Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72161
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.161, "Asociación Civil Miguel Bru y otros C/ Ministerio de Desarrollo Social y ots s/ Amparo Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó, por mayoría y parcialmente, la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por Rosa Shoenfeld de Bru y Marina Capello en representación de la Asociación Miguel Bru, condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del plazo de seis meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata, de conformidad con las pautas que el mismo pronunciamiento dispone (sent. obrante a fs. 4.009/4.019).
Contra tal decisión, la Municipalidad de La Plata presentó a fs. 4.072/4.082 -en un mismo escrito- los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. A su turno, la actora -con patrocinio letrado- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 4.025/4.070), siendo todos ellos concedidos a fs. 4.084/4.085.
Tras oírse a la entonces señora Procuradora General, y dictada la providencia de autos, este Tribunal resolvió suspender dicho llamamiento y convocar a las partes a una audiencia para que informen acerca de la situación actual de implementación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298) y propiciar una solución a la problemática de fondo discutida.
Con posterioridad, y previo a la celebración de la misma se presentaron diversos organismos de derechos humanos y sociales (SERPAJ; MEDH; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; etc.) solicitando que se los tenga por constituidos en calidad de amicus curiae . Asimismo, adjuntaron un informe detallando la situación de los menores en condición de calle en la Provincia de Buenos Aires, y adhirieron a la parte actora en cuanto al contenido específico del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado (v. fs. 4.131/4.156).
El día 30 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública en la sede de esta Suprema Corte, siendo la misma presidida por el doctor Luis Esteban Genoud, la cual fue videograbada en formato digital de conformidad con lo dispuesto en la resolución 3.120/14 en un total de 7 (siete) discos compactos, los cuales se reservaron en el archivo de Secretaría (v. acta de fs. 4.174).
En ésta, tanto la parte actora como ciertos representantes de diversos organismos de derechos humanos que funcionan en el ámbito de las Facultades de Trabajo Social y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, expusieron el estado de los menores en situación de calle en la ciudad de La Plata y la deficiente ejecución de los programas estatales vigentes.
Por su parte los representantes de las demandadas, sin desconocer la situación denunciada, explicaron las etapas en las cuales se encuentran respecto a la efectiva aplicación e implementación de la ley de protección y promoción de los derechos de los niños, habiéndose comprometido todos ellos a modificar el estado actual de situación y encontrar soluciones concretas.
Ulteriormente, la Directora de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata, presentó un informe en el cual reconoció que desde la fecha en que asumió su nueva gestión (diciembre de 2015) existe una escasa implementación del SPPIDN. Describió las condiciones de precariedad laboral de los equipos técnicos y de los operadores de calle, quienes aún no cuentan con programas acordes a las necesidades (v. fs. 4.186/4.191).
Reanudados los autos para resolver, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la Municipalidad de La Plata?
En caso negativo:
2ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la comuna antes citada?
3ª). ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata, confirmando el pronunciamiento impugnado en cuanto a la implementación -dentro del plazo de seis meses- del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata, de acuerdo a un dispositivo consistente en:
a) Crear en un ámbito céntrico de la ciudad, uno o más paradores, de acuerdo a la demanda del sector, con suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños, niñas y adolescentes que requieran esa asistencia, sea en forma espontánea o a requerimiento de quienes puedan peticionar por ellos. Dispuso también que estos debían encontrarse disponibles durante las 24 horas del día, de acuerdo con lo expuesto en el considerando 6.3.2.d. del fallo de primera instancia. Dichos lugares -ordenó- deberán tener a disposición un equipo interdisciplinario integrado, como mínimo, con trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría;
b) Disponer la cantidad de automotores necesaria para efectuar todos los traslados que requieran los niños en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la ciudad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en el considerando 6.3.4.c. del decisorio cuestionado;
c) Implementar un servicio de atención telefónica destinado a la recepción de denuncias vinculadas con la vulneración de los derechos del niño, niñas y adolescentes, durante las 24 horas del día, con disposición de operadores que brinden posibilidades concretas de solución de las problemáticas que se planteen, y la debida difusión pública de los números telefónicos respectivos, conforme lo expuesto en el considerando 6.3.5.c.;
d) Garantizar la disposición de operadores de calle en cantidad suficiente de acuerdo con las necesidades del sector, que comprenda la división territorial de la ciudad de La Plata, en base a lo dispuesto en el acápite 6.3.6.c.;
e) Finalmente, poner en conocimiento de lo resuelto a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y al Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata.
Por otra parte, se hizo lugar parcialmente -por mayoría- al recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal de Estado y se revocaron los puntos 3.2. y 3.6. de la sentencia de grado, consistentes respectivamente en: i) Crear un Servicio Hospitalario Especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones u otras afecciones a la salud, que garantice la atención adecuada durante las 24 horas del día, con profesionales idóneos, en particular trabajadores sociales, psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría, con una capacidad suficiente para atender la demanda del sector, ya sea por derivación institucional o bien por presentación espontánea, con el alcance indicado en el considerando 6.3.3.f. de la mentada sentencia; y ii) Difundir ampliamente en los medios de comunicación masiva de mayor circulación en la ciudad de La Plata, los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el ordenamiento jurídico, a tenor de lo expresado en el considerando 6.3.7., a cuyos efectos, las administraciones condenadas -según se señala- deberían afectar un porcentaje no inferior al 25% de todas las partidas presupuestarias destinadas a publicidad y/o propaganda oficial para el cumplimiento de la sentencia.
I.2. Para así decidir, el magistrado que inició el acuerdo sostuvo que, encontrándose acreditada la existencia de menores en riesgo social, a quienes aquejan carencias en el marco de necesidades básicas, con dificultades materiales, económicas, alimentarias, laborales, sanitarias, educacionales y de vivienda, con patentización de un "real estado de desamparo" y la vigencia de cláusulas constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos que, siendo plenamente operativas, imponen al Estado (a través de todos sus órganos) conductas positivas en resguardo de los derechos invocados, debía proceder la intervención del Poder Judicial en el marco de la subsanación de una "omisión material" por parte de la autoridad pública por vía de la acción de amparo incoada (cfr. punto V.1. del voto del doctor Spacarotel, al cual adhirió la doctora Milanta).
En ese sentido, destacó tanto la pertinencia del control judicial en el caso de violación de normas constitucionales y legales por omisión material y, asimismo, la viabilidad de la vía procesal del amparo elegida a tal fin. Juzgó positivamente la razonabilidad de las medidas que impusiera el juez de grado para poner en práctica la protección de los derechos de los niños afectados.
Manifestó, sin embargo, que las prestaciones previstas en el apartado 3.2. de la parte resolutiva de la sentencia obrante a fs. 3.769/3.819 (relativas a la creación de un Servicio Hospitalario Especializado) excedían el marco del principio de congruencia, toda vez que la condena en este punto versaba sobre aspectos que no habían merecido el pertinente planteo procesal por parte de la accionante (de conformidad con lo dispuesto por los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
Por último, indicó que lo prescripto en el considerando 6.3.7. de la sentencia de grado, en relación con "Difundir ampliamente en los medios de comunicación masiva de mayor circulación en la ciudad de La Plata, los principios, derechos y garantías de los niños..." y previendo la concreta afectación de un 25% de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad y/o propaganda oficial, también excedía el principio de congruencia en los términos arriba señalados, puesto que se procuraba -además- el establecimiento judicial de la asignación de recursos públicos que tienen un destino reglado y prefijado por la ley de administración financiera -ley 13.767- y el presupuesto provincial, siendo una competencia propia del poder administrador la fijación de gastos y recursos de acuerdo con el curso de la ejecución presupuestaria y las disponibilidades económicas existentes (v. punto V.c.2. y 3. del voto citado).
Por su parte, la doctora Milanta adhirió a los fundamentos y solución propuesta por el doctor Spacarotel, votando en idéntico sentido.
II. La impugnante denuncia en su recurso extraordinario de nulidad de fs. 4.080 vta. y 4.082 que la sentencia atacada "carece de fundamentación violando así los arts. 168 y 171 de la CPBA".
Respecto de la primera norma constitucional invocada, aduce que el pronunciamiento bajo embate no ha dado tratamiento a cuestiones esenciales como son el agravio de la falta de precisión y determinación de las obligaciones incumplidas respecto de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, pese a que el mismo fue planteado en el recurso de apelación. De tal forma, continúa, se da el supuesto de una "incongruencia por omisión (decisión citra petita)" en tanto debe haber una congruencia lógica entre la pretensión y la decisión judicial, lo cual deriva de los arts. 34, 36, 163, 272, 330 y 354 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por otra parte, y en lo tocante a la vulneración de lo prescripto en el art. 171 de la Constitución local, afirma que el agravio relativo a la indeterminación de la conducta debida por el municipio (identificado en el punto IV del voto del doctor Spacarotel), luego no fue desarrollado, circunstancia que muestra como carente de fundamentación, tornándolo nulo por no existir motivación en la manda judicial resultante.
III. Considero, en sentido análogo a lo dictaminado por la entonces señora Procuradora General de esta Suprema Corte, que el recurso en tratamiento resulta insuficiente.
Con relación al primer agravio, tal como lo ha dicho este Tribunal en reiteradas oportunidades, lo que interesa a los fines de la procedencia del recurso de nulidad es la omisión de una cuestión esencial, y no el sentido en como ésta fuere resuelta. De allí que corresponda rechazar esta clase de recursos extraordinarios cuando -como acontece en la especie- las cuestiones cuya preterición se denuncia fueron abordadas por el Tribunal de Alzada, expresa o tácitamente, en tanto resulta ajeno a su ámbito el acierto con que se haya analizado el asunto, o la forma con que aquel fuera encarado (conf. causas Ac. 84.075, sent. de 1-IX-2004; Ac. 87.803, sent. de 23-II-2005; Ac. 94.393, "Instituto Parroquial Jesús en el Huerto de los Olivos", sent. de 19-IX-2007; C. 95.521, "Caruso", sent. de 17-XII-2008 y C. 92.257, "Lessi", sent. de 11-XI-2009).
Como resulta claro de los antecedentes expuestos, y de la composición del litigio, la condena reafirmada por la Cámara se impuso de manera tal que su ejecución fuera cumplimentada de forma coordinada y solidaria por la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, en el marco de sus respectivas competencias específicas, y sobre la base de medidas protectorias que tienen consagración constitucional y legal concreta (arts. 72 inc. 22, Const. nac.; 36 incs. 2, 3 y 8, Const. prov.; ley 13.298 y dec. 300/05; v. punto V.2., c.1.1 del voto del doctor Spacarotel).
Así, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que resulta ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad la revisión del acierto jurídico de la decisión de grado, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. doctr. causas L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.649, "Pierez", resol. de 8-VIII-2012; e.o.).
De otro lado, el agravio relativo a la falta de fundamentación de la sentencia en punto a la determinación de las conductas debidas por cada codemandada, resulta asimismo insuficiente. En parte, por las mismas razones ya expresadas: existió efectivamente una fundamentación de lado del Tribunal en los términos expuestos y, por lo demás, hubo una adhesión y conformidad explícita del Tribunal de Alzada a los fundamentos desarrollados por el magistrado de la instancia, así como respecto del diseño de las prestaciones y su instrumentación ejecutoria, que se plasmaron en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia y a la cual -salvo los dos puntos que se revocaron- se refirió expresamente la sentencia atacada.
Ha dicho el Tribunal que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (cfr. doctr. causas L. 100.159, "Krasutzki", sent. de 28-XII-2011; A. 70.197, "Crisafulli", sent. de 4-V-2011; L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; A. 71.664, "Cruz", resol. de 4-IV-2012; e.o.). En el caso, por el contrario, el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales, tal como se explicitó más arriba, impidiendo entonces la viabilidad del planteo por falta de fundamentación jurídica (doctr. causas L. 89.641, "V.R.", sent. de 3-III-2010; Q. 71.875, "Grupo Peñaflor S.A.", resol. de 14-III-2012; e.o.).
Por lo tanto, a la primera cuestión planteada, voto por la negativa .
Costas a la vencida (arts. 168 y 171, Const. prov.; 296 y 298, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 4.076/4.080 vta.), la Municipalidad de La Plata expresa los siguientes agravios:
a) Indeterminación de la orden jurisdiccional: observa que la sentencia de Cámara deviene absurda, por no ser una derivación razonada del derecho vigente y por carecer de la debida precisión en cuanto al contenido de las prestaciones incumplidas por cada una de las codemandadas. Tal situación -expresa- genera "inseguridad jurídica" y una grave incertidumbre que afecta a los dos órganos estaduales por cuanto no se determina el ámbito de cumplimiento de cada uno.
b) Arbitrariedad de la sentencia: cita doctrina del autor Juan Francisco Linares, quien considera de este modo a aquella decisión que "excede el límite de la posibilidad interpretativa que el ordenamiento deja al arbitrio del juez".
c) Violación del principio republicano de gobierno: en este acápite, la codemandada denuncia la vulneración del art. 1 de la Constitución provincial en cuanto prevé el sistema republicano de gobierno, al entender que en el caso se ha excedido la facultad de control del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, llegando al límite de que la actividad del primero sustituye a la del segundo.
d) Falta de valoración de hechos: sostiene la recurrente que el Tribunal no valoró adecuadamente las constancias de la causa que dan cuenta de la existencia actual de una oficina donde funciona la Dirección General de la Niñez y Adolescencia en el ámbito de la Municipalidad de La Plata, con disposición de automotores para traslado de niños, servicio de atención telefónica destinado a denuncias, difusión de derechos y garantías de los menores y operadores de calle "suficientes" para cubrir los requerimientos de este vulnerable sector social. Ofrece documentación respaldatoria de sus afirmaciones que se encuentra "en la sede" de la citada Dirección (sic, fs. 4.079 vta.).
II. El recurso no prospera.
Tal como tiene expresado este Tribunal, es requisito de ineludible cumplimiento en el recurso extraordinario la réplica concreta directa y eficaz de los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al margen de su acierto o error (doctr. causas Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
II.1. En la especie, la recurrente denuncia, de un lado, la violación de una norma constitucional de carácter orgánico-funcional (art. 1, Const. prov.) y de otro, la ausencia de una precisa determinación de la condena en cabeza de cada codemandado, repitiendo consideraciones anteriormente formuladas acerca de la interpretación que -a su criterio- corresponde efectuar respecto de la forma en que deben imponerse las condenas contra el Estado y aun, de las esferas públicas de actuación de los poderes judicial y ejecutivo.
Sin embargo, omite rebatir adecuadamente las razones argumentales desplegadas por el Tribunal de Alzada para confirmar la decisión del juez de grado y valorar en sentido divergente las constancias del caso. La sentencia de Cámara -más allá de su acierto o error- dio expresa resolución a ambas temáticas propuestas en los acápites V.1.b. y c.; y V.2.a. y b. del voto mayoritario, que según muestra el análisis del remedio extraordinario, sólo se ataca desde una mera opinión subjetiva.
En tales parcelas, se encuadró la actuación del Poder Judicial en el marco del control constitucional de la función materialmente administrativa, concluyendo que "en nada se menoscaba el principio de la separación de poderes, ni se introduce indeb
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