temporalmente el alcance de la sentencia de grado, al resolver que el congelamiento del aumento debía mantenerse hasta tanto la accionada informara al afiliado sobre las condiciones del incremento y composición de la cuota, tal parcela no ha sido materia de embate por el recurrente, por lo que deviene firme y consentida.
IV.5. En otro orden de ideas, el impugnante se agravia por considerar discriminatoria la cláusula que impone a quienes arriban a una edad avanzada un encarecimiento sustancial y diferenciado de su cuota al margen de las condiciones de incremento generales propias de la índole de estas prestaciones.
Al respecto, corresponde destacar que la Cámara confirmó -por haber llegado firme a esa instancia- la parcela del fallo de grado en cuanto determinó que la conducta de la demandada se ajustó a los preceptos de los arts. 12 y 17 de la ley 26.682 de Medicina Prepaga, que en forma expresa establecen no solo la viabilidad de incremento monetario a los afiliados que hayan cumplido sesenta y seis años de edad, sino que, incluso, admite que dicho incremento ascienda a tres veces el costo de la franja etaria inferior en la escala.
En la especie, el recurrente omite denunciar la violación o errónea aplicación de las normas actuadas por el a quo.
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo, pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquéllos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (conf. doctr. causa A. 73.218, cit.).
IV.6. Por otra parte, el impugnante transcribe en forma dispersa sumarios jurisprudenciales provenientes de precedentes de este Tribunal como de la Corte federal, que entiende vulnerados por la sentencia en crisis.
Cabe señalar que, conforme tiene dicho esta Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el caso del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. doctr. causa A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015).
Asimismo, y conforme lo ha resuelto este Tribunal, se encuentra vedada la posibilidad de que se concrete violación a la doctrina legal cuando el apartamiento endilgado lo es respecto de precedentes que no emanan de fallos de esta Suprema Corte, toda vez que no constituyen la doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causa A. 71.689, "Fontana", sent. de 30-III-2016).
IV.7. Finalmente, esta Suprema Corte ha resuelto que no resulta adecuada la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando ésta queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común, sin que se haya acreditado la errónea aplicación de éstas (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016 y A. 73.218, cit.).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia