Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75736
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Negri , Soria , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.736, " Pita, Andrés Ignacio c/ Municipalidad de Vte. López y Otro s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.-"
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín desestimó los recursos de apelación interpuestos por la Municipalidad de Vicente López y la Provincia de Buenos Aires y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 157/167).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 177/184), concedido por la Cámara a fs. 186/187.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín -en lo que aquí interesa- desestimó los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la Municipalidad de Vicente López y de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de amparo presentada por Andrés Ignacio Pita, contra el Municipio citado y la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, Así declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09 reglamentario de la ley 13.927 ordenando que, en forma inmediata y sincronizada, procedieran a reanudar el trámite ya iniciado por el actor con el fin de obtener la renovación de su licencia de conducir (v. fs. 157/167 vta.).
Se sostuvo que la norma impugnada, que impone el pago de las infracciones de modo ineludible para la entrega de la licencia, vulnera principios de rango constitucional, y que, si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento, la reglamentación aludida resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), conduciendo -en definitiva- a una afectación al derecho a la libre circulación.
Consideró que la exigencia del pago previo de las multas para la renovación de la licencia de conducir no está dirigida a mejorar la seguridad vial, sino que tiene afán claramente recaudatorio y que aquel propósito no se condice con el medio empleado, porque la administración cuenta con vías ejecutivas más apropiadas para su cobro rápido y eficaz (conf. art. 35 bis, ley 13.927, t.o. ley 14.393).
Adujo que la disposición reglamentaria desconoce o restringe derechos que la ley reglamentada otorga, subvierte su espíritu y finalidad, contraría el principio de jerarquía normativa, configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo, infringe el principio de razonabilidad, lleva a cabo una indebida discriminación en razón de la situación económica, sobrepasa la proporcionalidad de la punición, etc., por lo que declaró su validez e inaplicabilidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 y violación de los arts. 5, 17, 18, 31 y concs. de la Constitución nacional y la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte de Justicia referidas a los requisitos de procedencia para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal (v. fs. 177/184).
También alega absurdo.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial, que el art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 tiene su razón de ser en el cumplimiento de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal arguye que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional, que aunque el pago de una multa no convierta al infractor en hábil conductor o garantice en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, no pudiéndose desconocer la problemática imperante en nuestro territorio.
Argumenta que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada que sólo debe usarse como última ratio y cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos. Por el contrario, sostiene que la inconstitucionalidad confirmada por el Tribunal de Alzada no cumple tales extremos básicos ni se advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada en el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir al amparista el cumplimiento de los recaudos requeridos por la ley provincial 13.927 y leyes nacionales 26.353 y 24.449.
III. El recurso no prospera atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. El detenido análisis del contenido de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello se revela en dos cuestiones centrales: en primer lugar, los argumentos que sustentan el recurso no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esta naturaleza y, segundo, tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para su recepción.
El art. 279, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o doctrina legal que se presume violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o error".
Sobre ello, este Tribunal dijo que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, de modo tal que los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto esto no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada al hallar verificada la desproporción entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio mucho más idóneo para obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio).
Contra esto, resulta débil la argumentación que se reduce a exponer que el precepto legal impugnado tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
III.2. Asimismo, el impugnante omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente, remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio a ser usada por los jueces, pero omite considerar que los precedentes de otros órganos judiciales no resultan eficaces para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009; C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013 y A. 74.612, "Alvarez", sent. de 26-XII-2018), aunque se trate de fallos de la Corte Suprema de la Nación.
III.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo. Tal vicio se configura cuando se incurre en error palmario, grave, manifiesto, que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Para que proceda un agravio basado en él, es necesario demostrar que lo concluido por el Tribunal es producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (conf. doctr. causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016) recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produce tal vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquellos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E.A.", sent. de 21-VI-2006; A 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia