Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75836
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Negri , Pettigiani , Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.836, " Perez, Graciela Nora c/ Municipalidad de La Plata s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó los recursos de apelación interpuestos por la apoderada de la Provincia de Buenos Aires y por la Municipalidad de La Plata y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 90/96).
Contra dicho pronunciamiento la comuna codemandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 6 de febrero de 2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 102/103).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 107) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó los recursos de apelación interpuestos por la Provincia de Buenos Aires y por la Municipalidad de La Plata. En consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de amparo impetrada; declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927, y ordenó a las codemandadas, Municipalidad de La Plata y Provincia de Buenos Aires, que se abstengan de exigir a la señora Perez el requisito de "libre deuda por infracciones de tránsito" en el trámite de la licencia de conducir (v. fs. 90/96).
I.1. Para así decidir, estimó que el acto que aplicó a la actora el reglamento impugnado, en atención al sistema de control difuso en la materia, posibilita conocer y decidir al respecto, con relación a la norma que rige al caso y es cuestionada por la amparista.
Sostuvo que se aplica a la acción de amparo -de igual modo que en cualquier proceso judicial- el control de constitucionalidad inherente a la función de juzgamiento de casos, causas o controversias (arts. 18, 31, 116 y concs., Const. nac.; 15, 57 y concs., Const. prov.), lo que supone, en todos los casos, la instancia judicial abierta con arreglo a las normas que la rigen.
Ponderó que de ello se desprende que el examen de validez de una norma en la acción de amparo se encuentra expedito cuando comprendiese la esfera de derechos o intereses del amparista, bien frente al acto que concreta los efectos de aquélla, bien cuando resulte autoaplicativa, no requiera actividad intermedia y exhiba palmarias transgresiones jurídicas que afecten con arbitrariedad el ejercicio de derechos humanos. Entendió que, en tanto se presente el acto que particulariza el contenido general normativo, se abre el acceso a la vía, con relación a la función de control de constitucionalidad (arts. 15, 20 inc. 2 tercer párr., 57 y concs., Const. prov. y 18, 43, 31 y concs., Const. nac.).
Por lo expuesto, concluyó que el proceso de amparo era adecuado para el examen y solución de la cuestión que ha sido articulada.
I.2. Así, desestimó los planteos recursivos al considerar que debían aplicarse los principios y doctrina vertidos en el precedente "Noseda" (CCALP n° 17.912, sent. de 17-XII-2015, criterio reiterado en varias causas por el mismo tribunal), más allá de la existencia o no de multas vigentes en cabeza del accionante. Advirtió que el accionar objeto de impugnación por la vía del amparo, contiene un análisis del espectro constitucional involucrado en la exigencia del "libre deuda" (que motiva la defensa y justificación específica de tal recaudo, en los libelos recursivos), cuya inconstitucionalidad fuera expresamente articulada por el interesado y así dispuesta por el juez de primera instancia.
Destacó que en el precedente "Noseda", se advirtió la colisión y exceso reglamentario que tendría el art. 10 apartado 3 del anexo II del decreto 532/09 con relación al art. 8 de la Ley de Tránsito provincial 13.927 (conf. arts. 99 inc. 2, Const. nac. y 144 inc. 2, Const. prov.), en tanto en los textos legales nada surge en dirección a impedir el otorgamiento de una licencia de conducir cuando el interesado registre impaga una infracción de tránsito o la pendencia de ésta.
De esta manera, tildó de irrazonable dicha exigencia reglamentaria (conf. art. 28, Const. nac.) y decidió no aplicarla (art. 57 y concs., Const. prov.), en función de la afectación, en lo que aquí concierne, al derecho a la igualdad (arts. 16 y 75 inc. 19, Const. nac.; 11 y concs., Const. prov.), así como en el núcleo protectivo de las libertades personales del art. 18 de la Constitución nacional.
Consideró que tales conclusiones resultan plenamente aplicables al caso, en que la actora ha articulado la presente acción de amparo, peticionando, previa declaración de inconstitucionalidad del citado art. 10 apartado 3 del anexo II del decreto 532/09, se prosiga el trámite de renovación de la licencia de conducir, sin exigir el requisito de acreditación de "libre deuda".
Asimismo, consideró que las réplicas que efectuó la recurrente no alcanzaron a conmover el decisorio apelado, a través del cual se pone en evidencia el exceso reglamentario en que incurre la normativa impugnada de inconstitucional, con motivo de la introducción de una exigencia irrazonable -contar con "libre deuda" como requisito previo para la obtención o renovación de la licencia de conducir-, que desborda los fines perseguidos por el legislador de preservación de la seguridad vial.
I.3. En otro orden, señaló que la sentencia de grado, al desestimar los planteos de falta de legitimación efectuados por la Municipalidad de La Plata y el Fisco provincial, explicó que el art. 2 de la ley 13.927 declara a las reparticiones provinciales autoridad de aplicación junto a las municipalidades.
Decidió que la presencia de distintas jurisdicciones no impide un único pronunciamiento en la medida en que ambos estamentos concurren en el trámite administrativo que originó el desconocimiento de los derechos de la actora.
Consideró que a ello no empece lo manifestado respecto a las jurisdicciones de las multas, pues no interesa aquí si éstas existen o no, sino que lo que importa es el impedimento que pesa sobre la actora de poder renovar su licencia de conducir.
A mayor abundamiento, destacó que el propio municipio señaló en su responde que participa de la idea de exigir el pago previo de las multas como condición de permitir a los ciudadanos que conduzcan automóviles, invocando incluso la aplicación de la ordenanza 9.710. La Cámara entendió que la comuna admitió actuar no solo por delegación provincial sino por imperio de su propio ordenamiento jurídico.
I.4. También desestimó el agravio referido al quiebre del marco de congruencia, no solo porque la parte actora acusó la inconstitucionalidad de la conducta oficial en su conjunto invocando indefensión, sino también porque articuló un cuestionamiento genérico a toda otra regla que pudiera asemejarse al inc. 3 del art. 10 del anexo II de la Ley de Tránsito. Destacó que en el escrito de demanda se manifestó que si existiera alguna disposición de rango legal que avalara el proceder oficial cuestionado "...la tacha de inconstitucionalidad debe considerarse extendida a la norma que así lo estableciera" (v. capítulo V del escrito de demanda, numeral 7, parte final, a fs. 29).
I.5. Por último, rechazó el agravio de la apelante respecto a la imposición en costas y confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia -quien las impuso en el orden causado- en tanto consideró que tanto la Provincia como la Municipalidad debían actuar en esta materia en un necesario marco de cooperación y colaboración, ya que su acción coordinada y conjunta es la que da substancia y dota de operatividad al sistema instaurado para el otorgamiento de licencias de conducir (v. cons. IV.5., a fs. 95).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la apoderada de la Municipalidad de La Plata denuncia la errónea interpretación de los arts. 8 de la ley 13.927; 43 de la Constitución nacional; 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09. También acusa la vulneración de la doctrina legal emergente de los precedentes que cita (v. escrito electrónico de fecha 6 de febrero de 2019).
II.1. La recurrente sostiene que la Cámara aplicó erróneamente la ley al confirmar el pronunciamiento de grado que, al rechazar el planteo de falta de legitimación, declaró autoridad de aplicación y comprobación de la ley 13.927 a las reparticiones provinciales junto a las municipalidades, conforme lo normado en el art. 2 de la ley 13.928.
Señala que la Provincia proporciona a los municipios el sistema informático único de emisión de licencias de conducir y que éste impide continuar con el trámite cuando del mismo surjan multas provinciales. Aduce que la actividad municipal solo consiste en informar al solicitante de la licencia para conducir de la existencia de multas o infracciones en la esfera provincial, debiendo ésta instar en los organismos provinciales competentes, las medidas que estime corresponder.
Aduce que el municipio ha cumplido con la normativa vigente en la materia, actuando en el marco del principio de legalidad, que fundamenta toda actuación estatal, resultando incorrecto dirigir la demanda instada contra la Municipalidad, por resultar una mera delegada de la competencia provincial.
Entiende que la interpretación correcta debe articular el texto del art. 8 de la ley 13.927 -según ley 15.002- y la doctrina de la Suprema Corte emergente de la causa B. 42.200, sentencia de 12-XI-1957, en "Acuerdos y Sentencias", 1957-V-519, reiterada en la causa B. 65.666, "Telefónica", sentencia de 2-XI-2011.
Destaca que es el Ministerio de Gobierno provincial quien emite las licencias de conducir reguardando condiciones técnicas y de seguridad y su otorgamiento en forma delegada estará a cargo de la municipalidad que corresponda en razón del domicilio real del interesado.
Arguye que la Cámara se limitó, en este punto, a citar parcialmente lo expuesto por el juez de grado e interpretó erróneamente la legislación vigente y la doctrina legal aplicable al caso, confundiendo competencia, función y responsabilidad. Por lo que extiende impropiamente la responsabilidad de la Provincia a la Municipalidad y la condena injustamente en costas.
II.2. En otro orden se agravia del fallo de la Cámara manifestando que en estos autos no se encuentran configurados los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de amparo, ya que en la cuestión planteada no se advierte violación ni amenaza a derecho alguno reconocido por la Constitución. Así, el municipio no se ha expedido sobre la posibilidad del actor con relación a la renovación de su licencia de conducir, no pudiendo incluir dicha inactividad bajo el concepto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Sostiene que el amparo es un procedimiento excepcional que requiere para su vialidad el agotamiento de toda otra vía de reparación del agravio, sea administrativa o judicial, y que se excluye cuando existen otros procedimientos ordinarios como entiende que ocurre en el presente caso.
Agrega que, según lo planteado y acreditado por la actora, la cuestión en análisis se reduce a utilizar la vía de amparo directamente contra leyes, sin explicación alguna en la sentencia de grado de por qué debería apartarse de lo reglado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en este punto o por qué la acción de inconstitucionalidad, remedio previsto para este caso, resultaría ser el medio más gravoso respecto al fin perseguido.
Cuestiona el criterio seguido por la Cámara de dar curso a un pedido de inconstitucionalidad de leyes bajo la excusa del amparo. Entiende que el tribunal mal interpreta el art. 20 inc. 2 párrafo tercero de la Constitución de la Provincia porque de lo peticionado en la demanda no resulta que se haya atacado un acto lesivo concreto del municipio, sino que se dirige contra una ley provincial. Por ello -concluye la recurrente- la vía idónea resulta ser la acción de inconstitucionalidad prevista en los arts. 57 y 161 de la Constitución provincial y 683 a 688 del Código ritual.
II.3. Por otra parte, en defensa del texto legal (art. 10 inc. 3, anexo II del decreto 532/09) arguye que no existen elementos probatorios incorporados que tornen procedentes la declaración judicial de inconstitucionalidad, a lo que agrega que ésta constituye la última ratio del orden jurídico vigente.
II.4. También acusa la violación del principio de congruencia argumentando que la sentencia se excede en las pretensiones planteadas y sometidas a examen, lo cual la torna arbitraria e injusta, máxime con la gravedad que implica la declaración de inconstitucionalidad de una norma municipal sin efectuarse el control de razonabilidad.
Al respecto, señala que la parte actora solicitó a través de la acción de amparo interpuesta, la declaración de inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario del Código de Tránsito (ley 13.927) y que el fallo impugnado se excede a lo peticionado por incluir en la sentencia la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 9.710, la cual no fue objeto de ataque ni de análisis por el juzgador.
II.5. Por último, cuestiona la imposición de costas en el orden causado. Arguye que la Municipalidad no ha sido responsable del hecho de esta litis por lo que la Provincia debe cargar con las costas devengadas en este proceso. Destaca que los principios de colaboración y cooperación -referidos por la Cámara- no alcanzan para delegar competencias distribuidas por ley que tampoco son ejercidas de manera conjunta o indistinta.
Concluye que la Cámara extiende impropiamente la responsabilidad de la Provincia en la Municipalidad y condena a esta última, injustamente, en costas.
III. El recurso no puede prosperar atento que ha sido insuficientemente fundado (art.279, CPCC).
III.1. La denuncia formulada con relación a la errónea interpretación del art. 8 de la ley 13.927 y la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte, evidencia insuficiencia.
La recurrente reitera argumentos sobre la falta de legitimación pasiva, vertidos al interponer el recurso de apelación, que han sido tratados y resueltos por la Cámara. Sobre ese modo de proceder esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
En adición, la argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; e.o.).
Sobre el punto este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por la Cámara en cuanto sostuvo que conforme las disposiciones de la ley 13.927, las reparticiones provinciales junto a las municipalidades son autoridad de aplicación de la referida norma (arts. 2 y 8) y que la presencia de distintas jurisdicciones no impiden un único pronunciamiento en la medida en que ambas concurrieron en el trámite administrativo que originó el desconocimiento de los derechos de la amparista.
III.2. Tampoco es de recibo la denunciada violación de la doctrina legal de este Tribunal emergente de las causas B. 42.200, sentencia de 12-XI-1957, publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1957-V-519 y B. 65.666, "Telefónica", sentencia de 2-XI-2011, por haber sido elaborada sobre la base de presupuestos de hecho y de derecho sustancialmente distintos a los propios del caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.790, "Henarejos", sent. de 7-III-2019; A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; e.o.).
III.3. Igual suerte corre el argumento relativo a la improcedencia de la vía de amparo.
La recurrente alega que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal y que la cuestión planteada debió canalizarse bajo la acción de inconstitucionalidad prevista en los arts. 57 y 161 del Código Procesal Civil y Comercial.
Resalta que la Cámara interpreta erróneamente el art. 20 inc. 2 párrafo tercero de la Constitución provincial que estatuye que el amparo no procede contra leyes y que de lo peticionado en la demanda no resulta que se haya atacado un acto lesivo concreto del municipio, sino que se dirige contra una ley provincial.
Sin embargo, sus argumentos carecen de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación con la procedencia de la acción promovida.
En efecto, la sentencia ponderó que el acto que aplica a la actora el reglamento impugnado, en atención al sistema de control difuso en la materia, posibilita conocer y decidir al respecto, con relación a la norma que rige al caso y es cuestionada por la amparista. Destacó que el examen de validez de una norma en la acción de amparo se encuentra expedito cuando comprendiese la esfera de derechos o intereses del amparista, bien frente al acto que concreta los efectos de aquélla, bien cuando resulte autoaplicativa, no requiera actividad intermedia y exhiba palmarias transgresiones jurídicas que afecten con arbitrariedad el ejercicio de derechos humanos. Concluyó que, en el caso, se abre el acceso a la vía, con relación a la función de control de constitucionalidad (cfr. arts. 15, 20 inc. 2 tercer párr. y 57, Const. prov. y 18, 43 y 31, Const. nac.).
Ninguna de estas razones han sido abordadas y criticadas con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, resultando insuficiente aquel que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (doctr. causas A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; A. 74.567, "García", sent. de 3-IV-2019; e.o.).
En el caso, la recurrente omite indicar la falla del decisorio o las trasgresiones que atribuye a los juzgadores. En definitiva, no pasan sus asertos de la mera enunciación, cuando es sabido que resulta requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el
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