Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75414
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.414, "Mancuso, Antonio Fortunato c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo ambiental promovida por el señor Antonio Fortunato Mancuso contra la Municipalidad de San Antonio de Areco (v. fs. 262/269).
Se interpusieron, por la Municipalidad demandada y por el Club Atlético Huracán, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 289/297 y 304/312, respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 359/366), dictada la providencia de autos (v. fs. 367), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de San Antonio de Areco a fs. 289/297?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto a fs. 304/312 por el citado como tercero Club Atlético Huracán?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Antonio Fortunato Mancuso promovió una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, en relación al emplazamiento del Club Atlético Huracán de esa localidad situado en la margen izquierda del Río Areco entre el puente "Gabino Tapia" y el puente "Norberto de la Riestra", alegando que este último carece de declaración de impacto ambiental de conformidad con los arts. 10, 11, 23 y Anexo II, punto II inc. 2 apartado "b" de la ley 11.723.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes rechazó la acción promovida e impuso las costas a la parte actora (v. fs. 153/159).
Apelado el pronunciamiento por el accionante (v. fs. 160/175), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín admitió el recurso interpuesto y revocó la sentencia dictada por el juez de grado. Consecuentemente, juzgó admisible la acción promovida y ordenó la suspensión de las actividades que se desarrollaban en el predio del Club Atlético Huracán hasta tanto la autoridad municipal competente lleve adelante el procedimiento que culmine con la declaración de impacto ambiental para el emprendimiento de referencia (v. fs. 262/269).
I.2.a. Para así decidir, puntualizó que el proceso efectivamente cabía ser encuadrado como un amparo ambiental, circunstancia que llevaba a resolver la controversia observando las previsiones contenidas en la ley 11.723, sus anexos y leyes complementarias.
En esa dirección, circunscribió la cuestión a dirimir en determinar si, de acuerdo al marco jurídico aplicable, era menester para el funcionamiento de las instalaciones del Club contar antes con una declaración de impacto ambiental. Y así, consideró que la aludida ley expresamente preveía la necesidad de que la autoridad ambiental expida dicho acto administrativo con carácter previo al desarrollo de una construcción como la cuestionada en autos (arts. 10, 23 y concs., ley 11.723).
I.2.b. Con cita al precedente "Longarini" (causa A. 70.082, sent. de 29-III-2017), afirmó que la declaración de impacto ambiental era de obligatoria expedición cuando el proyecto es de aquellos normativamente previstos, de modo que en principio su omisión no era algo que pudiera ser subsanado por la ulterior apreciación judicial en orden a la eventualidad del daño.
Juzgó que del propio texto de la ley 11.723 surgía la exigencia de la declaración para el caso bajo análisis, en tanto su art. 10 determina que las obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente deben contar con dicho acto expedido por la autoridad competente. Ello, de consuno con lo especificado en el Anexo II del mismo ordenamiento, que menciona entre las obras alcanzadas por aquel requerimiento a los "centros deportivos" (inc. 2 apdo. "b").
A partir de allí, entendió que la construcción de vestuarios y sanitarios como accesorios de canchas para practicar deportes estaban expresamente alcanzados por la legislación. Corroboró esa inferencia a partir de las constancias administrativas, de las cuales extrajo que en la cláusula tercera del contrato de comodato celebrado entre el municipio demandado y el Club Atlético Huracán se previó que los lotes de terreno objeto de negocio se otorgaban exclusivamente para la ejecución de las instalaciones e infraestructura necesarias para el desarrollo social, deportivo, recreativo y/o institucional que el Club estime pertinentes (v. fs. 14, expte. adm. 4102-2006C/15).
Destacó asimismo que los trabajos implicaron terminar una serie de instalaciones preexistentes (dos canchas de fútbol y una de hockey) -algo que estimó propio de un "complejo deportivo"-, notando además que el predio contaba con agua corriente, alumbrado público, pavimento y gas natural (v. plano agregado a fs. 11, expte. adm.). Confirmó su conclusión con la inspección ocular llevada a cabo en la instancia de grado, además del estatuto de la entidad cuyo objeto social admite que se trata de una institución social y deportiva con la finalidad de fomentar la difusión de toda clase de deportes, especialmente el fútbol, como así también actividades sociales y culturales (v. fs. 87/90).
II. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 289/297).
Se agravia por la falta de presupuestos fácticos para la procedencia de la vía escogida, en cuanto sostiene que el accionante omitió acreditar una situación de peligro al ambiente y/o los recursos naturales, tal como lo exige el art. 34 de la ley 11.723.
Insiste que el sub judice no trata de un "centro deportivo" (cfr. punto II, inc. 2 apdo. "b", Anexo II, ley 11.723), sino simplemente de la construcción de vestuarios y sanitarios; a la par de advertir que las actividades que se desarrollan en los predios cedidos fueron autorizadas a partir de las ordenanzas 3.498/09 y 3.772/13, actos que dice no haber sido cuestionados oportunamente por el accionante.
Señala que la construcción de los vestuarios tramitó por el expediente administrativo 4102-2006C/15, cuyo proyecto fue autorizado por el decreto 503/16, extendiéndose el certificado de final de obra por decreto 1.136/17. En ese contexto, indica que la edificación no tiene ningún viso de ilegalidad o clandestinidad y que se llevó a cabo respetando las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo a las características inundables de la zona.
Manifiesta a su vez que la acción incoada tampoco cumple con los requisitos exigidos por la ley 13.928 en lo relativo al plazo para su interposición (art. 5).
Por último, explica que la jurisprudencia citada por el accionante no resulta aplicable al caso de autos.
III. El recurso no prospera atento a la insuficiencia que porta (art. 279 in fine , CPCC).
III.1. Al respecto, debe recordarse que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (doctr. causas A. 71.926, "G., A. M.", sent. de 9-X-2013; A. 70.764, "Garrote", sent. de 8-VII-2014; A. 72.775, "Cruz", sent. de 20-IX-2017; A. 72.687, "Caldera", 9-V-2018; e.o.).
En especial, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente, para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley; carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no se alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (doctr. causas A. 70.474, "Buen Puerto SA", sent. de 7-IX-2011; A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014; A. 71.813, "Cerdeiro", sent. de 22-VI-2016; A. 73.400, "Battelli", sent. de 28-VI-2017; e.o.).
III.2. En el caso, el Tribunal de Alzada encontró acreditada que la construcción llevada a cabo por el Club Atlético Huracán en el predio cedido por la Municipalidad de San Antonio de Areco quedaba comprendida en los supuestos que enumera la ley 11.723, en el Anexo II.
La recurrente no adujo error o transgresión alguna en la aplicación de las normas ambientales en las cuales se fundó el decisorio (leyes 11.723 y 25.675) y, menos aún, expresó detalladamente en qué hubiese consistido esa supuesta errónea aplicación o vulneración legal que habilitaría esta instancia casatoria. Semejante omisión, como podrá apreciarse, es fatal para el intento recursivo de la comuna (art. 279 in fine , CPCC).
III.3. Son igualmente insuficientes las manifestaciones relacionadas al incumplimiento de los requisitos de procedencia para la acción de amparo regida por la ley 13.928 (v. puntos VI y VII a fs. 289/297).
Este Tribunal tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en su lugar, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante, más allá del acierto o error de la solución a la que se arriba (doctr. causa A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018).
Con esa pauta, se vislumbra que el remedio articulado prescinde de refutar el fundamento por el cual la Cámara entendió que la vía era admisible en atención a la injerencia de las leyes 11.723 y 25.675, habiendo sido -a su criterio- correctamente postulada como un "amparo ambiental" no necesariamente gobernado enteramente por aquel cuerpo normativo (v. fs. 266). En tales condiciones, cabe sostener que lo decidido por el a quo no ha sido debidamente impugnado.
III.4. Por último, en lo tocante a la jurisprudencia referida en el punto VIII del recurso en tratamiento, se aprecia que ellas no fueron invocadas por el a quo , motivo por el cual su alusión no constituye un argumento eficaz a los fines pretendidos. A todo evento, si lo que se buscaba era demostrar la violación a alguna doctrina legal, cuadra recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas (doctr. causas A. 71.967, "Nestlé Argentina SA", sent. de 9-III-2016; A. 75.613, "López", resol. de 10-VII-2019; e.o.). Defecto que se verifica en la especie.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Como quedó explicado al dar tratamiento a la primera cuestión, el tribunal a quo hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia. En consecuencia, ordenó suspender las actividades que se desarrollaban en el predio del Club Atlético Huracán sito en la margen izquierda del Río Areco entre el puente "Gabino Tapia" y el puente "Norberto de la Riestra" en la ciudad de San Antonio de Areco, hasta tanto la autoridad municipal competente proceda a emitir la correspondiente declaración de impacto ambiental (cfr. art. 10, ley 11.723 y concs.).
I.2. Contra dicho pronunciamiento el Club Atlético Huracán interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 304/312), en el cual denuncia la errónea aplicación de los arts. 1, 10, 23 y 35 de la ley 11.723 y 11 y 12 de la ley 25.675. Aduce, asimismo, violación del art. 28 de la Constitución provincial.
Explica que la errónea aplicación del art. 1 de la ley 11.723 radica en la circunstancia de que dicho precepto se vincula con el art. 28 de la Constitución provincial, que garantiza a todos los habitantes de la Provincia el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Asimismo destaca que la condena fijada por el pronunciamiento impugnado perjudica a los adolescentes que practican actividades deportivas en el predio objeto de controversia, inobservando así los preceptos contenidos en los arts. 36 y 37 de la Carta local.
I.3. Por otro lado, alega que tanto el art. 10 de la ley 11.723, como los arts. 11 y 12 de su similar nacional, establecen un margen de ponderación a partir del cual resulta exigible la declaración de impacto ambiental. Pero a su modo de ver las cosas, la construcción de los vestuarios y sanitarios caían debajo de este umbral.
Agrega que la Cámara, interpretando en forma parcializada e incompleta los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, hizo un esfuerzo por abordar la cuestión ambiental soslayando las consecuencias de su decisión. En esa dirección, remarca la condición inundable de los terrenos y la obligación asumida por el Club de actuar en consonancia con dicha característica en las actividades que allí se desarrollen, cuidando de las personas que concurran y de que los bienes y cosas que se establezcan no obstaculicen el normal desagote y escurrimiento de aguas (v. considerandos, ordenanza 3.498/09).
De allí que entiende que la comuna actuó conforme a derecho al considerar innecesaria la presentación de la evaluación del impacto ambiental para la cesión de los terrenos.
I.4. Arguye que la sentencia recurrida aplicó erróneamente el art. 23 de la ley 11.723. Ello así, pues reputa que dicho precepto, al autorizar a los jueces a suspender la ejecución de los "proyectos" que carecieren de declaración de impacto ambiental cuando ello es requerido, no abarcaría un caso como el presente en el cual la obra ya está terminada. Denuncia absurdo.
I.5. Finalmente, en relación a la supuesta violación del art. 35 de la ley 11.723, expresa que no consta en el sub examine que exista una decisión administrativa definitiva que habilite -ante daños o situación de peligro que pueda afectar al ambiente y/o los recursos naturales ubicados en el territorio provincial-, a acudir ante la justicia con competencia en la materia.
II. El recurso no prospera.
II.1. En lo medular, el recurrente se queja de la decisión de la Cámara de encuadrar el proyecto de referencia dentro de aquellos que necesariamente requieren de una declaración de impacto ambiental en virtud del art. 10 de la ley 11.723 y su Anexo II (en el caso, por entender que se trataba de un "centro deportivo"). Asevera que con ello no se tuvo en cuenta que las instalaciones se encuentran en terrenos fácilmente inundables y que la actividad que allí se desarrolla propende a la formación y el mejoramiento de las generaciones futuras.
Invariablemente se ha resuelto que en vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que más allá de su acierto o error se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 74.943, "Attanasio", sent. de 29-VIII-2018; C. 95.758, "Volpe", sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, "Vacatello", sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, "Banco de La Pampa", sent. de 10-III-2011; C. 108.027, "Berrondo", sent. de 11-V-2011; A. 72.392, "Bonomi", sent. de 16-III-2014; e.o.).
Bajo tales premisas, es palmario que el impugnante no cumple con dicha carga técnica. En tal sentido, se distrae del argumento normativo del fallo, que considera que las instalaciones subsumen dentro del catálogo de proyectos a los que mienta el Anexo II de la ley 11.723 y que indefectiblemente requieren de una declaración de impacto ambiental para poder funcionar. En su lugar, alude a la mala condición de los terrenos -sin explicar cabalmente por qué esto crearía una excepción- y destaca la necesidad de ponderar otros valores superiores del ordenamiento (v.gr. , los derechos de la juventud), pero sin hacerse cargo de rebatir certera y eficazmente los motivos brindados por el a quo que dejen al desnudo el desacierto en la decisión (doctr. causas A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016; A. 73.287, "Inglese", sent. de 21-VI-2017; A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 74.470, "Agco ARG SA", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
Tampoco colabora a esa inteligencia el argumento basado en la autonomía municipal, en tanto luce insuficiente y desatendido de los contenidos de la ley 11.723 que fueron aplicados y que no se denuncian como inconstitucionales (cfr. art. 123, Const. nac.).
Por lo tanto, este tramo del recurso debe ser desestimado (art. 279 in fine , CPCC).
II.2. Asimismo, la denunciada errónea aplicación y absurdo relacionado al art. 23 de la ley 11.723 no puede ser de recibo.
El Club Atlético Huracán intenta sostener ante esta instancia una interpretación de ese precepto tendiente a demostrar que la Cámara desbordó su competencia jurisdiccional al ordenar "la suspensión de las actividades que se desarrollan en el predio [...] hasta tanto la autoridad municipal competente proceda a formalizar la correspondiente declaración de impacto ambiental" (fs. 268 vta.). En tal sentido, si bien reconoce que allí se autoriza a los órganos del Poder Judicial a actuar frente a la omisión de la autoridad provincial o municipal, deteniendo cualquier "proyecto" carente de declaración de impacto ambiental cuando esta venga exigida por la ley, eso no sería posible aquí dado que las obras en cuestión estarían terminadas.
Sin perjuicio de la noción que quepa extraer de ese término -esto es , si necesariamente cabe ser identificado con un estadio preliminar-, no puede perderse de vista que el mismo artículo invocado alude a proyectos que hayan "comenza(do) a ejecutarse". Pero lo que es más relevante aún, la lectura propiciada por el peticionario es susceptible de vaciar de contenido las garantías constitucionales por él mismo invocadas y que recoge el art. 1 de la ley 11.723 (cfr. art. 28, Const. prov.).
Es que como se tiene dicho, a la hora de interpretar una norma legal no cabe desatender al contexto general y los fines que aquella busca realizar. Con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad de quien la sancionó, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (CSJN Fallos: 327:1507; 329:2876; e.o.; v. mi voto en causa A. 70.755, "Lizziero", sent. de 26-III-2015).
Sobre esa base, no advierto que la Cámara haya realizado una interpretación irrazonable del art. 23 de la ley 11.723 y, con ello, extralimitado su competencia. Si dicha norma se inserta en un ordenamiento cuyo declarado propósito
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.