Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75893
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.893, "Piccoli, Alejandra Patricia y otros c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo . Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley " , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Soria, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, (v. fs. 224/228) y, en consecuencia, confirmó la sentencia dictada en primera instancia, que a su turno rechazó la acción de amparo promovida contra la Provincia de Buenos Aires, a excepción de la deducida por Jorge Fabio Llanes, respecto del cual ordenó al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los mecanismos previstos normativamente para asegurar su continuidad laboral.
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28 de marzo de 2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 232/233.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 235, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata, rechazó la demanda interpuesta por los amparistas, con fundamento en que la decisión del Poder Ejecutivo provincial de suprimir la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial -UEPFP-, mediante decreto 2017-1100 EGDBA-GPBA, atacada mediante la acción de amparo, no resultaba manifiestamente ilegal ni arbitraria (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1 y concs., ley 13.928).
En primer lugar, destacó que la relación laboral de los accionantes se rigió tanto para la incorporación como para la desvinculación, por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 -LCT-, tal como se desprende del art. 2 del decreto 4.779/95, que dispuso la transferencia del servicio ferroviario de pasajeros del Estado nacional a la Provincia. En razón de ello, remarcó que la extinción del contrato laboral puede acaecer por justa causa o sin ésta debiendo en este supuesto abonarse una indemnización (arts. 231, 241, 242, 245, 250 y concs., ley citada).
Concluyó, que esto último es lo que aconteció en el caso, en el que los contratos fueron rescindidos con base en la LCT y por lo tanto la demandada no estaba obligada a garantizarles la relación laboral, a pesar de que dichos contratos fueron aprobados por un acto administrativo.
Asimismo, recordó que a los actores se les ofreció el pago de una indemnización por antigüedad con más un 20% de gratificación, IOMA por 24 meses y la participación en los talleres que dicta el IPAP.
Luego de formular tales consideraciones, distinguió la disolución del vínculo laboral de Jorge Fabio Llanes, por poseer certificado de discapacidad vigente y agregado a la causa.
Con fundamento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo -CDPD- aprobada por ley 26.378 que obliga a retirar los ápices procesales frustratorios de sus derechos (arts. 1, 2, 3 "a" y "e", 4 "a", 5.3 y 4, 13, 28 y concs., CDPD); el imperativo constitucional emanado del art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional que exige promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella (cfr. arts. 1, 18, 31, 33, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 15 y 36 inc. 5, Const. prov.; 355, 647 y concs., CPCC); y las diversas normas vinculadas a la protección de las personas discapacitadas, en el orden nacional leyes 22.431, 23.462, 24.013, 25.689, 25.785 y a nivel provincial la ley 10.592. Sostuvo que el juez debe interpretar las normas existentes a la luz del principio de acción positiva, en tanto estrategias destinadas a hacer efectiva la garantía de la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales y tienen como objetivo el establecimiento de una igualdad de hecho entre un grupo dominante y un grupo discriminado (v. fs. 202 vta. y 203).
Bajo tales preceptos y principios, dispuso que en el caso no puede soslayarse que, en la situación particular de Jorge Fabián Llanes, la autoridad demandada debe adoptar las medidas conducentes para asegurar su protección laboral en el marco de las normas analizadas.
I.2. Disconforme con tal pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de apelación, argumentando que el conflicto planteado excede el marco de conocimiento de la acción de amparo, que la discapacidad del coactor Llanes no fue denunciada en tiempo y forma, y que se vulneraron las reglas de congruencia y preclusión procesal fundado en que el certificado de discapacidad fue agregado a la causa extemporáneamente, no obstante lo cual el sentenciante lo ponderó, con menoscabo del postulado que impone resolver de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio -arts. 163, inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. recurso obrante a fs. 206/210).
II. A su turno la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, desestimó el recurso de apelación articulado por la Fiscalía de Estado y confirmó el decisorio de grado en cuanto fue materia de agravios (v. fs. 224/228).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada fundó su decisión en los siguientes argumentos:
En primer lugar, advirtió que en el caso no se vulneraron los principios de preclusión y congruencia, como denuncia la demandada pues, de la compulsa de la causa surge que a fs. 176 el señor Llanes denunció y acreditó su condición de discapacitado con copia del pertinente certificado, con diagnóstico de: "Anormalidades de la marcha y de la movilidad. Otros tipos de parálisis cerebral infantil Epilepsia Hemiplejia flácida. Otros tipos de retraso mental". Añadió además que tal circunstancia era conocida por la demandada por constar dicha condición en su legajo personal.
Destacó que de tal presentación y del certificado acompañado se corrió el traslado de ley, que fue contestado por la Fiscalía de Estado a fs. 186/187 y resuelto a fs. 188/189. Circunstancia que revela que ambas partes ejercieron su derecho de defensa (art. 18, Const. nac.) y, en consecuencia, no medió agravio al debido proceso, ni a los principios de preclusión procesal y congruencia invocados.
Por otra parte, señaló que, en la situación particular del señor Llanes, la acción de amparo intentada es acertada, en tanto expresión de una adecuada y equilibrada ponderación de los intereses en conflicto y el debido encauce para la oportuna protección de los derechos constitucionales en juego.
Recordó la obligación legal que pesa sobre el Estado de arbitrar las medidas positivas requeridas para obtener el acceso a los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, y evitar el agravamiento de la situación de exclusión social que puedan padecer, por su condición, conforme surge del régimen de protección integral establecido por la ley 10.592 y normas constitucionales e internacionales con tal jerarquía -arts. 11, 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 8, 39 inc. 1, Constitución provincial; 14, 16, 33, 41 y 75 incs. 22 y 23, Constitución nacional; 3, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación; 6, 10, 11 y 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 22, 23 y 25, Declaración Universal de Derechos Humanos; XI y XVI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6, 9 y 18, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 5, 6, 17, 19, 25, 26, 27 y 28, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras- (v. fs. 226 vta. y 227).
Señaló que la demandada no desconoció, al tiempo de disolver el vínculo laboral la especial situación del señor Llanes, ni tampoco intentó rebatir cuanto surge de las constancias que se incorporaron a la causa y fueron debidamente sustanciadas, en torno a su discapacidad y la necesidad de acompañante que existe desde años previos al cese laboral cuestionado en autos (v. fs. 227).
Concluyó que, frente al plexo constitucional convencional de tutela de las personas con discapacidad, y los derechos comprometidos con la disolución del vínculo laboral del señor Llanes, cuyo ingreso en el organismo demandado data de 1998, resultó ajustada a derecho la admisión de la acción de amparo a su respecto, en cuanto ordenó al Poder Ejecutivo a arbitrar los mecanismos previstos en el bloque normativo citado a los fines de asegurar su situación laboral.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28 de marzo de 2019) la Fiscalía de Estado denuncia que la sentencia recurrida infringe los arts. 163, inc. 5, 266 in fine , 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 22, 23 y concordantes de la ley 13.928; 1, 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional, y acusa vulnerada la doctrina legal de esta Corte.
Afirma que la Cámara incurre en absurdo e incongruencia en la interpretación de los escritos constitutivos de demanda y contestación, desde que lo peticionado al iniciar la acción de amparo fue mantener la continuidad laboral de todos los actores, sin que se denunciara la situación particular del señor Llanes, ni se adjuntara su certificado de discapacidad o prueba que acredite que el empleador tenía conocimiento de su situación.
Entiende que la obligación impuesta al Poder Ejecutivo de nombrar a un particular -en el caso, el señor Llanes-, desnaturaliza la función y fines del Estado, viola el principio de división de poderes y republicano de gobierno e invade la potestad jerárquica del órgano administrador. Añade que la Provincia mediante ley 15.017 adhirió a la ley 27.428 que obliga a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción a partir del ejercicio fiscal 2018. Y que a través del decreto 272/17, se dispuso que toda designación de personal, cualquiera sea su régimen estatutario debería contar con la previa acreditación de la vacante respectiva.
Sostiene que la obligación del Estado es garantizar la igualdad real de oportunidades y que la ley 10.592 estableció un cupo para la incorporación al Estado provincial de personas con discapacidad, previo cumplimiento con los requisitos de idoneidad para el cargo y la existencia de vacantes, de conformidad con el registro de aspirantes que realiza el Servicio de Colocación Laboral -SECLAS-.
Por otra parte, denuncia violada la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de 19-III-2003, de donde deduce que la acción de amparo no procede contra la omisión estatal en el delineamiento de políticas públicas, como lo es el otorgamiento de empleos públicos.
Seguidamente reitera el argumento expuesto en la apelación respecto a que la sentencia transgrede los principios de congruencia, preclusión y debido proceso, (cfr. arts. 266 in fine , 272, CPCC), y la doctrina legal de este Tribunal en la materia. Insiste en que el señor Llanes denunció su discapacidad luego de trabada la litis, sin acreditar que dicha circunstancia constara en su legajo personal y privó a su representada de ejercer adecuadamente el derecho de defensa. En este punto alega la vulneración de la doctrina legal que surge de la causa Ac. 67.142, "Farjat", sentencia de 24-III-2014, en la que se señaló que los tribunales de apelación deben observar un doble límite, el que surge de la traba de la litis y el marco de los cuestionamientos que ante ellos es exponen.
Finalmente, denuncia que la Cámara incurre en contradicción, al confirmar, por un lado, el rechazo de la acción de amparo por no constatarse la indiscutible notoriedad de la ilegalidad y arbitrariedad que requiere la acción conforme el art. 1 de la ley 13.928, y luego se aparta de estos argumentos en relación al señor Llanes, dando por sentado que por su condición de discapacitado se evidencia arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.
Alega también la vulneración de la doctrina emanada de la causa Ac. 83.862, "Pergolani", sentencia de 1-IV-2004, en cuanto condiciona la procedencia del amparo a la existencia de un acto u omisión violatorio de derechos constitucionales que involucran conceptos de irrazonabilidad e injusticia.
En función de estas circunstancias no puede imponerse a su mandante la carga de mantener la relación laboral tal como se pretende.
IV. Entiendo que el recurso planteado resulta insuficiente (art. 279, CPCC).
Veamos:
IV.1. En primer lugar, debo destacar que como es doctrina reiterada de este Tribunal, es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.447, "Devalle", sent. de 3-V-2000; C. 90.421, "C.I.C.O.P.", sent. de 27-VI-2007; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; e.o.).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues al denunciar la violación de los principios de congruencia y preclusión repite consideraciones formuladas en la instancia de grado acerca de la exégesis que considera cabe asignar a la situación de discapacidad denunciada por el amparista Jorge Llanes y sus consecuencias jurídicas.
Mas, en este derrotero, se soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por el Tribunal de Alzada respecto a las particularidades del caso y las implicancias que tendría la falta de acción positiva ante la pérdida laboral de quien ha acreditado en autos su discapacidad (conforme certificado ley 22.431 obrante a fs. 181) y que se desempeña en el organismo demandado desde el año 1998 tal como se desprende del recibo de haberes adjuntado a fs. 25.
La conclusión del a quo referida a la obligación de la demandada de remover las barreras que obstaculizan la protección laboral de las personas con discapacidad, encuentra respaldo en el régimen de protección integral establecido por la ley 10.592 y normas constitucionales y convencionales con jerarquía constitucional (arts. 11, 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 8, 39 inc. 1, Const. prov.; 14, 16, 33, 41 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 3, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación; 6, 10, 11 y 13, PIDESC; 22, 23 y 25, DUDH; XI y XVI, DADDH; 6, 9 y 18, Protocolo adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 1, 2, 5, 6, 17, 19, 25, 26, 27 y 28, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
La recurrente tampoco efectuó una crítica razonada y minuciosa acerca de por qué resultaba erróneo el encuadramiento normativo mentado por el Tribunal de Alzada, limitándose a expresar su disentimiento.
Esta Corte tiene dicho que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esa función no es cumplida si la recurrente se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y desechadas por la Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (cfr. doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 72.827, "Zapico", sent. de 18-X-2017; A. 73.265, "Vélez", sent. 21-VI-2017; e.o.)
IV.2. En relación al agravio consistente en una eventual intromisión del Poder Judicial en la esfera de atribuciones del poder administrador, corresponde señalar que:
La revisión judicial de la actividad administrativa es una cuestión harto debatida ante los estrados de este Tribunal, en cuanto ha sostenido que, si bien cada poder es soberano en su esfera esto no equivale a prohibir al Poder Judicial controlar la actuación u omisión de los otros poderes del Estado, siempre que ello ocurra en el marco de un caso concreto y no se pretenda alcance general para la sentencia que dirime el conflicto. Ello pues, no se trata de la injerencia de un poder en las atribuciones del otro sino de la supremacía de una norma sobre la otra. Y en tal orden, es al Poder Judicial a quien se ha confiado la potestad de decir el derecho en un caso dado, con fuerza de verdad legal. La revisión judicial de los actos de la Administración sólo presupone una jerarquía de normas o de actos, no una jerarquía de poderes (cfr. causa A. 72.488, cit.).
En tal contexto, y en el ejercicio de la jurisdicción, compete al Poder Judicial adoptar las decisiones más idóneas para asegurar la efectividad de los derechos de los accionantes en las causas sometidas a su decisión. De ningún modo puede verse en ello un propósito de sustituir a los otros poderes del Estado en la definición, programación y ejecución de las políticas públicas, ni tomarse su decisión como una valoración o emisión de juicio general respecto de situaciones cuyo gobierno le son ajenas.
En definitiva, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos los arts. 1.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, obligan a los países no sólo a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio (CIDH caso Y. vs. Nicaragua, sent. de 23-VI-2005, Serie C N° 127, párr. 120 y 170; cfr. causa Ac. 98.260, "L. R.", sent. de 12-VII-2006).
Por lo demás, en el marco de cualquier tipo de proceso en el que el Estado es demandado, producida la declaración del juez acerca de los puntos discutidos, si la decisión es en favor de la procedencia sustancial de la pretensión del accionante, el juez no sólo puede, sino que debe determinar en forma precisa aquello que la Administración perdidosa debe hacer, no hacer o dar (arts. 163, CPCC; 15, ley 7.166; 14, ley 13.928; 50, ley 12.008, modificado por ley 13.101).
Tal como lo ha expresado esta Suprema Corte en causas análogas, la cuestión, entonces, debe analizarse a la luz del marco que prevé el art. 36 inc. 5 de la Constitución provincial y sin perder de vista que su esencia gira en torno a la inserción y mantenimiento en la vida activa de la persona afectada por una discapacidad de modo que, no obstante, ella pueda prestar un servicio útil a la sociedad y, a la vez, asegurarse para sí medios de subsistencia. No entenderlo así implica preterir los principios contenidos en la Constitución nacional y en su similar provincial con relación a la necesidad de protección de la persona discapacitada (arts. 75 inc. 23, primer párrafo, Const. nac. y 36 inc. 5, Const. prov.; causa B. 58.854, "Cal Herbertz", sent. de 16-VIII-2000).
En el caso, y tal como surge de la reseña efectuada, teniendo en cuenta la tutela constitucional y convencional de las personas con discapacidad y los derechos comp
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