Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75530
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.530, "Martín Noelia Laura c/Municipalidad de la Costa s/Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac.2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar parciamente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la sentencia de primera instancia que admitiera la acción de amparo impetrada por los actores contra la Municipalidad de la Costa y revocando lo dispuesto sobre la regulación de honorarios. Impuso las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 364/373 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 13-VI-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 381.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 385) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
I.1. El titular del Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Dolores, en lo que aquí interesa, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "b" de la ordenanza municipal 3.738/11 e hizo lugar al amparo deducido por los actores, Noelia Laura Martín, Felipe Leonardo Ceravolo y Nadia Victoria Ceravolo contra la Municipalidad de la Costa a quien intimó a reanudar el trámite iniciado por los reclamantes en la localidad de Santa Teresita, en el entendimiento de que ese emplazamiento no afectaría ni las características edilicias y urbanísticas, ni las situaciones de convivencia propias de la zona residencial que se pretende preservar con la normativa municipal (v. fs. 86/97 vta., expte. ppal.).
Para así decidir consideró que el art. 2 inc. "b" de la ordenanza municipal 3.738/11 posee una redacción escueta en cuanto a las excepciones edilicias a las que se refiere y que con ella se pretende que todo estudio jurídico o consultorio se encuentre literalmente anexado o pegado a una vivienda unifamiliar de zona residencial, lo cual no resulta una conclusión de un acto racional de gobierno (arts. 1, 28 y 33, Const. nac.).
Afirmó que dicha prohibición carece de sentido común y señaló que la literalidad de la ordenanza no puede coartar derechos fundamentales como el de trabajar, el derecho a la propiedad, a la intimidad, a la privacidad y al fortalecimiento de la integración intrafamiliar.
I.2. Disconforme con tal pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 100/114) en el que argumentó sobre la inadmisibilidad de la vía seleccionada y, en lo que aquí interesa, se agravió de la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la ordenanza 3.738/11 y cuestionó los honorarios regulados y la distribución de costas.
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó el pronunciamiento y rechazó la acción promovida, por su inadmisibilidad formal. Recurrida dicha decisión mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por la parte actora, esta Suprema Corte de Justicia a fs. 348/352 vta. resolvió hacer lugar al mismo y revocar la sentencia de Cámara, declarando la viabilidad de la acción de amparo y remitiendo las actuaciones a dicho organismo a fin de que tramite la cuestión planteada.
I.3. Recibidas las actuaciones por el tribunal a quo la Cámara en lo Contencioso Administrativo interviniente resolvió hacer lugar al recurso de apelación de la demandada sólo en lo que respecta a los honorarios, confirmando el fallo de grado en lo restante, declarando inoficiosa la tacha de inconstitucionalidad, con costas a la demandada vencida (v. fs. 364/373 vta.)
Para así decidir,
I.3.a. Recordó que la contienda se circunscribe a determinar si la petición de los coaccionantes de transformar un sector de quincho y cochera -separado de la unidad habitacional de una de las actoras- en estudio jurídico en el cual desarrollar la actividad profesional de abogado tanto de la moradora de la vivienda como de uno de sus socios, encuentra un obstáculo insuperable en lo reglado por la ordenanza municipal n° 3.738 (zonificación del "Barrio Santa Teresita sobre el Monte") que rige el área donde se encuentra enclavado el inmueble que da cuentas el plano de fs. 12. Adunó que la Comuna accionada, según surge de los documentos oficiales adjuntados a la causa y de su posición al tiempo de contestar la demanda, postula que lo pretendido por los codemandantes se encuentra vedado por la reseñada normativa de zonificación, ya que el sector edilicio en el cual persiguen albergar su estudio jurídico no se encuentra "anexo" a la vivienda familiar (como exige la norma, según postula) sino separado por un parque interno, lo que se apreciaría de las fotografías y plano obrante en autos. Los coactores, en cambio, afirman que la respuesta municipal a su requisitoria es producto de un interpretación forzada del texto reglamentario, que obliga a modificar la estética constructiva del predio y que al forzar una modificación del esquema arquitectónico de la vivienda (si se desea seguir adelante con el plan de ejercer la profesión en ese espacio), cercena el derecho constitucional a la intimidad y privacidad de los moradores de la casa, con indirecta y arbitraria restricción al derecho de propiedad, lo que a todas luces traduce un menoscabo al derecho a trabajar de los coaccionantes que son impulsados a desistir de su proyecto.
I.3. b . Ponderó que el art. 1 de la ordenanza 3.738 fija determinadas normas urbanísticas en las zonas de uso residencial exclusivo del Barrio "Santa Teresita sobre el Monte", entre la que cabe destacar aquella que para la Zona Unifamiliar reza: "Densidad real 130 Hab/Ha - Potencial 150 Hab/Ha admitiéndose únicamente una vivienda por parcela, pudiendo anexar estudio o consultorio profesional". Y en el art. 2 inc. "b" se estatuye que "fuera de la zona delimitada para usos comerciales, el único uso admisible en la zona residencial será para albergar la actividad de estudio o consultorio profesional anexo a la vivienda".
I.3. c. Afirmó que no fue controvertido que la actividad profesional que los actores pretenden ejercer en el inmueble sea una de las permitidas en el área en la que se enclava el inmueble. Y que la cuestión litigiosa radica únicamente en determinar si la infraestructura en la cual aquella puede desarrollarse debe conformar un "todo" arquitectónico de vivienda-estudio profesional o si, respetando la esencia residencial del sector, la parcela admite una construcción separada aunque con una impronta externa de uso habitacional. Resaltó, así, que el debate giraba alrededor de la terminología utilizada por el legislador local quien recurrió en el art. 1 al verbo "Anexar" y en el 2 al adjetivo "Anexo".
I.3.d. Coincidió con el juez de grado que una interpretación literal de los textos normativos transcriptos -del modo como lo propone la representación estatal- inevitablemente conduciría a descalificar las mentadas normas por violación al principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), que actúa como valladar a la limitación de los derechos y garantías individuales y que reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta.
Aseveró que si bien el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ni el de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, no es menos cierto que compete a la jurisdicción pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos, o sea, resolver si son o no proporcionados a dichos fines y, en consecuencia, si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados .
I.3. e. Adujo que negar la habilitación del espacio constructivo enclavado en los fondos del predio residencial de una de los amparistas como estudio profesional, resulta caprichoso por cuanto conduce a una solución desproporcionada en comparación con los fines perseguidos por la norma de zonificación. En tal sentido expresó que el respeto del principio de razonabilidad demandaba, entonces, otra hermenéutica que preservase al ordenamiento urbanístico de la tacha de inconstitucionalidad, aunque no quepa poner en duda que la ordenanza 3.738 persigue como finalidad urbanística principal delinear y resguardar un entramado citadino de baja densidad poblacional, de neto apego al entorno paisajístico del área y con un circunscripto sector de uso comercial diario, no siendo menos relevante que aquella zonificación residencial preferente, admite el desarrollo de actividades profesionales que nunca pueden lucir como objeto preponderante de los inmuebles sino como "anexas" a la función residencial de la construcción.
I.3.f. Expuso que si "anexar" significa "unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de ella", la finalidad de las normas urbanísticas examinadas puede modelarse desde una perspectiva menos restrictiva a los derechos individuales, a saber: en la zona residencial del "Barrio Santa Teresita sobre el Monte", ninguna parcela puede poseer una construcción que preponderantemente responda a una función distinta a la vivienda, pero verificada la existencia de una vivienda y su uso como tal, se admite que del mentado uso preferencial "dependa" como apéndice un uso profesional limitado. Asimismo, sostuvo que lo "anexo" es el uso profesional que se "une o agrega" al uso habitacional e hizo hincapié en lo establecido en el art. 2 inc. "b" de la norma aludida en orden a que "fuera de la zona delimitada para usos comerciales, el único uso admisible en la zona residencial será para albergar la actividad de estudio o consultorio profesional anexo a la vivienda".
Opinó que las frases "anexar estudio o consultorio profesional" y "actividad de estudio o consultorio profesional anexo a la vivienda" no resultan parámetros de edificación, como sí lo son aquellos prescriptos -por ejemplo- en el art. 1, incs. "c", "d" o "e" de la referida ordenanza. Allí radica -según el a quo - el yerro de la Municipalidad accionada en sus postulaciones, formuladas tanto en sede administrativa como ante la jurisdicción.
Esgrimió que, si la intención del Honorable Concejo Deliberante hubiera sido la que la representación estatal postula para las normas urbanísticas analizadas, el legislador debió haber utilizado un léxico más cercano a lo arquitectónico (v.gr. "adosar": poner una cosa, por su espalda o por los lados, contigua a otra o apoyada en ella ; "integrar" : hacer que algo pase a formar parte de un todo).
I.3.g. Compartió el juicio del inferior y entendió que aquel, lejos de arrogarse conocimientos de otras ramas de estudios, pudo extraer la esencia de la regulación que está llamada a regir el caso cuando afirmó que los medios aceptados por la normativa actual para alcanzar el fin de resguardar el estilo arquitectónico o urbano del barrio residencial se ve por demás cumplida con las pruebas agregadas, situación fáctica que incluso provoca mejores efectos en un barrio residencial.
Advirtió de los planos obrantes a fs. 12 y 13 que, tanto antes como después de la proposición actoral, en la parcela identificada como Circ. IV, Secc. GG, Mz. 140, Lote 20, con frente a la calle Jujuy obraba una construcción en dos plantas de uso residencial y al fondo del lote, con vista obstruida desde el exterior por la casa frentista, existía construcción de quincho - cochera (a transformar en estudio profesional), todo ello rodeado por alambre romboidal con postes de quebracho y cerco vivo.
De las fotos agregadas a fs. 18/20 apreció el uso habitacional de la construcción frentista y, además, el aislamiento de la construcción posterior -inmersa en el ámbito de parquización interna- respecto de la vista exterior que la parcela presenta como conjunto habitacional. Calificó dichas particularidades como demostrativas del mantenimiento -en el caso- del uso preponderantemente habitacional de la parcela y de la "anexión" de un uso profesional dependiente, sin que ello incida negativamente en el entorno residencial que el legislador pretende asegurar para el sector en el que se encuentra el inmueble.
Concluyó así en que la crítica del apelante no traducía más que una liviana disconformidad con lo impugnado.
I.3.h. En virtud de lo expuesto, consideró que la declaración de inconstitucionalidad formulada por el a quo respecto del art. 2 inc. "b" de la ordenanza 3.738 resultaba inoficiosa.
I.3.i. Respecto de la condena en costas cuestionada por el municipio afirmó que el art. 19 de la ley 13.928 (texto según ley 14.192), en consonancia con la regla general contenida en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, establece el principio general de costas al vencido y solo por excepción se puede apartar de dicho principio. Siguiendo pautas jurisprudenciales que describe y en virtud de la procedencia del amparo, entendió que las razones brindadas por el apelante para excepcionarse -en su condición de vencido- de la carga de las costas del pleito no lucían atendibles, más cuando con su estrategia procesal persiguió el total rechazo de la acción, objetivo en el que, a la postre, fracasó.
I.3.j. Con relación a la regulación de honorarios practicada por el inferior respecto de los trabajos profesionales llevadas a cabo por la patrocinante de los actores, el Tribunal de Alzada recordó que en torno a la regulación de honorarios en este excepcional proceso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en Fallos 329:4447- ha restado contenido patrimonial a la acción de amparo cuando lo que por ella se persigue es la cesación del menoscabo o violación de un derecho constitucional dejando librada la remuneración de la asistencia letrada a la prudente evaluación por los jueces de pautas diversas a los potenciales y favorables efectos económicos que para los accionantes se deriven del acogimiento del amparo [cfr. doctr. esta Cámara causa A-4777-MP0, "Allovero", resol. de 5-X-2015 y sus citas; e.o.].
Bajo tal directriz, entendió que el análisis debía efectuarse teniendo en cuenta las pautas regulatorias que el art. 49 del decreto ley 8.904/77 (aplicable a este proceso según doctr. SCBA causa I. 73.016 "Morcillo", resol. de 8-XI-2017) prevé para este tipo de procesos, conjugándolas con los parámetros brindados por los arts. 14 -carácter en que actúa el abogado- y 16 -motivo del pleito, desarrollo del proceso, resultado obtenido, complejidad de la cuestión planteada, entre otras- del mismo cuerpo legal.
A partir de tales parámetros, teniendo en consideración la labor desplegada por la letrada patrocinante de la parte actora, el desarrollo del proceso y el resultado obtenido, consideró que la regulación de honorarios fijada en 50 Jus -equivalentes a la suma de $18.500,00 al tiempo de la regulación-, atacada por alta, lucía elevada por lo que redujo el estipendio profesional fijado en favor de la mencionada profesional, estableciéndolo en (25) Jus, equivalente a la suma de $9.125,00 (cfr. Acuerdo SCBA 3.748, de 1-IV-2015) al tiempo de la regulación apelada.
II. Contra tal pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 13-VI-2018) en el que denuncia errónea aplicación de los arts. 5, 14 y 123 de la Constitución nacional; 211 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 25, 27 incs. 1 y 24 y 28 inc. 5 de la Ley Orgánica Municipal; arbitrariedad de la sentencia que impugna y violación de la doctrina legal. Se agravia, a su vez, de la imposición de costas.
En tal contexto, hace hincapié en el análisis que el a quo realizó acerca de la terminología utilizada en la ordenanza 3.738/11, alegando que la Cámara forzó su texto para que diga algo que no dice y acotó la cuestión controvertida a determinar el significado de "anexo", "anexa" y/o "anexar".
Se opone a la interpretación del sentenciante con relación al término "anexo" en cuanto lo refiere a la actividad y no a la construcción. A su entender, se debe asignar el mismo sentido a los términos "anexo" y/o "anexa" contenidos en los arts. 1 y 2 de la ordenanza 3.738/11. Para ello aduce a la descripción de "anexo" que luce en la Real Academia española en su edición 23 on line y sostiene que "anexar" a la vivienda, debe ser mediante unión física y no como lo entiende la Cámara. Asimismo, expresa que ha habido una intelección absurda de dicho término y que se vulneró el principio de congruencia en tanto el Tribunal de Alzada le asignó un significado distinto al que fuera tenido en cuenta por las partes en el proceso.
En su criterio, el ejercicio de la actividad profesional de la amparista se garantiza dando cumplimiento a la ordenanza 3.738/11 que exige que el espacio físico en que se desarrolle se anexe a la vivienda, es decir, se encuentre unido a la misma.
Indica que el a quo formuló apreciaciones subjetivas acerca de la edificación de la actora que violan el interés general.
Con base en lo resuelto por este Tribunal en la causa B. 63.444, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata", sentencia de 27-XII-2017, aduce que restricción impuesta por la comuna en el caso de autos resulta razonable.
Expresa que la Municipalidad posee el poder de policía y de reglamentación de acuerdo con lo previsto en el decreto ley 6.769/58 respecto de la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y su zonificación.
Afirma que se han violado los arts. 5, 14 y 123 de la Constitución nacional y el art. 211 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en cuanto garantizan la autonomía municipal para regular materias que le han sido reservadas, tal como la debatida en la especie.
Por último, se agravia de la imposición de costas y solicita se impongan por su orden. En ese sentido, denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III. El recurso no prospera.
III.1. El Tribunal tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia en crisis (conf. causas A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 70.763, "Cheves", sent. de 29-VI-2016; A. 72.952, "Rodríguez", sent. de 8-XI-2017; A. 73.862, sent. de 3-V-2018; e.o.).
En efecto, en el sub lite la Cámara interpretó que las frases "anexar estudio o consultorio profesional" y "actividad de estudio o consultorio profesional anexo a la vivienda" contenidas en la ordenanza 3.738/11 no resultaban parámetros de edificación. Resaltó, de ese modo que, si bien la parcela no puede poseer una construcción que preponderantemente responda a una función distinta a la vivienda, verificada la existencia de la misma y su uso como tal, se admite que del mentado uso preferencial "dependa" como apéndice uno pro
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.